CAPÍTULO VII IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISIONES AL ÁMBITO SOCIO- EDUCATIVO EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS El proceso de cambios en la estructura política-económica-institucional se inició en Venezuela en el año 1999, el cual convergió en la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ese mismo año. En ese sentido, la Constitución ha servido como motor de arranque para el desarrollo de una nueva política social con una clara voluntad de luchar contra la exclusión social. Es decir, se trata de la obligación del Gobierno con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La estrategia refleja el empeño del Gobierno en alcanzar los ODM mediante la realización, a partir de 2003, de programas sociales masivos, mejor conocidos como misiones, orientados a reducir las desigualdades así como también a ofrecer servicios y opciones para combatir la pobreza de manera que todos los segmentos de la sociedad puedan participar realmente en sus beneficios. Por ello, las misiones surgen como iniciativa del gobierno nacional con el propósito de atender en forma prioritaria a los sectores populares del país, aquellos desposeídos y olvidados por los gobernantes anteriores, en áreas donde existieran altos déficit de atención de la política social. Indudablemente, su aparición ocurre dentro de un clima de confrontación y 142
143 polarización política cuyos momentos más álgidos fueron el intento de Golpe de Estado ocurrido en abril de 2002, así como el Paro Petrolero de diciembre del mismo año, aunado al Referendo revocatorio de agosto de 2004. En ese sentido, las misiones han constituido el más grande esfuerzo público que haya conocido la Nación para enfrentar de manera corresponsable los problemas fundamentales del pueblo venezolano, funcionando como un medio adecuado para garantizar su plena incorporación al desarrollo nacional. De igual manera, su ejecución promueve la superación de la democracia representativa y el Estado capitalista, apuntando hacia la consolidación de una democracia participativa y la creación de un Estado socialista genuino, que se nutre de las experiencias de la colectividad nacional. Las Misiones Educativas, según Ortega (2012), se clasifican en cuatro grupos; Robinson I destinadas al proceso de alfabetización, Robinson II para la obtención de la educación básica, Ribas referente a la educación secundaria y Sucre vinculada al acceso a la educación universitaria. En este orden de ideas, para el período 2002-2010 señala Ortega (2012) que la Misión Robinson I logró alfabetizar un número importante de personas que permitieron ubicar al país en la zona libre de analfabetismo, correspondiendo al 92,86% de los que iniciaron el proceso y que han logrado absorber el 77,38% de la población analfabeta. Por otro lado, de acuerdo con el informe de Buscando claves para avanzar en la inclusión social (2009), hasta septiembre de 2008, con una
144 cobertura (matrícula más graduados) de 971.754 personas, la Misión Ribas había incorporado al 17,69% de las 5.492.890 personas mayores de 18 años que no habían concluido el bachillerato para el año 2003, y el 68,81% de las 1.412.167 personas que respondieron al censo convocado por la propia Misión en su lanzamiento, logrando, además, que la implementación de su propuesta se desplegara en el país de manera consistente con la demanda educativa y con una atención prioritaria a los estados con mayor pobreza. Hasta el año 2007 las Misiones Educativas presentaron un auge importante, con una masiva participación principalmente de los sectores D y E de la población; sin embargo en períodos posteriores las mismas han disminuido considerablemente el ritmo de inclusión social, pues según Monedero, (2009, p.2) Con la urgencia se implementaron las misiones, pero llega un momento en que las institucionalizas o se desploman, porque la mística no funciona de una manera permanente. Refiriéndose el autor a la necesidad de realizar un análisis de esos programas sociales, para institucionalizarlos, convertirlos propiamente en una política pública, regulada por un conjunto de lineamientos que permitan la optimización de las mismas. De acuerdo con la opinión de Ortega (2012), la participación de la población venezolana en las misiones sociales alcanzan el 72,2% de los hogares, dentro de los cuales se estiman 1,6 misiones y 2,2 beneficiarios, por lo que se puede considerar una alta penetración de las mismas y por tanto resulta pertinente establecer vinculaciones con las variables que
145 inciden en la disminución de la pobreza y así determinar su impacto en este ámbito. Lo cierto es que la política pública a efecto de las misiones educativas ha generado resultados altamente positivos en el sentido de concretar un proceso de inclusión social para la superación de la pobreza, pero que corre dos graves riesgos; uno de ellos consiste en mantener el ritmo ya desacelerado del proceso inclusivo, que mitigaría el impacto de las misiones educativas en la reducción de la pobreza y otro por la institucionalización de las mismas que sería someter su acción al Estado burocrático existente. En efecto, en el informe del Sistema de las Naciones Unidas se describen los esfuerzos desplegados para armonizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con las condiciones. La estrategia refleja la insistencia del Gobierno en alcanzar los ODM mediante la ejecución (a partir de 2003) de programas sociales masivos (conocidos como misiones), enfocados a reducir las desigualdades ofreciendo servicios y alternativas para combatir la pobreza de manera que todos los miembros de la sociedad puedan participar realmente en sus beneficios. Un nuevo informe fue elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas en 2010, titulado "Cumpliendo las Metas del Milenio". Igual que en el documento elaborado en 2004, el actual reseña no sólo los indicadores de medición mundiales, sino algunas iniciativas, como las misiones bolivarianas, llevadas a cabo por el Gobierno venezolano para
146 acelerar el cumplimiento de los ODM en Venezuela. El éxito de esas misiones no ha sido plenamente evaluado, pero han producido avances considerables en la consecución de una política equitativa y de amplia base, que incluye a aquellos sectores que durante años vieron negada la posibilidad de ejercer sus derechos sociales. En ese orden de ideas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela está apoyando las iniciativas nacionales orientadas a establecer una metodología para la evaluación de esas misiones y crear nuevos instrumentos de medición que reflejen correctamente las condiciones de vida de la población en general.