Poder Judicial de la Nación

Transcripción

1 San Martín, 15 de julio de VISTOS Y CONSIDERANDO. I. La defensa oficial de Mario Rubén Domínguez, dedujo recurso de casación contra la resolución del pasado 15 de junio, por la cual esta Sala revocó la decisión de que la prisión preventiva aplicada al nombrado pasara a ser cumplida bajo la modalidad morigerada de arresto domiciliario, por no hallarse -de acuerdo al informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional- dentro de los supuestos previstos en el art. 32 y 33 de la ley , mod. por la (fs. 1/7vta. y fs. 9/11vta.). II. Liminarmente, cabe señalar que la decisión recurrida, si bien no se encuentra en la enumeración prevista en el art. 457 del CPPN, en tanto denegó la concesión de la detención domiciliaria y ocasiona por endeun perjuicio de imposible reparación ulterior, debe equipararse a sentencia definitiva en los términos acuñados en la norma mencionada, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Di nuncio, Beatriz Herminia s/excarcelación (causa N , D.199, XXXIX). III. Sentado ello, y puesto a decidir sobre la admisibilidad de la impugnación, es menester poner de relieve que en el pronunciamiento cuestionado, la Sala ha examinado la procedencia de la detención domiciliaria

2 solicitada, a la luz de lo establecido por la ley N (B.O. 20/01/09), que modificó el Art. 32 de la ley N En tal sentido, se realizó una valoración concreta y acabada de las constancias del legajo, no advirtiéndose que su estado de salud conlleve a la aplicación del arresto domiciliario, ya que su alojamiento en el establecimiento carcelario no impide tratar su dolencia ni incide negativamente en su actual cuadro de salud, viéndose cumplido, por ende, el requisito de fundamentación previsto en el Art. 123 del ordenamiento adjetivo. IV. Tomando en cuenta lo señalado, respecto a la alegada arbitrariedad en el pronunciamiento, no puede dejar de puntualizarse lo reiteradamente sostenido por el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, en cuanto a que tal doctrina reviste carácter excepcional y, por ende, sólo atiende a supuestos de desaciertos u omisiones cuya gravedad acarrea la descalificación de las sentencias como actos jurisdiccionales válidos (Fallos: 305:361 y 1163; 306:94, 262, 391, 430 y 1111; 307:74, 257, 437, 444, 514, 629 y 777; 312:246, 608, 888, 1859, 2017 y 2315, entre muchos), por lo que para dar lugar a un supuesto de inequívoco carácter excepcional, como es la arbitrariedad, se debe demostrar que el error es tan grosero que aparece como algo inconcebible

3 dentro de una racional administración de justicia (Fallos: 330:4797). Pues bien, entiende la Sala que no es admisible la invocación de tal doctrina respecto de la decisión impugnada, toda vez que el asunto traído a revisión fue resuelto con fundamentos suficientes que bastan -al margen de su acierto o error- para sustentar el pronunciamiento como acto judicial; y la mera discrepancia con tal interpretación no autoriza la apertura de la vía intentada. En ese sentido, también se ha dicho que la doctrina mencionada no tiene por objeto corregir en tercera instancia fallos equivocados o que el recurrente considere tales, según su divergencia con la interpretación asignada por los jueces a los hechos y leyes comunes. Tal doctrina, en principio, reviste carácter excepcional y, por tanto, su procedencia requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o de una decisiva carencia de fundamentos (Fallos: 276:132; 277:144; entre otros). Por lo demás, con la motivación que evidencia el recurso, la parte no logra rebatir los argumentos que llevaron al Tribunal a decidir en la forma en que lo hizo, exhibiendo una mera disconformidad subjetiva con el criterio

4 expuesto, limitándose a reiterar algunos argumentos que -a su entender- podrían conducir a una distinta solución. V. Finalmente, cabe agregar que la garantía de la doble instancia se encuentra debidamente resguardada en el sub examen, por cuanto han recaído pronunciamientos por parte del juez instructor y esta Alzada, y al no advertirse la existencia de cuestión federal, descartado como se señaló- un supuesto de arbitrariedad, no corresponde la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, tal como lo estableciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Di Nunzio, Beatriz Herminia s/ excarcelación, Causa N , D.199.XXXIX (CNCP, Sala I, causa N , Bassi, Reg. N , del 27/6/11 y causa N , Díaz, Reg. N , del 15/9/11; Sala II, causa N , Quispe Apaza, Reg. N , del 19/2/10 y causa N , Camillato, Reg. N , del 27/5/11; Sala III, , González, Reg. N 390/11, del 11/4/11 y causa N , Vinader, Reg. N 1181/11, del 23/8/11; Sala IV, causa N , Huelmo Sosa, Reg. N , del 28/2/11 y causa N , Aberasto, Reg. N , del 11/6/11; entre muchas). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE al recurso de casación deducido a fs. 1/7 vta., por la defensa oficial de Mario

5 Rubén Domínguez, contra la resolución dictada por esta Sala el pasado 15 de junio (Arts. 444, primer párrafo, y Doc. Arts. 456 y 457 del Código Procesal Penal de la Nación). II. Tiénese presente la reserva del caso federal. Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. (Acordada 15/13 y ley ) y devuélvase.- MARCELO DARIO FERNÁNDEZ LIDIA BEATRIZ SOTO Ante mí: ALFONSO ANGEL FERRARO SECRETARIO DE CAMARA Nota: A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia del caso de vacancia en este Tribunal por Decreto 417/15. Conste.- ALFONSO ANGEL FERRARO SECRETARIO DE CAMARA