Empleo, desempleo & políticas de empleo

Empleo, desempleo & políticas de empleo Políticas públicas de empleo I (1989-1999) PICT 2383/06 MODOS DE DESARROLLO Y POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN ARGENTINA (2002-2007) 5 Nº5/PRIMER TRIMESTRE 2011 JULIO CÉSAR NEFFA (DIR.) BRENDA BROWN CON LA COLABORACIÓN DE AGUSTINA BATTISTUZZI POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 1

Empleo, desempleo & políticas de empleo Publicación trimestral del CEIL-PIETTE CONICET En esta serie de documentos, cuya salida se prevee con una frecuencia trimestral, se van a publicar los resultados de proyectos de estudios e investigaciones realizadas por investigadores y becarios del área Empleo, Desempleo y Políticas de Empleo del CEIL PIETTE del CONICET, que han sido sometidos a un sistema de referato interno, así como presentaciones de ponencias y conferencias presentadas en eventos académicos organizados por el Area y traducciones de especialistas extranjeros. CEIL-PIETTE, 2011 Saavedra 15 PB C1083ACA Buenos Aires tel. 4953 9853/4952 7440 e-mail: publicaciones@ceil-piette.gov.ar http://www.ceil-piette.gov.ar Director: Julio César Neffa Equipo editorial: Héctor Cordone, Graciela Torrecillas, Irene Brousse 2 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

Políticas públicas de empleo I 1989/1999 TABLA DE CONTENIDOS Introducción, 7 El contenido de las políticas de empleo, 7 1. Antecedentes 1989-1992, 8 2. Cambios institucionales del MTySS durante el periodo 1989-1999, 9 1991 - La Ley Nacional de Empleo, 9 1994, 14 1995, 16 1996, 18 1997, 20 1998, 20 1999, 22 3. Dispositivos legales y administrativos referidos a las políticas de empleo, 22 Programa intensivo de trabajo - PIT, 22 Programa de empleo de interés social - Proedis, 22 Programa de asistencia solidaria - Proas, 23 Programa nacional de pasantías para la reconversión - Pronapas, 23 Programa de promoción de empleo privado - PEP, 23 Programa de promoción del empleo privado para Pequeña y Mediana Empresa (PEP/Pyme), 23 Programa de entrenamiento ocupacional - Preno, 23 Programa talleres ocupacionales, 23 Programa de capacitación ocupacional, 24 Programa Asistir, 24 Programa de apoyo a la reconversión productiva - PARP, 24 Programa de apoyo a la reconversión productiva - proyecto imagen, 24 Programa de apoyo a la reconversión productiva - proyecto microempresas, 24 Programa de apoyo a la reconversión productiva - proyecto Joven, 24 Programa Aprender, 24 Programa de apoyo a la reconversión de la esquila, 25 Programa nacional de forestación intensiva Forestar, 25 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 3

Programa Emprender, 25 Programa de desarrollo del empleo local - DEL, 26 Programa de desarrollo del empleo local I, 26 Programa de desarrollo del empleo local II, 26 Programa de capacitación para el empleo, 26 Programa Trabajar, 26 Programa Trabajar I, 26 Programa Trabajar II, 27 Programa Trabajar III, 27 Régimen de crédito fiscal, 27 Programa servicios comunitarios, 27 Programa servicios comunitarios I, 27 Programa servicios comunitarios II, 28 Programa servicios comunitarios III, 28 El componente empleo de la ley PyME (24.467), 28 Programa nacional de promotores o programa de colocaciones, 28 Programa de reconversión laboral, 28 Programa movilidad geográfica, 28 Proyectos especiales de capacitación, 29 Programa de acciones especiales de empleo, 29 Programa Proempleo, 29 Talleres protegidos de producción, 29 Talleres protegidos de producción I, 29 Talleres protegidos de producción II, 30 Programa de apoyo a la búsqueda de empleo (intermediación laboral), 30 Programa de poyo a la productividad y empleabilidad de jóvenes (PAPEJ) y al subprograma orientación laboral, 30 Programa de capacitación laboral para un sector o rama de actividad, 30 Programa capacitación para el empleo, 31 Programa regional para el fortalecimiento del entrenamiento técnico y profesional de mujeres de bajos ingresos, 31 Programa especial de capacitación laboral, 31 Programa de capacitación para apoyar el empleo, 31 4 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

4. Los programas de empleo, 31 Programa intensivo de trabajo - PIT, 31 Programa interinstitucional de interés social Pridis, 39 Programa de empleo de interés social Proedis, 40 Programa coparticipado Procopa, 43 Programa de asistencia solidaria Proas, 45 Ejecución del programa, 50 Programa nacional de pasantías Pronapas, 55 Ejecución del programa, 57 Programa nacional de fortalecimiento de los servicios de empleo - Pronase, 62 Programa de promoción del empleo PEP, 62 Programa PEP/PyME, 62 Ejecución del programa, 66 Programa de entrenamiento ocupacional Preno, 71 Ejecución del programa, 72 Los talleres ocupacionales, 73 Programa de capacitación ocupacional, 75 Programa Asistir, 76 Programa de apoyo a la reconversión productiva PARP, 79 Programa de apoyo a la reconversión productiva -proyecto imagen, 79 Programa de apoyo a la reconversión productiva - proyecto microempresas, 80 Programa de apoyo a la reconversión productiva - proyecto joven, 80 Períodos del proyecto, 86 Programa Aprender, 93 Programa de apoyo a la reconversión de la esquila, 94 Programa nacional de forestación intensiva Forestar, 95 Ejecución de programa, 96 Programa Emprender, 100 Programa capacitación para el empleo, 100 Programa desarrollo del empleo local, 101 Programa desarrollo del empleo local I, 101 Programa desarrollo del empleo local II, 102 Programa Trabajar, 103 Programa Trabajar I, 104 Programa Trabajar II, 105 Programa Trabajar III, 107 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 5

