CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL DE HUANCAYO SENTENCIA N

Transcripción

1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL PENAL DE HUANCAYO EXPEDIENTE : JR-PE-01. JUEZ : RAFAEL RODRIGUEZ LIZANA. ESPECIALISTA : JOSE PEREZ PONCE. BENEFICIARIO : ANDY BRAYAN SANDOVAL UTUS. DEMANDADO : WILLIAM SANTIAGO CORDOVA CAPUCHO (DIRECTOR DEL PENAL DE HUANCAYO). DEMANDADO : RICHARD PALOMINO PRADO (JUEZ DEL 3ER JUZGADO UNIPERSONAL DE HUANCAYO) DEMANDANTE : ANDY BRAYAN SANDOVAL UTUS. Resolución N 04 Huancayo, treinta y uno de julio Del año dos mil diecisiete.- SENTENCIA N I. ASUNTO Demanda de Hábeas Corpus interpuesto por Andy Brayan Sandoval Utus (demandante), contra el Director del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico, William Santiago Cordova Capucho, quien según el demandante no cumplió con realizar el Informe de Evaluación del Órgano Técnico del INPE, a fin que sea presentado como un requisito establecido por el Decreto Legislativo N 1300, para la procedencia de su solicitud de conversión de pena, efectuado en el Exp ante el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo. Asimismo, la demanda también fue interpuesta contra Richard Palomino Prado, Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, quien mediante Resolución N 02, de fecha 01 de junio del 2017, en el Exp. N , resolvió declarar improcedente la solicitud de conversión de pena, presentado por el demandante, al considerar que lo solicitado no cumplía con los requisitos estipulados por el artículo N 4, del Decreto Legislativo N II. ANTECEDENTES: Con fecha 19 de julio del 2016, en el Exp. N JR-PE-01, mediante resolución S/N, Sentencia N , el Juez del Cuarto Juzgado Penal Liquidador de Huancayo, Antonio Guillermo Castro Arroyo, resolvió condenar a Andy Brayan Sandoval Utus, como autor del delito Contra La Familia, en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Max Brayan Sandoval Huamán, imponiéndole un año de pena privativa de libertad efectiva, ordenando para ello que se curse los oficios correspondientes para que el ahora demandante, sea capturado e internado en el Establecimiento Penitenciario de Huancayo. El demandante ingresó al Establecimiento Penitenciario de Huancayo, el 16 de mayo del 2017, conforme se aprecia del 1

2 Informe N INPE/ JOTTP, para dar cumplimiento de la sanción penal interpuesta en su contra. El 18 de mayo del 2017, el demandante presentó su escrito solicitando al Juzgado Penal Unipersonal de Turno de Huancayo, se revoque la pena privativa de libertad interpuesta en su contra, por prestación de servicios a la comunidad, refiriendo que cumplió con pagar en su totalidad la deuda de S/. 1, soles, por concepto de liquidación de pensiones alimenticias devengadas, mas el monto de S/ soles, por concepto de reparación civil. Asimismo, indicó que no presenta antecedentes judiciales ni policiales, que no cuenta con trabajo fijo, que solo se dedica a laborar en trabajos eventuales y extemporáneos que le impide cumplir a cabalidad su obligación alimentaria. Finalmente, a su escrito adjuntó como anexos, copia simple de la Sentencia N , copia simple del Documento Nacional de Identidad de su hijo Andree Yaiko Sandoval Mendez, copia simple del Acta de Nacimiento de Andree Yaiko Sandoval Mendez, copia simple de su escrito de fundamentación de apelación interpuesto ante el Cuarto Juzgado Penal Liquidador de Huancayo, copia simple de su escrito mediante el cual presentó el voucher de la Constancia de Depósito Judicial N , por el importe de S/ soles, por concepto de reparación civil, y el original del Certificado de Trabajo, expedido por Ricardo Ramos Urbano, mencionado que el demandante labora en el taller de dicha persona, como su ayudante. En el Exp. N JR-PE-04, mediante resolución N 01, de fecha 22 de mayo del 2017, se resolvió admitir a trámite la solicitud de conversión de pena solicitado por Andy Brayan Sandoval Utus, señalando fecha de audiencia de conversión de pena, para el 01 de junio del 2017, la misma que se ordenó realizar en la sala de audiencias respectiva, del Establecimiento Penitenciario de Huancayo. El 01 de junio del 2017, en la Sala de Audiencias del Establecimiento Penitenciario de Huancayo, se llevó a cabo la audiencia de conversión de penas, en presencia de Andy Brayan Sandoval Utus, quien fue sentenciado como autor del delito de Omisión a la Asistencia Familia en agravio de Max Brayan Sandoval Huaman, a un año de pena privativa de libertad efectiva. El abogado Nestor Eduardo Gutarra Guerra, en su condición de abogado defensor del ahora demandante, presentó: copia certificada de la Sentencia N dictada por el Cuarto Juzgado Penal Liquidador de Huancayo, Certificado de Antecedentes Penales, Informe Favorable del Órgano Técnico del INPE, documento emitido por el INPE que acredita el régimen penitenciario en el que se encuentra el interno, y la declaración jurada del demandante mediante el cual señala la dirección de su domicilio. Mediante resolución N 02, el Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, Richard Palomino Prado, resolvió declarar improcedente la solicitud de conversión de pena, indicando que no se cumplen los requisitos estipulados por el Decreto Legislativo N Asimismo, dicha decisión judicial se basó, en que mediante el Informe N 090-2

