EL LICENCIADO FLAVIO ARTURO MARIANO MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.- CERTIFICA: QUE EN EL EXPEDIENTE, FORMADO CON MOTIVO DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL CIUDADANO INTERPUESTO POR EL CIUDADANO LUIS ÁNGEL CONTRERAS MALIBRÁN, ANTE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL EN CONTRA DE: EL ACTO OMISIVO CONSISTENTE EN QUE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN SAN LUIS POTOSÍ, NO HA EMITIDO RESPUESTA SUFICIENTE, CONGRUENTE, COMPLETA, FUNDADA Y MOTIVADA A LA SOLICITUD DEL SUSCRITO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2017 - - - - - - - - - - - - - - - OCTUBRE DE 2017. ; EL PROPIO TRIBUNAL DICTÓ LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN. - JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL CIUDADANO EXPEDIENTE:. PROMOVENTE: LUIS ÁNGEL CONTRERAS MALIBRÁN. AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. MAGISTRADA PONENTE: LICENCIADA YOLANDA PEDROZA REYES. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: LICENCIADO FRANCISCO PONCE MUÑIZ. San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 09 nueve de enero de 2018, dos mil dieciocho. VISTO. Para resolver lo atingente a la admisión del expediente, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano interpuesto por el Ciudadano LUIS ÁNGEL CONTRERAS MALIBRÁN, ante este Tribunal Electoral en contra de: El acto omisivo consistente en que el PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN SAN LUIS POTOSÍ, no ha emitido respuesta suficiente, congruente, completa, fundada y motivada a la solicitud del suscrito de fecha 10 de octubre de 2017 ; y, 1
G L O S A R I O. Actor. Luis Ángel Contreras Malibrán. Constitución Federal. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Local. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Juicio ciudadano. Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano. Ley de Justicia Electoral. La Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí. Órgano partidista responsable. Presidente del Comité Directivo Estatal en San Luis Potosí del Partido Revolucionario Institucional. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. R E S U L T A N D O Antecedentes. De la narración de hechos que el actor hace en su escrito de demanda, así como de las constancias de autos, se advierte lo siguiente: 1. Solicitud de información. El 10 de octubre de 2017, el actor solicitó por escrito al órgano partidista responsable información relativa al origen y aplicación de recursos de las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional localizado en Av. Pedro Antonio Santos número 417, zona centro, en Ciudad Valles, S.L.P. 2. Primer juicio ciudadano (TESLP/JDC/21/2017) y reencauzamiento. 2.1 Presentación del medio de impugnación. En fecha 19 diecinueve de octubre de 2017 dos mil diecisiete, el actor impugnó a través del juicio ciudadano TESLP/21/2017 la omisión o falta de respuesta a la petición de información anterior; omisión que atribuyó al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí. 2.2 Reencauzamiento. Por resolución de fecha 08 ocho de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, este Tribunal se declaró 2
incompetente en razón de materia, para conocer del acto reclamado por el actor al estimar que la naturaleza del acto reclamado es administrativa y no electoral. En consecuencia, la demanda fue reencauzada a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, por ser dicha institución la autoridad competente para conocer asuntos relacionados con transparencia. 3. Contestación del Órgano partidista responsable. Por oficio PRISLP/P/188/2017, de fecha 20 de octubre de 2017, el Partido Revolucionario Institucional, a través del Presidente del Comité Directivo Estatal, dio contestación al actor respecto de su petición de información presentada el 10 diez de octubre de 2017 dos mil diecisiete. 4. Segundo Juicio ciudadano (). 4.1 Presentación del medio de impugnación. Inconforme, el 16 dieciséis de noviembre del año en curso el actor promovió ante este Tribunal el presente Juicio ciudadano a fin de controvertir con la respuesta que el órgano partidista dio a su petición de información pues, según afirma el actor, dicha respuesta no es suficiente, congruente, completa, fundada y motivada. 4.2 Substanciación del juicio ciudadano. 4.2.1 Registro y publicidad de la demanda. El 21 veintiuno de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí ordenó registrar el presente juicio ciudadano bajo el número de expediente, y mediante oficio TESLP/1187/2017 se notificó al órgano partidario responsable la interposición del medio de impugnación, para los efectos de publicidad y rendición de informe circunstanciado, previstos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Justicia Electoral. 4.2.2 Recepción de informe circunstanciado. Con fecha 05 cinco de diciembre del año en curso, se recibió el informe circunstanciado rendido por el Maestro Martín Juárez Cordova, Presidente del Comité 3