Régimen de crédito fiscal, 153 Programa servicios comunitarios, 154 Distribución presupuestaria, 157 Programa servicios comunitarios I, 157 Programa servicios comunitarios II, 159 Programa de servicios comunitarios III, 161 El componente empleo de la ley PyME (24.467), 162 Programa nacional de promotores o programa de colocaciones, 164 Programa de reconversión laboral, 164 Programa movilidad geográfica, 164 Proyectos especiales de capacitación, 165 Programa de acciones especiales de empleo, 166 Programa Proempleo, 170 Programa retorno al trabajo, 172 Experiencias piloto de certificación de competencias laborales, 173 Programa de talleres protegidos de producción, 173 Programa de talleres protegidos de producción I, 173 Programa de talleres protegidos de producción II, 174 Programa de apoyo a la búsqueda de empleo, 175 Programa de apoyo a la productividad y empleabilidad de jóvenes (PAPEJ) y al subprograma orientación laboral, 176 Programa de capacitación laboral para un sector o rama de actividad, 177 Programa regional para el fortalecimiento del entrenamiento técnico y profesional de mujeres de bajos ingresos, 180 Experiencia piloto de metodología de formación flexible para pequeños y medianos empresarios, 180 Programa especial de capacitación laboral, 180 Ejecución del programa 5. Bibliografía, 189 6. Anexos, 190 Cuadro sinóptico de las políticas de empleo 1889-1999, 190 Gráfico de políticas de empleo, 197 Ley Nacional de Empleo - Ley 24.013, 199 6 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

Políticas públicas de empleo I (1989-1999) 1 Introducción En este documento se intentará analizar los cambios que se operaron en el MTySS de la nación durante este periodo, y por otra parte políticas llevadas a cabo por ese ministerio que de manera directa o indirecta pueden denominarse políticas de empleo. El contenido de las políticas de empleo En sentido amplio, el concepto de política de empleo designa al conjunto de intervenciones del sector público sobre el mercado de trabajo, que producen cambios en términos cuantitativos o cualitativos (Freyssinet, 2003 y 2004). En ese sentido todos los instrumentos de la política económica (de comercio exterior, cambiaria, monetaria, fiscal, industrial, de infraestructura), científica, tecnológica y de innovación, de desarrollo regional, educativa, cultural, de salud y social, etc. pueden movilizarse para generar efectos sobre el empleo, pero con un peso diferenciado según los ámbitos de la intervención del sector público. En sentido estricto, la política de empleo agrupa al conjunto de acciones que apuntan a anticipar o a corregir los desequilibrios del mercado de trabajo, a mejorar los procesos de adaptación dinámica entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo y a favorecer la formación profesional y la adaptación de los recursos de mano de obra a las necesidades del sistema productivo (Freyssinet, 2003 y 2004). Como es obvio que si se define así la política de empleo, debe cumplir con la condición necesaria su inserción en un proceso de cre- 1 Este documento fue elaborado tomando en consideración un informe elaborado por el autor, con la colaboración de Agustina Battistuzzi, en el Programa de Areas de Vacancia (PAV 103) Trabajo, desarrollo, diversidad, Una investigación sobre metodologías y políticas de desarrollo local con acento en la generación de empleo/ingreso. Subproyecto 6 - Análisis de experiencias de desarrollo local, de las políticas públicas que lo promueven y de su impacto en la generación de trabajo/ empleo/ingresos. Se agradece la valiosa colaboración prestada por la Secretaría de Empleo del MTEySS de la Nación, y en especial del Dr. Luis Castillo Marín, Manuel Wainfield y Esteban Maximiliano Passaggio quienes facilitaron el acceso a la información documental y estadística, Buenos Aires, noviembre de 2010. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 7

cimiento rico en empleos, ya que el estancamiento y la recesión destruyen empleos, impulsado por un cambio científico y tecnológico orientado hacia la innovación en cuanto a los procesos (que aumentan la productividad, reducen los costos y mejoran la calidad) y sobre todo los productos que dan lugar a la generación de nuevos empleos. Podemos clasificar en primera instancia las políticas de empleo en activas y pasivas según el uso frecuente de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Club de los países ricos, que tiene su sede en París. De manera sintética y tentativamente podrían definirse como políticas activas aquellas que con una perspectiva de largo plazo, actúan sobre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, se proponen reducir el desempleo haciendo frente de manera durable a las causas estructurales y generan nuevos empleos; y como políticas pasivas, a las que operan en el horizonte de la coyuntura o de ciclos cortos, procurando combatir el desempleo mediante la reducción de la oferta de fuerza de trabajo y proporcionando subsidios a los desempleados. El secreto del éxito de las políticas de empleo depende de la coherente combinación y coordinación de ambos grupos de políticas, para al mismo tiempo combatir el desempleo y el subempleo demandante, generar nuevos empleos netos, estables y de calidad y proteger a los desocupados con subsidios y acceso a la seguridad social (Neffa, 2006). 1. Antecedentes 1989-1992 Luego del cambio de gobierno, en julio de 1989, el MTySS de la nación comenzó a reformar su estructura sin que en ese entonces se previeran todas las transformaciones económicas y sociales que iban a ocurrir durante la década 1989-1999. La primera tarea emprendida fue la recopilación de la experiencia internacional con vistas a elaborar el proyecto de ley Nacional de Empleo, tarea que emprendió la dirección nacional de Recursos Humanos, a cargo del Servicio Nacional de Empleo. Se analizaron las actividades de asesoramiento a organizaciones profesionales de trabajadores y de empleadores, para desarrollar la formación profesional y promover el empleo, prestando especial atención a las migraciones internacionales. Otra línea de trabajo se llevó a cabo con las provincias del NEA y Patagonia para la conformación de una red nacional de empleo, idea que se incluyó en la ley Nacional de Empleo 24.013, así como en la implementación del seguro de desempleo. 8 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

