situación actual y que se difunden de forma irresponsable entre los colegas del sector, consideramos que es importante aclarar que:

Transcripción

1 En referencia a las últimas noticias publicadas por el diario ED Economía Digital firmados por el Sr. D. David Placer Abadín, referente a la gestión de los servicios de traducción e interpretación en los juzgados de Madrid, SeproTec quiere aclarar lo siguiente: Esta compañía lleva días sufriendo una campaña de desprestigio profesional iniciada por este diario digital en el que se cita información falsa y sesgada. Asimismo, hacemos constar que dicha información ha sido recabada por otras fuentes con intereses económicos en este servicio de Traducción e Interpretación para los Juzgados de Madrid y que el Sr. Placer Abadín en ningún momento se ha puesto en contacto con esta empresa para contrastar su veracidad. En vista de la falsedad de los datos y la inexactitud de la información, no corregida por este medio de comunicación, y al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo que regula el derecho de rectificación por información falsa, inexacta o sesgada, SeproTec se reserva el derecho a emprender medidas legales por una campaña de difamación y calumnias vertidas contra esta empresa y sus trabajadores. Esta compañía ha decidido, además, estudiar acciones legales contra el Sr. Placer Abadín por falsedad en documento y falsificación de datos personales y profesionales, firmados mediante declaración de veracidad cuando se hizo pasar por candidato de esta empresa. Nos sorprende el inmenso desconocimiento que muestra el diario digital ED Economía Digital después de su investigación, no sólo acerca de SeproTec, sino también del funcionamiento del servicio de traducción e interpretación judicial de los servicios públicos en Madrid. El diario digital ED Economía Digital, afirma que: «Con la privatización, de los 40 euros que la Comunidad pagaba a la empresa (SeproTec), los traductores solo percibían 16 euros. Es decir, la empresa privada, el intermediario, comenzó a ingresar 24 euros por hora cada vez que llamaba a un traductor para que hiciese su trabajo». Dado el inmenso desconocimiento que se pone de manifiesto con este tipo de afirmaciones, distintas a la realidad de la

2 situación actual y que se difunden de forma irresponsable entre los colegas del sector, consideramos que es importante aclarar que: 1. Esta información carece de veracidad, hecho originado por la publicación y difusión de información no contrastada, y que daña gravemente la imagen de esta compañía. 2. Actualmente la tarifa que la Dirección General de Justicia paga a SeproTec es de 14,37 euros por hora de interpretación mientras que el coste por hora más Seguridad Social por trabajador para SeproTec es de 13,33 euros. 3. Estos 14,37 euros por hora de interpretación que paga la Dirección General de Justicia incluyen, no sólo el precio/hora de la interpretación, sino también los gastos directos que paga SeproTec por cada intérprete, así como los gastos de desplazamiento por los diferentes juzgados en los que interpreta, las bajas por enfermedad, las indemnizaciones por fin de contrato y otros gastos generales de gestión, entre los que se encuentran: coordinadores de servicio encargados de recibir las solicitudes y la selección de los intérpretes, administrativos encargados de generar la facturas, llevar la contabilidad y gestionar los certificados de servicio, técnicos laborales encargados de regularizar la situación laboral de los intérpretes, gastos de teléfono, desplazamientos varios, gastos generales y servicio de atención y gestión 24 horas al día los 365 días del año. 4. Entre los 14,37 euros que recibe SeproTec y los 13,33 euros de coste hora por trabajador, hay 1,04 euros para pagar todos esos costes directos e indirectos por intérprete. Entendemos que son esos 1,04 euros por hora a los que hace referencia el diario digital ED Economía Digital cuando dice: «la compañía privada (SeproTec), que cobra una elevada comisión». 5. Por todo ello y dados los ajustadísimos márgenes con los que cuenta el modelo actual, esta empresa ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la difícil situación en la que se encuentran las empresas y profesionales de este sector para gestionar con normalidad estos servicios. 12

