Sala Regional de Primera Instancia, Zona Centro, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado Recurso de Revisión SRZC-RR-11/2012

Transcripción

1 RECURSO DE REVISIÓN EXPEDIENTE: SRZC-RR-11/2012 RECURRENTE: PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN POLÍTICA ESTATAL ALTERNATIVA POTOSINA ORGANISMO EMISOR: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN LUIS POTOSÍ MAGISTRADA: YOLANDA PEDROZA REYES SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: LIC. RITA TORRES GONZÁLEZ San Luis Potosí, S.L.P., a 27 veintisiete de marzo de 2012 dos mil doce. VISTOS, para resolver los autos del expediente SRZC-RR- 11/2012, relativo al Recurso de Revisión interpuesto por el ELIMINADO, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina, en contra de el acuerdo numero (sic) 42/02/2012, de fecha 29 de febrero del 2012, aprobado en Sesión Ordinaria por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde admite que se inicie el Procedimiento Sancionador General PGS-11/2012 y que me fue notificado el 5 de marzo de la presente anualidad, con fundamento en el articulo (sic) 210 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de fecha 8 de mayo del R E S U L T A N D O ÚNICO.- Mediante oficio número CEEPC/SEA/335/2012, fechado y recibido el 15 quince de marzo del año en curso, el C. LIC. RAFAEL RENTERÍA ARMENDÁRIZ, Secretario de Actas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, remite a esta Sala Regional de Primera Instancia 1

2 escrito signado por el ELIMINADO, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina, a través del cual interpone Recurso de Revisión en contra del acuerdo número 42/02/2012, de fecha 29 de febrero del 2012, aprobado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Esta Sala de Primera Instancia, Zona Centro, del Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión, con fundamento en los artículos 116, fracciones III y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 párrafo tercero, 32, 90 párrafo primero y 91 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 26, 31 y 34 de la Ley Orgánica ; 270 párrafo segundo de la Ley Electoral vigente en el Estado, así como el artículo 6º fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. SEGUNDO.- El ELIMINADO, se encuentra debidamente legitimado para promover el presente asunto, al ser reconocida su personalidad por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como Presidente de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina. TERCERO.- El recurrente ELIMINADO, expresó literalmente los siguientes AGRAVIOS: Conceptos de Violación La autoridad violenta el principio de seguridad jurídica que los actos electorales deben tener, por que el acuerdo 42/02/2012 emitido por el Pleno del Consejo Estatal 2

3 Electoral y de Participación Ciudadana señala que.. a propuesta de la Comisión Permanente de Fiscalización, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 273, fracción II; 275; 302, 303, 305, 306 y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del estado, ADMITIR a trámite, por vía de procedimientos sancionadores general, la denuncia en contra de Agrupación Política Alternativa Potosina, como es claro y evidente el CEEPAC aplica la Ley Electoral del Estado vigente al que es la publicada precisamente el 9 junio (sic) del año 2011, y aquí es aun más nítida la violación al principio de legalidad y certeza jurídica que deben regir todos los datos (sic) de autoridad en la materia electoral, al contravenir el Transitorio Cuarto de la Ley Electoral del Estado que a la letra dice: Cuarto. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta ley, se concluirán en los términos de la ley electoral que se abroga, por las autoridades que, conforme a las disposiciones de la misma, y la de la ley del tema de medios de impugnación en materia electoral, resulten competentes o que sustituyan a las autoridades que dejen de existir. Después de analizar el ordenamiento transcrito, se aprecia con mediana claridad, que para admitir a trámite el Procedimiento Sancionador General, deberá aplicarse una norma distinta a la Ley Electoral del Estado hoy vigente; en consecuencia el acuerdo 42/02/2012 emitido por el pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, contraviene a la Ley Electoral del Estado en su transitorio cuarto, y por ello debe revocarse la admisión a trámite del Procedimiento Sancionador General solicitado por la Comisión Permanente de Fiscalización, y así poder estar en condiciones de certeza jurídica, y atendiendo al principio de legalidad en todos los datos (sic) de autoridad deben de 3

