EN NOMBRE DE SM EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL. SENTENCIA núm. 722

Transcripción

1 Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 569/2005. Ponente: Ilma. Sra. Dª. Alicia Cano Murillo JORNADA LABORAL: permisos y licencias retribuidos: regulación legal: mínimos de derecho necesario: posibilidad de pactar en convenio condiciones sociales superiores a las legalmente establecidas; permiso para asistencia a consulta médica: alcance: asistencia a las sesiones de rehabilitación que por prescripción médica le correspondan. El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandada contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Badajoz, de fecha , en autos promovidos sobre derechos laborales. En Cáceres, a uno de diciembre de dos mil cinco, habiendo visto las presentes actuaciones de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo de la Constitución Española, EN NOMBRE DE SM EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL ha dictado la siguiente SENTENCIA núm. 722 En el RECURSO DE SUPLICACIÓN 569/2005, formalizado por el Sr. Letrado D. Elias Emilio Lorenzana de la Puente, en nombre y representación del Ayuntamiento de Monasterio, contra la sentencia de fecha , dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Badajoz en sus autos número 236/2005, seguidos a instancia de Dª. Flora, frente al Ayuntamiento de Monesterio, en reclamación por OTROS DERECHOS LABORALES, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra. Dª Alicia Cano Murillo, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes, ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente. SEGUNDO En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:

2 «La actora presta sus servicios para la entidad demandada, como personal laboral fijo desde el 11/1/93. En el mes de mayo de 2004 cursó baja laboral, situación que se mantuvo hasta el 27/1/05, fecha a partir de la cual y por prescripción medica debe someterse a tratamiento rehabilitador en el hospital de Zafra de 8.00 a tres veces por semana, siendo su horario de trabajo de 8.00 a horas. Realizada en tiempo y forma la conciliación previa no tuvo buen fin». TERCERO En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: «FALLO.-Que debo estimar íntegramente, y así lo hago, la demanda interpuesta por Doña Flora, contra Ayuntamiento de Monesterio y en su virtud reconocer el derecho que le asiste a asistir a las sesiones de rehabilitación que por prescripción médica le correspondan». CUARTO Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte. QUINTO Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 15/9/05, dictándose las correspondientes y subsiguientes resoluciones para su tramitación en forma. SEXTO Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 17/11/05 para los actos de deliberación, votación y fallo. A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sala los siguientes, FUNDAMENTOS DE DERECHO ÚNICO La actora, que trabaja para el Ayuntamiento de Monesterio demandado, cursó baja laboral en mayo de 2004, situación que se prolongó hasta el 27 de enero de 2005, fecha a partir de la cual, por prescripción médica, debe someterse a tratamiento rehabilitador en el hospital de Zafra de 8 a 10 horas, tres veces por semana, siendo su horario de trabajo de 8 a 15 horas. Siendo estos los hechos indiscutidos, la sentencia de instancia declara el derecho que le incumbe a la actora de asistir a las sesiones de rehabilitación que le correspondan por prescripción facultativa, desde luego sin ver disminuidas sus retribuciones, y que sustenta en el artículo 29 del Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento demandado, precepto que determina: «los trabajadores acogidos al presente convenio tendrán derecho a las siguientes licencias retribuidas: por el tiempo necesario para asistencia a consultas médicas». Frente a dicha decisión se alza la Corporación demandada para, con amparo en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563), denunciar la vulneración por la sentencia de instancia de los artículos 3.1 del Código Civil ( LEG 1889, 27) en relación con los artículos 1281 y siguientes del propio Texto Legal, en lo que respecta a la interpretación del artículo indicado de la norma paccionada, así como el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995, 997) ; y los artículos 5.a) y 20.2 del propio Estatuto, en lo que respecta al principio de buena fe que ha de presidir el entramado de derechos y obligaciones resultante de la relación laboral.

