DESAMORTIZACION Y SUS CONSECUENCIAS

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1 DESAMORTIZACION Y SUS CONSECUENCIAS Desamortización consiste en lo contrario de amortización. Y por amortización se entiende un régimen de propiedad vinculada de forma inalienable a una persona jurídica. Una finca es propiedad de un municipio, de un convento, de un ducado. El bien se encuentra, por tanto, «vinculado», o pertenece, como entonces se decía, a <<manos muertas>>, metáfora expresiva de la inmovilidad en que habían caído tales propiedades. La vinculación implica un régimen de posesión intermedio entre la propiedad personal y el usufructo LOS TIPOS DE AMORTIZACIÓN Podemos clasificar la propiedad amortizada o vinculada en tres grandes grupos: la señorial, la eclesiástica y la municipal. La propiedad señorial: Era un vestigio del sistema que había imperado en la Edad Media. La nobleza se había apropiado sus territorios por derecho de conquista, por donación real, o por compra pero en todo caso había vinculado todas esas propiedades al patrimonio familiar. La ley de mayorazgos, dictaminada por las Cortes de Toro en 1505, había dado forma inapelable a aquel principio de indivisibilidad. El noble, en efecto, dentro del orden estamental, tenía como objeto la defensa de la sociedad. Su ejercicio era el de las armas, y no el trabajo manual. La prohibición de trabajar era para los miembros de la nobleza una ventaja o un inconveniente, según se mire (de hecho, muchos hidalgos de los siglos XVI o XVII habían vivido en extrema penuria). Naturalmente, si el noble no puede trabajar, ha de vivir de otra cosa, sobre todo en tiempos de paz; concretamente, de las rentas de la tierra. Con su patrimonio ha de poder ayudar también al rey en tiempos de guerra. Y, a fin de que este patrimonio no se disperse con el tiempo, ha de pasar íntegro a un único heredero, de modo que la «casa» no «mengue». Ni que decir tiene que esta filosofía había quedado trasnochada en los últimos siglos del Antiguo Régimen. La propiedad eclesiástica: Algo por el estilo podría decirse de los bienes de la Iglesia, y en especial de las órdenes religiosas. El clero, secular o regular, tenía la obligación de atender al culto divino, y también la instrucción de la sociedad. La enseñanza había estado en manos de la Iglesia; y aunque con la Edad Moderna se consagra el tipo del intelectual laico, los eclesiásticos no abandonaron por eso su misión educadora, que todavía en la época de la Revolución seguía teniendo una gran importancia, sobre todo a nivel local. Ya desde la Edad Media menudean las «donaciones» de ricos y personas pudientes a iglesias, cabildos, monasterios o abadías. Estas donaciones se mantuvieron, aunque a un ritmo decreciente, durante la Edad Moderna, hasta el mismo siglo XVIII. Por su parte, la Iglesia había adquirido nuevos bienes por compra (se encontraba en sus manos el 18 % de la propiedad en España). Casi todas las tierras de la Iglesia -también, en una buena proporción, las nobiliarias- eran trabajadas por colonos, que en la mayoría de los casos se quedaban con la cosecha y pagaban al señor o al convento una cantidad fija, o bien proporcional al fruto obtenido, en metálico: rentas, cánones, censos, foros. El régimen era sumamente variado. La forma mas favorable al colono era la enfiteusis, puesto que lo convertía en un cuasi propietario, que podía legar, testar o vender, no la propiedad, que no era suya, sino el uso de la tierra, que le pertenecía de pleno derecho. En general, puede decirse que la Iglesia era mas generosa que la nobleza en cuanto al régimen de colonato y renta, si bien, como es lógico, no puede particularizarse tal afirmación a todos los casos. La propiedad municipal: Un tercer tipo de propiedades vinculadas eran las que pertenecían a los concejos municipales. El origen de tal sistema es igualmente muy diverso, y en parte data ya de los tiempos de la Reconquista. Los municipios eran económicamente autónomos, lo cual era lógico, pues al no recibir ayuda económica del Estado del Antiguo Régimen, tenían que autofinanciarse. Sin embargo, en lo que respecta a las propiedades del municipio, hay que distinguir dos tipos muy distintos: había los bienes comunales (montes, prados, bosques, ríos), que eran propiedad colectiva de todos los vecinos y, por tanto, en concreto de nadie. Servían para pasto, forrajes, leña y hasta a veces para pequeños cultivos, respetados por todos. Y había los bienes de propios (tierras de mejor calidad, pero también rentas, molinos u otras fuentes de ingresos) que pertenecían a la corporación municipal como persona jurídica. Las tierras, generalmente, estaban arrendadas. Y de estos ingresos fijos se mantenía la organización municipal, con todos sus gastos y servicios. 1