4 tener en la materia electoral, poder dar correcto trámite y contestación a las imputaciones que pretenda hacer la Comisión Permanente de Fiscalización. Se insiste en el acuerdo 42/02/2012 tomado en la sesión del día 29 febrero (sic) del año 2012 por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana violenta los principios de legalidad, que todo acto de autoridad electoral debe realizar, al acordar la admisión de un procedimiento general sancionador con un ordenamiento no aplicable, y en consecuencia también violan el principio de certeza que todos los actos de autoridad deben contener.. CUARTO.- Las pruebas que obran dentro del expediente son las que se enumeran a continuación: 1. DOCUMENTAL consistente en copia certificada por el Secretario de Actas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de la denuncia presentada por la Comisión Permanente de Fiscalización en contra de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina. (fojas 10 a 23) 2. DOCUMENTAL consistente en copia certificada por el Secretario de Actas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de acta de acuerdos de la sesión ordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 29 de febrero de (fojas 30 a 45) Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en cuanto al contenido de las mismas, de conformidad con lo establecido por los numerales 18 fracción I, inciso b), y 20 de la 4

5 Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. QUINTO.- El recurrente ELIMINADO, Presidente de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina, se inconforma esencialmente en contra del acuerdo 42/02/2012, de fecha 29 veintinueve de febrero del 2012 dos mil doce, aprobado en sesión ordinaria por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde se acuerda iniciar el Procedimiento Sancionador General en contra de la agrupación que representa. Lo anterior es sustentado, ya que según el criterio del inconforme, se violenta el principio de seguridad jurídica que los actos electorales deben tener, pues en dicho acuerdo, se aplica la Ley Electoral del Estado vigente al 2012 dos mil doce, violando con ello, el principio de legalidad y certeza jurídica, al contravenir el Transitorio Cuarto de la citada Ley, pues de éste se desprende que para admitir a trámite el Procedimiento Sancionador General, debería aplicarse una norma distinta a la Ley Electoral del Estado vigente. SEXTO.- De lo señalado anteriormente, esta Sala de Primera Instancia, considera que los agravios del recurrente son infundados conforme a los razonamientos siguientes: En principio, para una mejor comprensión de la litis a resolver, es necesario verter el contenido del acuerdo que se controvierte y de la normativa en la que sustentó el fallo impugnado el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que son transcritos a continuación: 42/02/2012.En atención al mismo punto número 09 del Orden del Día, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprueba por unanimidad de votos, y a propuesta de la Comisión Permanente de 5

6 Fiscalización, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 273, fracción II; 275; 302, 303, 305, 306 y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del Estado, ADMITIR a trámite, por la vía del procedimiento sancionador general, la denuncia en contra de la AGRUPACIÓN POLÍTICA ALTERNATIVA POTOSINA, por el incumplimiento por parte de esa agrupación, de las obligaciones contenidas en el artículo 52 en relación con los artículos 54, fracción V y 32, fracción XIV, todos de la Ley Electoral del Estado, referente a informar y comprobar al Consejo, con documentación fehaciente lo relativo al gasto de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales y capacitación política e investigación socioeconómica y política; de la obligación contenida en el penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 52, la fracción V del artículo 54, 32 fracción XVI de la Ley Electoral del Estado 15 y 20 del Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales, relativa a permitir y dar todas las facilidades al Consejo en la verificación e inspección de sus recursos, tanto de origen publico (sic), como privado, y la establecida por los artículos 52 de la Ley Electoral del Estado y 12 del reglamento en cita, relativa a cumplir los fines que se ha propuesto en su plan de acciones, así como las evidencias de las actividades realizadas y resultados de las mismas ante la Comisión de Fiscalización en forma trimestral y de igual manera la contenida en el artículo 10.3 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos, relativa a expedir cheques nominativos a partir de montos de $4, (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.). Por tanto, regístrese el presente en el Libro de Gobierno bajo el número PSG-11/2012. Se instruye al Consejero Presidente de este organismo electoral para 6

7 que por su conducto o a través del servidor público que designe para tal efecto, se efectúen todas las diligencias necesarias para el conocimiento cierto de los hechos. Emplácese a la Agrupación Política Alternativa Potosina, en su domicilio ubicado en ELIMINADO, número, Fraccionamiento ELIMINADO, Soledad de Graciano Sánchez San Luis Potosí, corriéndole traslado con copia del oficio de cuenta y de las pruebas que obran en autos, a fin de que dentro de un término de 05 cinco días hábiles siguientes al de la notificación, produzca su contestación y ofrezca las pruebas que estime pertinentes conforme a lo establecido por el artículo 305 de la Ley Electoral del Estado. Notifíquese.. Los preceptos de la Ley Electoral vigente en el Estado que fueron aplicados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para fundamentar el acuerdo que antecede son: ARTÍCULO 273. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta Ley, y en los diversos ordenamientos de la materia: [ ] II. Las agrupaciones políticas estatales; [ ] ARTÍCULO 275. Son infracciones atribuibles a las agrupaciones políticas estatales: I. Incumplir las obligaciones que les señalan los artículos 71 y 72 de esta Ley, y II. Incumplir cualquiera de las disposiciones del presente Ordenamiento y las que prevean otras disposiciones aplicables. ARTÍCULO 302. El Procedimiento Sancionador General se aplicará para el conocimiento de las faltas, y aplicación de sanciones por las infracciones a que se refiere esta Ley, distintas de aquéllas respecto de las cuales procedan el Procedimiento Sancionador Especial, y el Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. 7

