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ara DIMARTS, 22 DE JULIOL DEL 2014 13 societat REFORMA DE GALLARDÓN enbreu El ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, ahir als Cursos d Estiu d El Escorial. EFE Front comú de cinc comunitats contra la llei de l avortament L aprovació de la reforma pot endarrerir-se fins a finals de setembre El sector dels serveis socials, contra les subhastes de contractes públics Una desena d organitzacions del sector dels serveis socials van firmar ahir a la tarda un acord per impulsar la millora de la contractació pública i acabar amb les subhastes d aquests contractes. Patronals, sindicats, col legis professionals i entitats socials reclamen a les administracions públiques que els serveis d atenció a les persones deixin d adjudicar-se a l opció més econòmica, com passa ara. Entre altres mesures, proposen que s introdueixi un mínim en la valoració qualitativa i que no s acceptin ofertes econòmiques desproporcionadament baixes. Segons va explicar després de la firma el vicepresident de la patronal La Confederació i portaveu del grup promotor, Joan Segarra, l objectiu d aquesta iniciativa és preservar la qualitat, viabilitat i sostenibilitat d uns serveis públics sociosanitaris i d atenció a la infància, la joventut, la dependència, la discapacitat i altres grups particularment vulnerables. ACN MARIONA FERRER I FORNELLS MADRID El govern espanyol continua esquivant tot debat sobre la polèmica llei de l avortament. Sap que la reforma estrella del ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, no només ha aixecat un fort malestar social, sinó que també remou les seves bases i, fins i tot, alguns dels seus barons regionals. Ahir l executiu va voler esquivar el tema de nou a la Conferència Sectorial d Igualtat. Malgrat que les cinc autonomies on no governa el Partit Popular (PP) havien demanat que s inclogués en l ordre del dia, es va evitar parlar de la reforma perquè no sumen majoria. Això sí, tant Catalunya com Andalusia, el País Basc, Astúries i Canàries van acordar demanar la retirada de l avantprojecte de llei orgànica de protecció de la vida del concebut i dels drets de l embarassada durant el torn obert de preguntes. Se ns roba la possibilitat de debatre sobre aquesta qüestió, va assenyalar ahir Guillermo Martínez Suárez, conseller de presidència del govern d Astúries, en sortir de la reunió. El seu homòleg canari, Francisco Hernández, qualificava d incomprensible que el ministeri de Santitat s hagi negat a debatre en Moviment Les autonomies on no governa el PP exigeixen a Gallardón la retirada de l avantprojecte una Conferència Sectorial d Igualtat ni més ni menys una llei de l avortament que afecta directament els drets de la dona. Les cinc autonomies denuncien que el govern espanyol no les informa de l elaboració del projecte de llei i ho han d esbrinar per la premsa. Ahir Gallardón va deixar caure que la reforma podria aprovar-se al setembre. Després d haver-ho retardat des del 2012, semblava que l aprovació havia de ser imminent durant els dos consells de ministres que queden abans de les vacances d agost. Estic en condicions d avançar que el projecte s aprovarà abans que acabi l estiu, i l estiu acaba al setembre, no?, va dir el titular de Justícia davant dels mitjans durant la inauguració d un dels cursos d estiu de la Universitat Complutense de Madrid a El Escorial. El portaveu asturià a la Conferència Sectorial d Igualtat va assenyalar que segurament es retardarà fins al setembre perquè seria absurd que [la reforma] anés al consell de ministres d aquest divendres o el pròxim i que els representants de les comunitats no en tinguessin cap informació. La directora de l Institut Català de les Dones, Montse Gatell, no va atendre la premsa després de la conferència tècnica preparatòria a la reunió sectorial, però després va subscriure la decisió de fer un front comú contra la llei en un comunicat. Crítiques d associacions pro vida Les associacions pro vida van lamentar ahir que Gallardón es prengui a la lleugera els terminis per aprovar la reforma. El portaveu de Dret a Viure, Gádor Joya, va criticar que Madrid estigui més preocupat pels càlculs electorals que per salvar vides. En canvi, la delegada del govern a Madrid, Cristina Cifuentes (PP), va reiterar els seus dubtes sobre la llei. En una entrevista a l agència Europa Press va demanar el màxim consens. La Conferència Sectorial d Igualtat va aprovar ahir un nou protocol que permet a les víctimes de violència de gènere i els seus fills desplaçar-se a una casa d acollida d una autonomia diferent de la seva en un màxim de 15 dies. Catalunya i el País Basc van votar en contra de la proposta perquè no especifica recursos i envaeix competències.e Illinois legalitza la marihuana medicinal per a epilèptics JORDI PIZARRO L estat nord-americà d Illinois autoritzarà l ús de marihuana medicinal per a nens i adults que pateixen epilèpsia a partir del gener del 2015. Segons el governador d Illinois, Pat Quinn, l objectiu de la nova llei és alleujar el patiment de la població afectada per aquesta malaltia. Els nens només podran rebre aquest tractament si ho autoritzen els pares. L epilèpsia és una condició debilitant, i aquest alleujament ajudarà a reduir part dels símptomes a les persones que pateixen convulsions, va afirmar en un comunitat Quinn. La iniciativa d agregar l epilèpsia a la llista de condicions legals per tractar amb marihuana arriba en un moment en què diversos estats han convertit en legal l ús mèdic d aquesta droga. D altres, com Colorado i Washington, han anat més enllà i n han legalitzat l ús recreatiu.

