TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO PEREIRA RISARALDA MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

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1 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO PEREIRA RISARALDA MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES Radicación No.: Proceso: TUTELA 1ª INSTANCIA Accionante: LEONAR JAIRO AMEZQUITA RAGA Accionado: NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA Providencia PRIMERA INSTANCIA Tema: Del subsidio de vivienda otorgado por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía CAPROVIMPO-. A dicha ayuda económica sólo podrán acceder quienes además de cumplir con ciertos requisitos específicos, como no haber obtenido otro subsidio por parte del Estado, mantenga su condición de afiliado forzoso. Pereira, octubre nueve de dos mil catorce. Acta número del 9 de octubre de Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo constitucional invocada por el señor LEONAR JAIRO AMEZQUITA RAGA, contra la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA, por la presunta violación de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, debido proceso e igualdad. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ACCIONANTE: LEONAR JAIRO AMEZQUITA RAGA. ACCIONADO NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA 1

2 2 CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA. I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Relata el accionante que es miembro activo de la Policía Nacional desde hace 16 años y 6 meses, y se encuentra afiliado a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía -CAPROVIMPO-; que en los años 2007 y 2011, por dificultades económicas, tuvo que retirar sus cuotas de ahorro mensual, sin que por ello hubiera renunciado a su subsidio de vivienda; que actualmente quien administra sus cesantías es CAPROVIMPO, por lo que continúa afiliado a dicho ente; que cuando por medio de derecho de petición solicitó el subsidio de vivienda, el mismo le fue negado, por haber retirado en el año 2007 sus cuotas de ahorro mensual obligatorio, por lo que perdió su expectativa de subsidio, y con ello, su calidad de afiliado, pero considera que dicha decisión olvida que desde la expedición de la ley 973 de 2005 los miembros de la Policía Nacional adquieren la calidad de afiliados forzosos a CAPROVIMPO. Finalmente indica, que en las sentencias T-040 de 2007 y T-907 de 2010 se reconocieron los derechos fundamentales a miembros de la Policía que se encuentran en iguales circunstancias a las suyas. II. CONTESTACIÓN: La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía CAPROVIMPO-, dijo que al tutelante se le negó el subsidio de vivienda peticionado, con fundamento en que había perdido su calidad de afiliado a dicha Caja, tras su renuncia voluntaria presentada el 14 de febrero de 2013, oportunidad en la que además presentó la solicitud de desafiliación, lo que llevó a que se le devolvieran los dineros que reposaban a su favor (Parágrafo 1 del artículo 17 del Dto. 353 de 1994) y que cesara en sus aportes a partir de marzo de 2013; que al aceptarle su retiro, se le informaron las consecuencias del mismo, entre ellas, la pérdida

3 3 de antigüedad, la cesación de la obligación de hacer el aporte mensual, el derecho a la devolución de saldos y la pérdida del derecho a acceder a una solución de vivienda otorgada por la entidad; que la solicitud de retiro no se dio por calamidad, sino por haber encontrado una solución de vivienda de forma independiente, tal como se verifica con la promesa de compraventa y el certificado de tradición y libertad, por lo que se le entregaron las cesantías por valor de $8` Igualmente señala, que los supuestos de hecho de la sentencia T-907 de 2010, invocada por el actor son diferentes a los del presente caso, pues no perdió su calidad de afiliado a la Caja por el retiro de aportes, sino por solicitud del interesado; y que de acceder a las pretensiones, se estaría abriendo la posibilidad de que otras personas que se encuentran en iguales condiciones a las del tutelante, puedan obtener el subsidio sin el lleno de los requisitos legales, lo que generaría un caos financiero para la entidad. III. CONSIDERACIONES. 1. Problema jurídico a resolver. Es procedente ordenar a CAPROVIMPO la entrega del subsidio de vivienda al actor, a pesar de que él manifestó su intención de renuncia a dicha entidad dentro de la vigencia de la Ley 973 de 2005? 2. Procedibilidad de la acción de tutela para proteger el derecho a la vivienda digna. De manera general se ha entendido que el derecho a la vivienda digna es de carácter prestacional y con disfrute progresivo, por lo que en principio no sería susceptible de protección mediante la acción de tutela, sin embargo,

