The Cyrus R. Vance Center for International Justice Initiatives. Una Profesión En Apoyo de la Democracia" Cumbre Estratégica Para las Américas



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Transcripción:

The Cyrus R. Vance Center for International Justice Initiatives Una Profesión En Apoyo de la Democracia" Cumbre Estratégica Para las Américas Nueva York, 3-5 de marzo de 2005 REPORTE POR PAÍS CHILE El presente documento es un Resúmen Ejecutivo. Para una versión completa en Inglés de éste documento, por favor haga click aquí. The Association of the Bar of the City of New York 42 West 44 th Street New York, NY 10036-6689

1. Introducción: Actitud de la población respecto a los conceptos de democracia, Estado de Derecho, acceso a la justicia, profesión legal y el Poder Judicial No existe información compilada con relación a la situación de la profesión legal en Chile y la información que existe no se encuentra debidamente actualizada. Aún cuando existen algunos estudios sobre la materia, muchos de ellos son esporádicos y cubren sólo algunos aspectos específicos de la profesión legal. 1.1. Actitud de la población hacia la democracia: La democracia es considerada por el 75% de la población como el mejor sistema de gobierno. Durante los años 90 solamente entre un 27% y un 40% de la población estaba satisfecha con la manera en que funcionaba el sistema democrático. Mientras casi el 76% de los chilenos cree que los gobiernos debieran aplicar un poco de mano dura en la aplicación de sus políticas, el 14% de la población se inclina a apoyar a un gobierno autoritario bajo ciertas circunstancias. 1.2. Actitud de la población frente el Estado de Derecho y el acceso a la justicia: 69.2% de los chilenos cree que las minorías nunca o casi nunca logran ejercer sus derechos o garantías constitucionales. Existe una brecha entre la percepción de las oportunidades de acceso a la justicia del público en general (especialmente los sectores más necesitados) y el acceso a la misma que existe cuando se trata del mundo de los negocios. Estudios internacionales han elogiado el sistema legal chileno, sin embargo, aquellos estudios analizan la seguridad jurídica y otros aspectos legales a tener en consideración al momento de realizar negocios en Chile. 1.3. Actitud de la Población hacia la profesión legal: En 1993 el 55.1% de la población consideraba que era imposible conseguir la asistencia de un abogado en forma gratuita. 64% de la población consideraba que era posible obtener ayuda de otros profesionales (no abogados) para la resolución de sus problemas legales. 1.4. Actitud de la Población hacia el poder judicial: Cerca de un 74% de los chilenos desconfía del sistema judicial y el 23% confía en él, aunque sólo de manera limitada. 52% de los chilenos, consideran los servicios proporcionados por los tribunales como malos o muy malos. 2

2. Estructura y composición de la profesión legal No es fácil graficar la composición de la profesión legal en Chile. La información es escasa y no es siempre accesible. 2.1. Numero de escuelas de derecho: En Chile hay aproximadamente 40 escuelas de derecho (algunos con varios ciudades universitarias localizados en el país). De dichas escuelas de derecho 27 tienen ciudad universitaria en Santiago y 66 tienen ciudad universitaria en otras ciudades a lo largo del país. 2.2 Número de estudiantes de derecho: En 2005, existen más de 27,000 estudiantes de derecho en Chile. 2.3 Número de abogados en el país: No existe información precisa del número de abogados en Chile, pero se han estimado que el número alcanza los 23,000. Cada mes juran alrededor de 1,200 nuevos abogados en el país. 2.4 Concentración geográfica de abogados: No existe información acerca de la concentración geográfica de los abogados en el país. Sin embargo, se puede inferir que existe una alta concentración de ellos en las ciudades de Santiago, Concepción y Valparaíso-Viña del Mar. 2.5 Concentración de abogados en la práctica privada y en el poder judicial: Aproximadamente el 11% de los abogados son parte del Poder Judicial, los restantes trabajan ya sea para entidades privadas o para organizaciones gubernamentales. 3. Información acerca de las necesidades legales 3.1. Que información existe? No existen estudios específicos acerca de las necesidades legales en Chile, como tampoco se han dado razones para la falta de dichos estudios. Sin embargo, existen informes elaborados por distintas organizaciones públicas y privadas que so utiles para identificar las necesidades legales en el país. A. Derechos de la mujer: En el 2001, 50.5% de las mujeres en Santiago experimentaron algún tipo de violencia física o psicológica por parte de su pareja. B. Situación de niños y adolescentes: 3