Europa Press SECTOR SOCIOSANITARIO Catalunya CATALUNYA.-Entidades sociales piden que los contratos públicos dejen de adjudicarse a la oferta más barata Requieren que se tengan en cuenta los criterios de calidad y no únicamente los económicos BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) - Entidades, patronales y colegios profesionales del sector sociosanitario han rubricado este lunes un acuerdo para impulsar la mejora de la contratación pública de servicios de atención a las personas, con el objetivo de que las administraciones dejen de adjudicar los contratos a las empresas que ofrecen el precio más barato en detrimento de las que ofertan mayor calidad. En un acto en el Pati Llimona de Barcelona, los principales representantes del sector, con la complicidad de los sindicatos CC.OO. y UGT, han presentado un documento en el que se recuerda a los responsables públicos que los servicios públicos de atención a las personas son un ámbito de actuación especialmente sensible debido a la vulnerabilidad de los colectivos a los que se dirigen: niños, jóvenes, ancianos, discapacitados y colectivos en riesgo de exclusión social. Desde el inicio de la crisis, las administraciones públicas han "convertido los concursos de servicios públicos en subastas económicas", ha advertido a los medios tras la presentación del documento el vicepresidente de la patronal La Confederació y portavoz del grupo promotor del acuerdo, Joan Segarra. "No se puede pedir la construcción de una carretera a alguien que no sabe construir y tampoco se puede permitir que cuiden ancianos a quienes no tienen experiencia" simplemente porque ofrecen hacerlo de forma más barata, ha criticado Segarra, que ha recordado que ya hace años que el sector manifiesta su preocupación por la existencia de prácticas en la contratación pública que ponen en riesgo la calidad asistencial. Por ello, las entidades han acordado exigir una mayor preponderancia de los criterios evaluables a través de un juicio de valor por encima de los puramente económicos, la eliminación de las mejoras voluntarias directamente relacionadas con la oferta económica y la incorporación de criterios específicos para eliminar del concurso a las empresas que no cumplan unos mínimos de calidad. También han pedido que se limiten y penalicen las ofertas "anormalmente bajas o desproporcionadas", que se incluyan elementos que garanticen el respeto de las condiciones laborales de los profesionales y que se creen mecanismos de control que permitan comprobar que se está ejecutando el contrato en las condiciones adjudicadas. TERCER SECTOR Han rubricado el acuerdo la presidenta de la Taula d'entitas del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras; el presidente de La Confederació, Xavier Puig; la secretaria técnica de atención a la dependencia de la patronal

Europa Press La Unió, Montserrat Pareja; la directora general de la asociación Acra, Montserrat Llopis, y la presidenta de la asociación Acesap, Amèlia Clara. También lo han firmado el presidente de Upimir, Vicente Botella, el representante de Asade Jesús Nogales, la representante de La Intercololegial Marga García, el presidente de Acellec, Pere Mulero, así como el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Joan Carles Gallego, y su homólogo de UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez. En declaraciones a los medios, Gallego y Álvarez han manifestado la importancia de que la asistencia a los ciudadanos sea "de calidad", y han pedido al Govern que acate las propuestas que recoge el documento. 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