8 El Procedimiento Sancionador General podrá iniciar a instancia de parte; o de oficio cuando cualquier órgano del Consejo tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras. Cualquier persona podrá presentar denuncias por presuntas violaciones a las disposiciones de esta Ley, ante los órganos del Consejo. Tratándose de personas morales, las quejas o denuncias deberán ser presentadas por conducto de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable. La facultad del Consejo para fincar responsabilidades por infracciones a las disposiciones de esta Ley, prescribe en cinco años. ARTÍCULO 303. La denuncia podrá ser presentada por escrito o por medios electrónicos, cumpliendo con los siguientes requisitos: I. Nombre del quejoso o denunciante; cuando sea por escrito deberá contar con firma o huella digital; II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; III. Tratándose de personas morales, el documento o documentos que acrediten la personería; IV. Narración suscinta de los hechos en que se apoya la denuncia y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados, y V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse cuando el promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido entregadas. Bajo el supuesto de que se omita alguno de los requisitos que se establecen en las fracciones anteriores, el Consejo prevendrá al denunciante para que subsane la omisión, dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles, excepto cuando se trate de ausencia de la firma, caso en el cual la denuncia será desechada de plano. Cuando habiéndose narrado los hechos, éstos resulten imprecisos, vagos o genéricos, el denunciante deberá ser prevenido para que los aclare, dentro del mismo plazo. Si la omisión no se subsana dentro del plazo señalado, la denuncia se tendrá por no presentada. En caso de que la denuncia sea presentada a través de medios electrónicos, la misma se deberá hacer constar en un acta, requiriéndose al denunciante para que, en un 8

9 plazo improrrogable de tres días, contados a partir de la notificación correspondiente, acuda a ratificarla. De no ratificarse dentro del plazo concedido para tal fin, la denuncia se tendrá por no interpuesta. La denuncia podrá ser presentada ante cualquier órgano del Consejo, el que deberá remitirla al Presidente Consejero dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes para su trámite, salvo que se requiera de la ratificación de la misma por parte del denunciante; supuesto en el que será remitida una vez ratificada o, en su defecto, cuando haya concluido el plazo para ello. ARTÍCULO 305. Admitida la denuncia, y sin perjuicio de ordenar las diligencias de investigación que estime necesarias, se emplazará al denunciado corriéndole traslado con una copia de la denuncia y de sus anexos, para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos: I. Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital; II. Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos, negándolos, o declarando que los desconoce; III. Domicilio para oír y recibir notificaciones; IV. En su caso, los documentos que sean necesarios para acreditar la personería, y V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente, debiendo relacionar éstas con los hechos o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido posible obtener. En este último supuesto, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas pruebas. En caso de omisión de uno de los requisitos, el denunciado deberá ser prevenido en los mismos términos en los que se previene al denunciante. ARTÍCULO 306. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Consejo, de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva. Una vez que el Consejo tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que se 9

10 pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios y, en general, para evitar que se dificulte la investigación. Admitida la denuncia por el Consejo, se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, solicitará mediante oficio, a los órganos del propio Consejo, que lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de treinta días naturales, contados a partir de la recepción del escrito de denuncia. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. Dentro del plazo fijado para la admisión de la denuncia, el Consejo podrá dictar medidas cautelares, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción; evitar la producción de daños irreparables; la afectación de los principios que rigen los procesos electorales; o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en esta Ley. El Consejo se encuentra facultado para solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, los informes, certificaciones, o el apoyo necesario para la realización de diligencias, que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales, la entrega de informaciones y pruebas que sean necesarias. Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser efectuadas por el Presidente Consejero, a través del servidor público, o por el apoderado legal que éste designe. De igual manera, es necesario citar el Transitorio Cuarto de la Ley Electoral vigente en el Estado, el cual señala el recurrente, que debió aplicarse para admitir a trámite el Procedimiento Sancionador General y que a la letra dice: CUARTO. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de esta Ley, se concluirán en los términos de la Ley Electoral que se abroga, por las autoridades que, conforme las disposiciones de la misma, y la de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resulten competentes o que sustituyan a las autoridades que dejen de existir.. 10