2. Cambios institucionales del MTySS durante el período 1989-1999 1991 - La Ley Nacional de Empleo La ley Nacional de Empleo (LNE) 24.013 del año 1991 constituye un elemento clave de los cambios introducidos en las políticas de empleo, pues atribuyó al entonces MTySS el desarrollo de políticas destinadas al fomento del empleo y de la capacitación laboral en el nivel nacional. Según el artículo 2 de la ley, sus principales objetivos son, entre otros: promover la creación de empleo productivo por medio de acciones y medidas específicas de fomento; prevenir y regular procesos de reconversión productiva; fomentar el empleo entre quienes enfrentan mayores dificultades de inserción; organizar un sistema de protección a los trabajadores desocupados, y promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando las prácticas evasoras. También establece de manera expresa que el ministerio debe diseñar y ejecutar programas de estadísticas e información laboral, coordinándose con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) e integrarse al Sistema Estadístico nacional, de acuerdo con la ley 17.622, así como producir estudios relacionados a la problemática del empleo y de los ingresos. En el título 11 de la ley se establece un régimen especial de regularización del empleo no registrado, para lo cual se crea el Sistema Único de Registro Laboral (SURL) que va a jugar un papel importante en el control de esta forma extrema de precariedad. La LNE crea el Consejo nacional del empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con las siguientes funciones: determinar periódicamente el salario mínimo, vital y móvil, y los montos mínimos y máximos y el porcentaje previsto por la prestación en desempleo; aprobar los lineamientos, metodologías, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil; fijar las pautas de delimitación de las actividades informales; formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de empleo y formación profesional y proponer medidas para incrementar la producción y la productividad. El Consejo debe estar integrado por representantes de los empleadores y de los trabajadores, que tienen carácter ad-honorem y son designados por el poder ejecutivo a propuesta de sus organizaciones y por un presidente designado por el MTySS, que dura cuatro años en sus funciones. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 9

El título IV implementa el sistema integral de prestaciones por desempleo y el artículo 153, el cual hace referencia a la indemnización por despido injustificado, modifica al artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo, sobre antigüedad en el servicio y las equivalencias remunerativas correspondientes. De este sistema se exceptuaron los trabajadores agrarios (ley 22.248), los trabajadores del servicio doméstico (decreto 326/56) y quienes hayan dejado de prestar servicios en la administración pública nacional, provincial o municipal por medidas de racionalización administrativa. Para trabajadores del estado, organismos y entes públicos privatizados el sistema se rige por resolución del ministerio de Trabajo 699/93. El ministerio podrá, por resolución, declarar la reconversión productiva de empresas públicas, mixtas o privadas que se encuentren o pudieran encontrase en situación de reducciones de empleo, convocando a la comisión negociadora de convenciones colectivas de trabajo, e intervenir en la resolución de acciones sobre el particular. A partir de los capítulos 6 y 7 de la ley Nacional de Empleo se establecieron dos mecanismos para encarar la reestructuración productiva: uno en el nivel sectorial y otro en el nivel de empresa. Si el poder ejecutivo declarase a algún determinado sector en situación de reestructuración productiva, entonces se debería convocar a la comisión negociadora del convenio colectivo para negociar un programa de prevención del desempleo y discutir las consecuencias de la reestructuración en las condiciones de trabajo y de empleo. Por expresa mención de la misma ley en sus artículos 106 a 110, se faculta al MTEySS a declarar la emergencia ocupacional de sectores productivos o regiones geográficas permitiendo la habilitación de estas modalidades contractuales, por parte del estado, sin necesidad de convenio colectivo previo, todo ello durante el período que dure la emergencia. La misma se establece por períodos reducidos (tres meses como mínimo, renovables por el mismo plazo). En el nivel de las empresas se deben adoptar procedimientos preventivos de crisis, a partir de los cuales se crea una instancia previa de información y/o de negociación entre las empresas y las asociaciones sindicales cuando se prevean suspensiones o despidos por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas. El MTySS, podrá homologar los acuerdos y los casos de emergencia ocupacional, así como habilitar modalidades promovidas y/o acciones de generación de empleo por medio de la contratación directa del estado nacional. También esta ley, en el capítulo 3, por los artículos 81 a 89 faculta al MTySS a desarrollar programas de empleo para grupos especiales de trabajadores, orientados a quienes presenten mayores dificultades de inserción laboral: 10 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

programas para jóvenes desocupados, trabajadores cesantes cuya calificación fuere obsoleta y/o que superasen cierta edad, para grupos protegidos y discapacitados, sin perjuicio de más programas destinados a otros trabajadores y proporcionar asistencia técnica para el desarrollo del autoempleo y el inicio de nuevas pequeñas empresas. Otro aspecto relevante en materia de fomento del empleo se vincula con la implementación de programas dirigidos a apoyar la reconversión productiva de actividades informales, a fin de mejorar su productividad. El título IV implementa el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo y el artículo 153, que hace referencia a la indemnización por despido injustificado, modifica al artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo, sobre antigüedad en el servicio y las equivalencias remunerativas correspondientes. La ley 24.013 reglamenta la actividad de las agencias de empleo eventual (forma paradigmática de la precariedad) las cuales proveen de trabajadores a las empresas que lo soliciten, para la cobertura eventual o temporaria, con el objetivo de sustituir personal o llevar a cabo una actividad eventual o extraordinaria, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entiende además, que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador. Las empresas de servicios eventuales deben estar constituidas exclusivamente como personas jurídicas y con objeto único: sólo pueden mediar en la contratación de trabajadores bajo la modalidad de trabajo eventual. En el artículo 75 y siguientes establece que los trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la LCT y 77 a 80 de la LNE serán considerados en relación de dependencia con carácter permanente, continuo o discontinuo, con dichas empresas. El trabajador contratado mediante una empresa de servicios eventuales estará regido por la convención colectiva correspondiente, será representado por el sindicato y beneficiado por la obra social de la actividad o categoría en la que efectivamente preste servicios en la empresa usuaria. El vínculo del empleado es permanente con la Empresa de Servicios Eventuales, pero eventual con el contratante. Se estableció un límite a la cantidad de trabajadores contratados por medio de estas modalidades (excepto el contrato de trabajo eventual), que nunca puede superar el 30% del plantel total permanente de cada establecimiento. En el caso de ser microempresas, se establece que cuando el plantel es de 6 a 25 trabajadores, se admite un 50%; si es de no más de 5 trabajadores, se acepta un 100%, no pudiendo excederse en más de 3 trabajadores; y si el empleador no tiene POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 11