Acta Sanitaria POLÍTICA Y SOCIEDAD LA CRISIS HA PUESTO DE RELIEVE PRÁCTICAS QUE NO GARANTIZAN LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO El sector social catalán se une para demandar una mejor contratación pública EZEQUIEL TEODORO 21 JUL, 2014-7:16 PM El Tercer Sector Social de Catalunya ha firmado un acuerdo conjunto para reclamar a las administraciones una contratación pública distinta, pues la crisis económica y los recortes presupuestarios de los diferentes gobiernos (central, autonómico, local ) ha puesto de relieve la existencia de prácticas que no garantizan la correcta ejecución del servicio, poniendo en riesgo la calidad del mismo, y que no responden a las necesidades de las personas a quienes se dirigen. Lo barato, sale caro, señaló en declaraciones a los medios el president de La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), Joan Segarra, quien considera que el que una administración conceda la oferta al precio más bajo puede parecer un ahorro a corto plazo, pero a la larga incrementará el coste final por otros problemas que irán surgiendo. Nos une la convicción de que preservar los servicios públicos de atención a las personas y el empleo que genera este sector de actividad es un objetivo estratégico de país y, por tanto, es en este sentido que nos hemos propuesto unir esfuerzos para lograrlo, señaló Segarra. Asimismo, aseguró que este acuerdo, que incluye una propuesta para las administraciones, no quedará en papel mojado ; de hecho, ésta ya ha sido entregada en la Oficina del President de la Generalitat y están esperando que en la misma fijen una fecha para que el sector se reúna con Artur Mas. Esto no va contra las administraciones, sino de lo que se trata es de buscar soluciones de forma conjunta, apuntó. El acuerdo contiene los elementos que patronales, sindicatos, colegios profesionales y Tercer Sector consideran fundamentales para preservar la calidad de los servicios de atención a las personas, entre los que destacan: la necesidad de garantizar la capacidad técnica suficiente de las empresas adjudicatarias, la necesidad de establecer el límite de baja en la oferta económica por debajo del cual no será posible desarrollar el servicio en las condiciones requeridas, y la necesidad de asegurar mecanismos de control post-adjudicación que permitan comprobar que el servicio se está ejecutando según las condiciones fijadas en el contrato, entre otros. También se ha tenido en cuenta que es necesario velar por el respeto de los derechos y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en base a la normativa laboral sectorial existente en cada caso, pues en este sector el 80% de los costes corresponden a personal y, por tanto, es un elemento fundamental para el cálculo de los costes. Igualmente piden una mayor duración de los contratos, con el objetivo de promover una mayor estabilidad de los servicios. En este sentido, consideran que el coste que implica licitaciones anuales es elevadísimo tanto para los usuarios como para los profesionales y para las empresas gestoras. Y por ello demandan la posibilidad de establecer prórrogas en consonancia con las necesidades específicas del servicio objeto del contrato, siempre, claro está, sujetas al correcto cumplimiento de las condiciones preestablecidas y a los informes positivos del control parte de los órganos contratantes. La propuesta ha sido respaldada por La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), La Unió (Associació d Entitats Sanitàries i Socials), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), ACESAP (Associació Catalana d Empreses de Serveis d Atenció a la Persona), ASADE (Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal), UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències), ACELLEC (Associació Catalana d empreses del Lleure, l Educació i la Cultura), CCOO (Comisiones Obreras de Catalunya), UGT (Unión General de Trabajadores de Catalunya), la Sectorial d Acció Social, Ensenyament i Humanitats de La Intercol legial (Associació Intercol legial de Col legis Professionals de Catalunya) y La Taula d Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

