SEGURIDAD CIUDADANA - CIUDADES SEGURAS PARA LAS MUJERES Cono Sur: Argentina Paraguay Uruguay Reunión de la Red de Mujeres de la FIO, Cartagena de Indias, Colombia, 26 de octubre de 2010 La violencia de género es un flagelo que continúa manifestándose en el mundo y que adquiere nuevas formas de expresión. Es un problema social de grandes dimensiones que atraviesa a mujeres de distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, raza, etnias, edad, y religiones, que demanda políticas y acciones efectivas por parte de los Estados para su erradicación. Un sinfín de hechos de violencia han vivido y viven las mujeres, que no son comprendidos ni percibidos por gran parte de la sociedad y es precisamente la propia estructura social quien proporciona legitimidad a esos actos, ya sean perpetrados en el seno familiar o en la comunidad. Pero en todas y cada una de sus múltiples formas, (la violencia física, sexual, psicológica y económica), la violencia atenta contra la libertad y los derechos humanos, y provoca daños, sufrimiento o muerte en cada mujer que la padece: las desplazadas y refugiadas por la violencia armada y la guerra; las mujeres indígenas; las asesinadas con saña feminicida; la violencia que viven las migrantes; la violencia conyugal (malos tratos, violencia psicológica, económica); la violencia contra las niñas y las adultas mayores; contra las que sufren algún tipo de discapacidad; la violencia que significa la calle para las mujeres; la prostitución; la pornografía; la trata y el tráfico de personas; la violencia política y jurídica que restringe su ciudadanía plena; la violencia producto de la feminización de la pobreza (las mujeres son la más pobres entre los pobres); el acoso sexual en el lugar de trabajo y en las instituciones educativas; aquella que genera víctimas de sufrimientos innecesarios como resultado de conductas negligentes o abusivas durante la provisión de servicios de salud; la doble victimización que viven las mujeres cuando recurren a las instituciones publicas para denunciar las situaciones de violencia o para buscar apoyo; la violencia en los medios de comunicación a partir de la construcción y transmisión de estereotipos e imágenes violentas y agresivas hacia las mujeres y de imágenes sexistas; etcétera, etcétera, etcétera. La violencia que se ejerce contra las mujeres no se limita a la agresión verbal o física en el ámbito del hogar o del espacio público. Es importante resaltar que es el resultado de la desigualdad y la discriminación de género y de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres que responden a patrones sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad. La ONU declara que el maltrato a la mujer es el crimen más numeroso del mundo. 1
En la Argentina existen problemas de violencia en una de cada cinco parejas. El 37% de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva más de 20 años soportando abusos de ese tipo. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibió 16 mil denuncias en dos años (2008-2010) que corresponden sólo al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la Nación atendió entre octubre de 2008 y octubre de 2009, 480 casos de violencia contra las mujeres. En Paraguay, en el mismo período (2008-2009), distintas instituciones han registrado 3.468 casos de violencia doméstica. Y Uruguay, ha reconocido 22.537 denuncias. El Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad de ese país, creado en el año 2007, sostuvo que en el período mencionado (2008-2009) la violencia doméstica fue el delito más notificado a las autoridades, después de los hurtos, y que representa el 7,5% de los delitos que se producen en el país y el 50% de los delitos contra la persona. El Departamento de Estadística de la Policía Nacional de Paraguay informó que entre 2008 y 2009 hubo 21 mujeres asesinadas y 6 tentativas de homicidios. Por su parte, Uruguay denunció en el mismo período 66 homicidios, y entre los meses de enero a julio de 2010, 23 mujeres asesinadas. La grave situación de violencia contra las mujeres en Argentina, dejó como saldo en 2009 un total de 231 asesinatos de mujeres y niñas, es decir un aumento del 11% respecto a 2008. El 42% de las mujeres víctimas de homicidio fueron asesinadas por sus parejas y en 24 de los casos había denuncias previas por violencia. Tanto en Argentina como en Paraguay existe el problema de la falta de cifras y estadísticas oficiales sobre la violencia contra las mujeres. Hay lo que se llama silencio estadístico. No se sabe cuántas mujeres denuncian ser víctimas de violencia o cuantas mueren. Porque uno de los problemas que presenta la violencia de género es que no es visible en los registros. Entonces, lo que hay son relevamientos de prensa, judiciales, policiales o de organizaciones de mujeres, pero no se sabe cuál es exactamente la magnitud del problema. Uruguay, en cambio, desde el año 2007 cuenta con datos oficiales de denuncias y muertes por violencia doméstica, que surgen del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio de Interior. Los tres países han ratificado los tratados internacionales sobre violencia de género y en ellos existen leyes, programas y planes contra la violencia hacia las mujeres, juzgados especializados, comisarías especializadas, observatorios, mecanismos de la mujer, y amplios movimientos y redes feministas y de mujeres que hacen de la lucha contra la violencia su principal objetivo. Sin embargo, la legislación y normatividad nacional e internacional no han logrado impactar sustantivamente en la violencia contra las mujeres, ni en sus causas ni en sus dramáticas expresiones. Si bien los marcos normativos son imprescindibles, no son suficientes. Esos marcos deben traducirse en políticas públicas integrales que aborden la 2
