CONCLUSIONES Y DEL ENCUENTRO NACIONAL SOBRE TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES: GÉNERO, ACCESO A LA JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son dos problemáticas complejas, relacionadas, pero al mismo tiempo diferentes, con causas múltiples que requieren de respuestas integrales, multisectoriales y multidimensionales, razón por la cual el Estado, en acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de la cooperación internacional, aunaron esfuerzos para la organización y convocatoria del Encuentro Nacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes: Género, Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Políticas Públicas, con los siguientes objetivos: 1. Difundir y promover un amplio debate público y ciudadano sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 2. Fortalecer la cooperación y la articulación entre el Estado, las instituciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, para dar una respuesta integral y más eficaz frente a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 3. Promover la generación de conocimiento e investigación sobre trata y tráfico de personas. 4. FortaIecer el enfoque de derechos humanos, género, intercultural, intergeneracional y territorial en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 5. Consolidar las iniciativas nacionales en armonización con los procesos regionales, así como los compromisos del Estado ecuatoriano ante la comunidad internacional. 6. Reafirmar el compromiso y responsabilidad del Estado en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En este evento han participado 260 delegados nacionales en representación de entidades públicas como Ministerios, Secretarías, Policía Nacional, Gobernaciones, Prefecturas y Municipios; órganos autónomos de la Función Judicial y de la Función de Transparencia y Control Social, entre ellas, el Consejo Nacional de la Judicatura de Transición, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría del Pueblo, y desde la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, instituciones que brindan atención directa y protección integral a víctimas de trata y tráfico en diferentes ciudades del país, academia, y cooperación internacional. Además el evento contó con el aporte de 9 expertos y expertas especialistas internacionales procedentes de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Perú y Paraguay, y representantes de medios de comunicación públicos y privados del país. Luego de estos breves antecedentes, presentamos a ustedes las conclusiones y recomendaciones producto de un amplio debate en mesas de trabajo y ponencias presentadas en los paneles.
1. CONCLUSIÓN Ha existido un limitado proceso de socialización del Plan Nacional contra la Trata. En el marco del encuentro y como producto de las discusiones y el debate suscitado se considera necesario que en un plazo máximo de 15 días, las personas e instituciones involucradas en la temática, envíen las observaciones y recomendaciones que consideren pertinentes establecer frente al Plan Nacional contra la Trata. Se recomienda que en el Plan se especifique con absoluta precisión los roles y las responsabilidades institucionales y que se realice un permanente seguimiento y monitoreo del cumplimiento de este Plan. 2. CONCLUSIÓN No existe una agenda específica para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes. A corto plazo se requiere impulsar un proceso consensuado para la formulación de una agenda específica para enfrentar la problemática del tráfico ilícito de migrantes. 3. CONCLUSIÓN Uno de los problemas graves que se evidencia en el combate de la trata y el tráfico, es la corrupción que ha permeado las estructuras del Estado, debilitando la institucionalidad para combatir estas problemáticas. Que las instancias anti corrupción del Estado, contemplen e impulsen acciones encaminadas a investigar este problema vinculado a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, con el fin de implementar estrategias encaminadas a la erradicación de la corrupción. 4. CONCLUSIÓN Existe una preocupación generalizada con respecto a la carencia de presupuesto para garantizar la implementación y el sostenimiento de las políticas contra la trata y el tráfico. El Estado ecuatoriano debe garantizar los recursos para el financiamiento sostenible del Plan y que los fondos de la cooperación se articulen al mismo. 5. CONCLUSIÓN La comprensión de la trata se vincula mayormente a la modalidad de explotación sexual, mientras otras modalidades están invisibilizadas y todavía poco atendidas.
