Documento estratégico

Transcripción

1 Documento estratégico Food First! Posición y documento estratégico de FIAN sobre agrocombustibles October 2008

2 Documento estratégico October 2008 FIAN International Willy-Brandt-Platz Heidelberg Germany Publicado por FIAN International, Germany

3 Food First! Posición y documento estratégico de FIAN sobre agrocombustibles Las personas que sufren hambre y los/as pobres de todo el mundo no deben pagar las consecuencias del calentamiento global y de la crisis energética actual. Las estrategias para encontrar fuentes de energía alternativa deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. De lo contrario, el remedio será peor que la enfermedad. Durante muchos años, más de 850 millones de seres humanos han estado sufriendo hambre. Para ellos/as la crisis alimentaria no es ninguna novedad. La actual expansión agresiva de la producción de agrocombustibles pone en peligro el derecho a la alimentación adecuada de la mayoría de los grupos oprimidos en todo el mundo, cuyo número ha aumentado drásticamente en los últimos años. FIAN expresa sus profundas preocupaciones sobre la expansión de la producción de agrocombustibles por una multitud de razones: I. Violaciones del derecho a la alimentación derivadas de la producción industrial de agrocombustibles 1. Pérdida de la autonomía alimentaria Un elemento fundamental del derecho a la alimentación adecuada es la disponibilidad directa de alimentos, bien procedentes de tierras productivas o de otros recursos naturales, es decir, la capacidad de las personas de alimentarse teniendo un control seguro sobre la tierra, el agua y otros recursos necesarios para la producción de alimentos. Los desalojos forzados y la falta de acceso a la tierra y a los recursos productivos son ya hoy en día patrones comunes de violación del derecho a la alimentación a nivel mundial. Según el grupo de trabajo sobre hambre del Proyecto del Milenio, aproximadamente la mitad de las personas que sufren hambre en el mundo son hogares de pequeños/as campesinos/as; cerca de dos décimos son personas sin tierra. Un grupo más reducido, quizá un décimo, son pastores, pescadores y usuarios forestales. Los demás, cerca de dos décimos, viven en zonas urbanas. La creciente presión sobre las tierras y el agua, desencadenada por la promoción y agresiva expansión de los monocultivos energéticos, se está traduciendo en la mayor enajenación de los recursos naturales en manos de grupos rurales marginados. Esto afecta especialmente los derechos de los pueblos indígenas a tierras y territorio. FIAN han recibido en los últimos meses diversos llamamientos de grupos amenazados y afectados. Adicionalmente, el nuevo interés de los agentes económicos poderosos por la tierra ha provocado el aumento de su precio y entra en contradicción con las políticas de reforma agraria, tan urgentemente necesitadas para que los Estados cumplan sus obligaciones en materia del derecho a la alimentación. Con ello, se pone aún más en entredicho el acceso de los grupos sociales como las personas sin tierra a sus medios de subsistencia. Estos factores exacerban la existente erosión de la autonomía alimentaria de las personas rurales. 2. Mayor explotación de los recursos naturales Existe abundante documentación sobre la deforestación debida a los monocultivos energéticos (por ejemplo, las plantaciones de aceite de palma y los monocultivos de soja están agravando el cambio climático). La deforestación equivale a un quinto de las emisiones globales totales de CO2. Además, los monocultivos precisan del uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos, que contaminan las tierras, los ríos, las aguas subterráneas y los manantiales. Los monocultivos están además agotando las reservas de agua dulce, un recurso muy escaso. Con la creciente competencia por el agua dulce, aumenta su uso insostenible, lo que afecta