El sector social pide que la contratación pública no se fije sólo en precios Vida 21/07/2014-17:52h Barcelona, 21 jul (EFE).- Las patronales del tercer sector social, las entidades, los sindicatos y los colegios profesionales han firmado hoy un documento en el que reclaman a la administración un cambio en las valoraciones de las contrataciones públicas para que no sólo tengan en cuenta criterios puramente económicos. El acuerdo, que se ha presentado públicamente hoy en un acto en el Pati Llimona de Barcelona, quiere "garantizar la calidad de los servicios y del empleo del sector y preservar la sostenibilidad del sistema de atención a las personas", según ha explicado el vicepresidente de La Confederación, patronal que representa a 1.200 organizaciones sociales no lucrativas. Los firmantes del acuerdo, entre los que figuran las patronales La Confederación, La Unió, Acesap, Asade, Upimir, Acellec y la Mesa del Tercer Sector Social, exigen que los procesos de contratación pública "velen por la calidad de los servicios y no se supediten únicamente a la oferta económica". Entre otras cosas, solicitan una mayor preponderancia de criterios evaluables a través de un juicio de valor por encima de criterios cuantificables de forma automática, especialmente los directamente relacionados con la oferta económica. La petición, que las organizaciones sociales ya han hecho llegar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, también ha sido suscrita por los sindicatos CCOO y UGT y por la Intercolegial de colegios profesionales. Entre otras cosas, el acuerdo contempla la necesidad de hacer prevalecer los criterios directamente vinculados al objeto del contrato y la calidad del servicio; la limitación de las ofertas económicas anormalmente bajas o desproporcionadas y el respeto por las condiciones laborales de los profesionales. También pide que se implanten mecanismos de control postadjudicación que permitan comprobar que el servicio se ejecuta según las condiciones fijadas. Lo que buscan los sindicatos, patronales, colegios profesionales y entidades del Tercer Sector Social es "preservar la calidad, viabilidad y sostenibilidad de unos servicios públicos sociosanitarios y de atención a la infancia, la juventud, la dependencia, la discapacidad y a otros grupos particularmente vulnerables". El acuerdo, según Segarra, pretende ser "un punto de partida para impulsar un marco de actuación conjunto con la Administración Pública que garantice la mejora de la contratación". Las organizaciones firmantes han pedido a la Generalitat que constituya mesa de diálogo sobre la cuestión, implicando también a las entidades municipalistas y que los grupos parlamentarios lo introduzcan en sus agendas políticas. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Joan Carles Gallego y Josep María Álvarez, que han firmado en respresentación de sus sindicatos, han valorado que estas mejoras en la contratación pública también mejoran la profesionalidad de los servicios y garantizan un empleo estable y de calidad.

17-07-2014 / 13:31 h EFE Las patronales del tercer sector social, las entidades, los sindicatos y los colegios profesionales han acordado demandar a las administraciones un cambio en las valoraciones de las contrataciones públicas para que no sólo tengan en cuenta criterios puramente económicos. El acuerdo, que presentarán públicamente en un acto en Barcelona el próximo lunes, día 21, quiere "garantizar la calidad de los servicios y del empleo del sector y preservar la sostenibilidad del sistema de atención a las personas". Los firmantes del acuerdo, entre los que figuran las patronales La Confederación, La Unió, Acesap, Asade, Upimir, Acellec y la Mesa del Tercer Sector Social, exigen que los procesos de contratación pública "velen por la calidad de los servicios y no se supediten únicamente a la oferta económica". La petición, que las organizaciones sociales ya han hecho llegar tanto al Govern como a los ayuntamientos catalanes, también está suscrita por los sindicatos CCOO y UGT y por la Intercolegial de colegios profesionales. Entre otras cosas, el acuerdo contempla la necesidad de hacer prevalecer los criterios directamente vinculados al objeto del contrato y la calidad del servicio; la limitación de las ofertas económicas anormalmente bajas o desproporcionadas y el respeto por las condiciones laborales de los profesionales. También pide que se implanten mecanismos de control postadjudicación que permitan comprobar que el servicio se

ejecuta según las condiciones fijadas. Lo que buscan los sindicatos, patronales, colegios profesionales y entidades del Tercer Sector Social es "preservar la calidad, viabilidad y sostenibilidad de unos servicios públicos sociosanitarios y de atención a la infancia, la juventud, la dependencia, la discapacidad y a otros grupos particularmente vulnerables. El acuerdo, según sus impulsores, pretende ser "un punto de partida para impulsar un marco de actuación conjunto con la Administración Pública que garantice la mejora de la contratación". Las organizaciones firmantes del acuerdo han hecho llegar el texto al presidente de la Generalitat, Artur Mas, al que le han pedido que constituya una mesa de diálogo sobre la cuestión.