4 4 jurisprudencialmente se ha decantado que cuando este derecho se encuentra en conexidad con otros derechos fundamentales como la dignidad humana, la vida, la integridad física, la igualdad, entre otros, es posible ampararlo con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En consideración a ello, ha dicho la Corte Constitucional que la vivienda digna debe satisfacer ciertas características mínimas de habitabilidad, que le permitan a las personas sentirse seguras y desarrollar su proyecto de vida: El derecho a la vivienda digna requiere para su perfeccionamiento de unas condiciones mínimas de habitabilidad, lo que supone disponer de un lugar donde se pueda resguardar y que cuente con seguridad, iluminación y ventilación adecuada 1, con la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios básicos y que le permita a la persona desarrollar sus actividades personales y familiares en unas condiciones mínimas de dignidad. Los Estados tienen la obligación de promover que todos los ciudadanos tengan un lugar seguro para vivir en paz y dignidad, acorde con sus necesidades humanas y, debe proteger especialmente a los grupos poblacionales que se encuentran en alguna desventaja de acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda, como las madres cabeza de hogar que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una vivienda adecuada a sus necesidades, la población ubicada en zona de riesgo, los desplazados por la violencia, las personas de la tercera edad y los niños Del subsidio de vivienda otorgado por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía CAPROVIMPO-. Lo primero que debe advertirse respecto a los afiliados a - CAPROVIMPO-, es que por disposición expresa del literal 3 del artículo 9º de la Ley 973 de 2005, los Oficiales, Suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes y personal no uniformado de la Policía Nacional, tendrán el carácter de afiliados forzosos a dicha Caja, por lo que será ella quien administre sus 1 Observación General No 4, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 2 Sentencia T-163 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

5 5 cesantías, y además les facilite los medios administrativos y económicos para acceder a una solución de vivienda, pero sin que pueda generarse la desafiliación a la Caja, sino solamente la pérdida de la expectativa del subsidio de vivienda familiar 3 : En efecto, cuando el artículo 14 del Decreto 353 de 1994, modificado por el artículo 9 de la Ley 973 de 2005, dispuso otorgarle a los miembros de la Policía Nacional el status de afiliados forzosos, no distinguió que fuera para efectos de solución de vivienda o para la administración de cesantías. Por tanto, se parte de la premisa según la cual todas las personas enunciadas en dicha disposición son afiliadas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en cualquier circunstancia y para cualquier efecto. Ahora bien, una vez se tiene la calidad de afiliado, dicha condición permite acceder a una serie de beneficios que comprenden, desde la obtención de subsidios de vivienda y apoyos de carácter técnico y financiero, con destino a la adquisición de vivienda propia, hasta la administración de las cesantías de sus afiliados. Sin embargo, la primera de dichas prerrogativas se encuentra supeditada al cumplimiento pleno de los requisitos previstos en la ley, de modo que si estos no se satisfacen en su totalidad, se pierde la expectativa de acceder el subsidio de vivienda, pero ello no genera la desafiliación de la entidad. Por su parte, el artículo 10 de la Ley 973 de 2005, que modificó el artículo 17 del Decreto-ley 353 de 1994, estableció como causales para la pérdida de la calidad de afiliado, y concretamente para recibir el subsidio de vivienda, las siguientes: 1. Suspensión de los aportes por concepto del ahorro mensual obligatorio, por un lapso superior a doce (12) meses, salvo los casos de suspensión en el ejercicio de funciones y atribuciones decretada por autoridad competente que impida al afiliado percibir cualquier tipo de salario, en cuyo caso deberá reintegrar, en un lapso no superior a seis (6) meses, los valores dejados de aportar una vez cese la medida. 2. Haber obtenido solución de vivienda a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 3. Por retiro del servicio activo del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, sin derecho a asignación de retiro o pensión, salvo las excepciones establecidas en la presente ley, siempre que no haya adquirido el derecho a solución de vivienda de acuerdo con la normatividad establecida por la Caja. 4. Por no presentar la documentación requerida para la solución de vivienda, dentro del término que señale la Junta Directiva de la Caja, después de cumplir el tiempo o número de cuotas de ahorro obligatorio exigidos para acceder al subsidio. 5. Por haber recibido subsidio para vivienda por parte del Estado. 6. Por haber presentado documentos o información falsa con el objeto de que le sea adjudicado un subsidio de vivienda, sin perjuicio de las acciones penal, disciplinaria o fiscal a que haya lugar. 3 Sentencia T-907 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