11 A partir de lo anterior, debe distinguirse primeramente, que el procedimiento sancionador es un acto mediante el cual, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la facultad de sancionar las conductas que contrapongan lo establecido en la ley electoral y que se cometan por los Partidos Políticos, las agrupaciones, sus miembros y personas relacionadas con sus actividades, que de ser responsables darán lugar a la imposición de una sanción de carácter administrativo. En ese sentido, el procedimiento administrativo sancionador es uno de los instrumentos consagrados en la normatividad electoral para el efecto de proteger los principios electorales rectores del sistema democrático en relación a los sujetos que intervienen en la actividad político-electoral; que establece como consecuencia en caso de trasgresión a la normatividad, desde la nulidad o invalidación de los actos hasta la imposición de una sanción a los infractores de la misma. Luego entonces, debe señalarse que tal procedimiento comprende diversas etapas que se realizan sucesivamente para terminar en su caso con la sanción que corresponda, el cual se inicia con las denuncias que se interpongan por las presuntas violaciones a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado y que serán interpuestas ante los órganos del Consejo, como lo dispone el artículo 302 de la Ley en cita. Ahora bien, del acuerdo 42/02/2012 aprobado en sesión ordinaria por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 29 veintinueve de febrero del 2012 dos mil doce, se infiere que la responsable dio inicio al trámite o procedimiento sancionador, pues fue precisamente mediante este acto, que se llevó a cabo la admisión de la denuncia acorde al marco legal que se establece en el artículo 302 de la Ley Electoral vigente en el Estado, observando debidamente la legalidad del acto, pues la denuncia que se realiza 11

12 en el presente caso, fue hecha por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por conductas que presuntamente son violatorias a las disposiciones de la Ley Electoral de acuerdo a lo establecido en el artículo 275 del cuerpo de leyes en cita. Puntualizado lo anterior, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con acierto admitió a trámite la denuncia que se realizaba en contra de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina mediante el acuerdo 42/02/2012 aprobado con fecha 29 veintinueve de febrero del 2012 dos mil doce, por el incumplimiento de las obligaciones que en ese tiempo se encontraban contenidas en los artículos 32 fracción XIV, 52 y 54 fracción V de la Ley Electoral del Estado abrogada, correspondientes a informar y comprobar al Consejo, con documentación fehaciente, lo relativo al gasto de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales y capacitación política e investigación socioeconómica y política; además de la obligación contenida en el penúltimo y antepenúltimo párrafos del artículo 52, 54 fracción V, 32 fracción XIV de la Ley Electoral del Estado; 15 y 20 del Reglamento de Agrupaciones Políticas Estatales referentes a permitir y proporcionar todas las facilidades al Consejo de la verificación e inspección de sus recursos, tanto de origen público, como privado; la establecida por los artículos 52 de la Ley Electoral del Estado y 12 del Reglamento en cita, consistente a cumplir los fines que se ha propuesto en su plan de acciones, así como las evidencias de las actividades realizadas y resultados de las mismas ante la Comisión de Fiscalización y de igual manera la contenida en el artículo 10.3 del Reglamento en Materia de Fiscalización de los Recursos, consistente en expedir cheques nominativos a partir de montos de $4, (cuatro mil pesos 00/100 M.N.); tal y como se advierte de las documentales que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana anexa en copia certificada del escrito de denuncia presentada en contra de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina, la cual merece valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido en 12

