LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.

Transcripción

1 LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. PONENCIA DRA. ROCÍO SALGADO CARPIO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.- Quito, 18 de febrero de 2013, las 10h10 VISTOS: Dentro del juicio laboral seguido por Simón Pedro Tacuri Cabrera contra el Dr. Bolívar Montero Zea y Ab. Diana Maldonado, en sus calidades de Alcalde y Procuradora Sindica respectivamente, del Municipio del Cantón Biblian, la parte demandada interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada por la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Cañar. ANTECEDENTES.- Comparece Simón Pedro Tacuri Cabrera, manifestando que trabajó para el Municipio de Biblian desde noviembre de 1978 hasta el 25 de marzo de 2009, fecha en la que presenta su solicitud de desahucio para acogerse a los beneficios de su jubilación; señala que si bien su empleador le pagó los valores correspondientes a la bonificación por desahucio, no se le canceló la bonificación por separación voluntaria establecida en el Art. 10 del Decimo Segundo Contrato Colectivo de Trabajo, que guarda concordancia con lo establecido en el Art. 8, inciso segundo del Mandato No. 2, el cual establece una indemnización de siete salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez salarios mínimos básicos unificados, así como tampoco se le reconoce la jubilación patronal establecida en el Art. 42 del mencionado contrato colectivo, por lo cual demanda a su empleador a fin de que en sentencia se ordene el pago de lo reclamado en su demanda. El juez de primera instancia, declara parcialmente con lugar la demanda, lo que es apelado por la parte demandada y la adhesión al recurso por parte del Procurador General del Estado. La Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Cañar, con fecha 14 de junio de 2011, las 08h45, rechaza el recurso de apelación y confirma la sentencia subida en grado. Inconforme con esta decisión, el demandado interpone recurso de casación, mismo que ha sido aceptado a trámite en auto de 26 de octubre de 2011, las 10h25, por la Primera Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. 1.- COMPETENCIA.- Corresponde el conocimiento de esta causa, al Tribunal que suscribe constituido por juezas y jueces nacionales, nombrados/as y posesionados/as por el Consejo Nacional de la Judicatura, mediante resolución número de 26 de enero de 2012 y designados por el pleno para actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolución de 30 de enero de 2012 y en este proceso en mérito al sorteo realizado de conformidad a lo dispuesto en el penúltimo inciso del Art. 183 del Código Orgánico de la Función Judicial. Su competencia para conocer los recursos de casación interpuestos, se fundamenta en lo dispuesto en los Arts de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico

2 de la Función Judicial, 1 de la Ley de Casación y 613 del Código del Trabajo. 2.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DEL DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.- El casacionista aduce, que se ha infringido el Art. 8 del Mandato Constituyente No. 2. Funda su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. 3.- CONSIDERACIONES SOBRE LA CASACIÓN.- La casación es un medio de impugnación extraordinario, público y de estricto derecho. Citando a Humberto Murcia Ballén, diremos: que la casación es un recurso limitado, por lo que la ley lo reserva para impugnar por medio de él solo determinadas sentencias; es un recurso formalista; es decir, que impone al recurrente, al estructurar la demanda con la que sustenta, deber de observar todas las exigencias de la técnica de la casación, a tal punto que el olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del recurso y aún al rechazo in limine del correspondiente libelo. 1 No es una tercera instancia. El objetivo fundamental de éste recurso, es atacar la sentencia para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de los que puede adolecer; proceso que se verifica a través de un cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, para encontrar la procedencia o no de las causales invocadas. Actividad jurisdiccional confiada al más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, que en el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el Estado Constitucional de Derechos y Justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. 4.- ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.- Este Tribunal, ha examinado la sentencia recurrida y los recaudos procesales, a fin de confrontarlos con la normativa jurídica pertinente y verificar si existen los vicios de ilegalidad acusados, siendo el punto de controversia el esclarecimiento del derecho del recurrente a reclamar el pago de las indemnizaciones contempladas en el Art. 8 inciso segundo del Mandato Constituyente No LA CAUSAL PRIMERA: Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. Esta causal contiene un vicio in iudicando, esto es, cuando el Juez o Jueza de instancia elige mal la norma, utiliza una norma impertinente o cuando se le atribuye a una norma de derecho un significado equivocado, de darse un caso así y si la sentencia viola los conceptos de una ley sustantiva o de fondo, hay un error de juicio. Ahora bien, esta causal exige que se demuestre de manera diáfana cuales son los errores que han llevado al 1 Murcia Ballen Humberto, Recurso de Casación Civil, Bogotá 2005, pag.91.