personal en relación de dependencia puede contratar bajo esta modalidad a una sola persona. La LNE establece que el Fondo Nacional del Empleo debe proveer al financiamiento de los institutos, programas, acciones, sistemas y servicios contemplados en la ley. Los recursos son los siguientes: el uno y medio punto porcentual de la contribución a las cajas de subsidios y asignaciones familiares, una contribución del tres por ciento del total de las remuneraciones pagadas por las empresas de servicios eventuales, una contribución del medio por ciento de las remuneraciones sujetas a las contribuciones profesionales a cargo del empleador privado y el aporte del medio por ciento de las remuneraciones sujetas a aportes provisionales a cargo del trabajador. Los aportes del estado están constituidos por las partidas que asigne anualmente la ley de Presupuesto y los recursos que puedan aportar las provincias y los municipios. El MTySS tiene a su cargo la administración y gestión del Fondo Nacional del Empleo. También crea una comisión bicameral integrada por tres senadores y tres diputados, que tiene por función supervisar el cumplimiento de la LNE y queda facultada para requerir todo tipo de información de los organismos gestores y de la autoridad de aplicación de la misma. La ley en su articulado incorpora varias innovaciones en materia de contrato de trabajo y entre ellas el sistema de contrataciones promovidas. Se trata de cuatro contratos laborales de tiempo determinado y objeto legalmente fijado: fomento de empleo, lanzamiento de actividad, práctica laboral para jóvenes y trabajo-formación. Su promoción se caracteriza por la reducción de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social (50 % para las dos primeras y 100% para las segundas) y el monto de la indemnización en caso de despido (reducida para las dos primeras e inexistente para las dos segundas -artículo 38 LNE-). En condiciones normales estas modalidades deberían ser habilitadas por convenciones colectivas de trabajo, pronunciándose dentro de los 90 días desde su convocatoria e instrumentarse por escrito. Estos convenios deben ser formalizados en instrumentos especiales sujetos a homologación del MTEySS. Para poder contratar bajo las modalidades promovidas, el empleador no debe tener deudas exigibles con los organismos previsionales, de asignaciones familiares, obra social, FO.NA.VI., Fondo Nacional del Empleo y asociaciones sindicales. En las empresas o establecimientos en los que se adopten las modalidades promovidas de contratación, la asociación sindical correspondiente debe ser informada al respecto por el empleador en el plazo de 30 días con copia del contrato para el trabajador. 12 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

A partir de entonces la flexibilización se constituye e instauró de diversas maneras: vía modalidades contractuales de tiempo determinado, actividades laborales que no adoptan las modalidades de un verdadero empleo (pasantías, becas, planes de empleo de carácter administrativo, etc.), la modificación del período de prueba (para ampliarlo), la instauración de un régimen paralelo de contratación laboral, la contratación de trabajos o servicios temporarios o eventuales y por último la modificación del régimen indemnizatorio, para hacerlo más sencillo, menos burocrático y menos oneroso, pues la ley establece el apartamiento de la regla vigente para los contratos de tiempo fijo, en los cuales la carencia de preaviso los tranforma en contratos por tiempo indetermindado (CDI), no haciéndose eco del principio protectorio y del principio de continuidad del contrato de trabajo en los que se basa el derecho laboral. Por otro lado, para disminuir el costo de los aportes y contribuciones patronales que afectaban al salario, en las modalidades promovidas se han eliminado rubros del salario bruto que estaban sujetos a aportes y contribuciones (beneficios sociales, prestaciones complementarias, etc.) y se han reducido los porcentajes de las contribuciones. Todas estas modificaciones generaron la vulneración del principio protectorio (base fundamental del derecho del trabajo) y de todas aquellas conquistas alcanzadas por los trabajadores y la sociedad en su conjunto en materia de legislación laboral. Con la sanción de la ley 24.013 aparecen nuevas modalidades de contratación, pero además de esta innovación se mantuvieron otras formas no promovidas que exceptúan el principio de indeterminación del plazo del contrato ya existente en la ley de Contrato de Trabajo o que derivan en prestaciones de trabajo discontinuas, tales como: a) contrato de trabajo por temporada y b) contrato de trabajo eventual (Neffa, 2005). Es decir que esta ley, en la que se enmarcan la mayoría de los programas de empleo que se desarrollarán a continuación, atribuyó al MTySS el desarrollo de políticas destinadas al fomento del empleo y de la capacitación laboral, pero además estableció cláusulas en donde se instauran modalidades contractuales que atentan contra la seguridad y la estabilidad en el empleo y el principio protectorio de los trabajadores, generando así flexibilización laboral y precarización del contrato de trabajo. Esto quebró en nuestro país una larga tradición de derecho del trabajo caracterizado por la preservación del principio de la estabilidad en el empleo, de la preferencia por el contrato por tiempo indeterminado y la continuidad de la relación salarial. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 13

