GUATEMALA. Seguridad pública y sistema de justicia penal ENERO DE 2013

Transcripción

1 ENERO DE 2013 RESUMEN DE PAÍS GUATEMALA El Presidente Otto Pérez Molina, un ex militar que fue elegido en 2011, ha incrementado la participación de militares guatemaltecos en operativos de seguridad pública, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil en el país. Si bien en Guatemala prevalece la impunidad, durante 2012 el Ministerio Público ha conseguido avances en varias causas importantes de derechos humanos, y en este contexto han sido procesados penalmente el ex jefe de Estado y general retirado Efraín Ríos Montt por atrocidades cometidas a principios de la década de 1980, además de ocho miembros del Ejército por su presunta responsabilidad en la muerte de manifestantes durante octubre. Seguridad pública y sistema de justicia penal Existe un clima de violencia e intimidación, propiciado en gran parte por poderosas organizaciones delictivas para promover objetivos políticos e intereses económicos ilícitos. La presencia de carteles de narcotráfico mexicanos, en particular los Zetas, y de pandillas delictivas transnacionales como la Mara Salvatrucha, ha agravado la situación de violencia que prevalece en el país. Estos grupos han perpetrado ataques letales contra rivales y otras personas que disputan su control, como aquellas que se niegan a pagar ante sus prácticas extorsivas. El sistema judicial de Guatemala ha mostrado en gran medida ser incapaz de combatir la violencia y contener al crimen organizado y la actividad de estas pandillas. De acuerdo con cifras oficiales, el 98 por ciento de los delitos cometidos en Guatemala no dan lugar a un proceso judicial. Las falencias y la corrupción que caracterizan al sistema judicial y de fiscales, sumadas a la ausencia de un programa efectivo de protección de testigos, contribuyen a que la cantidad de casos investigados penalmente sea ínfima. 1

2 A pesar de estos obstáculos, algunos fiscales consiguieron avances importantes durante 2012 en causas recientes vinculadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y corrupción, en gran parte como resultado del trabajo realizado por la Fiscal General Claudia Paz y Paz y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas. En marzo, la ex directora de la Policía Nacional Civil, Marlene Raquel Blanco Lapola, fue acusada por la ejecución extrajudicial de tres personas en 2009 y por haber organizado una estructura paralela para asesinar a individuos que presuntamente extorsionaban a trabajadores del transporte. No obstante, los avances logrados por el Ministerio Público y la CICIG en la imputación de funcionarios se han visto menoscabados por prácticas dilatorias de los abogados defensores, y a causa de esto los juicios se han postergado durante meses o incluso años. Las iniciativas destinadas a reformar el Código Penal y otras leyes para limitar estas prácticas no han conseguido resultados. Intervención de militares en operativos de seguridad pública Cada vez con mayor frecuencia, el gobierno de Pérez Molina dispone la participación de militares durante operativos de seguridad pública, en particular en el marco de acciones contra la delincuencia organizada. En varias ocasiones se ha declarado el estado de emergencia, lo cual ha implicado la suspensión de derechos fundamentales, y se ha empleado al Ejército para que colabore con la Policía en la respuesta a manifestaciones públicas. En octubre, un grupo de soldados intervino durante el corte de una carretera por parte de manifestantes en Totonicapán. El incidente, en el cual soldados habrían disparado contra los manifestantes, dejó un saldo de 6 muertos y más de 30 heridos, conforme se señala en los cargos presentados posteriormente por el Ministerio Público contra siete militares, incluido un coronel del Ejército. En declaraciones efectuadas a poco de ocurridos los sucesos, Pérez Molina señaló que no se volvería a enviar a militares para responder a manifestaciones, pero que estas fuerzas continuarían prestando ayuda a la Policía durante acciones de seguridad pública. Se comprometió además a elaborar una propuesta legislativa para determinar claramente el 2

3 rol militar en los operativos de seguridad pública. A la fecha de este informe, no se había presentado ningún proyecto al Congreso sobre este tema. Juicios por abusos del pasado En enero de 2012, Efraín Ríos Montt un general retirado que de 1982 a 1983 estuvo al frente del régimen militar que perpetró cientos de masacres contra civiles que no estaban armados fue acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad, y puesto bajo arresto domiciliario. Durante los 12 años anteriores en que ocupó una banca en el Congreso, había gozado de inmunidad procesal. En mayo, Ríos Montt fue acusado en otra causa por su rol en la masacre perpetrada en 1982 en la localidad de Dos Erres, en la región de Petén, durante la cual 250 personas, entre ellas varios niños, fueron asesinadas por soldados. En ambos casos, la justicia guatemalteca rechazó las apelaciones interpuestas por sus abogados solicitando acogerse a la amnistía que concede la Ley de Reconciliación Nacional. No obstante, sus abogados continuaron interponiendo numerosos recursos que han impedido el avance de los procedimientos judiciales. El Presidente Pérez Molina señaló en relación con el juicio contra Ríos Montt que si bien es posible que agentes del Estado hayan cometido graves abusos, los delitos ocurridos durante la guerra civil no constituyen genocidio. Tales declaraciones representan una injerencia indebida en el proceso judicial. En marzo, Pedro Pimentel, ex miembro de una fuerza especial del Ejército, fue condenado a años de prisión por su rol en la masacre de Dos Erres. Esta condena se impuso luego de que en 2011 otros cuatro oficiales retirados que participaron en esa masacre recibieran condenas similares. En agosto, un tribunal guatemalteco condenó a Pedro García Arredondo, ex jefe del cuerpo de detectives de la Policía Nacional, a 70 años de prisión por su participación en la desaparición de un estudiante universitario en En junio, el Secretario de la Paz Antonio Arenales Forno anunció que el gobierno cerraría los Archivos de la Paz, que habían sido creados en diciembre de 2008 para sistematizar y analizar documentos oficiales sobre el conflicto armado, incluidos documentos policiales 3