4 especialmente a las personas marginadas. A fin de garantizar una seguridad alimentaria estable y a largo plazo como parte de las obligaciones de los Estados en materia del derecho a la alimentación, debe asegurarse la sostenibilidad del abastecimiento de y del acceso a los alimentos. Esto implica el uso sostenible de los recursos naturales, incluida la biodiversidad, el agua y la tierra, necesarios para la producción de alimentos. Los monocultivos no son ni la solución a la crisis climática, ni a la crisis alimentaria. Muy al contrario, agravan ambas. 3. Mayor carga para las mujeres rurales La fuerte presión para cambiar de cultivos alimentarios a cultivos industriales acarrea consigo un mayor riesgo de que los hombres se hagan con el acceso de las mujeres a la tierra, al agua y a otros recursos productivos. Por ello, la producción de agrocombustibles puede exacerbar la desigualdad del acceso a la tierra entre hombres y mujeres. Este riesgo es especialmente grande en el caso de las denominadas tierras marginales y/o comunales en Asia, África y Latinoamérica, en donde se está promocionando de forma especial la jatropha. La falta de la biodiversidad debida a la producción industrial de agrocombustibles afecta de forma desproporcionada a las mujeres rurales pobres, minando su conocimiento y sus habilidades tradicionales sobre el empleo de plantas silvestres como alimento, forraje y medicina. El agotamiento de los recursos naturales, especialmente del agua, puede derivar en la violación del derecho a la alimentación de las mujeres, pues la producción de agrocombustibles dificulta su tarea de suministro de agua. 4. Condiciones de trabajo precarias Se han documentado en varios países graves violaciones relacionadas con los derechos de los trabajadores de plantaciones de caña de azúcar y aceite de palma, desde la sobreexplotación hasta la prohibición de sindicatos, y la imposición de trabajo forzado e infantil. Las condiciones laborales, especialmente en el sector de caña de azúcar, se están degradando y deshumanizando, por lo que no son conformes con las disposiciones de la legislación internacional de derechos humanos. En países como Brasil o Colombia, los cortadores de caña de azúcar están sometidos a condiciones de alojamiento y alimentación extremadamente malas. Además las condiciones laborales actuales en el corte de caña de azúcar ponen en entredicho la integridad física de los trabajadores, pues son víctima de graves enfermedades laborales y de malnutrición; y en algunos casos incluso mueren. II: Impactos indirectos de la producción industrial de agrocombustibles en el derecho alimentación 1. Los agrocombustibles y la crisis alimentaria mundial La producción de agrocombustibles presenta amenazas adicionales para el derecho a la alimentación adecuada. Se está deteriorando el acceso económico a los alimentos. La reciente sustitución de cultivos alimentarios por la producción de agrocombustibles ha contribuido de forma decisiva al reciente aumento de los precios de algunos alimentos de primera necesidad, como trigo, maíz, arroz y aceites vegetales. Las personas que viven en situación de pobreza gastan entre un 50-80% de su prepuesto en alimentos. El repentino aumento de los precios de los alimentos que se ha registrado recientemente ha puesto en peligro el acceso a alimentos de los grupos pobres de la población. Según las últimas estimaciones de la FAO, el número de personas malnutridas en todo el mundo ha incrementado de 848 a 923 millones. La FAO espera que esta tendencia siga a la alza en 2008, como resultado de la explosión de los precios. Adicionalmente, la ayuda alimentaria internacional ha tenido que enfrentarse a dificultades a la hora de hacer las entregas de alimentos, tanto los adquiridos localmente como los excedentes de los países exportadores. Cada vez es más difícil tener acceso a estas opciones.