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional; mismo que fue glosado al expediente junto con sus anexos. 4.2.3 Turno a ponencia. En la misma pieza de autos, el presente juicio ciudadano se turnó a la Ponencia a cargo del Magistrado Román Saldaña Rivera, para efecto de substanciar el medio de impugnación conforme lo previsto en el artículo 53 de la Ley de Justicia Electoral. 4.2.4 Convocatoria y sesión pública. Circulado entre cada uno de los Magistrados integrantes de este Tribunal Electoral el proyecto de resolución autorizado por el Magistrado Instructor, se citó formalmente a las partes para la sesión pública a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, a celebrarse a las 12:00 horas del día 09 nueve de enero de 2018 dos mil dieciocho, para el dictado de la sentencia respectiva. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. De acuerdo al criterio establecido por este Tribunal al resolver el Juicio ciudadano TESLP/JDC/21/2017 1, la competencia es un requisito de examen previo oficioso por parte de cualquier autoridad, a efecto de cumplir con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, previo a analizar sobre los presupuestos procesales de legitimación, interés jurídico, personalidad, definitividad y forma, con fundamento en los artículos 3, 4, 97, 98 y 99 de la Ley de Justicia Electoral del Estado en la presente causa, se procede a analizar la competencia de este Tribunal para conocer de la substanciación del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano incoado por el ciudadano LUIS ÁNGEL CONTRERAS MALIBRÁN en contra de la falta de respuesta suficiente, congruente, completa, fundada y motivada a la solicitud del suscrito de fecha 10 de octubre de 2017 dos mil diecisiete, que atribuye al órgano partidista responsable. 1 Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano promovido por Luis Ángel Contreras Malibrán, en contra del Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, por la omisión de dar respuesta a su solicitud de información de fecha 4 de octubre de 2017, recibida el día 10 de octubre del mismo año. 4
El artículo 16 párrafo primero, de la Constitución Federal, en lo que interesa establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De acuerdo al precepto constitucional trascrito, la competencia forma parte del elenco de las garantías de legalidad, que se traduce en el conjunto de atribuciones que la Constitución o la ley confiere a una determinada autoridad para actuar válidamente en ejercicio del poder público; por lo que, cuando se configura una omisión que integra un acto de molestia en perjuicio de una persona, para evaluar su constitucionalidad y legalidad, es condición indispensable verificar, entre otros aspectos, si la autoridad que conoce de la controversia donde se examina la constitucionalidad y legalidad de tal acto de molestia tiene competencia para ello, puesto que en caso de que no sea así, dicha substanciación es frontalmente violatoria del artículo 16 de la Constitución Federal y, por ende, debe declinar la competencia. En ese sentido ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según criterio consultable en la tesis de jurisprudencia con número de registro 265769, sexta época, materia común, bajo la voz: COMPETENCIA, ENTRAÑA UN TEMA DE PREVIO ESTUDIO LA CUESTION DE. Si un tribunal estima ser incompetente para conocer del fondo del negocio, debe así declararlo, pues la competencia entraña un tema de previo estudio, sin que, por lo mismo, deba en esta situación examinarse el punto que concierne a la procedencia o improcedencia del recurso. Y esto es así porque cuando el órgano jurisdiccional, antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el recurso es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible partiendo, en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del litigio. Precisado lo anterior, una vez analizado el libelo materia de resolución, se aprecia la convergencia de dos derechos de índole fundamental, el primero referente al derecho de petición, que se define como el interés escrito en busca la respuesta de la autoridad a un planteamiento específico; por otro lado, el derecho a la información pública, se define como el derecho a acceder a datos gubernamentales o entes públicos, con el objeto de obtener 5
elementos de interés personal o social. El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, mientras que el derecho a la información pública se encuentra tutelado en el artículo 6 de ese mismo ordenamiento. Ahora bien, es claro que ambos derechos, el de petición y de acceso a la información pública, se encuentran en sinergia, en tanto que, para acceder a la información pública, es preciso hacer gala de un planeamiento en el que se plasme una petición. 2 No obstante lo anterior, es preciso hacer una diferenciación al respecto. El derecho de petición es un género abstracto en el que se solicita expresamente un pronunciamiento positivo por parte de un ente público o autoridad, respecto a uno o varios temas, en estos temas sin duda se puede buscar obtener alguna información; y por lo que toca al derecho de acceso de información, es un derecho en el que se requiere una información que se considera obra en poder de determinado ente público, con el objeto de satisfacer un interés personal o social que esta intrínsecamente asociado con el derecho de libertad de expresión. 