3 Primeramente hemos de dejar constancia de que artículo 37 del Texto Estatutario, concretamente su número tercero que regula el régimen de permisos retribuidos, es una norma mínima legal de obligado cumplimiento, con respecto de la que cabe mejorar su contenido para el trabajador por vía de convenio, al ser un supuesto típico de relación de suplementariedad del convenio con respecto de la Ley. Tal precepto regula, de forma completa una serie de permisos retribuidos, siendo una norma mínima cuyo contenido ha de ser respetado en todo caso, y en concreto, ha de ser respetado por el convenio colectivo que es objeto de examen, pues así lo impone el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, ello no significa que sólo quepan permisos retribuidos en aquellos casos normativamente previstos, sino que cabe ampliar los supuestos por vía de la negociación colectiva. Así se ha de deducir del juego conjunto del artículo 37.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836), 3.1, a y b y 3 del Estatuto de los Trabajadores y de su artículo 82.2 y 3. Dicha circunstancia es la que concurre en el supuesto examinado, en tanto que el Convenio Colectivo de la Corporación demandada establece como supuesto de permiso retribuido el necesario para asistir a consultas médicas. Pues bien, se quiera o no es lo cierto que la actora lo que viene haciendo es precisamente asistir a sesiones de rehabilitación por prescripción médica o facultativa, ateniéndonos a una interpretación literal de la norma, tal y como propugna el recurrente. Desde luego el hecho de que las sesiones se lleven a efecto por médico, fisioterapeuta, ATS o cualquier profesional dedicado a la asistencia sanitaria no cambia su origen, tal y como se pretende. Ni del propio modo lo hace las alternativas que expone, primeramente, como bien afirma el impugnante del recurso, por cuanto que no existe un ofrecimiento serio y concreto para solventar la situación de la mejor forma para ambas partes contratantes; y en segundo lugar por cuanto que esas supuestas reducciones de jornada o cambios de horario vienen previstos en el apartado 5 del artículo 37 para el cuidado directo de familiar en los supuestos que el mismo determina, y el apartado 7 del propio precepto para trabajadora víctima de violencia de genero, y ello en contestación a la supuesta interpretación teleológica que también propugna el disconforme. No podemos dejar de lado el hecho de que la demandante fue dada de alta médica el 27 de enero de 2005, con la consiguiente obligación de reintegrarse a su puesto de trabajo, y por prescripción médica debe someterse a rehabilitación, lo que entiende esta Sala no debe perjudicar a la trabajadora, a lo que se añade, y con ello se contesta a la invocación del principio de buena fe, que la recurrente en ningún caso alega que la demandante esté ejercitando el derecho de asistencia a las sesiones de rehabilitación de la forma mas gravosa para la demandada, sino en la única manera posible, con lo que mal se puede infringir dicho principio, que requiere que se sobrepasen manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero (artículo 7.2 del Código Civil). Cuestión distinta sería que la demandante y a propósito eligiera el horario para asistir a dichas sesiones haciéndolo coincidir con los momentos en que fuera mas necesaria su presencia en el puesto de trabajo, o procurara en la forma posible emplear mas tiempo del debido. Pero no es el caso, o al menos en ningún momento consta, sin que a ella le sea dado elegir entre estar en situación de baja laboral o no como parece que entiende el demandado, y tal y como hemos adelantado, sin que la Corporación haya ofrecido en concreto una solución beneficiosa para ambas partes. Lo que en realidad subyace en el recurso y en la posición del Ayuntamiento es la necesidad de que la actora «se de» de baja, lo cual, es obvio, no es factible con causa en su propia decisión, sin olvidar que el hecho de recibir el tratamiento cuestionado no tiene que generar la situación de incapacidad temporal, y que del propio modo tampoco queda constancia de que la demandante no lleve a cabo el cometido propio del puesto de trabajo que desempeña.

4 Es por todo lo expuesto, y al no concurrir las infracciones denunciadas, por lo que procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia de instancia. VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación, FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Sr. Letrado D. Elias Emilio Lorenzana de la Puente, en nombre y representación del Ayuntamiento de Monesterio, contra la sentencia de fecha , dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Badajoz en sus autos número 236/2005, seguidos a instancia de Dª. Flora, frente a la Corporación recurrente, en reclamación por OTROS DERECHOS LABORALES, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución de instancia. Se imponen las costas causadas en el presente recurso a la Corporación recurrente, en las que se incluirán los honorarios de letrado de la trabajadora impugnante en la cuantía de 300 euros. Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sala. Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia. Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, previsto en los artículos 216 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995, 1144, 1563), que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con los establecido, más en concreto, en los artículos 219, 227 y 228 de la citada Ley. Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, y por lo que respecta a los dos últimos preceptos dichos (227 y 228), que el depósito de los 300 euros deberá ser efectuado ante la Sala Cuarta o de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse ante ella y en su cuenta número 2410, abierta en el Banco Español de Crédito, SA Oficina 1006, sucursal de la calle Barquillo núm. 49, Madrid, mientras que la consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá acreditarse, cuando así proceda, por el recurrente que no goce del señalado beneficio de justicia gratuita ante esta Sala de lo Social al tiempo de preparar el recurso de casación para unificación citado, para lo cual deberá presentar en el tiempo dicho resguardo acreditativo de hacer efectuado la indicada consignación en la cuenta corriente «Código de cuenta del Juzgado 1131 Trib. Sup. Just. Sala Social Cáceres, Código

5 Entidad: 0030, Código Oficina: 5036, Banco: Banco Español de Crédito, SA, Nombre: Cáceres O.P., Dirección: Av. España, 27, CP Cáceres», bajo la clave 66 y Cuenta Expediente del Rollo de referencia, pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena mediante el correspondiente aval bancario en el que, expresa y necesariamente, habrá de hacerse constar la responsabilidad solidaria de la entidad bancaria avalista, documento escrito de aval que deberá ser ratificado por persona con poder bastante para ello de la entidad bancaria avalista. Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sala. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por la Ilma. Sra. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.