5 2. La producción industrial de agrocombustibles es un riesgo para los/as productores/as a pequeña escala Los/as campesinos/as en el Norte y en el Sur, incluidos/as los/as pequeños/as campesinos/as, están dedicando sus cultivos a la producción de agrocombustibles. Algunos de ellos consideran que las políticas actuales sobre la promoción de los agrocombustibles y la subida de los precios agrícolas son un desarrollo prometedor que puede revitalizar las áreas rurales y mejorar los deteriorados ingresos de los/as campesinos/as. De hecho, a lo largo de las últimas décadas, los/as pequeños/as productores/as han estado exigiendo mejores precios para sus productos. A pesar de ello, las políticas y los programas orientados a incorporar a los/as campesinos/as a pequeña escala a la producción de los agrocombustibles son extremadamente limitados y ambivalentes. La mayoría de estos programas están diseñados de forma que los/as pequeños/as productores/as dependen ampliamente de las grandes compañías agrícolas que controlan los precios, el procesamiento y la distribución de la producción. Los/as pequeños/as campesinos/as generalmente no pueden beneficiarse de los altos precios agrícolas, ya que estas ganancias están monopolizadas por los que controlan los procesos de comercialización. En muchos casos, los/as pequeños/as productores/as se arriesgan a perder sus tierras sino son capaces de competir para permanecer en el negocio. III. No violar el derecho a la alimentación en nombre del desarrollo En líneas generales, FIAN aprecia los esfuerzos por reducir la dependencia de los combustibles fósiles, por encontrar fuentes de energía alternativa no perjudiciales para el medio ambiente y por replantear los modelos actuales de consumo. Esto es especialmente importante para los países del Sur, a fin de que éstos puedan fortalecer su desarrollo autodeterminado. Además, el cambio climático tendrá consecuencias drásticas en el abastecimiento global de alimentos. Sin embargo, debemos recordar que en el pasado nuestras sociedades a menudo han justificado el desposeimiento, la sobreexplotación y el sufrimiento de los más marginados en nombre del desarrollo. La expansión de los agrocombustibles atiende actualmente a un patrón similar, pero esta vez en nombre del desarrollo de fuentes de energía alternativa y de la solución de la crisis climática. FIAN exige que los cambios en los modelos actuales de consumo energético y el desarrollo de políticas de energía alternativa se hagen en plena conformidad con el derecho internacional de derechos humanos. El cambio debe comenzar por los responsables del calentamiento global: los denominados países desarrollados y sus sistemas económicos insostenibles. IV. La lucha real contra el hambre y el cambio climático Los agrocombustibles no resolverán el problema del hambre en el mundo. Muy al contrario, pueden empeorar una situación ya muy crítica. Los Estados y la comunidad internacional se han comprometido y han dado máxima prioridad a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El objetivo número uno es reducir a la mitad el porcentaje de personas que sufre hambre en todo el mundo. Desgraciadamente, es evidente que los pasos concretos que se han tomado hacia este objetivo son totalmente insuficientes. Para alcanzar sus objetivos, los Estados y la comunidad internacional deben dedicar el máximo de sus recursos disponibles a políticas y programas que combatan el hambre, antes de embarcarse en políticas de promoción de agrocombustibles con grandes potenciales de empeorar la crisis alimentaria. En las estrategias orientadas a la erradicación del hambre, debe enfatizarse los instrumentos de derechos humanos, como el derecho a la alimentación, y propuestas de política como la soberanía alimentaria. El sistema comercial internacional debe ajustarse a las necesidades de los más pobres y a los estándares de sostenibilidad social y medioambiental, en lugar de a los deseos de los más fuertes.

