RENÉ RODRIGO GONZÁLEZ TORRES Y OTROS CONTRA RECONSA S.A.

Transcripción

1 RENÉ RODRIGO GONZÁLEZ TORRES Y OTROS CONTRA RECONSA S.A. Órgano competente Corte Suprema (3 Sala). Tipo de acción Recurso de Protección. Rol N Fecha Resultado Acogido. Ministros Sergio Muñoz G., Juan Araya E., Sonia Araneda B., y los abogados integrantes Emilio Pfeffer U. y Alfredo Prieto B. Ministro redactor Sergio Muñoz G. Partes Recurrente: René González Torres, Diputado por Viña del Mar y Concón; Francisco Chahuán Chahuán, Senador de la República; Jorge Valdovinos Gómez, Alcalde de la I. Municipalidad de Concón y doña María José Aguirre Neuenschwander, Presidenta de la Organización Comunitaria Red Duna. Recurrido: Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A (Reconsa). Legislación aplicable Constitución Política de la República, artículos 19, Nº 8, 20; Ley N , artículos 2 y 10, letra p); Decreto Supremo N 481 de 1993, que declara Santuario de la Naturaleza el campo dunar de Concón; Ley N sobre Monumentos Nacionales, artículo 31; Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, artículo 1.1.2; Código Civil, artículos 844 y 835.

2 Preguntas legales Debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental un proyecto consistente en el cierre de un terreno, en el que se encuentra un Santuario de la Naturaleza? Debe someterse dicha obra a evaluación ambiental mediante Estudio de Impacto Ambiental? Es procedente la acción constitucional de protección contra el cierre perimetral de un terreno, es decir un legítimo ejercicio del dominio, pero en el cual se encuentra un Santuario de la Naturaleza? Descripción de los hechos La empresa Sociedad Urbanizadora Reñaca Concón S.A. es titular de un terreno perteneciente a la comuna de Concón, en la V Región de Valparaíso, con una extensión de 45 hectáreas. Este terreno es un campo dunar que constituye un importante hábitat natural de numerosas especies animales y vegetales. Por esta razón, la totalidad de la zona fue declarada Santuario de la Naturaleza en virtud del Decreto Supremo N 481, en el año Posteriormente, el área objeto de protección se redujo a 12 hectáreas. El alcalde de Concón anunció el 30 de septiembre de 2011 la necesidad de construir obras menores dirigidas al cierre de los accesos al campo dunar, para evitar el ingreso de vehículos motorizados y evitar así la degradación ambiental del sitio. Consecuentemente, la empresa asumió el coste de la construcción del cierre de la zona y el 27 de diciembre de 2011 inició la el cierre del perímetro del campo dunar. Ese mismo día, el alcalde procedió a derribar los cercos que se habían instalado para cerrar el sitio. Ante estos hechos, la parte recurrente interpuso un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Argumentó, principalmente, que las obras de cierre son ilegales, en tanto que se iniciaron sin los correspondientes permisos de obras y sin haberse sometido a evaluación de impacto ambiental. Por su parte, la empresa recurrida alegó que era una medida necesaria para proteger la zona de los vehículos motorizados y de las personas que ingresaban y destruían la flora y la fauna del lugar; que el cierre del terreno se encuentra dentro de las facultades atribuidas por la legislación como dueño del predio; y que no existía un daño o una afectación real al ejercicio de los derechos invocados y protegidos por la parte recurrente. La Corte