Ampliar el conocimiento sobre la compleja realidad de la trata y sus modalidades y expresiones en las diferentes regiones del país, sus conexiones internacionales y la presencia del crimen organizado. 6. CONCLUSIÓN Se aprecia que frente a las problemáticas de trata y tráfico no existe la suficiente voluntad política para implementar acciones sostenidas e institucionalizadas, sobre todo a nivel local, debido en algunos casos al temor e intimidación de parte de grupos delictivos o por la naturalización de las miradas en torno a la trata y al tráfico. Fortalecer los compromisos y las responsabilidades de las autoridades centrales y de los gobiernos autónomos descentralizados, en el ámbito de sus respectivas competencias, con respecto a las políticas públicas frente a la trata y el tráfico. Implementar mecanismos de protección y seguridad para los operadores estatales, sociedad civil y víctimas de estos dos problemas. Impulsar fuertes campañas de sensibilización encaminadas a modificar los esquemas culturales. 7. CONCLUSIÓN El marco constitucional y legal de protección a las víctimas y testigos no garantiza la protección integral de las víctimas de trata y tráfico, que no participen en el proceso penal. Realizar las reformas legales y administrativas correspondientes, con el fin de garantizar una protección integral a las víctimas y a sus familias, independientemente de su participación en los procesos legales, colocando a las personas afectadas por estos delitos en el centro de todas las acciones. 8. CONCLUSIÓN Se aprecia que las instituciones públicas responsables de los temas de trata y tráfico no cuentan con las capacidades institucionales necesarias a nivel técnico, de infraestructura y de presupuesto para cumplir de manera efectiva con sus roles y responsabilidades institucionales frente a la sociedad. Es necesario trabajar en un proceso de fortalecimiento de las capacidades institucionales, sobre todo a nivel local, para garantizar el cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, investigación y sanción, y cooperación. 9. CONCLUSIÓN Existen importantes espacios de articulación y trabajo a nivel local que impulsan iniciativas multisectoriales sobre todo con respecto a la trata, con logros importantes pero con limitaciones a nivel político, financiero y de formación, entre otras.
Apoyo y fortalecimiento de las redes, mesas o comisiones interinstitucionales que trabajan en la temática de trata y tráfico, conformadas con actores locales, con el fin de que estos espacios estatales y sociales cuenten con las capacidades necesarias para dar respuesta a estas problemáticas desde sus realidades y conocimientos locales. 10. CONCLUSIÓN Se aprecia que existe una débil presencia del Estado en zonas de frontera para garantizar los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Fortalecer la presencia del Estado Central y de los Gobiernos Locales en zonas de frontera, con el fin de garantizar los derechos, libertades y garantías de la ciudadanía en estas zonas, evitando que la presencia de las Instituciones Públicas sea únicamente con fines de control, promoviendo una mayor inversión social y participación ciudadana. Garantizar medidas preventivas frente a la trata y el tráfico, atacando las causas estructurales que propician estos delitos: pobreza, falta de servicios básicos, desigualdad social y territorial, centralismo, violencia de género, generacional y discriminación étnica, entre otros. 11. CONCLUSIÓN Existe una falencia importante en los administradores de justicia en cuanto a conocimiento, formación y sensibilización sobre el tema de trata y tráfico. Implementar un sistema integral de formación especializada que cuente con una malla curricular con enfoque de derechos humanos y procesos de capacitación sostenidos, desde la Escuela de Fiscales y Funcionarios, la Escuela Judicial y la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional, incluyendo sistemas de evaluación y monitoreo de los procesos implementados. 12. CONCLUSIÓN La protección integral de las víctimas y sus familias todavía es muy limitada y deficiente. Existe carencia de programas, casas de acogida y modelos de atención unificados, siendo el tema de la reinserción y restitución de los derechos el aspecto más débil. Fortalecer los programas de protección y atención integral a las víctimas y sus familias, garantizando casas de acogida con financiamiento, modelos y protocolos de atención unificados y proyectos de reinserción y restitución de derechos de las víctimas. 13. CONCLUSIÓN La Comisión Interinstitucional para la implementación del Plan Integral contra la Trata, evidencia debilidades en su articulación y funcionamiento.