6 La plena rendición de cuentas con las obligaciones y responsabilidades de derechos humanos debe ser aceptada por las empresas privadas transnacionales y las organizaciones internacionales incluyendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. La promoción de la producción de alimentos por parte de pequeños/as productores/as para el mercado local y nacional debe constituir una prioridad. Las políticas de reforma agraria deben fortalecerse teniendo especialmente en cuenta a los grupos rurales marginados. A estos grupos se les debe garantizar también el acceso a y el control sobre la tierra y otros recursos productivos. Las políticas de producción agroecológica deben priorizarse, asegurando el uso sostenible de los recursos naturales para la producción de alimentos y revalorizando los conocimientos tradicionales e indígenas sobre la producción y la cultura nutricional. Las políticas y los programas que fomentan el empleo de biomasa de forma descentralizada y la producción local de energía podrían ser compatibles con los derechos humanos y la visión de soberanía alimentaria. Se precisan medidas efectivas contra el calentamiento global, pero éstas deben ser diseñadas y aplicadas teniendo en cuenta los intereses de los Estados y de las personas más pobres, es decir, de los que se verán más afectados por la crisis climática. V. Compromiso de FIAN El antiguo Relator Especial para el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, justificó una moratoria de cinco años sobre la producción de agrocombustibles con métodos actuales por dos motivos: la necesidad de implantar estructuras regulatorias que protejan frente a los impactos negativos en los derechos medioambientales, sociales y humanos; y de dar tiempo al desarrollo de nuevas tecnologías. FIAN respalda esta moratoria, por ser un llamamiento urgente y fuerte a tomarse en serio un principio preventivo de salvaguarda de los derechos humanos. Hay suficiente evidencia de que la urgencia repentina y mal concebida por convertir en combustibles alimentos como el maíz, el trigo, el azúcar y el aceite de palma representa una seria amenaza para las vidas y para el sustento de los sectores de nuestra sociedad más pobres y marginados. Esto, además, está agravando el hambre y la pobreza en el mundo. Los agrocombustibles no son la única causa de la situación actual, pero su gran impacto en ella es indiscutible. Además, las repercusiones de la producción de agrocombustibles y su expansión no han sido evaluadas adecuadamente, y faltan estructuras regulatorias adecuadas las pocas existentes son muy débiles para proteger a los grupos sociales más vulnerables de los efectos adversos. Por otro lado, los procesos de toma de decisiones en materia de combustibles no han tenido en cuenta a los grupos sociales que se verán más afectados: los/as pobres rurales y urbanos/as. FIAN continuará documentando los casos de violaciones del derecho humano a la alimentación y otros derechos relacionados, causadas por la producción de agrocombustibles, con el centro de atención puesta en las violaciones relacionadas con la pérdida del acceso al alimento y al agua, la pérdida de la autonomía alimentaria, la discriminación de género, el agotamiento de los recursos naturales y las condiciones laborales precarias. Sobre la base de casos concretos, FIAN realizará trabajo de defensa y de protesta pública para que se haga frente a este tipo de violaciones. FIAN cooperará estrechamente con los/as sin tierra y los/as pequeños/as campesinos/as y organizaciones de trabajadores rurales, así como con las agencias de desarrollo y las organizaciones de derechos humanos, afectadas por la producción de agrocombustibles, y/o

7 realizará trabajo de seguimiento. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de alianzas y redes para desarrollar estrategias eficaces contra las violaciones del derecho a la alimentación y otros derechos humanos, derivadas de los proyectos de producción de agrocombustibles. FIAN contribuirá al desarrollo y al fortalecimiento de los mecanismos regulatorios estatales para el sector de la agroenergía, teniendo en cuenta la legislación internacional de derechos humanos. Los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Comunidad de Estados tienen la obligación vinculante de realizar el derecho a una alimentación adecuada y otros derechos humanos. Y hay que hacer frente a un desafío primordial: la exigibilidad del derecho a la alimentación ante los intereses de los agentes económicos poderosos (agronegocios, transnacionales del petróleo y fabricantes de automóviles) que están invirtiendo en la producción de agrocombustibles. FIAN no participará en la promoción de programas de certificación privada de producción sostenible de agrocombustibles. FIAN considera que no hay motivo para exigir una producción sostenible únicamente para los agrocombustibles líquidos destinados al transporte. Los estándares de derechos humanos deben aplicarse a toda la producción agrícola, independientemente de su uso final. El monitoreo e implementación de los derechos humanos debe ser tema público obligatorio, y no debe basarse en programas voluntarios privados. Dadas la gran dimensión del sector, no es posible que este tipo de iniciativas parciales puedan establecer un marco significativo y coherente de monitoreo y garantía del cumplimiento de los derechos humanos en todo el sector. Sólo el poder regulatorio e impositivo de los Estados tiene posibilidades reales de lograr este objetivo. Heidelberg, Octubre 2008