El derecho a la salud 3. La sanidad Universal 3. Historia de un desmantelamiento 4. La mercantilización de la sanidad 5.

Transcripción

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2 ÍNDICE El derecho a la salud 3 La sanidad Universal 3 Historia de un desmantelamiento 4 La mercantilización de la sanidad 5 El caso Madrid 6 Objetivo general 8 Planteamiento político Reversión del proceso de privatización de la sanidad Dotación presupuestaria suficiente Participación y gobernabilidad Un nuevo modelo para el sistema sanitario público Madrileño Sanidad Universal y Gratuita La evaluación del sistema sanitario 10 Propuestas de líneas de actuación en el ámbito municipal 10 Propuestas para los programas electorales municipales 11 2

3 EL DERECHO A LA SALUD El derecho a la salud está contemplado en los grandes tratados internacionales de derechos humanos y en las constituciones de la mayoría de los países del mundo, así por ejemplo la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. La sanidad Universal La Constitución Española de 1978 en su artículo 41 afirma que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad Asimismo, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Por otra parte la Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad, dio respuesta y desarrollo a estas previsiones constitucionales, estableciendo los principios y criterios sustantivos que han permitido configurar el Sistema Nacional de Salud: el carácter público y la universalidad y gratuidad del sistema. Por tanto cuando hablamos de sanidad, y específicamente de sanidad universal en el contexto constitucional,

4 hablamos de igualdad y equidad y de la responsabilidad política y gubernamental que debe garantizar la eficacia y la calidad entre centros, servicios y prestaciones sanitarias así como entre territorios. Dicho de otra manera, la eficacia y la calidad sanitaria tienen que homogeneizarse para la mejor protección de la salud pública por su categoría de derecho constitucional, ser cercana y accesible, y no se puede y no se debe plantear que cada cual vaya a buscar la mejor oferta en un sistema de mercado basado en la competencia, como está ocurriendo en nuestro país y particularmente en nuestra Comunidad. Estos textos son base del derecho que debe garantizar a la ciudadanía el acceso a un sistema sanitario con recursos que promueva y proteja la salud y trate la enfermedad, por algo la sanidad es uno de los pilares del Estado que ciudadanos y ciudadanas valoran en mayor grado. Historia de un desmantelamiento Es un hecho lamentable que el modelo de sanidad que conocemos y que hemos construido durante los últimos treinta años y que ha sido modelo de referencia para muchos países, ha entrado en caída libre que ha hecho peligrar su carácter universal y público para volver a un modelo de beneficencia ya superado, creando una sanidad para pobres y otra para ricos. En 1997, se aprueba la Ley sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud (Ley15/1997), que bajo el argumento de mejora de la gestión, la eficiencia y eficacia de la sanidad y de autonomía para los centros, permitió crear entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, como empresas públicas, consorcios o fundaciones. Esta ley dio lugar a que centros del INSALUD se transformasen en fundaciones públicas sanitarias, abriendo las puertas a la privatización. En el año 2012 se dio un paso más en el cambio de modelo sanitario. El RD-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, bajo el anclaje constitucional que le proporciona la reforma del Art. 135 de la Constitución en al año 2011, que antepone la estabilidad presupuestaria al derecho de las personas, introduce cambios de tal calado en el modelo sanitario que lo modifican sustancialmente. 4