2 De todas las propiedades vinculadas, la nobleza llevaba la mayor parte, luego venía la Iglesia y por último los municipios. Hay que pensar, sin embargo, que con las vinculaciones nobiliarias había una gran diversidad de repartos: desde el gran latifundio, abundante sobre todo en el Centro y Sur de España, hasta el pequeño mayorazgo, que apenas daba para vivir. La Iglesia poseía menos tierras, pero casi siempre de la mejor calidad; sin embargo, no siempre esta excelente calidad se reflejaba en altas rentas, por las razones ya indicadas. Y por último, los municipios poseían bienes comunales muy extensos pero, por su naturaleza, de bajo rendimiento; los propios, por el contrario, solían ser de buena calidad, pero su extensión relativamente reducida. En términos generales, puede admitirse que en la España del Antiguo Régimen estaba vinculado como mínimo el 70% de sus tierras útiles. Las teorías desamortizadoras datan en su integridad del siglo XVIII. De todas formas, hay que tener en cuenta que según un estudio muy reciente de R. Herr - la venta de bienes eclesiásticos ordenada por Carlos IV en 1798, de acuerdo con la propia Iglesia, superó en algunas provincias la operación decretada por Mendizábal. La desamortización eclesiástica Pero el siglo desamortizador por excelencia fue el XIX. Recordemos los decretos de incautación de conventos y tierras eclesiásticas expedidos por el gobierno de José I, que las Cortes de Cádiz supieron mantener como hechos consumados; y las medidas que se tomaron durante el trienio constitucional (ley de Monacales, supresión de mayorazgos, venta de propios). El regreso de Fernando VII al poder absoluto en 1823 deshizo toda esta legislación, pero no toda su obra, porque una parte de los bienes, por unas razones u otras, no volvió ya a sus primitivos detentadores. El mismo Fernando, en sus disposiciones sobre propios y baldíos en 1828, contribuiría a dar un paso más en el camino de la desamortización municipal, la medida más famosa, sin embargo (pero, como vemos, en absoluto la única), fue la tomada por Mendizábal en contra las propiedades de la Iglesia. En este caso no se trata de una simple desamortización, es decir, de la pérdida por parte de la propiedad de su calidad de «vinculada», sino de una incautación, que es distinto. Fue este procedimiento de fuerza, junto con el anticlericalismo de la dialéctica progresista, y el hondo respeto que una mayoría de españoles mantenía aún al estamento expoliado, lo que provocó tan amplia reacción.. El ministro progresista, quiso montar una gigantesca operación hacendística, económica, social y política, que cambiase de arriba a ajo las estructuras en España y garantizase definitivamente el prevalecimiento del Nuevo Régimen. Pero lo acuciante de las necesidades y la escasez de dinero en circulación le obligó a precipitarse, e impidió que aquella operación se convirtiese en una auténtica reforma agraria. Concretamente, los bienes incautados a la Iglesia pasaron a repartirse en pública subasta: no se trataba, por tanto, de un reparto benefactor, en que pudiera elegirse a los campesinos más necesitados, sino que, por el contrario, se quedaría con el botín el candidato capaz de pujar más alto. Por otra parte, la escasez de dinero en el país obligaba a un sistema de venta a plazos. En el acto del remate había que pagar un 20% del precio total convenido. El resto se pagaría en dieciséis años, y con un interés del 5 %. También se podía pagar -incluyendo la cuota inicial- con papel de la Deuda del Estado: en este caso el plazo seria sólo de ocho años, y el interés del 10%. Esta última fórmula era mucho más conveniente, puesto que el papel de la Deuda (precisamente porque el Estado no pagaba nunca) se había depreciado considerablemente, y sus tenedores estaban deseando desprenderse de él: Mendizábal les deparó una maravillosa ocasión de matar dos pájaros de un tiro. Al mismo tiempo, el Estado quedaba desentrampado de sus deudas. Lo malo era que sólo podían seguir este sistema de compra los poseedores de bonos del Estado, es decir, especuladores o personas pudientes. Cual fue el resultado de la desamortización eclesiástica? Parece que hacia 1843 se había colocado ya la mitad de