3 De tal guisa, resulta inconcuso que el derecho de acceder a la información pública no puede desprenderse del derecho de petición, sin embargo, cuando se realiza una petición en donde se requiere información pública, tal elemento corpóreo de acceso a la misma, debe analizarse por parte de un ente público, conforme a las disposiciones legales aplicables a las leyes de trasparencia y acceso la información pública, en las respectivas competencias. En el caso concreto, el medio de impugnación interpuesto por el actor se dirige a controvertir según se expone en la demanda- una omisión del Partido Revolucionario Institucional, referente a brindar una respuesta suficiente, congruente, completa, fundada y motivada, relacionada con a petición de información realizada en escrito de fecha 04 cuatro de octubre de 2017, dos mil diecisiete, y recibida el día 10 diez de octubre de 2017, dos mil diecisiete. La información que solicitó el actor al Partido Revolucionario Institucional, es la siguiente: 2 Tesis de Jurisprudencia con número de registro 162879, consultable bajo el rubro: DERECHO DE PETICIÓN. SU RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, novena época, materia constitucional. 3 Tesis de Jurisprudencia con número de registro 169574, consultable bajo el rubro: ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS INDIVIDUAL Y SOCIAL, novena época, materia constitucional. 6
1.- Nombre de los integrantes que conforman el patronato, Pro Pro Construcción de la Unidad Vállense A.C. asociación constituida para la construcción de instalaciones dignas de ese Partido en ciudad Valles, S.L.P. 2.- Costo total de la construcción de las instalaciones dignas de ese Partido y que se localizan en Avenida Pedro Antonio Santos número 417 de la zona centro en ciudad valles, S.L.P. 3.- Cual fue el método de recaudación económica entre militantes del Partido Revolucionario Institucional para la construcción de las instalaciones dignas localizadas en Avenida Pedro Antonio Santos número 417 de la zona centro en ciudad valles, S.L.P. 4.- Nombres de las personas físicas y morales y/o jurídicas así como el monto de cada una de las aportaciones realizadas para la construcción de las instalaciones dignas localizadas en Avenida Pedro Antonio Santos número 417 de la zona centro en ciudad valles, S.L.P. 5.- Existieron personas físicas o jurídicas no militantes del Partido Revolucionario Institucional que utilizaron aportaciones económicas o en especie para la construcción de las instalaciones dignas localizadas en Avenida Pedro Antonio Santos número 417 de la zona centro en ciudad valles, S.L.P. 6.- Nombre de la Institución Bancaria y número de cuenta a la cual se depositaban las aportaciones económicas tendientes a la construcción de las instalaciones dignas localizadas en Avenida Pedro Antonio Santos número 417 de la zona centro en ciudad valles, S.L.P. 7.- Nombre del titular de la cuenta a la cual se depositaban las aportaciones tendientes a la construcción de las instalaciones dignas localizadas en Avenida Pedro Antonio Santos número 417 de la zona centro en ciudad valles, S.L.P. 8.- Tiene usted conocimiento de que esas instalaciones dignas han sido señaladas como zona inundable por la Comisión Nacional del Agua. 9.- Indique el nombre de la persona física y con qué documento acreditó la personalidad para suscribir el contrato de servicio número 53025 a nombre del Partido Revolucionario Institucional con la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de ciudad valles, S.L.P. 10.- Indique el nombre de la persona física y o jurídica que haya realizado la donación del predio con las instalaciones localizadas en 7
Pedro Antonio Santos número 417 en ciudad valles, S.L.P. al Partido Revolucionario Institucional. 11.- Es legal que un Partido Político reciba donaciones de una asociación civil y cuál sería su fundamento legal. 12.- Tiene conocimiento que los propietarios del predio localizado en calle Pedro Antonio Santos número 417 en ciudad Valles, S.L.P. resultan ser seis personas físicas y no un solo donante como se ha manejado en medios de comunicación. La respuesta que el órgano partidista responsable dio al actor con relación a su petición de información, fue la siguiente: Documento visible a foja 07 (frente) del expediente 8
Pues bien, en base a lo hasta aquí expuesto, este Tribunal estima que la naturaleza del acto reclamado no impacta en un derecho político electoral reconocido en el artículo 35 de la Constitución Federal, en detrimento de los intereses del actor pues, si bien es un acto atribuido a un partido político, como lo es el Partido Revolucionario Institucional, también lo es que el actor no reviste la calidad de militante o afiliado de dicho Partido Político. En tal virtud, el acto combatido se circunscribe al derecho sustantivo de acceso a la información pública, establecido en el ordinal 6 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y por tanto el mismo debe ser combatido en la vía administrativa y no en la vía electoral a través de un juicio ciudadano. En efecto, como lo estableció este Pleno al resolver el Juicio ciudadano TESLP/JDC/21/2017, el acceso a la información peticionada al Partido Político