En 2002, más de 218 niños fueron explotados para el comercio sexual. Aproximadamente 4,500 casos de abusos sexual en contra de niños son denunciados cada año, sin embargo es importante considerar que la proporción de casos denunciados contra los que se mantienen en la impunidad es de 1:7. Más de un 70% de los niños han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus padres. C. Situación de los discapacitados: La Ley Nº 19,284 ordena la integración completa a la sociedad de la gente con discapacidades físicas. Sin embargo ésta no ha sido aplicada a cabalidad. D. Situación de las comunidades indígenas: Existe una alta tasa de pobreza en las comunidades indígenas (35.6%) a diferencia a la tasa que se puede apreciar en la comunidades no indígenas (22.7%). Existen problemas relacionados con los derechos de las comunidades indígenas sobre tierras y aguas. E. Derechos de los inmigrantes: Existen entre 180,000 y 220,000 inmigrantes en Chile. La mayoría de ellos sufre discriminación y xenofobia y enfrentan problemas de acceso igualitario a vivienda, justicia, cobertura de salud y educación. Los inmigrantes presentan problemas para la legalización de sus estatus en Chile. F. Situación de las minorías sexuales: Existen casos de discriminación laboral y registros de violencia policial en contra de los homosexuales y lesbianas. G. Situación de personas de la tercera edad: En el 2005 el 16% de la población chilena pertenecerá a la tercera edad. Estos presentan problemas para el acceso a los servicios de salud, seguridad social y acceso a vivienda. H. Títulos de propiedad y derechos de aguas: 4

I. Tortura: J. Libertad de prensa: En 1995, se ha estimado que más del 45% de los pequeños agricultores no tienen en su poder los títulos de dominio sobre sus propiedades. Existen problemas no resueltos en materias de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el Gobierno Militar (1973-1990.) Existen registros de casos de tortura ocurridos durante el presente régimen democrático de gobierno. En los últimos años, la prensa ha sufrido ataques por medio de ordenes judiciales, amenazas de arresto o ataques físicos. 4. Regulaciones relativas al acceso a la justicia. 4.1. Garantías constitucionales y principios legales: La Constitución Chilena garantiza el acceso igualitario a la justicia. Esta garantía es complementada por las disposiciones de los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Chile, especialmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana Sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica ). 4.2. Regulaciones del Colegio de Abogados. No existen regulaciones especificas en relación con el acceso igualitario a la justicia. 4.3. Código de Ética. En Chile, no existe un código de ética de aplicación universal. Por disposición legal, las cortes están a cargo de la supervisión de la conducta ética de los abogados. Sin embargo, éstas rara vez sancionan a los abogados por la falta de ética en sus conductas. Paralelamente, existen una serie de reglas (denominadas Código de Etica ) preparadas por el Colegio de Abogados. Este Código es un documento de carácter privado, y sólo aplicable a los miembros colegiados (ser miembro del Colegio no es obligatorio para el ejercicio de la profesión desde 1982). Las cortes no tienen a su cargo la aplicación del código de ética del Colegio de Abogados. 4.4 Los currículos de las escuelas de derecho en relación con la enseñanza de ética profesional, la responsabilidad social, el interés público y los derechos humanos. 5

