Retos y perspectivas de la Alianza para el Gobierno Abierto en México Haydeé Pérez Garrido Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Plan Nacional de Desarrollo 11 abril, 2013
Contexto internacional de reflexión crítica sobre la democracia, los derechos humanos y las posibilidades que ofrecen las TIC. (gobernanza, gobernabilidad democrática, sociedad red, etc.) La idea de Gobierno Abierto no es nueva, es tan vieja como la propia democracia y subyace a la mayoría de las constituciones y leyes fundamentales de los estados occidentales modernos. Nueva ola de autores de distintos sectores del mundo académico, político y de la sociedad civil, que han comenzado a discutir el concepto de Gobierno Abierto desde distintas disciplinas y fundamentos teóricos.
Hablar de Gobierno Abierto significó durante muchas décadas debatir sobre cuestiones relacionadas con el acceso, la disponibilidad y la libertad de información. Es en 2009, cuando el presidente de los EEUU, Barack Obama, emite su Memorándum de Transparencia y Gobierno Abierto dirigido a los titulares de los departamentos y agencias ejecutivas de su gobierno, que el término comenzó a tomar nueva vida y protagonismo a nivel internacional. Desde entonces y a partir del lanzamiento de la Alianza para el Gobierno existe un acuerdo generalizado acerca de los cuatro principios fundamentales del Gobierno Abierto.
1.- Transparencia y Acceso a la Información 2.- Rendición de Cuentas 3.- Participación Ciudadana 4.- Tecnología e Innovación
Para aumentar la confianza ciudadana hacia los gobiernos. Para aumentar la legitimidad de la acción gubernamental. Para aprovechar el conocimiento y experiencia de la ciudadanía. Para tomar mejores decisiones de política pública orientada a resultados.
Durante los últimos años, en México se han llevado a cabo una serie de reformas para avanzar en la construcción de un estado que transparente y rinda cuentas sobre su quehacer. Se han abierto algunos espacios de diálogo y participación ciudadana en los distintos ámbitos de gobierno y con diferentes propósitos. En algunos de estos procesos, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han jugado un rol importante para alcanzar objetivos concretos.
No obstante, prevalecen limitaciones severas, inercias burocráticas y resistencias que nos impiden avanzar hacia la consolidación de una política de estado a favor de un Gobierno Abierto. Seguimos observando espacios de discrecionalidad que no tienen justificación y, mucho menos, una consecuencia judicial. Los ciudadanos somos testigos de casos de corrupción y abuso del poder público, que en muchas ocasiones quedan impunes. Además, no hemos logrado convertir a las TIC en una herramienta poderosa para fomentar el bienestar y desarrollo. Estos hechos contribuyen a reforzar la confianza ciudadana en el quehacer gubernamental y desalientan la participación de las personas en la vida pública.
La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 indica que, a nivel nacional: - Cuatro de cada diez personas piensan que en el futuro tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de gobierno - El 44% encuentra que para trabajar en una causa común, resulta difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos - Ocho de cada diez ciudadanos está de acuerdo o muy de acuerdo en que el ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el gobierno hace bien o mal las cosas.
El Informe Global sobre Tecnologías de la Información 2013 (NRI por sus siglas en inglés) mide la capacidad que tienen 144 economías de aprovechar las TIC para lograr crecimiento y bienestar. México se encuentra en el lugar 63. El Índice señala que las políticas nacionales de algunas economías en desarrollo no están logrando traducir las inversiones realizadas en TIC en beneficios tangibles en términos de competitividad, desarrollo y empleo. En los diez primeros lugares del índice no se encuentra ningún país latinoamericano. Chile es el mejor calificado; alcanzó el puesto 34.
Difundir la iniciativa entre otras OSC, instituciones académicas, periodistas, desarrolladores y sociedad en general. Dar a conocer los objetivos y principios de la Alianza para el Gobierno Abierto entre las y los funcionarios del gobierno. Incorporar a nuevos actores sociales a la iniciativa, así como al poder legislativo y judicial y a otros ámbitos de gobierno. Invertir recursos humanos, financieros y materiales para la consulta, elaboración e implementación del Plan de Acción.
Mejor un plan de acción con pocos compromisos pero estratégicos, es decir, que generen impactos significativos. Poner especial énfasis en dos de sus cuatro principios: rendición de cuentas y participación ciudadana. Invertir tiempo suficiente para la consulta y elaboración del nuevo Plan de acción. No sacrificar calidad y viabilidad por tiempo.
Tanto los gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil contamos con pocos recursos (humanos, financieros, materiales), por lo tanto debemos enfocarnos en procesos transformadores. La AGA es una iniciativa que permite un diálogo estructurado y ordenado entre sociedad civil y gobierno; está en nosotros adaptarla a nuestros contextos y realidades para lograr resultados que ayuden a mejorar la gestión gubernamnetal, garantizar los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de las personas.
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