1994 Por resolución MTySS 52, del 10 de enero de 1994, se crearon las gerencias regionales de promoción del empleo en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca, con la misión de desarrollar los programas que determinaba el MTySS. Entre las funciones que se les asignan estaban las de efectuar un relevamiento de la oferta regional de formación profesional. Estas gerencias regionales de promoción del empleo y las que luego se crearán en el resto de las provincias se implementan transformando las tradicionales delegaciones regionales del MTySS, en unidades de gestión de las políticas de empleo y de los programas sociales financiados con fondos públicos. Sus funciones eran la difusión, evaluación y administración de la ejecución de los programas de empleo transitorio y de empleo privado de la SEYCL, la administración de la documentación correspondiente a los beneficiarios de dichos programas frente a la ANSES y a la dirección Nacional de Políticas de Empleo y Capacitación, la promoción y asesoramiento de las modalidades promovidas de contratación previstas en la ley Nacional de Empleo. El 10 de febrero de 1994, mediante resolución 220 del MTySS de la Nación, se creó el REGICAL, Registro Nacional de Instituciones de Formación Profesional y Capacitación Laboral, en el cual se debían inscribir aquellas organizaciones públicas y privadas que brindan servicios de formación y capacitación de recursos humanos, así como las organizaciones públicas y privadas de nacionalidad extranjera y los organismos internacionales que desarrollaran actividades formativas. La subsecretaría de formación profesional de la nación (denominada luego secretaría de Empleo y Capacitación Laboral) tuvo encomendada su puesta en marcha, la coordinación con las autoridades provinciales y el diseño de criterios para evaluar la calidad de la oferta formativa en correspondencia con las demandas de los trabajadores y de las organizaciones productivas. Además, realizaba las actuaciones necesarias para relevar la oferta formativa, disponer su clasificación y definir los criterios para medir la calidad y rentabilidad de las acciones de formación. El 11 de marzo de 1994, por resolución 313 del MTySS de la nación, se establecieron los criterios de asignación de recursos del Fondo Nacional de Empleo que debían destinarse a la formación profesional ocupacional. Dichos criterios partieron de una premisa fundamental: la importancia de la formación ocupacional para los objetivos nacionales de competitividad y empleo. Con relación a ello, se señaló así la necesidad de asignar los re- 14 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

cursos disponibles con criterios de equidad territorial, rentabilidad social y eficiencia económica. Primero se expresó en la asignación de los recursos que, según expresa la resolución, debían ser distribuidos asignando el 30% a acciones de carácter nacional y el 70% restante, a las provinciales. Los recursos presupuestados para el año 1994 se asignaron para apoyar acciones de formación ocupacional propuestas y promovidas en forma conjunta por representantes de los trabajadores y de los empleadores. Se les otorgó prioridad a las propuestas vinculadas con proyectos de creación de empleo que incluyeran compromisos de cofinanciación a cargo de las partes promotoras o de terceros. Para su distribución, se tomaron en cuenta los índices de actividad, desocupación, necesidades básicas insatisfechas y cantidad de empleados públicos por cada mil habitantes en las respectivas jurisdicciones. En abril de 1994 se crearon por resolución MTySS 385 las gerencias regionales de promoción del empleo en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Al mismo tiempo se crearon organismos para la intermediación de la mano de obra en el mercado de trabajo y que colaboren en los procesos de reconversión laboral, y de ubicación y reubicación de los trabajadores con especiales dificultades para su inserción laboral. Por resolución del MTySS 1.017/94, se crea la Red de Servicios de Empleo, con registros públicos y servicios gratuitos, integrada por: oficinas públicas de empleo, creadas por el MTySS así como por autoridades provinciales del trabajo y los municipios, agencias públicas de colocación, y entes colaboradores, que se sumen a estas acciones de intermediación en el mercado de trabajo. Con la finalidad de intercambiar en el mercado de trabajo, y en algunos casos en la selección de beneficiarios para los programas de empleo transitorio. Componían un conjunto de cinco oficinas, localizadas en las ciudades de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario, Santa Fe y Salta. En noviembre de 1994, por resolución MTySS 1224, se crearon las gerencias regionales en las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe La descentralización operativa del programa de apoyo a la reconversión productiva (PARP) estuvo garantizada por el emplazamiento de la red de las denominadas oficinas regionales del programa instaladas y equipadas directamente por el mismo y con dependencia de la Unidad Ejecutora Central (UNEC) creada por resolución conjunta del ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos (MEOSP) 671/94 y del MTySS 519/94. Sus funciones principales fueron: administrar las actividades del programa de apoyo a la reconversión productiva (PARP), promover y administrar la ejecución de los POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 15

programas de capacitación laboral de la SEYCL, y administrar la documentación de los citados programas frente a la DNPEYC. 1995 El 15 de marzo de 1995 se dictó la ley 24.465 de promoción del empleo, dentro de la cual se establece el régimen de contratos de aprendizaje. En su artículo 4, esta ley definió el contrato de aprendizaje como una relación contractual especial no laboral, que vinculaba al empresario y a un joven sin empleo, generando derechos y obligaciones bajo la supervisión del MTySS. Podían participar de este tipo de relación los jóvenes sin empleo de entre catorce (14) y veinticinco (25) años de edad, quienes suscribían con los empresarios, en cada caso, un contrato que obligaba al empresario a satisfacer la finalidad formativa de la relación de aprendizaje. En el ámbito de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, se podían acordar programas y procedimientos conjuntos de formación profesional para adaptar esta modalidad de contratación a las características propias de la actividad, rama o empresa participante. El 23 de marzo de 1995 se promulgó la ley 24.467, que tuvo por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Py- MES), impulsando para ello políticas de alcance general por medio de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes, e incluyendo un capítulo especial destinado a regular las relaciones de trabajo en la pequeña empresa. En su artículo 96, con relación a la formación profesional, dicha ley expresa: la capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos. El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la pequeña empresa en la que preste servicios, podrá solicitar a su empleador la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos. Los convenios para pequeñas empresas deberán contener un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación. Asimismo, la ley 24.467 indicaba que las PyME podían hacer uso de cualquiera de las modalidades promovidas de contratación laboral de la ley 24.013, exceptuadas de algunos requisitos: no necesitaban la habilitación del contrato por convenio colectivo; no estaban obligadas a registrar los contratos en el SURL; se las exceptuaba del pago de indemnización a la finalización del contrato. 16 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

