[ACTUALIDAD Y ANTECEDENTES DEL COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE.]

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1 2012 [ACTUALIDAD Y ANTECEDENTES DEL COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE.] Dirección de Investigación.

2 Actualidad y antecedentes del Colegio de Profesores de Chile. En 2011 tanto el gobierno de Sebastián Piñera como el Colegio de Profesores presentaron sus propuestas de reforma a la política educativa del Estado Chileno. La gran divergencia que presentan ambas propuestas y que podríamos por el momento resumirla como el dilema entre fortalecer el régimen municipal o desmantelarlo, tiene sus orígenes en el periodo anterior a la dictadura de Augusto Pinochet. En este breve ensayo esbozaremos una periodización de la organización magisterial en este país, así como profundizaremos en su actual estado y algunas perspectivas a futuro. 1.- Inicios del siglo XX. Chile inicia el siglo XX con el debate sobre la obligatoriedad y gratuidad de la educación. El siglo XIX, formativo para la mayoría de las naciones latinoamericanas, había intentado extender la educación más allá de la Capital y hacia las zonas rurales. Ahora, con escuelas en provincia y un marcado crecimiento demográfico, el énfasis fue puesto en el analfabetismo al que se le consideró como un problema nacional. El crecimiento de la matricula acompañó los vaivenes políticos. Ciertamente es hasta ya entrado en el siglo XX que se delinea una política congruente. En las primeras décadas del siglo, las directrices quedan señaladas desde la capital. El régimen de financiación municipal, unido al de la administración lancasteriana, dejaban en claro la insuficiente labor del Estado en la educación. Organizaciones de maestros y de padres pugnaron por aumentar el número de escuelas, a su vez, aquel esfuerzo introdujo cambios a la ley: se creó el Ministerio de educación en 1912 como una forma de arrebatar la dirección y el monopolio educativo a la elitista Universidad. Al crecimiento demográfico aumentó en la demanda escolar, sin embargo, la existencia del Ministerio de Educación no significó una coordinación racional de la educación. Había escuelas, sí, pero los enfoques pedagógicos conservadores y los escasos presupuestos de las municipalidades variaban y profundizaban la desigualdad. Además, la actividad educativa estuvo concentraba en centros urbanos como la capital, Santiago. 2.- El intento de coordinación. En la década de los sesenta la reforma buscó revertir las desigualdades mediante el aumento de cobertura y la obligatoriedad de los 8 años de la educación. También se 1

3 reformó la currícula para segmentar los grupos de estudiantes entre humanistas y técnicos. En 1970 el profesorado se agrupó en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), organización que apoyó al gobierno del Frente Popular hasta su caída. Los profesores y el Frente Popular buscaron modificar la educación chilena en El Ministerio de Educación puso en marcha el proceso de racionalización administrativa que debía concluir en la constitución de un sistema descentralizado y desconcentrado. En apoyo a las propuestas del Ministerio, el SUTE convocó en diciembre de 1971 a un Congreso Nacional de Educación, y en sus conclusiones se pronunció a favor de una actividad planeada desde y por el Estado, otro punto del pronunciamiento fue la necesidad de que el Nuevo Sistema Educativo fuese plural, integral, democrático, descentralizado y que afianzara vínculos entre el individuo y la sociedad. Sin embargo, con el golpe de Estado, se echó reversa a las propuestas del Frente Popular y del SUTE. Pronto se inició la persecución de disidentes y de líderes sindicales. Así la propuesta de generar una coordinación nacional para los servicios educativos y pedagógicos quedó irresuelta y pronto se vio modificada. 3.- La Reforma de la Dictadura. La supresión del SUTE dejó en vacío legal a la organización del magisterio chileno. La dictadura de Augusto Pinochet decretó en 1974 la creación del Colegio de Profesores, con el cual podría mantener en coordinación y bajo sujeción política a los miembros del magisterio. Los nuevos dirigentes fueron designados por las autoridades militares, despojando de la beligerancia que hasta entonces tuvo a la organización magisterial. El gobierno de Pinochet introdujo medidas de flexibilización laboral neoliberales, con las que los trabajadores en general quedaban amparados en lo individual, pero despojados de derechos colectivos y de las garantías de libre asociación. En este contexto, la dictadura empezó a programar una reforma educativa que desmantelara la concepción de que el Estado nacional se ocupara de la educación pública. Para sancionar las reformas, en 1980 fue proclamada la nueva constitución. Y en una de las 7 directrices presidenciales impuso el modelo de Estado Subsidiario de la 2

