TUTELA/Improcedencia de la acción/ Para buscar que el Gobierno Nacional, reglamente el pago de los gastos de urgencias a cargo del FOSYGA.

Transcripción

1 TUTELA/Improcedencia de la acción/ Para buscar que el Gobierno Nacional, reglamente el pago de los gastos de urgencias a cargo del FOSYGA. La Sala considera que las pretensiones de la parte actora, no son propias de ser resueltas a través de la acción de tutela, puesto que lo que se busca es que el Gobierno Nacional a través de los organismos pertinentes, reglamenten en forma precisa el pago de los gastos de urgencias a cargo del FOSYGA, situación que desborda los límites de esta acción constitucional, la cual, conforme a los precedentes jurisprudenciales ya descritos, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. En este orden de ideas, si lo que busca la entidad accionante es el cumplimiento de leyes o de actos administrativos u otras normas con fuerza material de ley, la acción pertinente es la acción de cumplimiento, prevista en el artículo 87 de la constitución Política y regulada en la ley 393 de 1997, o si lo que pretende es que la normatividad existente desaparezca por encontrarla contraria a la constitución o la ley, las acciones pertinente serían la acción de inconstitucionalidad, si busca demandar la inexequibilidad de una ley o de un decreto con Fuerza de Ley, conforme al artículo 241 numerales 3 y 5 de la Constitución Política, o la demanda de nulidad por inconstitucionalidad, si se trata de demandar un decreto reglamentario proferido por el Gobierno Nacional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 237 de la constitución Política y el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Popayán, once (11) de julio de dos mil doce (2012) Magistrado Ponente: NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ Expediente Actor CLINICA LA ESTANCIA S.A. Demandado MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL Acción TUTELA PRIMERA INSTANCIA

2 I. ANTECEDENTES. 1. La demanda. El señor, identificado con c.c. No de Popayán, en su calidad de Gerente y Representante legal de la CLINICA LA ESTANCIA S.A. interpone acción de tutela en contra del Ministerio de Salud y la Protección Social, para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada. Por lo anterior, solicita: Se establezca con toda claridad el procedimiento de radicación y trámite administrativo del pago de los gastos ocasionados con la atención en urgencias iniciales, vitales, enfermedades catastróficas con cargo a los fondos del FOSYGA, que la radicación de cuentas de reembolso se haga directamente ante el Ministerio y no ante la Oficinas de Autoridades Externas. Se precise la responsabilidad en el trámite y pago de las cuentas presentadas para el pago ante el FOSYGA, directamente en el Ministerio de Protección Social y no de la autoridad externa designada y ordenar que no se devuelvan las facturas radicadas y devueltas. Finalmente solicita uniformar y publicitar las causales de Glosas para que todas las partes que intervienen en el proceso de pago no incurran en error. 2. Recuento procesal Por auto de 21 de junio de se admitió la demanda, se ordenó vincular al Fondo de Solidaridad y Garantía- FOSYGA y al Consorcio Fiduciario SAYP, y notificar el contenido de esta providencia a todas las entidades accionadas. 3. La contestación de la demanda 3.1 Consorcio SAYP La entidad accionada presentó contestación a la demanda 2 manifestando que el Consorcio SAYP no posee las facturas que enuncia el accionante, en razón, a 1 Folio No 31 a 35 2 Folio No 37 a 43

3 que no devuelve reclamaciones, toda vez que dentro de sus obligaciones (Encargo Fiduciario No 467 de 2011)no se encuentra el trámite de auditorías de las mismas, esto, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante el contrato No 055 de 2011 de 23 de diciembre adjudicó a la firma UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA, el trámite de auditoria en salud, jurídica y financiera de las reclamaciones, razón por la cual es la encargada de recibir, radicar, registrar, validar, aprobar o rechazar reclamaciones presentadas por accidentes de tránsito, eventos terroristas y catastróficos. 3.2 Ministerio de Salud y Protección Social La entidad dio contestación a la tutela 3 manifestando que no ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y propiedad del accionante, toda vez que los procedimientos, requisitos y términos para que las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud, presenten las reclamaciones de indemnización ante el FOSYGA, se encuentra en el Decreto Ley 1281 de 2002, Decreto 3990 de 2007, Resoluciones 1915 de 2008 y 1136 de 2012 y circular externa 048 de 2003, normas que asegura se encuentran actualmente vigentes y gozan de presunción de legalidad. Señala que de acuerdo con el artículo 167 de la Ley 100 de 1993, los casos de urgencia generados en accidentes de tránsito, acciones terroristas u otros eventos, las personas afectadas tendrán derecho al cubrimiento de los servicios medio-quirúrgicos, indemnizaciones por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial. Manifiesta, que para que el FOSYGA pueda realizar el pago correspondiente dentro del término establecido en el artículo 6 del Decreto 3990 de 2007, este derecho debe encontrarse debidamente acreditado, es decir que no haya lugar a dudas sobre la obligación de desembolsar el valor de la indemnización, en consecuencia, todos los presupuestos a que den lugar deben acreditare. Posteriormente para acreditar el derecho al pago, una vez radicada la solicitud de reclamación con todos los soportes, el FOSYGA realiza una audiencia médica, jurídica y financiera que se adelanta conforme lo establecido en el Contrato de Consulta No 055 de 2011, quien decidirá si se aprueba o niega el pago, de acuerdo con la acreditación del derecho. Respecto del término que disponen las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud para adelantar el trámite de las reclamaciones ante el FOSYGA, la institución se ciñe a lo establecido en el artículo 13 del decreto 1281 de 2002, igualmente el artículo 6 de la Resolución 1915 señala que a partir del 1 de septiembre de 2008, los prestadores de salud deberán presentar las reclamaciones dentro de los 15 primeros días calendario de cada mes y en los 3 Folio No 44 a 49