no tiene como base el acceso a procedimientos relacionados con alguno de los derechos políticos establecidos en el ordinal 98 de la Ley de Justicia Electoral, sino más bien, su dolencia se circunscribe al menoscabo por no recibir la información solicitada en su calidad de ciudadano no-militante o afiliado del Partido Político a quien dirige su petición de información; además que el actor no manifestó que tal información esta correlacionada en su calidad de militante, afiliado o candidato, con la obtención de algún instrumento procesal tendiente a demostrar un derecho que esté vinculado a una acto político electoral, como podría ser una candidatura, el ejercicio de algún cargo intrapartidario, derecho de asociación política, por citar tan sólo algunos ejemplos. En esa tesitura, el matiz del caso concreto permite concluir que acto reclamado no es de índole electoral, sino de naturaleza administrativa, en su variante de acceso a información pública. Ello, pues atento a lo establecido en los artículos 1, 2 fracción I, 6, 10, 23 y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, los ciudadanos en general pueden solicitar a los partidos políticos y éstos tienen la obligación de proporcionar, la información pública que se les formulen, de acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 9
En esas circunstancias, este Tribunal considera que el órgano competente para conocer de la controversia sustentada por el actor es la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en términos de lo dispuesto en los artículos 166 y 167 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. En esa tesitura, este Tribunal Electoral estima procedente abstenerse de continuar conociendo la presente controversia por carecer de competencia en razón de materia, y en consecuencia, con los documentos presentados por las partes, declinar la competencia en favor de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí para que dentro del ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia. SEGUNDO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. Al resultar este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí incompetente para conocer de la presente controversia en razón de materia, lo procedente es declinar la competencia del presente medio de impugnación en favor de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, actúe en consecuencia. Para tal efecto, gírese atento oficio a la citada Comisión, a efecto de que si estima ajustado a derecho el escrito inicial del actor, proceda a dictar proveído en el que se avoque al conocimiento de la controversia para los efectos legales a que haya lugar. TERCERO. MÁXIMA PUBLICIDAD Y NOTIFICACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3 fracciones XIII, XVIII y XIX, 7, 11, 23 y relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; lo anterior, sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. 10
Por último y conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, notifíquese en forma personal a la parte actora, en el domicilio designado en su escrito inicial de demanda y mediante oficio anexando copia fotostática certificada de la presente resolución al Partido Revolucionario Institucional. En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas, en ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada por mandato constitucional a este Tribunal Electoral, se: R E S U E L V E PRIMERO. Este Tribunal Electoral es incompetente en razón de materia, para conocer del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano interpuesto por el ciudadano Luis Ángel Contreras Malibrán. SEGUNDO. Remítanse las constancias del expediente del presente juicio electoral a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, instruyéndose al Secretario General de Acuerdos para realizar el trámite respectivo. TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones XIII, XIV y XV, 41 fracción IV; y, por analogía el artículo 23 fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. CUARTO. Notifíquese en forma personal al recurrente; y mediante oficio anexando copia fotostática certificada de la presente resolución al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. 11
A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Señores Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado, Licenciado Oskar Kalixto Sánchez, Licenciado Rigoberto Garza de Lira, y Licenciada Yolanda Pedroza Reyes, siendo ésta última ponente del presente asunto; quienes actúan con Secretario General de Acuerdos, Licenciado Flavio Arturo Mariano Martínez, que autoriza, y Secretario de Estudio y Cuenta, Licenciado Francisco Ponce Muñiz. Rubricas. QUE EL PRESENTE TESTIMONIO CERTIFICADO, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, DE DONDE SE COMPULSÓ EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DE MISMO NOMBRE, EL 09 NUEVE DEL MES DE ENERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, PARA SER REMITIDA EN 06 SEIS FOJAS ÚTILES AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, COMO ESTA ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN DICTADA POR ÉSTE ÓRGANO COLEGIADO EL DÍA DE LA FECHA. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 12