4 Educación. Es decir, se estableció un modelo en el que el criterio económico haría depender a la educación de la capacidad monetaria y disposición de los gobiernos en las distintas regiones. El régimen omitió, por centrarse en el ámbito de financiamiento, generar debate acerca de los modelos de enseñanza. En 1981, se instauró el régimen municipal que hasta hoy perdura en Chile. No era, en sí una novedad, el siglo XIX había dotado a las municipalidades de facultades educativas. La diferencia es que en estas décadas, el Estado Chileno ya estaba configurado y tenía una fuerte economía, la necesidad de que el municipio se ocupara de la educación era completamente distinta en sus motivos. En los ochenta del siglo XX, la política de municipalización se impuso bajo un criterio económico diametralmente opuesto. Ya no se trataba de resguardar la educación en el municipio hasta que el Estado pudiera asumir su función, como en el XIX; sino que, el fin era deslindar al Estado de su deber social a fin de adelgazar los egresos que derivaban de la administración educativa. Esta lógica económica no previó que no todos los municipios podrían sostener adecuadamente la educación. Las reminiscencias del sindicalismo magisterial se agruparon en la Asociación Gremial de Profesores de Chile, la que se configuró como una voz en resistencia a las medidas unilaterales de las autoridades militares. Además, poco antes de la imposición de la municipalización, la ley 3, 551 autorizó un reajuste al sueldo base del sector público, este reajuste incluía a los profesores, pero la municipalización creó un vacío legal del cual las nuevas autoridades educativas (municipales y no nacionales) se aprovecharon para no aplicar lo que la ley sancionaba al magisterio. En estas afrentas, el magisterio poco pudo hacer. Por la fuerza se impuso la municipalización que obligó a que la educación pública quedara cada vez más relegada, por falta de fondos a un ominoso segundo lugar, justo atrás de la escuela de carácter privado. Este régimen educativo disparó la desigualdad en el acceso a la cultura, perjudicó la economía familiar que debía solventar la educación primaria, acentuó la disparidad entre regiones rurales y urbanas y sectores pudientes y paupérrimos. Además sometió a los profesores, con quienes el sistema municipal cargó una deuda histórica que sólo se superaría hasta después de entrado el siglo XXI. Tras la dictadura, la política económica de corte neoliberal quedó intacta por cuestiones de la Concertación. Sin embargo, ya sin un ambiente militar, la disidencia y la presión 3

5 fue más mejor aceptada. Es hasta 1993 que se logra un acuerdo en cuanto a la instauración del Salario Mínimo. Un año después, el nuevo Código de Trabajo, facilitaría la agrupación sindical y favorecería la negociación colectiva como forma prioritaria de solución de conflictos laborales. El Colegio de Profesores logró democratizarse y con ello asumió la representación del magisterio. En colaboración con el gobierno aplicó la prueba Inicia en 2006, para mejorar la profesión docente y también para medir bajo criterios de organismos como la OCDE y el BM, el desempeño escolar de la niñez chilena. Sin embargo, la Educación Pública siguió padeciendo del desprecio del Estado. Guiada por autoridades designadas u ocupadas por estrategias electorales, la educación en el régimen municipal fue en detrimento hasta quedar insuficiente. Fue entonces que a la mitad de la primera década del siglo XXI, se recupera el debate sobre gratuidad, obligatoriedad y sobre todo el del papel del Estado en la política educativa. Así fue el pronunciamiento conclusivo del Congreso Nacional de Educación de El debate actual. El 29 de mayo de 2011, el Colegio de Profesores de Chile lanzó la propuesta de una Nueva Institucionalidad para la Educación Pública, documento con el que esbozó una propuesta de reforma estructural de la educación chilena. En ella, se pronuncia por finalizar el régimen municipal y dotar al Ministerio de Educación de la facultad de coordinar la administración educativa. Plantea además la necesidad de concebir la política educativa más allá de gobiernos, como una política permanente de Estado. Por su parte en septiembre de aquél año, el gobierno presentó, en voz de un panel de expertos su propuesta de proyecto de ley, en éste se establece la figura de la Agencia Pública de Educación Local, una coordinadora de municipios que vigilaría la asignación de recursos monetarios de las escuelas. En resumen, este proyecto se decanta por la continuidad y profundización del régimen municipal que beneficia a dueños de escuelas privadas en detrimento de la educación pública. 5.- Conclusión. Vista desde México, la historia de la Educación Pública de Chile muestra un desfase de casi un siglo. En México el régimen y el debate sobre la municipalización, tuvo un muy 4

6 acotado periodo, por demás inscrito en la lucha revolucionaria de la segunda década del siglo XX. El régimen municipal sancionado constitucionalmente en 1917, duró solo 3 años, en los que una reforma produjo la creación de la Secretaría de Educación Pública, la cual ha fungido como el referente nacional. Sus profesores, agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han tenido tiempos de abierta disidencia con el gobierno en turno, así como adhesiones a proyectos educativos en distintas décadas. En Chile el régimen municipal, como en México argumentaban algunos opositores a la municipalización en 1917, atomizó la función educativa. Esta atomización derivó en una pérdida del referente nacional y también despojó a la niñez chilena de un marco social en el cual actuar. Fomentó el individualismo y la competitividad, que si bien en el ámbito económico pasan por virtudes, en el entorno social producen un abandono de lo público. Para bien de Chile, es mejor que se apruebe una reforma que dote al Estado de la dirección nacional de la educación, que además promueva la educación pública de calidad, y con las características de laicidad, gratuidad, y democracia. 5