3 Además, las noticias de ED Economía Digital hablan de un servicio de traducción que ha «empeorado las condiciones laborales de los profesionales». Esta afirmación resulta difícil de entender si se conoce realmente la evolución que han tenido las condiciones laborales de los intérpretes que prestan servicio en los juzgados. Antes de que SeproTec se hiciese cargo de estos servicios, dichos intérpretes no contaban con ninguno de los derechos laborales que por ley les asisten, ya que trabajaban en situación irregular, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, y muchos de ellos ni siquiera contaban con permiso de trabajo. Consecuentemente, había un gran número de intérpretes que actuaban como falsos autónomos, e incluso en algunos casos, facturaban a nombre de terceros con el consiguiente perjuicio que esto supone no sólo para estos trabajadores, sino también para las administraciones públicas y la sociedad en general. A la vista de esas irregularidades SeproTec inició un profundo proceso de regularización hasta conseguir, a día de hoy, contar con una plantilla que se encuentra con una situación laboral regularizada y conforme a los derechos que por ley les corresponden. Además, la situación actual muestra el menor índice de incidencias jamás registrado en este tipo de servicios. Recordamos, además, que los servicios prestados para las instituciones públicas se pagan con el dinero de todos los contribuyentes, por lo que es responsabilidad de las administraciones públicas gestionar el presupuesto buscando siempre la mejor relación calidad/precio posible. Por otra parte, es responsabilidad de los adjudicatarios ejecutar el servicio según los términos acordados en el contrato de adjudicación, garantizando siempre y en todo momento los derechos fundamentales de traductores e intérpretes. Derechos que, insistimos, se han estado vulnerando reiteradamente hasta la llegada del actual modelo de gestión. Referente a este último punto, recordamos que el Director General de Justicia, entre otros, ha defendido públicamente la gestión de SeproTec, que ha registrado el menor índice de incidencias en la historia de estos servicios. En concreto, de los más de servicios durante el primer cuatrimestre de 2016, sólo se ha dado un 0,01% de incidencias. Además, ha defendido también el modelo actual, confirmando no sólo que es el más eficiente, sino también el más económico y beneficioso para todos los 13

4 ciudadanos, así como el único capaz de garantizar los derechos fundamentales de los traductores e intérpretes que ahora trabajan contratados conforme a la ley y, por tanto, bajo el amparo de un convenio colectivo. Recordamos también al diario ED Economía Digital que tanto el Defensor del Pueblo como el Tribunal Supremo han dado siempre la razón a SeproTec ante las denuncias presentadas por colectivos y asociaciones con intereses personales en la gestión de estos servicios. En cuanto a la supuesta investigación por parte de Antifrau (año 2013) de la que habla este diario, aclaramos una vez más, que desde SeproTec nunca hemos tenido constancia alguna de este hecho, y que dicho organismo nunca se ha puesto en contacto con esta empresa. No obstante, esta compañía abrirá siempre sus puertas a cualquier entidad que desee conocer su sistema de gestión, auditado anualmente por empresas de certificación externa: Norma ISO 9001:2008; Norma UNE-EN 15038:2006 y Norma ISO 14001:2004. Nos resulta verdaderamente difícil de entender que un medio de comunicación como ED Economía Digital, lejos de valorar y reconocer la labor del traductor e intérprete judicial, no haya denunciado hasta ahora un modelo de contratación ilegal de los intérpretes que trabajaban para los servicios públicos. Nos parece importante recalcar, por si algún interesado desconociese esta información, que según lo establecido por la legislación laboral y por la Inspección de Trabajo, el intérprete de servicios públicos (policial y judicial) es un trabajador por cuenta ajena, por lo que debe estar dado de alta en la Seguridad Social y contar con todos los derechos que por ley les pertenecen. Añadimos que todos los intérpretes de SeproTec que trabajan en estos servicios están adscritos al Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos, que es el convenio que regula a los trabajadores de nuestro sector. A este respecto, cabe resaltar que SeproTec ya intentó en el año 2008 acordar un convenio colectivo específico para traductores e intérpretes dadas las características diferenciadoras de estos trabajos, algo que debido a la desaparición de la federación que recogió esta iniciativa no se pudo materializar. No obstante, esperamos que casos recientes como los de Madrid, con una inspección de trabajo contra la empresa anterior por tener a 200 trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social, o el de Valencia, con una condena 14

5 al Consell y a la empresa adjudicataria por no haber dado de alta a los trabajadores, no se vuelvan a repetir en nuestro país: SeproTec denuncia también que el hecho de que haya empresas que mantengan a los intérpretes judiciales en situación irregular sin darles de alta en la seguridad social, jactándose además de pagar más que otras empresas del sector, es un acto de competencia desleal para las empresas que, como SeproTec, sí que cumplen con lo establecido por la ley y que, además, se han preocupado por regularizar la situación de los trabajadores pagando correspondientemente sus cotizaciones a la Seguridad Social. Por último, e intentando velar por un derecho fundamental como es el de la veracidad de la información, independientemente de la línea editorial de cada medio de comunicación, SeproTec quiere hacer un llamamiento al diario digital ED Economía Digital, para que, demostrando la buena fe de sus publicaciones, rectifique toda aquella información inexacta y que daña sin causa justificada la imagen de SeproTec y sus más de 300 trabajadores que prestan servicio en esta compañía con una innegable vocación de servicio público. 15