El 27 de marzo de 1995 se dicta el decreto del poder ejecutivo nacional 440, el cual establece que la articulación entre la educación, el mundo del trabajo y la formación y capacitación técnico profesional constituyen ejes de la política educativa nacional. En el acuerdo marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, del 25 de julio de 1994, se determinaba que la capacitación de los trabajadores es un requisito para cualquier estrategia de crecimiento productivo con equidad social, y el presidente de la nación Argentina decretó la creación del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Laboral. El Consejo tiene entre sus objetivos, contribuir a consolidar y optimizar sus acciones para elevar el nivel de la calificación de los recursos humanos. Por resolución MTySS 406/95, del mes de mayo de 1995, se crearon las gerencias regionales de las provincias de Córdoba, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y La Pampa. El 30 de mayo de 1995, el PEN dictó el decreto 738. Considerando que el contrato de aprendizaje no origina vínculo laboral entre las partes, se observó la necesidad de especificar las prestaciones mínimas para la cobertura de salud del aprendiz, así como riesgo. Asimismo, se estipuló que cuando la duración del contrato de aprendizaje excediera el término de un (1) año, el empresario contratante debía presentar ante el MTySS de la nación un programa formativo, que se consideraría aprobado cuando no hubiera sido observado en el plazo convenido para la contratación. El 19 de abril de 1995, el MTySS de la nación dictó la resolución 319, destinada a optimizar los procedimientos para la asignación de recursos a los proyectos de formación profesional. El 16 de junio de 1995, por resolución 35/95 se determinaron las competencias del MTySS en relación con el programa de fomento al contrato de aprendizaje (Aprender), siendo su atribución la supervisión y el seguimiento de las acciones. La presentación de las solicitudes de adhesión al programa Aprender, se haría ante las gerencias regionales de promoción de empleo. El 3 de julio de 1995, el MTySS de la nación dictó la resolución 499, que establecía su competencia interna sobre contratos de aprendizaje. La resolución estuvo destinada a fijar las normas de control y supervisión de la figura contractual no laboral, con finalidad formativa, denominada Contrato de Aprendizaje. El programa formativo, que debía ser presentado por el empresario contratante cuando la relación de aprendizaje superase los doce (12) meses, debía ajustarse a un modelo establecido. El certificado expedido por la empresa al finalizar el contrato de aprendizaje, debía responder al modelo incorporado por la resolución. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 17

El 31 de julio de 1995, el MTySS de la nación dictó la resolución 94/95, que determinaba la reasignación de recursos destinados a la formación profesional, otorgando prioridad a la creación de talleres ocupacionales. El remanente de dichos recursos se destinaba a becas y ayudas ligadas a la capacitación para el empleo conforme a lo propuesto por la subsecretaría de formación profesional. El decreto 286/95 del 10 de agosto de 1995 creo de la secretaría de Empleo y Formación Profesional a partir del acuerdo marco para el empleo, la productividad y la equidad, del 25 de julio de 1994, celebrados entre el gobierno nacional, la CGT y las principales asociaciones empresarias, asignándole nuevas funciones y competencias, dado el crecimiento del desempleo. Su objetivo principal fue diseñar y elaborar políticas y programas para promover el empleo y posibilitar la formación profesional de los trabajadores. En el año 1995 comenzó a aplicarse el programa talleres ocupacionales con el objetivo de responder a la formación rápida de trabajadores para cubrir necesidades de nuevos empleos, perfeccionamiento y reconversión laboral, por medio de cursos breves y de fuerte contenido práctico. Significó la introducción de tres innovaciones: 1- diseño de una forma de gestión de los talleres claramente diferenciada de las formas clásicas de enseñanza técnica; 2- la introducción del concepto de autofinanciación de los talleres y 3- la atención preferente al área de capacitación para el empleo (formación ocupacional). La resolución 133 extendió a todo el territorio nacional su aplicación y estipuló que la secretaría de Empleo y Formación Profesional del MTySS de la nación debía ejecutarlo y definir los instrumentos para su desarrollo, monitoreo y evaluación. 1996 En febrero de 1996, la resolución del MTySS 101 crea en la mayoría de las provincias las gerencias regionales de formación profesional integradas a la estructura de la secretaría de Empleo y Formación Profesional. Su función era la ejecución y gestión de los programas de capacitación y formación profesional donde intervenía el MTySS. Dichas gerencias absorbieron las oficinas regionales del programa de apoyo a la reconversión productiva. El 12 de julio de 1996, se crea el REGICE como fusión del REGICAL y el REGICAP. El RECIGE es un registro en el cual deben inscribirse las instituciones de capacitación o de empleo cuando lo disponga la reglamentación de los diferentes programas. Constituye un requisito previo para habilitar la 18 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