6 6 7. Por solicitud del afiliado. PARÁGRAFO. El personal que pierda la calidad de afiliado tendrá derecho a que se le devuelva el valor de los aportes que registre la respectiva cuenta individual. De otra parte, los artículos 24 y 25 del Decreto 353 de 1994, también modificados por la Ley 973 de 2005, regulan los requisitos que deben satisfacer quienes conserven la expectativa de acceder a un subsidio de vivienda, entre los que se cuenta, (i) a partir de la expedición del Decreto 353 de 1994, no haber efectuado retiros parciales o totales de cesantías, hasta el momento de la adjudicación del subsidio y obtención de vivienda, y (ii) no haber recibido subsidio por parte del Estado: "Artículo 24. Subsidios. Los subsidios para el personal de Soldados Profesionales, podrán reconocerse hasta en una cuantía equivalente a 70 salarios mínimos legales mensuales, en las condiciones y plazos que se determinen conforme a lo establecido en el artículo 23 de la presente ley. Este subsidio no constituye factor salarial para ningún efecto legal. De los recursos destinados para atender los subsidios de vivienda de interés social, el Gobierno Nacional destinará y transferirá anualmente un porcentaje para atender la demanda de los subsidios de los Soldados Regulares o Auxiliares Regulares de Policía que fallezcan o resulten discapacitados en actos del servicio o con ocasión del mismo, los cuales serán adjudicados de conformidad con los procedimientos señalados en la presente ley. Parágrafo 1º. El subsidio de que trata el presente artículo será concedido por una sola vez al núcleo familiar y entregado previa comprobación de que su valor será invertido en la adquisición de vivienda. Los subsidios se aplicarán también a los afiliados que habiendo adquirido vivienda por otros medios, tengan deudas hipotecarias con entidades financieras, pendientes sobre esta, o deseen renovarla, siempre que no se le hubiere otorgado con anterioridad solución en este aspecto, por parte de la Caja en ningún caso. ( ) "Artículo 25. Requisitos para acceder al subsidio: 1. Carecer de vivienda propia al momento de afiliarse a la Caja. 2. A partir de la expedición del Decreto 353 de 1994, no haber efectuado retiros parciales o totales de cesantías, hasta el momento de la adjudicación del subsidio y obtención de vivienda. 3. No haber recibido subsidio por parte del Estado". Ahora bien, la expedición de la Ley 1305 de 2009, por medio de la cual se modifica el Decreto-Ley 353 del 11 de febrero de 1994, se adiciona la Ley 973 del 21 de julio de 2005 y se dictan otras disposiciones, introdujo dos cambios neurálgicos en los requisitos para acceder al subsidio de vivienda, por una parte, suprime el

7 7 requisito de carecer de vivienda, y por otra, crea la posibilidad de que, en el evento en que el peticionario se haya retirado de la entidad, pueda nuevamente y por una única vez, recuperar la calidad de afiliado para acceder a la solución de vivienda (art. 1 y 2). 4. Caso concreto En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos fundamentales a la vivienda digna, debido proceso e igualdad, porque se le ha impedido acceder a un subsidio de vivienda, a pesar de su condición de afiliado forzoso a CAPROVIMPO. En primer lugar, debe indicarse que se encuentra suficientemente decantada por parte de la jurisprudencia constitucional, la procedencia de la acción de tutela para procurar el derecho a la vivienda digna, cuando además se encuentren en riesgo otras prerrogativas de raigambre fundamental, y como aquí se ha pedido también la protección del derecho al debido proceso e igualdad, puede concluirse que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para determinar si existe o no vulneración de los derechos invocados, como quiera que aquí lo que se debe definir es la calidad o no de afiliado que pueda ostentar el actor respecto de la Caja accionada. Una vez aclarado lo anterior, pasará la Sala a determinar, en primer término si el actor todavía ostenta su calidad de afiliado forzoso a CAPROVIMPO, y en caso positivo, si tiene derecho al subsidio peticionado. Frente a lo anterior se tiene, que como el actor presta sus servicios en la Policía Nacional desde el 1º de marzo de 1999 (fl. 13), con la entrada en vigencia de la Ley 973 de 2005, adquirió el estatus de afiliado forzoso a