5 Se desmantela un modelo basado en derechos de ciudadanía que dota a las personas derechos civiles, políticos y sociales y garantiza el acceso a los recursos públicos de manera más igualitaria donde la persona adquiere la condición de beneficiaria para llevarlo a un modelo de libre mercado, basado en la oferta y demanda y donde los derechos pasan a ser bienes de consumo. La Mercantilización de la Sanidad El RD rompe con las características fundamentales del modelo, accesibilidad, equidad, cohesión y excelencia, que en un contexto económico tan deprimido es cuando las personas necesitas una mayor protección. ha sido el primer objetivo. Este pilar social será la nueva burbuja económica. El dinero que la sanidad pública destina a pagar a las empresas ha crecido en los últimos diez años en más de un 50%. Tanto la reforma sanitaria como la reforma Laboral y todas aquellas que se han puesto en marcha, en los últimos tres años, sintonizan ideológicamente con las exigencias de la Unión Europea en relación con la contención del gasto y el control del déficit público y más concretamente la reforma de la sanidad está dirigida a la creación de un nuevo modelo entendido como oportunidad de negocio, propio de la economía ultraliberal. Una vez agotados los grandes beneficios que ha proporcionado el sector inmobiliario, el capital ponen sus garras sobre el sector público, donde la sanidad Empresas como Capio que también posee negocios en el sector inmobiliario, grupos bancarios, o grandes aseguradoras ya gestionan gran parte de los servicios de los hospitales y gracias a una Reforma Laboral confeccionada a medida les permitirá gestionar el empleo público de los profesionales sanitarios y así sucesivamente hasta convertir la sanidad en un negocio. El modelo anterior a la ley, se financiaba con impuestos, de manera que paga más quien mas tiene y cuyo mecanismo de solidaridad garantizaba 5

6 la cobertura de toda la ciudadanía, ahora, el nuevo modelo, penaliza al que mas enfermo está, y dará asistencia a quien cotice o a quien pueda pagar un seguro sanitario. Como consecuencia ser pobre situará a muchas personas en un mayor riesgo de estar enfermo y estar enfermo, conducirá a ser más pobre, un bucle imposible de romper. Como consecuencia las medidas contenidas en el RD han empeorado el estado de salud de la población. La nueva norma en un primer momento excluía a muchas personas del sistema, causando tal clamor popular que el Gobierno no tuvo más remedio que presentar una solución a las exclusiones previstas para los residentes, españoles y extranjeros, que no habían cotizado a la Seguridad Social, incluida la cobertura para los jóvenes mayores de 25 años que no habían cotizado al sistema y los extranjeros en situación irregular, que sin lugar a dudas, son los peor parados. Así se rompe con el criterio de universalidad de la sanidad pública y permite la exclusión de ciudadanos y ciudadanas que residiendo en España contribuyen con sus impuestos a la financiación de la sanidad pública. Esta situación está produciendo una gran fractura social, aumentando las desigualdades donde el mayor impacto lo sufre la población económicamente más débil o sin recursos. Para justificar estas medidas, se viene argumentando un uso irregular que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Afirmaciones como esta son tendenciosas. Dar a entender que las administraciones sanitarias han permitido sistemáticamente un uso irregular e irresponsable del sistema sanitario, como si no hubiera criterios y procedimientos administrativos o no estuvieran sujetas a normas reguladoras y a la actuación de los dispositivos de la Inspección, solo dañan el papel de la Administración Pública y de los profesionales sanitarios en los diferentes ámbitos de competencias. Las comunidades de Valencia, Madrid y Cataluña, son los laboratorios que han puesto en marcha lo que ahora recoge la norma estatal, compitiendo a ver quien destroza antes el modelo público e implanta otro, donde prima el criterio del beneficio, a partir de mercantilizar servicios y prestaciones sobre lo, la salud de las personas. 6

7 El caso Madrid En el caso de Madrid, la financiación deficiente que se arrastra desde las transferencias competenciales, la falta de transparencia en la gestión y más recientemente el proceso privatizador y los recortes están dejando la sanidad pública en estado de coma. El gasto per cápita de la Comunidad de Madrid en presupuesto para sanidad es el último de todas las comunidades autónomas (Estadística de gasto sanitario público, Ministerio Sanidad, 2012). A todo esto añadir las medidas que el Gobierno Regional, en el marco de sus competencias ha introducido, como la desaparición de las áreas sanitarias por la implantación del Área Sanitaria Única y la libre elección de facultativos deteriorando más, si cabe, la sanidad madrileña. Todo esto se ha hecho en contra de los partidos políticos de la oposición, los sindicatos, las entidades sociales y profesionales vinculadas a la sanidad y de la ciudadanía, y cuyo rechazo y malestar vino a culminar en el movimiento de la Marea Blanca. Este cambio ha complicado enormemente la organización y el funcionamiento, ha roto principios básicos del sistema sanitario, como la prevención, la coordinación, la continuidad e integridad asistencial que dificulta la planificación de los recursos y el establecimiento de planes de salud acordes con la realidad territorial, perfil y necesidades de los usuarios y usuarias. Estos cambios han acarreado desigualdades y desequilibrios territoriales entre las zonas básicas, y entre otras actividades, en la promoción de la salud y en la prevención de las enfermedades. Teniendo en cuenta que uno de los principios básicos que caracteriza al Sistema Nacional de Salud, es el de la proximidad de los servicios a las personas, en un modelo de gestión descentralizada y más participativa de los actores sociales de un territorio. A su vez esta fórmula ha anulado los organismos de participación como los consejos de salud, contemplados en la 7