participación de tales instituciones en todos los concursos o licitaciones que se lleven a cabo en el ámbito de la SEyCL. Además de registrar las instituciones de capacitación y empleo, el REGICE tiene por objeto precalificarlas y habilitarlas para su intervención en los diferentes programas que implemente el MTySS. Permite asimismo caracterizar algunas dimensiones de la oferta potencial de capacitación existente, y da lugar a una publicación de periodicidad anual. El decreto 1076/96 del 25 de septiembre de 1996 originó un nuevo proceso de reestructuración organizacional, mediante el cual se unificaron áreas y funciones del ministerio transfiriendo personal al Fondo de Reconversión Laboral y luego por la resolución del MTySS) 885/96 del 17 de octubre de 1996 se procedió a la apertura de niveles inferiores al primer nivel operativo. Este decreto, creó en el ámbito de la secretaría de Empleo y Capacitación Laboral del MTySS, la dirección nacional de Políticas de Empleo y Capacitación (DNPEyC), con el objetivo de garantizar consistencia y uniformidad al diseño, la gestión y la evaluación de los programas del MTySS orientados a combatir el desempleo y aumentar por vía de la capacitación, la empleabilidad de los trabajadores en todo el país. Por la resolución MTySS 995/96, se crean la Coordinación de Gestión de Programas (CGP) de la DNPEYC, con el objeto central de coordinar la ejecución operativa de los programas de capacitación laboral y empleo de la SEYCL, y las gerencias de empleo y capacitación laboral (GECAL) dependientes de dicha coordinación, absorbiendo las funciones hasta ese entonces desempeñadas por las gerencias regionales de promoción del empleo, las gerencias regionales de formación profesional, y las agencias públicas de colocación. Las gerencias de empleo y capacitación laboral, redimensionadas bajo el concepto de modernas unidades de gestión de las políticas de empleo y capacitación laboral de los programas que ha puesto en marcha la secretaría de Empleo y Capacitación Laboral, han operando a lo largo de todo el país en programas de empleo, de capacitación laboral y acciones de intermediación. Dada la gravedad del problema de la desocupación, la resolución MTySS 995/96 creó la Unidad de Coordinación de Gestión de programas de empleo y capacitación laboral para una mejor coordinación de las acciones. La estructura territorial de gestión de las políticas de la SEyCL en 1996 estaba integrada por las gerencias regionales de promoción del empleo (GRPE), las gerencias regionales de formación profesional (GRFP), y las agencias públicas de colocaciones (APC). POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 19

1997 La resolución de la SEyCL 280/97 creó un marco normativo para implementar acciones especiales de empleo y de capacitación laboral no encuadrables en otros programas del MTySS. Financiadas mediante recursos provenientes del Fondo Nacional de Empleo, estas acciones de capacitación responderían a dos líneas: empleabilidad y acciones de capacitación vinculadas a sectores o ramas de actividad, que impulsó la participación en la gestión de diversos actores sociales, promoviendo su asociatividad en las presentaciones de proyectos de capacitación. Mediante resolución MTySS 182/97 del 14 de marzo de 1997, se asignó un presupuesto especial para financiar las acciones de fomento al empleo privado y de capacitación laboral no encuadrables en los demás programas que lleva adelante el MTySS. 1998 El 27 de febrero de 1998, por resolución del MTySS 128/98 se crearon las gerencias de empleo y capacitación aboral (GECAL) del conurbano y de la Capital Federal. Para fines de 1999 operaban en el territorio nacional 26 gerencias de empleo y capacitación laboral y 3 subgerencias. Por resolución MTySS 374/98 del 1 de junio de 1998, se creó en el ámbito de la secretaría de Empleo y Capacitación Laboral, la Unidad de Coordinación Técnica y Planeamiento, con el objeto de mejorar procesos administrativos y de corregir deficiencias en la operatoria de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de empleo y capacitación laboral administrados por la SEyCL, dotando de mayor fluidez a los circuitos y posibilitando el funcionamiento de dispositivos de control en sus distintas etapas. El 10 de junio de 1998, por resolución de la SEyCL 406/98 se estipuló la suspensión de la recepción y evaluación de aquellos diseños técnicos pedagógicos que no respondieran al marco y/o contratos suscritos por la ex subsecretaría de Formación Profesional, la ex secretaría de Formación Profesional y la secretaría de Empleo y Capacitación Laboral. Por resolución conjunta de la SEyCL 458/98 y de la DEA 452/98, del 8 de julio de 1998, se aprobó la Normativa para los Procedimientos de los Programas de Empleo y Capacitación en lo concerniente a la captura de datos, 20 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

el control y el cruce, la liquidación, la emisión de los listados y el tratamiento de rendiciones de pagos. La misma normativa creó el Comité Técnico de Programas de Empleo y Capacitación con las funciones de contralor del procesamiento de datos y facultades resolutivas en lo relativo a las cuestiones que se suscitaran como consecuencia de la interpretación del Anexo I del Convenio de Colaboración, y convalidó procedimientos y actuaciones efectuados. El 21 de julio de 1998, por resolución de la SEyCL 490/98 se dispuso establecer un procedimiento para el diagnóstico, evaluación, asistencia técnica y seguimiento de proyectos de determinados organismos ejecutores, con el objetivo de sanear su desempeño en el programa Trabajar II, regularizar el cumplimiento de las metas de los proyectos aprobados y asegurar su futuro desempeño como organismos ejecutores, con miras de participar en el programa Trabajar III. También se estableció la conformación del Grupo de Asistencia Técnica Itinerante (GRATI). Por resolución del MTySS 488/98, del 28 de Julio de 1998, se creó -dentro del ámbito de la Coordinación de Gestión de Programas dependiente de la dirección nacional de Políticas de Empleo y Capacitación- la subcoordinación de Seguimiento Técnico y Fiscalización (SUSEFI) la cual tiene entre sus principales funciones: a) establecer criterios, planificar, coordinar y realizar el seguimiento y fiscalización de los programas de Empleo y Capacitación Laboral que se ejecuten en la órbita de la secretaría de Empleo y Capacitación Laboral. b) sistematizar y procesar la información relevada a los fines de brindar información a las unidades de programas de empleo y capacitación laboral. e) proporcionar información sobre el grado de ejecución de cursos y acciones de capacitación, a los fines de habilitar en tiempo y forma de pago a los coejecutores. d) preparar y elevar informes periódicos sobre la evolución y ejecución de los programas de Empleo y Capacitación Laboral. f) asistir a las Unidades de programas en el diseño de instrumentos para el proceso de seguimiento de los mismos. g) planificar coordinadamente con las unidades de programas las acciones tendientes a atender las necesidades de capacitación y/o asesoramiento a las gerencias de empleo y capacitación laboral y otros actores involucrados en el circuito de gestión. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 21