8 8 CAPROVIMPO, por lo que en principio, tendría derecho a adquirir el subsidio de vivienda que ofrece tal ente. Ahora bien, de conformidad con el numeral 7º del artículo 17 del Decreto-ley 353 de 1994, la calidad de afiliado se pierde por solicitud de la persona, y en el presente caso, de acuerdo con la comunicación remitida a la entidad accionada, por el tutelante el 14 de febrero de 2013, visible a folio 27, se plasmó su intención de desafiliación, tras señalar De manera atenta me dirijo a ustedes para solicitar de manera libre y espontánea la desafiliación voluntaria la entidad y la renuncia a la expectativa del subsidio de vivienda otorgado por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. La anterior manifestación es suficiente para considerar que el actor se retiró de CAPROVIMPO, y con ello, como él mismo lo dijo, renunció a su expectativa de acceder a un subsidio de vivienda, sin que ello implique, claro está, que esa entidad hubiere dejado de administrarle sus cesantías, pues como se indicó anteriormente, dicha Caja cumple una doble función: como administrador de cesantías y como agente económico. En consecuencia de lo anterior, no es procedente estudiar la viabilidad de reconocer el subsidio pedido, como quiera que éste dependía de que el actor mantuviera como beneficiario en la entidad accionada, por tanto, no puede hablarse de la vulneración al derecho a la vivienda digna, porque el subsidio sólo constituye un instrumento de financiación, que se encuentra supeditado en cada caso, al cumplimiento de unos requisitos mínimos que no satisface el actor. De la misma manera, tampoco puede hablarse de una vulneración al debido proceso, pues si la desafiliación del actor fue fruto de una manifestación de su voluntad, no hay ninguna omisión procesal que se le pueda endilgar a la entidad demandada.

9 9 Finalmente, en lo que respecta al derecho fundamental a la igualdad, el cual invoca el actor con fundamento en las sentencias de tutela T-040 de 2007 y T-907 de 2010, se tiene que tampoco se ha transgredido, dado que los supuestos fácticos de tales providencias difieren sustancialmente del presente caso, por cuanto en esos asuntos los accionantes habían retirado sus aportes antes de la entrada en vigencia de la Ley 973 de 2005, y por ende, no habían perdido el estatus de afiliado forzoso que introdujo dicha norma. Además, en la sentencia T-907 de 2010, la Corte Constitucional dejó claro que hasta tanto no se configure cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de afiliado enumeradas en el artículo 17 del Decreto 353 de 1994, modificado por el artículo 10 de la Ley 973 de , el actor sigue siendo un afiliado forzoso de la entidad y, por consiguiente, debe recibir el trato que por dicha condición merece, permitiéndosele postularse para efectos de obtener un subsidio de vivienda., empero como se ha venido diciendo, en este caso, el actor si perdió su calidad de afiliado. En consecuencia, la única alternativa con la que cuenta el actor para recobrar su calidad de afiliado, y poder llegar a cumplir con los requisitos para acceder al subsidio de vivienda, es manifestar por una única vez dicha intención (parágrafo 3º del artículo 2º de la ley 1309 de 2009). Así las cosas, se negará el amparo constitucional impetrado. 4 ARTICULO 17. Modificado por la Ley 973 de 2005, artículo 10. Pérdida de la calidad de afiliado. La calidad de afiliado se perderá por las siguientes causales: 1. Suspensión de los aportes por concepto del ahorro mensual obligatorio, por un lapso superior a doce (12) meses, salvo los casos de suspensión en el ejercicio de funciones y atribuciones decretada por autoridad competente que impida al afiliado percibir cualquier tipo de salario, en cuyo caso deberá reintegrar, en un lapso no superior a seis (6) meses, los valores dejados de aportar una vez cese la medida. 2. Haber obtenido solución de vivienda a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 3. Por retiro del servicio activo del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, sin derecho a asignación de retiro o pensión, salvo las excepciones establecidas en la presente ley, siempre que no haya adquirido el derecho a solución de vivienda de acuerdo con la normatividad establecida por la Caja. 4. Por no presentar la documentación requerida para la solución de vivienda, dentro del término que señale la Junta Directiva de la Caja, después de cumplir el tiempo o número de cuotas de ahorro obligatorio exigidos para acceder al subsidio. 5. Por haber recibido subsidio para vivienda por parte del Estado. 6. Por haber presentado documentos o información falsa con el objeto de que le sea adjudicado un subsidio de vivienda, sin perjuicio de las acciones penal, disciplinaria o fiscal a que haya lugar. 7. Por solicitud del afiliado.

10 10 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, FALLA 1. Negar la solicitud de amparo constitucional invocada por el señor Leonar Jairo Amezquita Raga contra la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES Magistrado ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN Magistrada JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ Magistrado MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA Secretaria