complejidad que tiene el problema, que involucra esferas individuales y colectivas. Más que estrategias de prevención y de respuestas a las urgencias, se necesitan estrategias que le den sustentabilidad a la mujer que lucha contra la violencia. Las leyes por sí mismas no hacen magia; se requiere el diseño, el cuidado y la puesta en práctica de políticas y planes articulados que recuperen todas estas dimensiones del problema, ya que las mujeres que son víctimas de violencia de género, tienen serias dificultades con su autonomía. Una vez que se logra excluir al agresor del hogar y se protege a la víctima, ésta debe recuperar la autonomía en la toma de decisiones, el tener dónde vivir, el tener de qué vivir, el tener proyectos de vida, el poder sostener a sus hijos e hijas. Es bastante frecuente que estas mujeres tengan varios hijos e hijas, que no sean dueñas de sus casas y que no tengan salario. Entonces, surge el problema de su sustentabilidad, y ante eso no alcanza que se le garantice que no estará nuevamente expuesta como víctima al agresor, sino que debe poder armar un proyecto de vida propio sin el agresor, fuera del circuito de la violencia. Si bien es más probable que las mujeres sufran las agresiones por parte de conocidos (marido, ex marido, novio, etc.) que de extraños y en el ámbito doméstico más que en el ámbito público, no podemos dejar de reconocer que el espacio público se ha vuelto hostil para la población en general, y para las mujeres en particular. Voy a dedicar, entonces, esta última parte del informe a la inseguridad en la ciudad porque en América Latina la mayoría de su población vive en los centros urbanos, sin embargo no podemos desconocer la violencia que sufren las mujeres en las áreas rurales. En la actualidad, una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad y de los gobiernos es el incremento de la delincuencia y la violencia urbana y la percepción de inseguridad que experimenta la población como un síntoma común de la vida cotidiana. Las distintas manifestaciones de violencia urbana constituyen un problema complejo, que involucra a múltiples actores y que es motivo de investigaciones, debates y diversas propuestas por parte de los gobiernos nacionales y locales. Los hechos de violencia que afectan fundamentalmente a las mujeres son relevantes en todos los países de América Latina. A pesar de ello, se observa que las acciones y políticas públicas sobre la violencia urbana y la inseguridad excluyen la violencia que se ejerce contra las mujeres, porque se centran en los delitos contra la propiedad y la violencia concomitante a ellos, invisibilizando una problemática social que lamentablemente crece día a día y que afecta y restringe su condición de ciudadanas. Las estrategias de seguridad ciudadana no contemplan las necesidades y demandas específicas de seguridad provenientes de las mujeres. Existe además otro problema, que es la escasa denuncia por parte de las mujeres de las agresiones que sufren; esto se debe fundamentalmente a la violencia institucional de las que son objeto por parte de la policía y la justicia, y a la 3
responsabilidad y culpabilidad que se les adjudica a ellas por lo que hicieron o dejaron de hacer, y no al victimario. Creo que la primera seguridad es la seguridad de los derechos: a la Vida (integridad libertad salud justicia); a la Dignidad (trabajo vivienda educación); a la No Discriminación, a la Participación, a la Paz, a la Democracia, y a tener un Estado con instituciones de prevención, protección y garantía. Un país es seguro cuando, entre otras cosas, garantiza los derechos de sus habitantes. En ese sentido la seguridad humana significa proteger las libertades vitales, proteger a las personas expuestas a amenazas, crear sistemas que cubran las necesidades básicas de supervivencia, de dignidad y de medios de vida. La ciudad sigue siendo el ámbito principal de la interacción social y cultural, donde se expresan sus conflictos, y entre ellos las diferentes violencias de que son objeto las mujeres en la sociedad, tanto en los espacios públicos como en su vivienda, en el trabajo y en las instituciones. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2005, determina que cada 18 segundos una mujer es agredida en el mundo. Estos resultados demuestran que las mujeres tienen mayores posibilidades de ser víctimas de agresiones, especialmente de connotación sexual, lo que hace que desarrollen sentimientos de miedo que atentan contra su autoestima y seguridad, modificando sus hábitos diarios, abandonando actividades y dejando de concurrir a lugares. El miedo afecta sus proyectos de vida, como estudiar o trabajar, y su participación social o política. El mismo informe de la OMS da como resultado que en todos los casos de las 24.000 entrevistas que realizaron en 10 países de diverso grado de desarrollo, el patrón que sostiene la violencia contra las mujeres es el mismo: desconocimiento de las víctimas como portadoras de derechos humanos, la discriminación y el machismo. Los gobiernos deben asumir su responsabilidad para erradicar la violencia de género, cumpliendo con los compromisos asumidos al ratificar las convenciones e instrumentos internacionales que condenan la violencia contra las mujeres. Por su parte es necesario que los gobiernos locales reconozcan la violencia de género como un problema socio-cultural para poder abordarlo con estrategias integrales, que incluyan la atención y prevención de la misma, así como la promoción de los derechos de las mujeres. También deben incorporar la perspectiva de género, promocionando la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres; implementar acciones que posibiliten una mayor apropiación del espacio público por parte de las mujeres; y 4
promover conductas y relaciones respetuosas de los varones respecto de la integridad de las mujeres. Para terminar me gustaría decir que las mujeres no somos un colectivo desfavorecido en un lugar o período histórico, somos un género que ha sido discriminado universalmente en todos los tiempos históricos. No somos minoría étnica, cultural, religiosa o ideológica. Somos sencillamente el otro sexo, la mitad de la humanidad. Y no somos un grupo homogéneo, presentamos diferencias socioeconómicas, étnicas, culturales, de orientación sexual, etcétera. Por eso es importante considerar esas diferencias a la hora de formular políticas públicas relacionadas con la violencia hacia las mujeres. MUCHAS GRACIAS. Lic. Gabriela Moffson Red de Defensorías de Mujeres FIO Coordinadora por la Región del Cono Sur 5