4 secretos. Si bien el gobierno señaló que más de dos millones de documentos habían sido digitalizados y podrían seguir siendo consultados, el cierre de la Secretaría de la Paz puso fin a las tareas de documentación de pruebas sobre abusos del pasado, que tuvieron un rol clave en el juzgamiento de ex oficiales. Derechos laborales y trabajo infantil La alta incidencia de actos de violencia antisindical, como ataques y amenazas contra sindicalistas, pone en riesgo la libertad de asociación y los derechos de sindicación y negociación colectiva. La Confederación Sindical Internacional (CSI) informó que al menos 10 sindicalistas habían sido asesinados durante En 2010, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) determinó que, a pesar de que la edad laboral mínima es de 14 años, el 21 por ciento de los niños entre 5 y 14 años realizaban trabajo infantil, muchos de ellos de manera forzada. Tras una visita efectuada en agosto a 2012 a Guatemala, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay expresó que continuaban existiendo prácticas extendidas de explotación infantil a través de turismo sexual, pornografía infantil y delincuencia organizada, todos ellos problemas que no han sido abordados por el gobierno de manera efectiva. Violencia de género La violencia contra la mujer es un problema crónico en Guatemala, y la mayoría de los agresores nunca son juzgados. De acuerdo con la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala, los casos de violación y agresión sexual de mujeres se incrementaron un 34 por ciento entre 2008 y 2011, mientras que los responsables quedan impunes en 9 de cada 10 casos. Cuidados paliativos La disponibilidad de cuidados paliativos en Guatemala es sumamente limitada, a pesar de que más de personas mueren de cáncer o VIH/SIDA cada año, muchas de ellas tras padecer intensos dolores. En 2012, Guatemala dio un paso positivo al autorizar el uso de morfina oral de liberación inmediata, si bien no se encuentra disponible en 4

5 todos lados, y creó una comisión nacional que se encargaría de formular políticas en materia de cuidados paliativos. Sin embargo, Guatemala no ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores de la salud reciban capacitación adecuada en métodos modernos de tratamiento del dolor ni ha reformado sus políticas regulatorias, que aún disuaden a los médicos de recetar medicamentos para el dolor e impiden que pacientes puedan recibir tratamiento de este tipo. Defensores de derechos humanos Las agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos son habituales y obstruyen sustancialmente el trabajo que realizan en todo el país. En general, los responsables no son procesados penalmente. Actores internacionales clave La CICIG, creada en 2007, brinda asistencia clave al sistema judicial de Guatemala en el juzgamiento de crímenes violentos. Las atribuciones de la comisión le permiten trabajar con la Procuraduría General de la Nación, la policía y otros organismos gubernamentales en la investigación, el juzgamiento y la desarticulación de las organizaciones delictivas que operan en Guatemala. La CICIG puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas. Hasta septiembre de 2012, había iniciado 289 investigaciones, que permitieron condenar a 70 personas. El Presidente Pérez Molina ha manifestado que está a favor de extender por dos años más el mandato de la CICIG, que caduca en Tres ex funcionarios guatemaltecos presuntamente involucrados en un plan para ejecutar a reclusos y prófugos que habrían participado en una fuga de prisión están siendo investigados en el extranjero. Edwin Sperisen, jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala entre 2004 y 2007, fue arrestado en agosto en Suiza, país del cual es también ciudadano, mientras que el ex Ministro del Interior Carlos Vielman, y Javier Figueroa, ex subdirector de la fuerza comandada por Sperisen, han sido acusados en España y Australia, respectivamente. Las tres investigaciones se encuentran en curso. En septiembre, Jorge Vinicio Orantes Sosa, un ex soldado guatemalteco que habría participado en la masacre de Dos Erres, fue detenido en Canadá y extraditado a Estados 5

6 Unidos, donde ha sido acusado por consignar información falsa al solicitar la ciudadanía estadounidense. De ser condenado, podría ser extraditado a Guatemala luego de cumplir la pena. En enero, Guatemala ratificó el Estatuto de Roma y se convirtió así en Estado Parte en la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Pérez Molina ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a la interrupción de la asistencia militar estadounidense que se impuso en 1990 debido al extenso repertorio de graves abusos cometidos impunemente por el Ejército guatemalteco. En agosto, 171 miembros de la Armada estadounidense fueron enviados a Guatemala para colaborar con las fuerzas de seguridad en el marco de una misión conjunta contra el narcotráfico. 6