las tierras: la subida al poder de los moderados frenó desde entonces la operación, hasta paralizarla por completo a la firma del Concordato de Pero la revolución progresista de 1854 aceleró de nuevo el proceso de ventas, y aún siguieron realizándose operaciones hasta Tan importantes como las ventas al mejor postor fueron las reventas efectuadas por éste. Comprar papel del Estado que ya se consideraba imposible de colocar, y vender luego en metálico, podía ser un magnífico negocio. Tampoco es del todo fácil calcular la valía y la cantidad dc las tierras que fueron objeto de transacción(8 % del total de las tierras cultivables de España, aunque hoy se cree que esta cifra se queda un poco baja). Como hemos visto, las Cortes de Cádiz calcularon los terrenos objeto de amortización eclesiástica en un 18% del total, cifra que, en cambio, parece un poco alta. Hay que tener en cuenta. además, que no todas las tierras dc la Iglesia fueron vendidas: se respetó una parte de las del clero secular. Parece lógico, aunque todavía no esté comprobado, que con la desamortización eclesiástica cambió de dueño de un 12 a un 15% de las tierras útiles de España. Valor muy grande en extensión, pero insuficiente, respecto del total, para poder hablar de una revolución agraria. 2

3 Otras formas de desamortización Ahora bien: la desamortización eclesiástica no fue más que uno dc los factores en el cambio de propiedad de la tierra. En 1837 se extinguieron definitivamente los mayorazgos y se restauró toda la legislación liberal en cuanto a señoríos. Estas medidas sí que merecen llamarse en sentido estricto desamortización, ya que lo que se hizo fue retirar a las propiedades su viejo carácter de «amortizadas". En adelante se podían vender, legar o repartir, pero eso no significaba en absoluto y que el antiguo señor tuviera que desprenderse de ellas; al contrario, quedaba convertido en propietario personal, con todas las ventajas que suponía el poder hacer libre uso de sus bienes. Donde ya hubo grandes problemas fue en la cuestión de los señoríos. Efectivamente, en el Antiguo Régimen, sobre todo en sus últimos tiempos, no siempre era posible separar con claridad señorío de posesión. Un noble podía tener tierras cuyos habitantes eran libres, o podía ser «señor de vasallos», siendo éstos propietarios de tierras. Pero con el tiempo vinieron a ser prácticamente lo mismo el censo, que los colonos pagaban al noble propietario que el «tributo» que los vasallos pagaban a su señor. En 1837 comenzó una serie interminable de «pleitos de señorío», entre los vecinos que, al emanciparse de la dependencia señorial, estimaban que las tierras eran suyas y los nobles que pretendían hacerlas pasar a su propiedad, alegando «señorío solariego», es decir, con derecho a las tierras. Por los datos que hasta ahora conocemos la mayoría de los pleitos fueron resueltos en favor de los nobles. Cuando menos para el caso de Andalucía tenemos noticia de presiones sobre los tribunales y de influjos a escala local. Los grandes propietarios supieron aprovechar las elecciones municipales de 1837 en adelante para colocar en los ayuntamientos rurales a sus paniaguados, o antiguos colonos, convertidos ya en arrendatarios: comenzaban con ello a ponerse las bases del caciquismo. En resumen, los antiguos señores se quedaron no sólo con todas las tierras solariegas o propiedad de la «casa», sino también con una buena parte de las que habían sido solamente de señorío. Tenemos, por consiguiente, que el estamento nobiliario no perdió sino, en todo caso, ganó con la desamortización. Ahora bien, aumentó o disminuyó sus patrimonios? Porque, como ya hemos visto, la ley les permitía vender, si así lo deseaban, sus propiedades. No parece que en un principio se animasen a desprenderse de aquellas tierras. La coyuntura económica aconsejaba, como hemos visto, refugiarse en el bien seguro que suponía la posesión de la tierra. Pero luego, conforme fueron mejorando las condiciones económicas, las seculares posesiones nobiliarias comenzaron a experimentar un cierto movimiento. Unos propietarios vendieron tierras para mejorar sus cajas de caudales, para edificar viviendas más modernas, e incluso con el fin de realizar cualquier inversión fructífera: otros muchos lo hicieron para comprarse otras tierras distintas y redondear de forma más racional el mapa de sus posesiones. En general, los altos nobles titulados más ganaron que perdieron en extensión de tierras; por el contrario, los pequeños