Por resolución conjunta de la SEyCL 551 y S.T. 46 del 13 de agosto de 1998, se establecieron los procedimientos para el seguimiento, fiscalización y aplicación de sanciones en los proyectos aprobados en el marco del programa Trabajar III, de conformidad con la resolución del MTySS 327/98, y de los proyectos que estuvieran en ejecución del programa Trabajar II. Esta resolución tiene el propósito de reformar y unificar normas de procedimiento que regulan el desarrollo y supervisión del programa con las que establecen los mecanismos de sanciones a aplicarse. La autoridad de aplicación de la presente resolución conjunta es el secretario de Empleo y Capacitación Laboral. 1999 La resolución del MTySS 134/99 designa a la secretaría de Empleo y Capacitación Laboral como autoridad de aplicación para la ejecución del Régimen de Crédito Fiscal en el ámbito del MTySS. Mediante su reglamentación, se establece que entre los gastos que podrán realizarse según el régimen de crédito fiscal, quedan comprendidas las acciones directas de capacitación, los bienes de capital y todos aquellos elementos didácticos destinados a estos fines. 3. Dispositivos legales y administrativos referidos a las políticas de empleo Programa intensivo de trabajo - PIT Este programa estuvo regulado por la ley 24.013, las resoluciones MTySS 89/94, 661/94, 883/94 y las resoluciones de la SE. 18/93, 7/94 y 25/94. El 11 de marzo de 1994, por resolución 313/94 del MTySS de la nación, se establecieron los criterios de asignación de recursos del Fondo Nacional de Empleo que deben ser destinados a la Formación Profesional Ocupacional. Programa de empleo de interés social - Proedis Se crea el 24 de enero de 1994 mediante una resolución del MTySS 86/94. 22 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5

Programa de asistencia solidaria - Proas Este programa es adoptado en 1995 y fue establecido invocando la ley 24.013, mediante la resolución del MTySS 1279/94 y las resoluciones de la SSE 47/94, 02/95, 07/95 y 14/95. Programa nacional de pasantías para la reconversión - Pronapas Este programa se aprueba el 31 de agosto de 1994 mediante el decreto 1517 del PEN. El mismo tuvo su reglamentación mediante una resolución del MTySS 47/95 y la resolución de la SEyFP 06/95. Programa de promoción de empleo privado - PEP El PEP se crea en el año 1994 mediante resolución del MTySS 87/94. Programa de promoción del empleo privado para Pequeña y Mediana Empresa (PEP/Pyme) Este programa estuvo vigente a partir de enero de 1995, y fue regulado por la ley 24.013 y las resoluciones del MTySS 735/94 y 47/95 y las resoluciones de la SSE 05/95 y 110/95. Programa de entrenamiento ocupacional - Preno El programa de entrenamiento ocupacional, estuvo vigente en el año 1995 y se fundamentaba en la ley 24.013 siendo regulado por las resoluciones del MTySS 1280/94 y las resoluciones de la SSE 03/95, 07/95 y 15/95. Programa talleres ocupacionales Este programa fue reglamentado por la resolución de la SEyCL 136/97, de fecha 4 de abril de 1997. Este programa también fue regulado por la disposición de la DNPEyC 104/97 y la 121/97. El 4 de mayo de 1998, por resolución SEyCL 253/98 se fijó la fecha límite (15 de mayo de 1998) para la recepción de anteproyectos destinados a la creación de nuevos talleres en el marco de este programa. POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO I (1989/1999) / J. Neffa (dir.) B. Brown 23

Programa de capacitación ocupacional El programa de capacitación ocupacional se creó el 6 de octubre de 1995, por la resolución 320 del MTySS. Programa Asistir Creado en el año 1995 invocando la ley Nacional de Empleo (ley 24.013) y las resoluciones del MTySS 121/95, 263/95 y la resolución de la SEyFP 05/95. Programa de apoyo a la reconversión productiva - PARP Programa de apoyo a la reconversión productiva - proyecto imagen Este proyecto estuvo vigente entre los años 1995 y 1997 y fue creado por los contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo 925/SF- AR y 816/OC-AR. Programa de apoyo a la reconversión productiva - proyecto microempresas Este proyecto estuvo vigente entre los años 1995 y 1997 y fue creado por los contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo 925/SF- AR y 816/OC-AR. Programa de apoyo a la reconversión productiva - proyecto Joven Este proyecto estuvo vigente entre los años 1994 y 1997 y fue creado por los contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo 925/SF- AR y 816/OC-AR. Programa Aprender El 30 de mayo de 1995, el PEN dictó el decreto 738, en el cual se reglamenta el contrato de aprendizaje (Aprender). Aproximadamente un mes más tarde, el 3 de julio de 1995, el MTySS de la nación dictó la resolución 499, que establecía su competencia interna sobre contratos de aprendizaje. 24 E M P L E O, DESEMPLEO Y POLÍTICAS DE EMPLEO Nº5