8 LGS y vinculados a las áreas sanitarias, en definitiva han conseguido eliminar la participación social y con ello el control y la transparencia en la gestión. Parece lógico pensar, que cualquier cambio y transformación de un sistema tan sensible y complejo como el sanitario, fracase en sus objetivos si se implanta, de espaldas a profesionales y usuarios. La otra gran brecha de la política sanitaria ha sido la introducción de cambios en el modelo de gestión. La característica principal, por tanto, del modelo de organización y gestión de la sanidad en la Comunidad de Madrid es que carece de un modelo único claramente definido, que sustituya y acabe con el mosaico de modelos de organización y gestión existentes en la actualidad: fundación, ente público, PFI (Prívate Finance Initiative), concierto especial, modelo tradicional, etc., y con ello, corregir el deterioro progresivo en términos de calidad, eficacia y eficiencia que provoca esta situación, de forma que sea posible recuperar el prestigio de la sanidad madrileña. Esta reordenación ha afectado sobremanera a los recursos humanos, despidos, traslados, jubilaciones, amortización de plazas y nuevas contrataciones a través de las empresas concesionarias, en condiciones más precarias de mayor temporalidad. En definitiva lo menos indicado para que los profesionales puedan desarrollar su actividad con la mas mínima motivación y en las condiciones que requiere una profesión como ésta. Desde que Esperanza Aguirre asume el mando de la Comunidad, todas las actuaciones en materia de política sanitaria son una estrategia perfectamente orquestada. El objetivo último es el desmantelamiento del sistema sanitario público madrileño, ponerlo en manos de la empresa privada y convertirlo así en un sector económico que se rija por los criterios de mercado y todo ello en nombre del ahorro, la optimización de recursos, la eficiencia y la eficacia. Objetivo General Devolver el carácter público y universal a la sanidad madrileña, asegurando que ningún ser humano pueda volver a ser excluido del sistema, así como la recuperación de la red pública hospitalaria 8

9 Planteamiento Político 1.- Reversión del proceso de privatización de la Sanidad Pública Madrileña Revertir el proceso de privatización de la sanidad y además garantizar su imposibilidad mediante ningún tipo de reforma, impidiendo la externalización de servicios y la derivación de pacientes, porque no sólo resulta resulta más caro que la gestión pública tradicional sino que no garantiza los principios de equidad e igualdad, además de los derechos del paciente. 2.- Dotación presupuestaria suficiente Financiación suficiente para garantizar la universalización de servicios sanitarios y la extensión de sus prestaciones de manera que la calidad no sea afectada, estableciendo límites máximos de demora en la atención sanitaria. 3.- Participación y Gobernabilidad Restitución de procesos y órganos que garanticen la participación democrática de los agentes sociales y profesionales implicados en materia sanitaria. 4.- Un Nuevo Modelo para Sistema Sanitario Público Madrileño Elaboración de un Plan de Salud que establezca los objetivos de salud de la Sanidad Pública en Madrid y que contemple todas las áreas y especialidades, en especial, la Atención Primaria y la Salud Mental y la Planificación Familiar y salud sexual reproductiva. Cobertura de los IVE en la red sanitaria pública Y de un Plan de Recursos Humanos que garantice una atención sanitaria de calidad para toda la población. Recuperación de los puestos de trabajo perdidos por los recortes. Derogación de la LOSCAM, Ley 12/2001 de Ordenación de la Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Plan Integral de Reducción de la Espera Quirúrgica (2004)", el "Plan de sostenibilidad" del año 2013, el RDL 16/2012 y la ley 15/1997 y 9

