El proceso para realizar la consulta sobre el futuro político de Cataluña: un balance

Transcripción

1 El proceso para realizar la consulta sobre el futuro político de Cataluña: un balance Informe número 19 Barcelona, 2 de Abril de 2015 Resumen

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3 El proceso para realizar la consulta sobre el futuro político de Cataluña: un balance Resumen Informe número 19 Barcelona, 2 de Abril de 2015

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5 Índice Antecedentes 5 El camíno hacia la consulta del 9-N 7 El proceso participativo del 9-N y sus consecuencias 9

6 El proceso para realizar la consulta sobre el futuro político de Cataluña: un balance Resumen El documento Balance del proceso de consulta sobre el futuro político de Cataluña: un balance resume las medidas adoptadas en los últimos años por las instituciones catalanas para dar respuesta a la fuerte demanda por parte de amplios sectores de la ciudadanía para poder decidir sobre el futuro político de Cataluña. Este proceso se caracteriza por su carácter pacífico, democrático, con pleno respeto por los derechos individuales y de las minorías, con una clara voluntad de buscar el diálogo y el acuerdo político con el Estado español y para seguir todos los caminos legales existentes en el marco jurídico actual. El Estado español se ha negado hasta ahora a participar en cualquier tipo de diálogo político con las autoridades catalanas. Se han bloqueado también todos los mecanismos legales existentes en la actualidad para organizar una consulta de mutuo acuerdo sobre el futuro político de Cataluña. Esto ha incluido la petición de cargos penales contra el presidente y dos miembros del Gobierno de Cataluña. Antecedentes El Parlamento catalán, abolido en 1714, restablecido en 1931 durante la Segunda República Española y suprimido por la dictadura de Franco, ha aprobado hasta ocho resoluciones pidiendo el derecho a la autodeterminación desde su restauración en De hecho, el catalanismo político siempre ha considerado Cataluña como nación, aunque esta naturaleza Pág 5

7 nunca fue reconocida explícitamente ni por la Constitución española de 1978 ni por el Estatuto de En Septiembre de 2005, la consideración, ampliamente compartida, que el "Estado de las autonomías" no responde adecuadamente a las aspiraciones y necesidades de Cataluña lleva a una propuesta de reforma del Estatuto aprobada por el 89% de los diputados del Parlamento catalán. El debate en el Parlamento español conduce a un proyecto sustancialmente menos ambicioso, que sin embargo fue aprobado por el pueblo catalán en referéndum el 18 de Junio de No obstante, el nuevo Estatuto fue impugnado por el Partido Popular español ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal tardó cuatro años, con varios episodios oscuros que sembraron una sombra de duda sobre su independencia, para dictar una sentencia negativa que frustró todos los esfuerzos de los cinco años anteriores. Este episodio marcó un punto de inflexión y provocó masivas movilizaciones de la sociedad civil catalana a favor de la independencia. En 2010 una manifestación en Barcelona reunió a un millón de personas en contra de la sentencia. En una manifestación similar el 11 de Septiembre de 2012 se pudieron ver un millón y medio de personas en las calles de la capital catalana bajo el lema "Cataluña, nuevo Estado de Europa" (la población total de Cataluña es de 7,5 millones de personas). Desde entonces, el número de manifestantes que han respondido a la llamada de los grupos de defensa de los derechos civiles catalanes no ha dejado de aumentar. Las grandes movilizaciones se han caracterizado por su naturaleza cívica, pacífica e inclusiva. Mientras tanto, todos los intentos por parte del Gobierno catalán para propiciar el diálogo político con el gobierno español se han estrellado sistemáticamente contra el muro de la negativa. Este fue el caso, especialmente cuando en Septiembre de 2012 una última propuesta de pacto fiscal más justo realizada por el Gobierno catalán fue rechazada por el Gobierno de Rajoy, aunque este rechazo se basó en el mantenimiento de los mecanismos de solidaridad para la financiación de otras regiones españolas. Este episodio fue la última gota que precipitó la convocatoria por parte del presidente Artur Mas de elecciones anticipadas el 25 de Noviembre de 2012 con el fin de formar un nuevo Parlamento que reflejara mejor la evolución del panorama político catalán y para obtener un Pág 6