3 2017-INPE/20/411-JOTPP, se consignó que el demandante no puede ser sometido a la evaluación semestral por el Instituto Nacional Penitenciario, debido a que el recurrente debería estar recluido por un periodo mínimo de seis meses en el establecimiento penal, y al haber ingresado el 16 de mayo del 2017, no se cumpliría con dicho requisito. El abogado del demandante, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución N 02, que declara improcedente su solicitud de conversión de pena, sin embargo, dicho recurso impugnatorio, también fue declarado improcedente, al haber sido interpuesto, fuera del plazo legal, por lo que dicha resolución, se declaró consentida, se dispuso devolver los anexos presentados por el solicitante, y se ordenó archivar el cuaderno de conversión de penas. III. PETITORIO El petitorio se circunscribe al cuestionamiento de la Resolución N 02, de fecha 01 de junio del 2017, dictada por el Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, Richard Palomino Prado, en el Exp. N , mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de conversión de pena privativa de libertad, por servicios comunitarios. En tal circunstancia, el recurrente solicita su inmediata libertad, toda vez que a su juicio se vulneró su derecho a la libertad individual, y su derecho a no ser discriminado por ningún motivo, dado que según refiere, se le discriminó al declarar improcedente su solicitud de conversión de pena, en tanto no se le practicó la evaluaciones correspondientes por el INPE, porque no se encontraba recluido en el Establecimiento Penal, por el periodo de seis meses, pese a que según alega, fue sancionado punitivamente a un año de pena privativa de libertad efectiva. IV. FUNDAMENTOS: DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA El artículo 139º de nuestra Carta Magna, establece los principios y derechos de la función jurisdiccional, dentro de estos regula en el numeral 3) la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional; mediante esta norma constitucional, se garantiza al justiciable, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro del marco legal penal sustantivo y adjetivo -entiéndase así para el presente caso-. Sobre la definición de la tutela procesal efectiva, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, alude: se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 3