10 elaboración de una nueva Ley de Salud madrileña que garantice la atención sanitaria de calidad y el carácter público del sistema sanitario. Reorganización de la Salud Pública en la Comunidad de Madrid adaptando los recursos a las necesidades reales de atención a la población; eliminación de la actual organización de Área Única por su ineficacia recuperando la zonificación y coordinación entre áreas antes establecida. Restitución del prestigio que siempre ha tenido tanto el sistema sanitario público madrileño, así como el respeto y prestigio de sus profesionales. Inversión en I+D+i. Plan de 5.- Sanidad Universal y Gratuita Programa Especial de Lucha contra las Desigualdades Socioeconómicas en Salud que la crisis ha incrementado y está teniendo consecuencias directas sobre las enfermedades y la falta de recursos para afrontarlas. Programa que debería estar bajo la tutela directa de la Consejería de Presidencia. Supresión de todas las nuevas tasas y copagos recogidas en RDL 16/2012, incluido el copago farmacéutico a pensionistas. 6.- La evaluación del sistema sanitario Creación de una Agencia pública de evaluación de la atención sanitaria, de carácter técnico e independiente. Investigación regional con fondos suficientes. Propuestas de Líneas de Actuación en el Ámbito Municipal Desde La Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos de la Zona Oeste queremos plantear nuestra visión de la sanidad como servicio público y derecho Constitucional y proponer líneas políticas tanto a nivel autonómico como a nivel municipal que entendemos que deben llevarse a cabo para mejorar la sanidad pública madrileña. 10

11 A pesar de la reforma de reforma Ley de Bases del Régimen Local, Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que ha venido, sobre todo, a limitar la autonomía de los municipios en muchos aspectos, siguen siendo los gobiernos locales por la cercanía con los vecinos, los mejores conocedores de las necesidades y de los problemas de la población y de las familias. Tienen un papel determinante en el conocimiento de la realidad socioeconómica y por consiguiente a la hora de actuar en el centro de las desigualdades y en la promoción del bienestar de la población. Así en el ámbito de la atención primaria, los municipios pueden desarrollar una labor fundamental de coordinación y participación en la prevención y promoción de la salud, junto con los servicios sociales y de igualdad y en la defensa de los consumidores y usuarios y ser observadores del cumplimiento de la política sanitaria ante la Comunidad Autónoma. Propuestas para los Programas Electorales Municipales Junto con los Ayuntamientos crear el Consejo Local y Comarcal de Salud, para apoyo mutuo y coordinación ciudadana en materia de Salud Pública y en protección y promoción de la salud, nivel básico de interacción directa con la población. Realizar seguimiento del nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias del nuevo Hospital de Collado Villalba, mediante el establecimiento de indicadores y parámetros de medición de la calidad del servicio prestado, así como la política laboral y otras que afecten el buen desempeño del centro. Programas de desinfectación, desratización y desinsectación (D.D.D.), en todas las zonas del municipio y su red de alcantarillado, así como inspección de las torres de refrigeración de los edificios e industrias y en todos los edificios y centros públicos municipales especialmente para la prevención de la Legionella. 11

12 Desarrollo de programas en materia de control de calidad de los servicios que prestan los establecimientos de nuestra ciudad respecto a salud pública, tales como restaurantes, comedores colectivos, bares, comercios minoristas de alimentación, etc., con inspecciones periódicas y de choque con el fin de garantizar la salud de la población. En colaboración con los centros de salud coordinar las campañas de promoción y/o prevención de la Salud de manera periódica, en temas como, la diabetes, la ceguera, la sordera etc., así como en los programas orientados a la prevención de las drogodependencias. Creación de un Programa de Educación Sexual interdisciplinario, con la colaboración e implicación de las áreas de sanidad, educación, deporte, juventud, mayores y servicios sociales. 12