3 rechazó el recurso 1. En primer lugar, afirmó que el cierre del terreno se encuentra legitimado por las facultades establecidas en los artículos 844 y 835 del Código Civil a los propietarios de los predios, por lo que la empresa estaba en su derecho de llevar a cabo las obras de cierre. Y en segundo lugar, la parte recurrente no acredita ni argumenta suficientemente la existencia de un daño real y efectivo en el medio ambiente, protegido constitucionalmente, y que es el fundamento de la procedencia del recurso de protección. Alegaciones La parte recurrente interpuso un recurso de apelación ante la Corte Suprema. La sentencia reproduce las alegaciones realizadas por las partes que se plasman en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 1. La parte recurrente alegó la ilegalidad de las obras dirigidas al cierre del campo dunar. Por una parte, la empresa no disponía de los permisos de obras necesarios y no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 10, letra p) de la Ley , que requiere el sometimiento al sistema de evaluación de impacto ambiental de la ejecución de obras en santuarios de la naturaleza. Por otra parte, se alega que el derecho de propiedad está limitado por la función social y que se vulnera el artículo 19, Nº 8 de la Constitución, que establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ya que las obras de cierre comprometen la conservación de un monumento natural y el uso del área para esparcimiento. 2. La parte recurrida alegó que, en primer lugar, el campo dunar ha permanecido abierto al público durante años y que, consecuentemente, se ha producido un grave deterioro de de la fauna y de la flora de la zona, por el acceso de vehículos motorizados y de personas. El cierre de la zona tenía como finalidad última, precisamente, la protección ambiental. Además, el propio alcalde había reconocido previamente la necesidad de adoptar medidas ante este deterioro. En segundo lugar, la instalación del cerco se legitima por estar dentro de las facultades propias de los dueños de los predios, recogidas en los artículos 844 y 845 del Código Civil. Y por último, alegó que no se cumplían los requisitos necesarios para la interposición de un 1 Cabe mencionar la existencia de un voto en contra de la Ministra Sra. Corti Ortiz, que afirmó que sí concurren los requisitos que permiten acoger el recurso. Entendió que las obras de cierre pueden ocasionar efectos perjudiciales en el medio ambiente y en el estado del campo dunar, por lo que sí era necesario someter las obras a lo dispuesto en la Ley Y consecuentemente, sí existe una vulneración del art. 19, Nº 8.

4 recurso de protección: los recurrentes no son titulares del derecho invocado, porque no viven en las inmediaciones del lugar, no están directamente afectados y no existe una acción popular para su interposición; y no existía una afectación real al ejercicio de los derechos invocados y protegidos, ya que un simple cerco no origina una afectación a la contaminación visual o a la calidad de vida de los recurrentes. Aplicación a los hechos (resumen de la decisión) La Corte Suprema acogió el recurso de protección 2, revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones. En virtud del principio preventivo que inspira la Ley , la Corte afirma que el titular del proyecto de cierre del campo dunar debía someter el proyecto al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. La parte recurrida alegaba que se trataba de una simple obra menor, sin que en ningún momento se hubiera acreditado la magnitud o envergadura real del proyecto de cierre. La Corte entiende que el titular actuó de forma ilegal, puesto que pretendía realizar dichas obras sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, que garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Concluye, por lo tanto, que se ha vulnerado la garantía constitucional que establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Conclusión Partiendo del principio preventivo, que constituye uno de los pilares de la Ley , la mejor forma de prevenir los perjuicios y daños ambientales de un proyecto o actividad es evaluar de forma previa los riesgos e impactos ambientales. Por ello, la Corte entiende que en un supuesto como el del campo dunar de Concón, que incluye una parte que ostenta la categoría de Santuario de la Naturaleza, es imprescindible someter las obras de cierre a Evaluación de Impacto Ambiental. Solo de esta forma es posible determinar cual será el impacto en el medio ambiente y no se vulnerará el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El profesor Cordero refiriéndose a este caso indica: El dueño de un predio que por medio de cierres pretende ejercer su dominio, sin someter la ejecución de las obras a una EIA, que garantice que estas cumplen con la normativa vigente, importa la vulneración de garantías en la Carta Fundamental, que 2 Cabe destacar la existencia de un voto en contra, por parte de los señores Pfeffer y Prieto, que optaban por confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones.

5 confiere un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. (Cordero. Jurisprudencia ambiental. Casos destacados. Legal Publishing pp ).