4 resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. Es importante resaltar que el hábeas corpus es un proceso constitucional destinado a la protección de los derechos reconocidos en la Constitución, y no a la revisión de si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal son las más adecuadas conforme a la legislación ordinaria. En cambio, no puede decirse que el hábeas corpus sea improcedente para ventilar infracciones a los derechos constitucionales procesales derivadas de una sentencia expedida en un proceso penal, cuando ella se haya expedido con desprecio o inobservancia de las garantías judiciales mínimas que deben observarse en toda actuación judicial, pues una interpretación semejante terminaría, por un lado, por vaciar de contenido al derecho a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades fundamentales y, por otro, por promover que la cláusula del derecho a la tutela jurisdiccional (efectiva) y el debido proceso no tengan valor normativo (cursiva agregada). 1 HÁBEAS CORPUS Y DEBIDO PROCESO. El artículo 25 del Código Procesal Constitucional, enuncia los derechos que conforman la libertad individual, y son protegidos por el proceso constitucional de Habeas Corpus; sin embargo, el último párrafo, señala además que, también procede en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Esto es así, en la medida que el hábeas corpus es un proceso constitucional autónomo, en el cual el Juez constitucional asume un rol tutelar del derecho fundamental a la libertad personal y de los derechos conexos a éste, de acuerdo con el artículo 200º, inciso 1) de la Constitución. Por ello, el ámbito de protección del proceso constitucional de hábeas corpus debe ser visto desde una perspectiva amplia, según la cual es irrazonable establecer, a priori y en abstracto, un númerus clausus de derechos fundamentales conexos a la libertad personal a efectos de su tutela, así como excluirlos a efectos de su protección. El aludido criterio de amplitud sobre otros derechos conexos con la libertad individual, admite la posibilidad que en un proceso constitucional de hábeas corpus el Juez se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso; siempre que exista, en cada caso concreto, conexidad entre el derecho al debido proceso y el derecho a la libertad personal. Esa vinculación se da en el sentido que la legitimidad constitucional de toda medida que comporte una restricción del derecho a la libertad personal radica, precisamente, en el irrestricto respeto de las garantías inherentes al debido proceso. En otros términos, la conexidad se cumple cuando se restringe la libertad personal sin la observancia de las garantías del debido proceso. Así lo ha señalado este Tribunal en sentencia anterior (Exp. N HC/TC, FJ 7), al precisar que 2 : (...) si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso, en el presente caso, habida cuenta que se han establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora, tras la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, el Tribunal Constitucional 1 EXP N PHC, Fundamento 7. 2 EXP. Nº PHC/TC, Fundamento 2, tercer párrafo. 4

5 tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. DEL DERECHO A LA LIBERTAD INDIVIDUAL. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que (...) como todo derecho fundamental, el de la libertad personal tampoco es un derecho absoluto, pues como establecen los ordinales a) y b) del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución, aparte de ser regulados, pueden ser restringidos o limitados mediante ley [Exp. Nº HC/TC]. En efecto, conforme al artículo 2, inciso 24, literal b), de la Constitución, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. V. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. RESPECTO A LA PROCEDENCIA DE LA CONVERSIÓN DE PENAS El Decreto Legislativo N 1300, en su artículo 4, estipula los siguientes requisitos para el procedimiento especial de conversión de penas, los cuales el Juez debe verificar los siguientes documentos: a) Copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada; b) Antecedentes judiciales; c) Informes del órgano técnico de tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario- INPE, que acrediten una evaluación favorable cuando la pena impuesta no sea superior a dos (02) años o dos evaluaciones favorables continuas, cuando ésta sea mayor de dos (02) y hasta seis (06) años; d) Documento emitido por el INPE que acredite el régimen penitenciario en que se encuentra el interno; e) Declaración jurada del interno señalando la dirección del domicilio o residencia habitual, al momento de egresar del establecimiento penitenciario. En el caso de análisis se aprecia que el Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, al expedir la resolución N 02, en el Exp. N , en concordancia con el Decreto Legislativo N 1300, resolvió declarar improcedente la solicitud de conversión de pena, presentado por Andy Brayan Sandoval Utus, en tanto, el demandante no cumplió con presentar el informe del órgano técnico de tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario- INPE, que acrediten una evaluación favorable del solicitante, el cual es un requisito establecido en la normal legal antes acotada. Del Informe N INPE/ JOTTP, remitido por el Psicológo Ray Arriaran Rivera, Jefe de la OTTP del Establecimiento Penitenciario de Huancayo, al coordindor de Conversión de Pena, Abog. Efraín Remuzgo Suarez, se aprecia que no se puede realizar el informe sobre evaluación semestral (I) de Andy Brayan Sandoval Utus, puesto que según se menciona en dicho documento: El interno no cuenta con Evaluación Semestral, ya que para ello debe transcurrir un mínimo de 06 meses de estadía en el establecimiento penal. El interno ingresó el 16 de mayo del Bajo este marco fáctico, esta judicatura debe verificar si las acciones desplegadas, tanto por el Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, como del Director del Establecimiento Penitenciario de Huancayo, se enmarcan dentro del marco legal, y por ende no hayan vulnerado el derecho constitucional a la libertad personal que le asiste al demandante. 5