mayorazgos tendieron a vender: algunos, incluso, llegaron a desprenderse o totalmente de sus fundos y pasaron a establecerse en la ciudad. La desamortización nobiliaria sigue un ritmo diametralmente opuesto a la eclesiástica; se acelera en épocas de orden y prosperidad, y se detiene en épocas turbulentas, cuando los progresistas dan la mayor prisa a las ventas de bienes de la Iglesia. A los propietarios no les interesa vender cuando, por existir una verdadera almoneda de tierras (eclesiásticas o comunales), tendrían que hacerlo a más bajo precio. Nos resta hablar finalmente de la municipal. EI proceso también aquí viene de antes, y ya hemos visto que no se interrumpe ni siquiera durante la «ominosa década». Sin embargo, el impulso de transferencia de tierras municipales a propiedad particular se dio en 1855, en gigantesca operación dirigida por Pascual Madoz. Ese mismo año fue también el más intenso en el proceso de subasta de habían sido de bienes de la Iglesia. El sistema se justificaba sobre la base de que los municipios, al depender ahora del ministerio de la Gobernación y participar en los presupuestos generales del Estado, no necesitaban ya de rentas propias. Al mismo tiempo, Madoz dispuso que una parte de las tierras no fueran subastadas, sino repartidas en «suertes» a vecinos pobres. La llamada desamortización Madoz, subsanaba así una de las más imperdonables lagunas de la desamortización Mendizábal. Pero. por lo que sabemos, la disposición no surtió todos los resultados previstos. En muchos casos, las tierras repartidas fueron las más pobres, y las «suertes» demasiado pequeñas, con lo que los campesinos perdieron el interés por unas propiedades tan poco rentables. 3

4 Los resultados de la Desamortización En resumen, puede decirse, que las tres desamortizaciones movieron un volumen considerable de la propiedad agraria en España y, lo que es mas importante, permitieron un aumento muy sustancioso de la superficie de tierra cultivada: cambió de dueño cerca de una tercera parte de las tierras útiles de España. Sin embargo, esta conclusión no da pie para hablar de una verdadera revolución agraria. Es muy arriesgado asegurar que la tierra se repartió mejor y, en conjunto, hay más razones para suponer que ocurrió todo lo contrario. Está prácticamente comprobado que en las zonas de latifundio -el Sur o el Oeste de España- la propiedad se concentró todavía más. En las de minifundio (tal Galicia), no hubo, en cambio, concentración, sino en todo caso el fenómeno inverso. Aquí, el arrendatario o «forero» se convirtió en propietario, y el subarrendatario, en arrendatario, sometido al nuevo dueño. En ningún caso se aprecia una notable racionalización de los cultivos, o un aumento de la productividad por unidad de superficie. De todas formas, no seria justo negar algunos aspectos positivos de las operaciones desamortizadoras. Por de pronto, la propiedad quedó libre de aquella condición estancada que inmovilizaba su circulación. Desaparecieron muchas tierras improductivas, porque los nuevos dueños, a los que habían costado su dinero, hicieron posible por conseguir de ellas mejores frutos. La superficie dc tierras cultivadas aumentó entre 1800 y 1860 en cosa de un 80%, si bien no todo este aumento fue debido a las incautaciones o cambios de dueño Por otra parte. el negocio fue doble: para quienes compraron y para quienes vendieron. En el caso de los bienes de la Iglesia, no fue ésta la que se benefició, sino el Estado. En el caso de la desamortizaci6n señorial o disolución de mayorazgos, las operaciones favorecieron por igual a ambas partes. Los nuevos propietarios buscaron obtener de!a tierra un mayor fruto, y el resultado fue el considerable aumento de la superficie cultivada a que antes nos referíamos. Es cierto que el rendimiento de las tierras «nuevas», es decir, no roturadas hasta entonces, fue inferior al de las antiguas, que eran por lo general las de mejor calidad; pero el producto agrario en su conjunto aumentó, España pasó de importador a exportador de trigo, y el hambre endémica fue en gran parte desterrada. Por su parte, los vendedores se encontraron en posesi6n de una considerable cantidad de dinero, que podían invertir a su voluntad. No siempre se supo emplear aquellos caudales racionalmente; pero consta que algunas empresas industriales o de servicios de la segunda mitad del siglo (y de forma especial las inversiones ferroviarias) fueron financiadas con el producto de la venta de tierras. El mecanismo