El sector social pide que la contratación pública no se fije sólo en los precios 21/07/2014-18:50 Barcelona, 21 jul (EFE).- Las patronales del tercer sector social, las entidades, los sindicatos y los colegios profesionales han firmado hoy un documento en el que reclaman a la administración un cambio en las valoraciones de las contrataciones públicas para que no sólo tengan en cuenta criterios puramente económicos. El acuerdo, que se ha presentado públicamente hoy en un acto en el Pati Llimona de Barcelona, quiere "garantizar la calidad de los servicios y del empleo del sector y preservar la sostenibilidad del sistema de atención a las personas", según ha explicado el vicepresidente de La Confederación, patronal que representa a 1.200 organizaciones sociales no lucrativas. Los firmantes del acuerdo, entre los que figuran las patronales La Confederación, La Unió, Acesap, Asade, Upimir, Acellec y la Mesa del Tercer Sector Social, exigen que los procesos de contratación pública "velen por la calidad de los servicios y no se supediten únicamente a la oferta económica". Entre otras cosas, solicitan una mayor preponderancia de criterios evaluables a través de un juicio de valor por encima de criterios cuantificables de forma automática, especialmente los directamente relacionados con la oferta económica. La petición, que las organizaciones sociales ya han hecho llegar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, también ha sido suscrita por los sindicatos CCOO y UGT y por la Intercolegial de colegios profesionales. Entre otras cosas, el acuerdo contempla la necesidad de hacer prevalecer los criterios directamente vinculados al objeto del contrato y la calidad del servicio; la limitación de las ofertas económicas anormalmente bajas o desproporcionadas y el respeto por las condiciones laborales de los profesionales. También pide que se implanten mecanismos de control postadjudicación que permitan comprobar que el servicio se ejecuta según las condiciones fijadas. Lo que buscan los sindicatos, patronales, colegios profesionales y entidades del Tercer Sector Social es "preservar la calidad, viabilidad y sostenibilidad de unos servicios públicos sociosanitarios y de atención a la infancia, la juventud, la dependencia, la discapacidad y a otros grupos particularmente vulnerables".

El acuerdo, según Segarra, pretende ser "un punto de partida para impulsar un marco de actuación conjunto con la Administración Pública que garantice la mejora de la contratación". Las organizaciones firmantes han pedido a la Generalitat que constituya mesa de diálogo sobre la cuestión, implicando también a las entidades municipalistas y que los grupos parlamentarios lo introduzcan en sus agendas políticas. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Joan Carles Gallego y Josep María Álvarez, que han firmado en respresentación de sus sindicatos, han valorado que estas mejoras en la contratación pública también mejoran la profesionalidad de los servicios y garantizan un empleo estable y de calidad.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS Las entidades sociales piden que la contratación pública no se fije solo en los precios Exigen que los criterios "velen por la calidad de los servicios" EFE / Barcelona JUEVES, 17 DE JULIO DEL 2014-13.30 H Las patronales del tercer sector social, las entidades, los sindicatos y los colegios profesionales han acordado demandar a las administraciones un cambio en las valoraciones de las contrataciones públicas para que no solo tengan en cuenta criterios puramente económicos. El acuerdo, que presentarán públicamente en un acto en Barcelona el próximo lunes, día 21, quiere "garantizar la calidad de los servicios y del empleo del sector y preservar la sostenibilidad del sistema de atención a las personas". Los firmantes del acuerdo, entre los que figuran las patronales La Confederación, La Unió, Acesap, Asade, Upimir, Acellec y la Mesa del Tercer Sector Social, exigen que los procesos de contratación pública "velen por la calidad de los servicios y no se supediten únicamente a la oferta económica". La petición, que las organizaciones sociales ya han hecho llegar tanto al Govern como a los ayuntamientos catalanes, también está suscrita por los sindicatos CCOO y UGT y por la Intercolegial de colegios profesionales. Entre otras cosas, el acuerdo contempla la necesidad de hacer prevalecer los criterios directamente vinculados al objeto del contrato y la calidad del servicio; la limitación de las ofertas económicas anormalmente bajas o desproporcionadas y el respeto por las condiciones laborales de los profesionales. También pide que se implanten mecanismos de control posadjudicación que permitan comprobar que el servicio se ejecuta según las condiciones fijadas. Lo que buscan los sindicatos, patronales, colegios profesionales y entidades del Tercer Sector Social es "preservar la calidad, viabilidad y sostenibilidad de unos

servicios públicos sociosanitarios y de atención a la infancia, la juventud, la dependencia, la discapacidad y a otros grupos particularmente vulnerables. El acuerdo, según sus impulsores, pretende ser "un punto de partida para impulsar un marco de actuación conjunto con la Administración Pública que garantice la mejora de la contratación". Las organizaciones firmantes del acuerdo han hecho llegar el texto al presidente de la Generalitat, Artur Mas, al que le han pedido que constituya una mesa de diálogo sobre la cuestión.