8 nuevo mandato, en particular en la cuestión de ejercer el "derecho a decidir". El Parlamento constituido el 23 de Enero de 2013 aprobó una "declaración de soberanía", con 85 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, pidiendo "el ejercicio del derecho de los ciudadanos de Cataluña a decidir su futuro político colectivo". Sólo unas semanas después, el 13 de Marzo, el Parlamento pide al Gobierno catalán "iniciar un diálogo con el Gobierno del Estado para la organización de una consulta sobre el futuro de Cataluña", con una mayoría aún mayor (104 votos a favor). El Parlamento catalán tiene 135 diputados. El camino hacia la consulta del 9-N Las resoluciones del Parlamento catalán y las manifestaciones masivas fueron despreciadas de nuevo por las autoridades españolas y el diálogo propuesto nunca vio la luz. En este contexto, de acuerdo con el mandato del Parlamento, el 12 de Diciembre de 2013, seis partidos políticos que representan el 64% de los escaños en el Parlamento catalán, en representación de todo el espectro político, acordaron una fecha y las preguntas del referéndum (9 de Noviembre de 2014). El presidente del Gobierno español criticó lo que consideró una decisión "unilateral" que hacía imposible cualquier negociación con la Generalitat de Catalunya, mientras negaba cualquier uso de las disposiciones de la Constitución Española que permiten la realización de un proceso de este tipo. Vale la pena señalar que el Consejo Asesor para la Transición Nacional, órgano independiente de carácter interdisciplinario con las funciones de asesorar a las instituciones catalanas en estos temas, que ha elaborado el llamado "Libro blanco de la Transición Nacional", había identificado en un primer informe no menos de cinco vías para celebrar la consulta de acuerdo con el actual marco legal. Mientras tanto, los grupos representativos de la sociedad civil siguieron movilizando un número creciente de seguidores: el 11 de Septiembre de 2013, una cadena humana de 400 kilómetros de largo, cruzó el territorio catalán de norte a sur, con una movilización de cerca de 1,6 millones de personas. Un nuevo intento a principios de 2014 por solicitar la delegación de la competencia para organizar un referéndum consultivo (según lo previsto por el art de la Constitución Pág 7

9 Española, CE) fue igualmente rechazado por una gran mayoría del Parlamento español (8 de Abril de 2014). Es importante recordar que el proyecto de ley propuesto subrayaba la voluntad del Gobierno catalán de buscar un acuerdo con el Estado, tanto en la celebración de una consulta como en la implementación de su resultado. El proyecto también ponía el énfasis en que cualquier decisión sobre el futuro político de Cataluña debía basarse, como en los casos similares (Quebec y Escocia), en el principio democrático de la UE (art. 1.1) y en la posibilidad de un referéndum consultivo (art. 92 CE). El principal argumento utilizado por el Gobierno español consiste esencialmente en negar el "derecho a decidir" de los catalanes al considerar que se trata de un asunto que afecta a la soberanía española y por tanto debe ser decidido por todos los ciudadanos españoles. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional español de 25 de Marzo de 2014 (sentencia 42/2014), como se explica en detalle en la versión completa de este informe, hace plausible concluir que, aunque Cataluña no sea un sujeto político soberano para decidir unilateralmente sobre su futuro político, sus ciudadanos pueden ser consultados al respecto en el marco constitucional español. En el aspecto político, el presidente catalán Artur Mas ha instado a menudo a las autoridades españolas a seguir el ejemplo británico, y en varias ocasiones se ha ofrecido a iniciar negociaciones políticas, señalando su predisposición a reabrir incluso los términos, la fecha y la pregunta del referéndum. Estas ofertas han sido rechazadas sistemáticamente. El apoyo popular ha sido una característica constante del proceso. Una vez más, durante la Fiesta Nacional del 11 de Septiembre de 2014, 1,8 millones de personas tomaron las calles de Barcelona. En este momento, más de entidades ya se habían unido al llamado "Pacto Nacional por el derecho a decidir" y 920 municipios de un total de 947 habían aprobado resoluciones en apoyo de la celebración de una consulta. Como todos los intentos de lograr una solución negociada habían sido bloqueados, la Generalitat recurrió a la última herramienta legal a su disposición, una ley autonómica sobre las consultas no referendarias, previsto en el art. 122 del Estatuto. Esta fue aprobada por el Parlamento catalán el 19 de Septiembre de 2014, con 106 votos a favor y 28 en contra. Junto con la aprobación de esta ley, el presidente catalán firmó un decreto convocando una consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña el 9 de Noviembre. Pág 8