no nos es aún debidamente conocido; pero se tiene la impresi6n de que aquí se encuentra uno de los rasgos más positivos de las operaciones desamortizadoras. Por el contrario, el lado negro está en lo social. La desamortización comportó una transformación completa en el régimen de propiedad y trabajo de la tierra, más importante en sí que la desamortización misma, puesto que afectó igualmente a las propiedades no desamortizadas. Así como en el campo industrial la disoluci6n de los gremios - en sí misma conveniente- no fue seguida de otras formas de trabajo que asegurasen la defensa del obrero, así también sucedió en el campo; con la disolución del régimen señorial. Desapareció la figura del colono. Determinados colonos acomodados pudieron comprar sus propias parcelas y se convirtieron en medianos o pequeños propietarios. Otros no pudieron hacer lo mismo, y quedaron reducidos a la condición de arrendatarios. Los nuevos amos - o también los antiguos, protegidos por la nueva legislación- prefirieron el sistema de arrendamiento a corto plazo, que permitía subir las rentas al menor tirón del índice de precios, o expulsar al arrendatario poco grato. Por su parte, el arrendatario, estrechado por la exigencia de las nuevas rentas, no podía pagar salarios generosos a sus peones, so pena de quedarse sin beneficios. El sistema de contrata eventual de jornaleros, que sólo encontraban trabajo en determinadas épocas del año, se generalizó en todas partes. Así se fue consagrando la proletarización del campesinado, uno de los frutos más amargos de la desamortización y, más aún, del cambio de régimen de la tierra. Para terminar, pensemos en una curiosa paradoja sociopolítica. Mendizábal había previsto entre los resultados de la desamortización la consagración de una burguesía propietaria que fuese la más firme columna del régimen. Lo consiguió? Sí y no, según lo miremos. Efectivamente, muchas personas accedieron a la propiedad, aunque hoy parece comprobado que muchos de los adquirentes de tierras eran ya propietarios con lo que no habrían cambiado de naturaleza, sino tan sólo de categoría o poder. Pero, como es explicable, todos estos propietarios, si bien quedaron vinculados al régimen liberal que les había enriquecido, se hicieron de inmediato «amantes del orden» y enemigos jurados de cualquier medida ulterior que implicase reforma o revoluci6n. Todos ellos engrosaron las filas del partido moderado hasta hacerlo prácticamente invulnerable. El liberalismo español quedó alicorto y reducido a un grupo de conocidos, aficionados a la política. El progresista Mendizábal firmó sin pretenderlo el entierro de su partido por espacio de más de una generación. 4

5 LOS DECRETOS DE MENDIZABAL Exposición a Su Majestad: Señora: La necesidad de saludables y prudentes reformas en el clero secular y regular ha sido reconocida hace largo tiempo por el reino junto en Cortes, que no cesó de clamar constantemente para que se pusiese un coto a los extravíos de un celo indiscreto y piedad mal entendida que tantos perjuicios y males ocasionaron al Estado... Decreto: 1. Los monasterios y conventos de religioso no tengan 12 individuos profesos, de dos terceras partes a lo menos sean de coro, quedan desde luego suprimidos: y lo mismo se verificará en lo sucesivo respecto de aquellos cuyo número venga a reducirse con el tiempo a menos de lo establecido. 7. Los bienes, rentas y efectos de cualquier clases que posean los monasterios y conventos que deban quedar suprimidos, se aplican desde luego la extinción de la Deuda pública o pago de sus réditos. 25 de julio de 1835 EXPOSICIÓN A SU MAJESTAD LA REINA GOBERNADORA: Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad de la nación no es tan sólo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la Deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las rentas: es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública: vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y de la libertad. No es, señora, ni una fría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito, por más que esta sea la palanca que mueve y equilibra en nuestros días las naciones de Europa; es un elemento de animación, de vida y de ventura para España. Es, si puedo explicarme así, el complemento de su resurrección política... Real Decreto: 1º Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier título o motivo, y también todos los que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación. 19 de Febrero de