3 sentenciador a una violación directa de la norma sustantiva, señalando por qué, no se ha subsumido adecuadamente los elementos fácticos que han sido probados y que se hallan admitidos por las partes, dentro de la hipótesis normativa correspondiente. En este caso corresponde al casacionista demostrar en que consiste la errónea interpretación de la norma de derecho sustantivo, esto es, como el juez ha incurrido en el yerro de hermenéutica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no lo tiene. En el caso que nos ocupa, el recurrente señala que ha existido por parte del Tribunal de Alzada, errónea interpretación del Art. 8 inciso segundo del Mandato Constituyente No. 2, debido a que dicho Mandato: lo que hace es establecer topes máximos de pago, más no necesariamente que lo que haya que pagar sea ese tope máximo La Sala recuerda que el objetivo del Art. 8 del Mandato Constituyente No. 2, es el garantizar el principio de igualdad, menoscabado ante situaciones privilegiadas de ciertos servidores públicos, determinando para ello los valores máximos a percibir por concepto de indemnizaciones o bonificaciones en caso de desvinculación del trabajador con la empresa pública. El primer inciso del Art. 8 hace relación a los casos en que el trabajador por: supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario se acoge a la jubilación, por lo cual el monto de la indemnización será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. Es decir este inciso es aplicable para quienes se acogen a la jubilación y el hecho de que la norma incorpore en su texto la palabra hasta, significa que si bien los montos que recibe el trabajador pueden ser menores, en ningún caso serán mayores a los límites previstos. Ahora bien, el inciso segundo del Art. 8 del Mandato Constituyente No. 2, establece una situación jurídica diferente para el caso de despido intempestivo, así lo señala la norma cuando dispone: Salvo en el caso de despido intempestivo, las indemnizaciones por supresión de puesto o terminación de relaciones laborales del personal de las instituciones contempladas en el artículo 2 de este Mandato, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito y cualquier otro acuerdo bajo cualquier denominación que estipule pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de relación individual de trabajo, será de siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez(210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total Así planteadas las cosas, se corrobora con lo señalado por la Corte Constitucional para el período de transición, en la Sentencia No SAN-CC, publicada en el Suplemento, R.O. No. 370 de 25 de enero de 2011, cuando establece que en el inciso segundo del Art. 8 del Mandato Constituyente No. 2, se preserva el reconocimiento de las indemnizaciones establecidas en ese mismo cuerpo legal(código del Trabajo) para el caso de terminación de la relación laboral producida de manera intempestiva por decisión del empleador, y establece como único valor anual el de siete salarios básicos unificados hasta un máximo de doscientos diez salarios para el caso de supresión

4 de puesto o de cualquier terminación de las relaciones laborales previstas tanto en contratos colectivos u otros convenios en los que se haya acordado la entrega de valores, bajo cualquier denominación, por tales conceptos. De esta manera, los trabajadores que se encuentran amparados únicamente por el Código del trabajo, en caso de despido intempestivo, reciben las indemnizaciones allí previstas, y quienes estén amparados por convenios de cualquier naturaleza que establezcan reconocimientos por terminación de relaciones laborales, percibirán los valores establecidos en la norma en mención. En tal virtud y en acuerdo con lo manifestado por el actor en su demanda, que la terminación laboral fue por solicitud de desahucio y por consiguiente mi solicitud de separación voluntaria para acogerme a los beneficios de mi jubilación, queda establecido para este Tribunal, que nada tiene que reclamar por indemnizaciones que provengan del despido intempestivo, siendo en este caso, la disposición aplicable la del Art. 8 inciso primero del Mandato No. 2. De acuerdo a lo antes expresado y como bien afirmó el recurrente, lo que fija el Mandato No. 2 en su Art. 8 son límites máximos de los beneficios o indemnizaciones que se pueden percibir, por lo que los montos a los que tiene derecho el trabajador son los que han sido señalados por el Código del Trabajo y el contrato colectivo, debiendo estarse a ellos en el presente caso, sin que en ningún caso puedan superar a los máximos fijados por el Mandato 2. Armonizando lo dicho, con la cuarta consideración del Mandato Constituyente No. 4: Que el Mandato Constituyente No. 2 no altera las normas ya existentes para el cálculo de liquidaciones e indemnizaciones, excepto en aquellas que excedan los montos máximos fijados en el artículo 8 del referido mandato. En este orden de ideas, este Tribunal recuerda que la Corte Constitucional en la sentencia No SAN-CC, ya analizada, ha señalado: es necesario tomar en cuenta el Mandato No. 4 en la cuarta consideración transcrita en consecuencia los montos indemnizatorios existentes a la fecha de emisión del Mandato No. 2 continuaban vigentes en tanto que aquellos que superaban los límites máximos previstos en el mencionado instrumento, se modificaban de acuerdo a los límites máximos en el preceptuado De los recaudos procesales se sabe que el actor recibió la cantidad de $4, (fjs. 326 y 327), de este valor, $3, dólares corresponde al desahucio, y $ dólares, corresponden a la diferencia salarial mensual de los años 2008 y 2009, y décimo tercer sueldo. Ahora bien, para establecer los valores a los que tiene derecho el trabajador, este Tribunal analiza el Décimo Primer Contrato Colectivo vigente al momento de la terminación de la relación laboral, de conformidad con lo que dispone el Art. 248 inciso cuarto del Código del Trabajo: Si durante los mencionados sesenta días las partes no se pusieren de acuerdo sobre las modificaciones, se someterá el asunto a conocimiento y resolución de la Dirección Regional del Trabajo. Hasta que se resuelva lo conveniente, quedará en vigor el contrato cuya revisión se pida (la negrita y lo subrayado es de este Tribunal) En ese sentido cabe traer a colación, el Convenio número 98 de la OIT ratificado por el Ecuador, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, que: reconoce y protege a la vez un derecho individual conferido al trabajador (protección contra los actos de discriminación antisindical), un derecho colectivo