13 el numeral 18 fracción I, inciso b) de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. En razón de lo anterior se concluye, que al recurrente no le asiste la razón, al señalar que el organismo electoral responsable contravino lo dispuesto en el Transitorio Cuarto de la Ley Electoral del Estado vigente, pues a su criterio debió aplicarse una norma distinta a la Ley mencionada; pues debe decirse que además de ser un señalamiento vago e impreciso, por no mencionar de manera alguna, a que norma distinta a la Ley se refería y la cual debería aplicarse a este procedimiento; cabe señalar que el Transitorio Cuarto de la Ley en cita, es muy clara en sostener que únicamente los asuntos que se encuentran en trámite a la entrada en vigor de la Ley Electoral que actualmente rige, se concluirán en los términos de la ley electoral abrogada; luego entonces, por la palabra trámite se debe entender de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión; de ahí que el Procedimiento Sancionador si bien es un conjunto de etapas que se deben recorrer hasta su consumación; lo cierto es, que el mismo se encuentra en su estado inicial con la admisión de la denuncia que se interpone en contra de la Agrupación Política que preside el recurrente, por lo que, al incoarse tal procedimiento con fecha 29 de febrero del año en curso, deberá estarse a lo dispuesto por las disposiciones legales que rigen en ese momento procesal, es decir, se entienden como normas procesales aquellas que instrumentan el procedimiento; son las que establecen las atribuciones, términos y los medios de defensa con que cuentan las partes para que con la intervención del órgano competente, obtengan la sanción judicial de sus propios derechos, esos derechos nacen del procedimiento mismo, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula; por lo tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento, el legislador modifica la tramitación de ésta, suprime un recurso, amplía un término o modifica lo relativo a la valoración de las pruebas, no 13

14 puede hablarse de aplicación retroactiva de la ley, pues no se priva, con la nueva ley, de alguna facultad con la que ya se contaba, por lo que debe aplicarse esta última; de tal manera, que en el presente caso, no existe un conflicto de vigencia de leyes en las diferentes etapas que contiene el procedimiento sancionador general para que se proceda conforme al Transitorio Cuarto de la Ley Electoral vigente. Lo anterior se sostiene, ya que para que se hubiera aplicado la Ley Electoral abrogada, tendría que haberse iniciado el procedimiento sancionador con fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley Electoral del Estado que nos rige actualmente, para estar en condiciones de sustentar que tal procedimiento se encontraba en trámite como así lo dispone el Transitorio Cuarto de la Ley Electoral vigente, por lo que al no encontrarse en ésa hipótesis el procedimiento en mención, evidentemente lo expuesto por el recurrente deviene infundado. De manera que, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no vulneró los principios de seguridad, legalidad y certeza jurídica, ya que en todo momento sus determinaciones que llevaron a concluir la admisión a trámite por la vía del procedimiento sancionador general, la denuncia en contra de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina, fueron sustentadas dentro del marco legal aplicable al caso, lo que proporcionó la certeza y seguridad jurídica de que el acuerdo impugnado se realizó conforme a lo estrictamente señalado por la Ley. En consecuencia, esta Sala Regional de Primera Instancia, por las razones expresadas y al declarar infundados los agravios hechos valer por el recurrente ELIMINADO, Presidente de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina, se CONFIRMA el acuerdo 42/02/2012 aprobado en sesión ordinaria por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 29 veintinueve de febrero del 2012 dos mil doce. 14

15 Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, se resuelve: PRIMERO.- Esta Sala de Primera Instancia, Zona Centro, del Tribunal Electoral, es competente para conocer y resolver el Recurso de Revisión, con fundamento en los artículos 116, fracciones III y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 párrafo tercero, 32, 90 párrafo primero y 91 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 26, 31 y 34 de la Ley Orgánica ; 270 párrafo segundo de la Ley Electoral vigente en el Estado, así como el artículo 6º fracción II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. SEGUNDO.- El ELIMINADO, se encuentra debidamente legitimado para promover el presente asunto, al ser reconocida su personalidad por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como Presidente de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina. TERCERO.- Los agravios expresados por el recurrente ELIMINADO, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política Estatal Alternativa Potosina, resultaron INFUNDADOS, de conformidad con los razonamientos expresados en el considerando SEXTO de la presente sentencia. CUARTO.- En consecuencia, se CONFIRMA el acuerdo identificado como 42/02/2012 aprobado en sesión formal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 29 veintinueve de febrero de 2012 dos mil doce. QUINTO.- Notifíquese personalmente al ELIMINADO, en su carácter de Presidente de la Agrupación Política Estatal 15

16 Alternativa Potosina en el domicilio legal señalado en autos, y remítase copia certificada de la presente resolución al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; en los términos previstos en los artículos 21, 22 y 23 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado. Así lo resolvió y firma la C. LICENCIADA YOLANDA PEDROZA REYES, Magistrada Unitaria de la Sala Regional de Primera Instancia, Zona Centro, del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, quien actúa con Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe, LICENCIADO JUAN DAVID RAMOS RUÍZ. Siendo Secretaria de Estudio y Cuenta LICENCIADA RITA TORRES GONZÁLEZ. LIC. YOLANDA PEDROZA REYES MAGISTRADA LIC. JUAN DAVID RAMOS RUÍZ SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 16