6 RESPECTO AL HECHO U OMISIÓN DE LA AUTORIDAD O FUNCIONARIO QUE VULNERA O AMENAZA LA LIBERTAD INDIVIDUAL DEL DEMANDANTE El artículo 200, inciso 1, de la Carta Magna, estipula: Art Son garantías constitucionales: 1.- La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexo. Asimismo, -conforme se ha precisado precedentemente en el octavo párrafo de la presente sentencia-, se debe tener en bien cuenta que el de hábeas corpus, es un proceso constitucional, que se haya destinado a la protección de los derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú, y no a la revisión de si el modo como se han resuelto las controversias de orden penal son las más adecuadas. Estando a ello, este juzgado en el ejercicio de su función constitucional, debe verificar el hecho u omisión desplegado tanto por el Director del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico, como el Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, dentro del proceso de Conversión de Penas en el Exp. N , si vulneran o amenazan la libertad individual o los derechos constitucionales conexos del demandante. EN RELACIÓN AL JUEZ DEL TERCER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE HUANCAYO, RICHARD PALOMINO PRADO. El Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, en el Exp. N , antes de emitir la resolución N 02, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de conversión de pena presentada por el demandante, hizo la verificación correspondiente, a fin de constatar la concurrencia de los requisitos estipulados por el artículo 4, del Decreto Legislativo N El A Quo, en la resolución N 02, refirió que los requisitos establecidos por ley para la conversión de la pena, si concurrían, con excepción del Informe de evaluación que debía enviar el INPE respecto al demandante, en tanto, conforme se aprecia del Informe N INPE/ JOTTP, no puede evaluarse al interno, puesto que para ello se requiere que este recluido por un periodo mínimo de seis meses, y que al haber sido internado el 16 de mayo del 2017, no se cumpliría con dicho presupuesto para que sea evaluado. Al respecto, el Decreto Supremo N JUS, en su numeral 5, ítem 9, párrafo 7, indica: Antes de emitir su pronunciamiento, el Juez vuelve a escuchar a los sujetos procesales presentes en la audiencia; decidiendo, al finalizar la misma, si convierte o no la pena privativa de libertad por una pena alternativa, emitiendo la resolución correspondiente ( ). En este contexto, no sería correcto que esta judicatura pretenda evaluar la improcedencia de la solicitud de conversión de pena, en tanto, ello es una función estrictamente perteneciente a un juez penal, mas no a uno constitucional. Asimismo, esta judicatura no es una supra instancia jurisdiccional, en la que se pueda verificar si la decisión adoptada por el juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, es o no la correcta, dado 6