5 atribuido a las organizaciones sindicales (protección contra los actos de injerencia) y un derecho individual ejercido colectivamente (derecho del trabajador a ser representado por un sindicato para la negociación colectiva de las condiciones de empleo) 2. La Sala destaca dos elementos, en su Art. 4: 1.- la acción de las autoridades públicas a promover la negociación colectiva y 2.- el carácter voluntario del recurso a la negociación, que implica la autonomía de las partes, la vigencia del principio de la buena fe y el compromiso de no recurrir a prácticas desleales o abusivas, a fin de promover condiciones justas y equitativas de trabajo y con ello fortalecer la paz social. Este Convenio, complementario del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, fue el resultado de la presión internacional para destacar la importancia que reviste la negociación colectiva: Su reconocimiento y puesta en práctica se basan, por una parte, en una idea de corte liberal, a saber, que el mejor medio para regir una relación entre las partes es permitir que ellas mismas la reglamenten y, por otra, sobre la constatación de que la relación de trabajo se basa en una desigualdad económica y una subordinación jurídica que no permiten una relación de igual a igual en la negociación individual del contrato de trabajo entre empleador y trabajador 3. En tal virtud, la negociación colectiva genera un equilibrio en la relación laboral, entre las organizaciones de trabajadores y empleadores, pues el objetivo de este proceso de diálogo social, es la celebración del contrato colectivo de trabajo, que establezca mejores condiciones que las contempladas en la ley, por lo tanto en el caso sub judice no se puede desconocer el Décimo Primer Contrato Colectivo, debiendo obrarse según lo pactado, por ser fuente de obligaciones y ley para las partes Así, en la cláusula 46.- Jubilación Patronal, se establece que: Todos los trabajadores amparados por este Contrato Colectivo, tendrán derecho a la jubilación patronal desde los veinte años de trabajo con el cien por ciento de la remuneración unificada. Además los trabajadores que habiendo prestado sus servicios a la Municipalidad, más de veinte años y fuere su voluntad retirarse y acogerse a la jubilación patronal tendrán derecho a una bonificación unida equivalente a una remuneración unificada multiplicada por cada año de servicio. En este caso el trabajador tiene 30 años 4 meses de servicio, por lo que es beneficiario de lo contemplado en dicha cláusula. Además de lo establecido en la cláusula 10 del mismo contrato cuando señala: Bonificación por separación voluntaria.- En el caso de separación voluntaria del trabajador o de los trabajadores, el empleador le bonificará con la suma de QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS por cada año laborado para la Municipalidad de Biblián. Para el ejercicio de este derecho, las partes fijan como tope un máximo de diez retiros por año (fjs. 88). Por lo expuesto el Tribunal ad quem ha cometido el yerro alegado, por tanto a lugar el cargo. Por las consideraciones que quedan expresadas, este Tribunal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, casa la sentencia del Tribunal de 2 CSAC98/2009, OIT, Celebración del 60 aniversario del Convenio núm. 98: el derecho de sindicación y de negociación colectiva ene l siglo XXI, por Bernard Gernion, Simposio sindical internacional, Ginebra, 12 al 15 de octubre de 2009, pag. 1 3 CSAC98/2009, OIT, Ob. Cit., pag. 1

6 alzada, en los términos de este fallo y dispone que el juez de primer nivel, realice la liquidación respectiva de conformidad con el considerando cuarto, numeral 4.6 de este fallo, sin que en ningún caso dicho monto pueda superar los límites máximos fijados en el Art. 8, inciso primero del Mandato Constituyente No. 2, esto es USD (salario básico unificado vigente a la fecha de terminación de la relación laboral) x 210= $45, Calcúlese además los intereses respectivos por ser de aquellos rubros que lo generan, de conformidad con el Art. 614 del Código de Trabajo. Notifíquese y devuélvase.- Fdo.) Drs. Rocío Salgado Carpio.- Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia.- Wilson Merino Sánchez.- CERTIFICO.- Fdo) Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.- SECRETARIO RELATOR.