10 Las cuestiones planteadas fueron las acordadas a principios de Diciembre de 2013 por los seis partidos políticos: Quiere que Cataluña se convierta en un estado? En caso afirmativo, quiere que este estado sea independiente?. Tanto la ley como el decreto fueron impugnados inmediatamente por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional. Los recursos fueron rápidamente admitidos a trámite por el Tribunal, dando como resultado la suspensión inmediata de la consulta. Más tarde, el 25 de Febrero de 2015, el Tribunal emitió sentencias negativas, lo que confirma su interpretación cada vez más restrictiva de la Constitución, e incluso de su propia jurisprudencia en esta materia, totalmente acomodaticia con línea oficial del Gobierno español. Después de intensos debates políticos en Cataluña, el 13 de Octubre de 2014 el presidente Mas admitió que era imposible celebrar la consulta bajo la ley suspendida 10/2014 y el posterior decreto 129/2014, pero al día siguiente se anunció la celebración de un proceso participativo en la misma fecha, 9 de Noviembre, impulsado principalmente por la sociedad civil catalana, con el apoyo logístico de los municipios y la Generalitat. Esto dio lugar a la apertura de colegios electorales con mesas operadas por voluntarios. Una vez más, el Gobierno español había desafiado previamente este nuevo desarrollo ante el Tribunal Constitucional, con el objetivo de suspender todas las operaciones, y amenazó las autoridades catalanas con el procesamiento. El proceso participativo del 9-N y sus consecuencias A pesar de estas acciones y amenazas, el 9 de Noviembre más de 2,34 millones de ciudadanos catalanes participaron en esta consulta en un ambiente tranquilo y festivo, con una gran atención por parte de 125 medios de comunicación nacionales e internacionales, y en presencia de equipos de observadores internacionales. Casi 1,9 millones de personas votaron sí a ambas preguntas (80,9% de), votaron sí / no (10,1%), votaron no (4,5%) y el resto fueron votos en blanco o no válidos. Una vez más, el proceso se desarrolló sin incidentes y el papel de los voluntarios fue Pág 9

11 clave para asegurar un proceso de votación suave y transparente. El único incidente que se produjo fue una ola masiva de los ciberataques lanzados este día contra la Administración catalana pero que no afectó significativamente el funcionamiento normal de sus Departamentos. Una vez más, el mismo día, el presidente Artur Mas reiteró por escrito al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, su voluntad de iniciar un diálogo para acordar los términos de un referéndum vinculante definitivo. La respuesta fue nuevamente negativa. Así que el presidente catalán, Artur Mas, de acuerdo con otras fuerzas políticas favorables al derecho a decidir, anunció la convocatoria de unas elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña para el próximo 27 de Septiembre, en las que este tema será el elemento central. El Gobierno español reaccionó mediante la presentación de cargos penales contra el presidente, la vicepresidenta y la consejera de Educación catalanes. Después de un serio enfrentamiento entre los fiscales catalanes y la oficina del fiscal del Estado, se recibieron los cargos el 21 de Noviembre por sus presuntas responsabilidades en el proceso participativo del 9-N. Los cargos (desobediencia, malversación de fondos públicos) eventualmente podrían llevar a la suspensión e inhabilitación para cargo público e incluso a la cárcel. Pág 10

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