Fortalecer las capacidades de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Plan Integral contra la trata de personas y territorializar esta instancia a nivel local. Fortalecer la capacidad institucional del Ministerio del Interior, a través de la creación de una Dirección Nacional contra la Trata y el Tráfico. 14. CONCLUSIÓN La protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata y tráfico, evidencia una debilidad a nivel institucional y de programas que atiendan las especificidades de este grupo. Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de brindar respuestas efectivas para garantizar la protección de los derechos de los NNA frente a estos delitos: Juzgados de la Niñez y Adolescencia, DINAPEN, Juntas de Protección de Derechos y Defensorías Comunitarias. 15. CONCLUSIÓN Existe carencia de líneas de base, investigaciones, sistematización de experiencias, datos cualitativos y cuantitativos que permitan conocer la dimensión y características de estas problemáticas. Desarrollar un sistema de información que genere datos cualitativos y cuantitativos, actualizados y confiables, que posibiliten una adecuada comprensión del fenómeno y la implementación de políticas acertadas. Este proceso debe darse a través de la participación de todos los actores: organismos públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos autónomos descentralizados, universidades y centros de investigación, entre otros. Hay que hacer un esfuerzo desde varios sectores para impulsar procesos más serios y sostenidos de investigación, caso contrario, se adoptarán estrategias poco efectivas y hasta contraproducentes. 16. CONCLUSIÓN La trata y el tráfico tienen expresiones específicas y diferenciadas de acuerdo al género, siendo las mujeres uno de los grupos más afectados por estos tipos de violencias. Se requiere impulsar políticas que promuevan el cambio de patrones socio-culturales y la erradicación de las inequidades estructurales de género, así como programas específicos para atender a las mujeres víctimas de trata y tráfico, diferenciando estos dos delitos, y evitando su revictimización y promoviendo su empoderamiento. 17. CONCLUSION Se evidencia profunda impunidad frente a las problemáticas de trata y tráfico en el país lo que refleja una administración de justicia penal desarticulada e ineficiente, así como el uso
de tipos penales inadecuados para enfrentar la trata y el tráfico de personas, generando la persistencia de estos delitos. Que el sistema de justicia penal impulse una óptima judicialización de los casos identificados de trata y tráfico y, consecuentemente, se emitan los respectivos dictámenes acusatorios a los responsables de estos delitos. Fortalecer las unidades especializadas contra la trata y el tráfico dentro de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Fortalecer la sensibilización y capacitación para el correcto enjuiciamiento por parte de los jueces. Elevar los niveles de eficacia del sistema de justicia penal en materia de defensa y atención a víctimas y disminuir los índices de impunidad. Asegurar la correcta tipificación del delito de trata en el nuevo Código Orgánico Integral Penal en armonización con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 18. CONCLUSIÓN No existen claras políticas y acciones de prevención de la trata y tráfico ilícito de migrantes o estas han sido reducidas a campañas de información y sensibilización. Brindar más atención y recursos a las políticas preventivas contra la trata y el tráfico, impulsando programas de desarrollo que enfrenten las causas estructurales y modifiquen las condiciones de vulnerabilidad de las potenciales víctimas y sus familias. Implementar campañas intensivas de información y sensibilización, con énfasis en el sistema educativo. Implementar mecanismos de carácter legal para controlar las nuevas tecnologías de información utilizadas por los tratantes y traficantes para captación de víctimas y difusión de pornografía infantil. Fortalecer los controles e inspecciones laborales en sectores económicos formales e informales donde se han detectado casos de trata. 19. CONCLUSIÓN Existe una débil articulación y coordinación entre los organismos estatales y las organizaciones de la sociedad civil. Es necesario definir mecanismos efectivos de coordinación encaminados a articular esfuerzos regionales, nacionales e internacionales, que garanticen el pleno ejercicio de los
derechos de las víctimas de trata y tráfico, reconociendo las fortalezas y capacidades institucionales. Señoras y señores aquí el esfuerzo concertado tanto entre los actores del Estado como de la sociedad civil. Esperamos que esta iniciativa rinda los frutos que todos esperamos en reconocimiento a los miles de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres que esperan de nosotros el máximo de los esfuerzos y la eficacia para superar esta grave problemática. Quito, mayo 17 del 2012