4 casos en que una reclamación presente devolución de glosas o pago parcial, tendrán el término de un mes para la presentación ante el FOSYGA de la aclaración de la glosa de la reclamación presentada inicialmente. Finalmente manifiesta que la acción de tutela es improcedente, toda vez que el accionante cuenta con otro medio judicial para la defensa de sus derechos como la acción de reparación directa. II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1. La competencia El Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo establecido por el Decreto Ley 2591 de 1991 en su artículo 37, en PRIMERA INSTANCIA. 2. El problema jurídico Corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela es el mecanismo judicial adecuado para resolver la inconformidad de la Clínica la Estancia S.A., al supuestamente no establecerse con claridad el procedimiento de radicación y trámite de pago de los gastos en urgencias a cargo del FOSYGA y no haber precisado la responsabilidad en el trámite y pago de cuentas presentadas para el pago. Para resolver el presente asunto, la Sala reiterará la regla general de subsidiariedad de la acción de tutela, en virtud de la cual ésta resulta improcedente, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial previstos por el legislador para la protección de los derechos presuntamente conculcados, salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable Improcedencia de la acción de tutela Una de las condiciones de aplicación previstas en el artículo 86 de la Constitución, para que la acción de tutela sea el mecanismo protector de derechos fundamentales vulnerados o amenazados, es que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, previsión que se encuentra también en el artículo 6, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991.

5 Esta última disposición, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, establece que la existencia de dichos medios será apreciada por el juez constitucional en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante. Sobre el tema la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades se ha pronunciado: La acción de tutela fue concebida como una institución procesal dirigida a garantizar una protección efectiva, pero a la vez supletoria de los derechos fundamentales, razón por la cual no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten 4. De esta manera, se tiene que por regla general el amparo constitucional se torna improcedente, cuando la persona que se considera afectada cuenta con otro medio de defensa ante el juez natural. No obstante, en caso de que se configure un perjuicio irremediable (grave, urgente, inminente e impostergable), la acción tutelar cabe como mecanismo transitorio. Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales. De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo. 5 Sin embargo, la sola existencia de otro medio de defensa judicial, no hace improcedente per se la solicitud de tutela, en tanto constatada la falta de idoneidad del mecanismo jurisdiccional ordinario, en un juicio de franca racionalidad, la acción de amparo se constituye en la alternativa procesal prevalente con el fin de restablecer los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos. 3. Análisis de Caso Concreto Corresponde a la Sala del Tribunal Administrativo del Cauca, resolver el caso, en donde el representante legal de la Clínica la Estancia S.A., Doctor JORGE ENRIQUE GOMEZ, solicita establecer con claridad el procedimiento de 4 Sentencia T-487 del Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 5 Sentencia T- 177 del Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

6 radicación y trámite de pago de los gastos en urgencias a cargo del FOSYGA, precisar la responsabilidad en el trámite y pago de cuentas presentadas para el pago ante el FOSYGA y uniformar las causales de glosas, alegando la supuesta violación al debido proceso. La Sala considera que las pretensiones de la parte actora, no son propias de ser resueltas a través de la acción de tutela, puesto que lo que se busca es que el Gobierno Nacional a través de los organismos pertinentes, reglamenten en forma precisa el pago de los gastos de urgencias a cargo del FOSYGA, situación que desborda los límites de esta acción constitucional, la cual, conforme a los precedentes jurisprudenciales ya descritos, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. En este orden de ideas, si lo que busca la entidad accionante es el cumplimiento de leyes o de actos administrativos U otra s normas con fuerza material de ley, la acción pertinente es la acción de cumplimiento, prevista en el artículo 87 de la constitución Política y regulada en la ley 393 de 1997, o si lo que pretende es que la normatividad existente desaparezca por encontrarla contraria a la constitución o la ley, las acciones pertinente serían la acción de inconstitucionalidad, si busca demandar la inexequibilidad de una ley o de un decreto con Fuerza de Ley, conforme al artículo 241 numerales 3 y 5 de la Constitución Política, o la demanda de nulidad por inconstitucionalidad, si se trata de demandar un decreto reglamentario proferido por el Gobierno Nacional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 237 de la constitución Política y el artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De ora parte, no se observa ni fue alegado por la parte actora, que se esté frente a la existencia de un perjuicio irremediable, para que excepcionalmente, proceda la acción de tutela. En razón de lo anterior, se declarará improcedente la presente acción. III DECISION En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, FALLA

7 PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por LA CLINICA LA ESTANCIA S.A., representada por su Gerente, Doctor JORGE ENRIQUE GOMEZ en contra del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO.- NOTIFICAR este fallo, por telegrama o por cualquier otro medio eficaz, a las partes, en los términos del art. 30 del Decreto 2591 de TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo, si el fallo no fuere impugnado. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Se hace constar que el proyecto de esta providencia fue considerado y aprobado por la Sala en sesión de la fecha. Los Magistrados NAUN MIRAWAL MUÑOZ MUÑOZ DAVID FERNANDO RAMIREZ FAJARDO CARLOS H. JARAMILLO DELGADO (Ausente con Permiso)

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