Algunos aspectos jurídicos aplicables a las actividades agrícolas. Ezequiel F. Santagada Abogado Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA

Transcripción

1 Algunos aspectos jurídicos aplicables a las actividades agrícolas Ezequiel F. Santagada Abogado Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA

2 Marco Constitucional Económico Libertad de concurrencia: Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades, en el que se garantiza la competencia en el mercado. (Art. 107) Libre circulación de productos: Los bienes de producción o fabricación nacional y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, circularán libremente dentro del territorio de la República. (Art. 108) Propiedad privada: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. En el Paraguay, la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Ésta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley. (Art. 109)

3 Incentivo a las Inversiones La Ley 117/92 de inversiones otorga el mismo trato a inversores nacionales y extranjeros. Como medida de incentivo a la inversión de capitales, tanto nacionales como extranjeros, la ley 60/90 (reglamentada por el Decreto /03) establece una serie de exenciones impositivas a quienes opten por someterse a su régimen.

4 Régimen Impositivo En el Paraguay existen cuatro tipos de impuestos: 1) Impuesto a los Ingresos, 2) Impuesto al Capital, 3) Impuesto al Consumo y, 4) Impuesto a los Actos y Documentos.

5 Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias Grava la actividad agropecuaria realizada en el territorio del Paraguay. Se entiende por actividad agropecuaria la que se realiza con el objeto de obtener productos primarios, vegetales, o animales, mediante la utilización del factor tierra. Están comprendidos en el concepto de actividad agropecuaria la tenencia, la posesión, el usufructo, el arrendamiento o la propiedad de inmuebles rurales aún cuando en los mismos no se realice ningún tipo de actividad. La determinación de la Renta Bruta, la Renta Neta y el Impuesto se realiza en función a la superficie agrológicamente útil de los inmuebles y a su explotación eficiente y racional.

6 Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias No se computa como superficie agrológicamente útil: las superficies ocupadas por bosques naturales o cultivados, por lagunas permanentes o semipermanentes y los humedales; a las áreas marginales no aptas para uso productivo, como afloramientos rocosos, esteros, talcales, saladares, etc.; las áreas silvestres protegidas bajo dominio privado, sometidas al régimen de la Ley 352/94 de áreas protegidas; las ocupadas por rutas, caminos vecinales y/o servidumbres de paso; las áreas destinadas a servicios ambientales declaradas como tales por la autoridad competente (Secretaría del Ambiente).

7 Impuesto al Valor Agregado El IVA grava la enajenación e importación de bienes y la prestación de servicios con una tasa del 10%. Están exoneradas de este impuesto, entre otras, las enajenaciones de productos agropecuarios en estado natural. En el Paraguay, las exportaciones están exoneradas del impuesto al valor agregado.

8 Marco Constitucional Ambiental Art. 7: toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. CSJ Ac. y Sent. Nro. 98 del : El derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado es un atributo fundamental de las personas (...) De la preservación de este medio (el medio ambiente) depende la vida humana. Aquí radica su importancia. Ac. y Sent. Nro. 78 del : (en este caso) se halla en juego la protección de los intereses difusos, como indudablemente lo constituye la preservación del ambiente natural que constitucionalmente corresponde a todos los habitantes del país (Art.. 7 de la C.N.) y, que dicho sea de paso, es un derecho humano

9 Instrumentos internacionales sobre manejo de plagas y utilización de agroquímicos Convenio Internacional de Protección Fitosanitaria (Ley 48/92 y 2721/05). Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) y sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), incorporados al momento de la sanción y promulgación del Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT (Ley 444/94). Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Ley 567/95). Convenio de Rótterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional (Ley 2135/03). Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Ley 2333/04).

10 Normativa nacional sobre control de plagas y utilización de agroquímicos Ley 836/81, Código Sanitario Ley 123/91 Que adopta nuevas formas de protección fitosanitaria Ley 2459/04 SENAVE. El SENAVE tiene la facultad de establecer las reglamentaciones técnicas para la ejecución de cualquier actividad de su competencia en todo el territorio nacional, de acuerdo a las legislaciones pertinentes, siendo las mismas de carácter obligatorio por parte de toda persona física, jurídica y organismos públicos o privados, sin excepción. Ej.: Decreto 2048 del 26 de marzo de 2004 sobre reglamentación del uso y manejo de plaguicidas agrícolas Ley 294/93 EvIA.

11 Normas sobre utilización racional del suelo Son claves en cuanto a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Una utilización no racional conlleva la calificación del inmueble rural como latifundio improductivo sujeto a expropiación para ser destinado a la reforma agraria y este tipo de expropiación no goza de la garantía del previo pago de una indemnización justa, sino que el Art. 116 de la Constitución establece que la expropiación de los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria serán establecidas en cada caso por la ley, y se abonará en la forma y en el plazo que la misma determine. Ley 1863/02 Estatuto Agrario (Art. 7, obligatoria EvIA), Ley 422/73 y Decreto /86.

12 Ley Forestal - Art. 42 Todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberán mantener el veinticinco por ciento de su área de bosques naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio Quien al momento de la entrada en vigencia de las obligaciones establecidas en el artículo 42 de la Ley 422 tenía algo de bosque natural, debía mantener el 25% de ese algo. Si no lo hubiera mantenido, sería responsable de reforestar la superficie que hubiera deforestado de más hasta alcanzar el porcentaje que debería haber mantenido. Quien al momento de la entrada en vigencia de las obligaciones establecidas en el artículo 42 de la Ley 422 no hubiera tenido nada de bosque natural que mantener, esto es, quien no hubiera tenido el porcentaje mínimo al que se refiere la primera frase del artículo 42, debería reforestar el 5% de la superficie de su predio.

13 Muchas gracias por su atención! Instituto de Derecho y Economía Ambiental IDEA