7 que para ello, si el demandante no estuvo de acuerdo con la dispuesto en la resolución N 02, debió presentar su recurso impugnatorio de apelación, bajo los alcances previstos por ley. El artículo 200, inciso 1, de la Constitución Política del Perú, precisa que la acción de Hábeas Corpus, procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexo. En el presente caso, este juzgado aprecia, que el demandado para emitir la resolución N 02, la dictó previo a una motivación judicial basado en la verificación de los requisitos establecidos por el Decreto Legislativo N 1300, sobre conversión de penas. Por tanto, el A Quo al dictar la resolución N 02, no vulneró el derecho a la libertad individual que le asiste al demandante. EN RELACIÓN AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE HUANCAYO El demandante cuestiona que el Director del Establecimiento Penitenciario de Huancayo a la fecha no haya cumplido con expedir el Informe de Evaluación del Órgano Técnico del INPE, en adecuación al Decreto Legislativo N El numeral 4.5, literal c, del Decreto Supremo N JUS, menciona: c) Informes del Órgano Técnico de Tratamiento del Instituto Nacional Penitenciario ( ).- Este requisito se refiere al Informe que el Órgano Técnico de Tratamiento del E.P. debe elaborar para efectos del procedimiento especial de conversión de penas, en el cual se deben considerar criterios que acrediten aspectos personales, sociales, económicos y familiares del interno ( ) Estando a lo prescrito en esta norma legal, se concluye que el área encargada de elaborar el Informe de Evaluación del interno, es el Órgano Técnico de Tratamiento del Establecimiento Penal, mas no es el Director del Establecimiento Penal. De otra parte, respecto a las actuaciones que debe desplegar el Director del Establecimiento Penal, ante una solicitud de conversión de penas, esta debe ser meramente canalizadora, es decir que sirva de interconexión entre el juzgado penal que verá dicho pedido, y la persona que se encuentra recluido dentro del establecimiento penitenciario. Dicha función se encuentra prevista en el numeral 5 del Decreto Supremo N JUS, que menciona: A) El (la interno) que se encuentre dentro de los supuestos de procedencia de la norma para la aplicación del procedimiento especial de conversión de penas, puede -por sí o a través de su abogado defensor formular una solicitud para la aplicación del procedimiento especial de conversión de penas, al Juez competente, la misma que es canalizada por el Director del Establecimiento Penitenciario (E.P.) en el que se encuentre cumpliendo su condena. 7

8 El demandante, cuestiona la acción desplegada por el Director del Establecimiento Penitenciario de Huancayo, refiriendo que ha sido discriminado, y por ende se afectó su derecho constitucional a la libertad, al no haberse elaborado el informe respectivo, puesto que según se han precisado en el Informe N INPE JOTTP, remitido por el Psicólogo Ray Arriarán Rivera, Jefe Del OTTP del Establecimiento Penal de Huancayo, para realizar la evaluación semestral al recurrente, éste debe estar por un plazo mínimo de seis meses recluido, por lo que -según se menciona en el Informe N INPE/20-41-JOTTP-, al estar recluido en el Establecimiento Penal desde el 16 de mayo del 2017, no se cumpliría con dicho requerimiento para ser evaluado. Al respecto, el numeral 4.5, literal c, del Decreto Supremo N JUS, menciona: ( ) Asimismo, debe(n) acompañarse al informe la(s) evaluación(es) favorable(s), a cargo de la Junta de Evaluación Semestral del E.P., (una evaluación semestral favorable cuando la pena impuesta no sea superior a dos (2) años o dos evaluaciones semestrales favorables continuas, cuando ésta sea mayor de dos (2) y hasta seis (6) años) En el caso de análisis, el demandante, en el Exp. N JR-PE-01, fue condenado como autor del delito Contra La Familia, en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Max Brayan Sandoval Huamán, a un año de pena privativa de libertad efectiva, por lo que se ordenó su internamiento en el establecimiento penal, para dar cumplimiento a la condena interpuesta en su contra. Bajo esta premisa, al haber sido sentenciado a una pena que no es superior a dos años, corresponde que se elabore el informe correspondiente a los seis meses de estar recluido -conforme se estipula en la norma citada en el párrafo anterior. Por tanto, el demandante no puede ser evaluado por el Órgano Técnico de Tratamiento del INPE, para que se expida el informe correspondiente, en tanto no se halla recluido por el periodo requerido por la norma acotada. Por tanto, este juzgado considera que la demanda constitucional interpuesta por Andy Brayan Sandoval Utus, contra el Director del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico, William Santiago Cordova Capucho, y el Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, Richard Palomino Prado, debe ser desestimada, al no haberse acreditado la vulneración de su derechos fundamental a la libertad. Por estas consideraciones, este juzgado, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. RESUELVE Declarar INFUNDADA la demanda constitucional de hábeas corpus, interpuesto por ANDY BRAYAN SANDOVAL UTUS, contra el Director del Establecimiento Penitenciario de Huamancaca Chico, WILLIAM SANTIAGO 8

9 CORDOVA CAPUCHO, y el Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, RICHARD PALOMINO PRADO, en consecuencia consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución ARCHÍVESE los de la materia. NOTIFIQUESE a las partes. 9