En general las escuelas de derechos carecen de una doctrina educacional ligada a principios éticos, responsabilidad social de los abogados y/o asuntos de interés público. Sin embargo, existen varias escuelas de derechos de distintas universidades que contemplan cursos de ética obligatorios dentro de su malla curricular. Algunas escuelas de derecho tienen cursos relativos a derechos humanos y otras universidades han tomado un rol central en políticas de interés público. Algunas escuelas, asimismo tienen clínicas de interés público. 5. Provisión de servicios a los más necesitados 5.1 Rol del gobierno y programas gubernamentales: A. Corporación de Asistencia Judicial: Es una entidad de carácter público que tiene dos propósitos principales: (i) proveer asistencia legal gratuita a la gente de escasos recursos, y (ii) proveer a los egresados de derecho los medios necesarios para el ejercicio de su practica profesional obligatoria. B. Programa de Asistencia Judicial de acceso a la justicia (P.A.J.): Este programa fue creado por el Ministerio de Justicia para ayudar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Dicho programa entrega los siguientes servicios gratuitos: (i) talleres de orientación en derechos y educación de la ciudadanía; (ii) servicios de mediación; (iii) asesoría extrajudicial en material legales y sociales; (iv) representación ante las cortes de justicia; y (v) ayuda psicológica a las victimas de delitos violentos. C. Abogado de Turno: Por mandato legal las cortes designan abogados que toman ciertos casos bajo su responsabilidad y de forma gratuita. Dichos abogados deben proveer asistencia legal gratuita hasta la terminación del caso. El sistema no ha funcionado eficientemente. En la actualidad bajo el nuevo sistema procesal penal, el Defensor Penal Público desarrolla la tarea del Abogado de Turno en los juicios criminales. D. Defensor Penal Publico: El Defensor penal Público tiene la misión de proveer asistencia legal gratuita a la gente acusada de delitos y que no tienen los medios para poder costear la asesoría de un abogado. E. La ley de Control de Actos de Gobierno No. 18.576 de 1999: Dicha ley contiene mecanismos que facilitan el acceso a la información de los actos gubernamentales, sus obligaciones y responsabilidades. Su propósito es mejorar la transparencia y control de la estructura estatal. 5.2 Rol del Colegio de Abogados y Programas. El Colegio de Abogados ha creado una comisión Pro Bono a cargo de la coordinación de las actividades Pro Bono del Colegio. El colegio ha desarrollado asimismo alianzas estratégicas con diferentes instituciones orientadas a mejorar el acceso igualitario a la justicia. 6

5.3 Rol de las escuelas de derecho y programas de prácticas necesarias para ser admitido como abogado. Algunas escuelas de derecho tienen clínicas jurídicas como una manera de contribuir a la comunidad (pro bono) y cómo una herramienta para enseñar derecho procesal a los estudiantes de derecho. En 1995, varias escuelas de derecho latinoamericanas crearon una red de clínicas dedicada a temas de interés público y derechos humanos. Existe, asimismo cooperación entre las universidades y ONGs que trabajan en el área de acceso a la justicia. En muchos casos las clínicas han representado casos de interés público. 5.4 Rol de la ONGs: Existen varias organizaciones no-gubernamentales en Chile que buscan acceso igualitario a la justicia. La Corporación de Formación Jurídica para la Acción (FORJA) lleva a cabo programas de información acerca de los derechos y garantías constitucionales de las personas en diferentes regiones del país. Corporación La Morada, se especializa en la eliminación de las formas de discriminación en contra de las mujeres. Finalmente, Fundación Pro Bono fue creada con el objeto de modificar la forma en que el trabajo pro bono es llevado a cabo en los estudios de abogados y con miras a satisfacer las necesidades legales de las organizaciones sin fines de lucro y las ONGs. Fundación Pro Bono, asimismo, ha celebrado acuerdos de cooperación con diferentes instituciones públicas (como el Colegio de Abogados de Chile y el Servicio Nacional de la Mujer) y privadas (como la Universidad Central) para expandir y mejorar sus servicios. 7