LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.

Transcripción

1 Juicio Nº LA REPÙBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. PONENCIA DRA. ROCÍO SALGADO CARPIO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.- Quito, 07 de noviembre de 2012, las 08h35 VISTOS: Dentro del juicio laboral seguido por Rita Elena Salazar Acosta, contra la empresa Pesquera Ecuatoriana S.A., EMPESEC, en la persona de su Gerente General Francisco Alejandro Pérez Gilabert, por sus propios derechos y por los que representa, la actora interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada por la Segunda Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. ANTECEDENTES.- Comparece Rita Elena Salazar Acosta, manifestando que prestó sus servicios lícitos y personales para la demandada, desde el 15 de noviembre de 2003 hasta el 1 de mayo de 2007, fecha en la que fue despedida intempestivamente, manifiesta, además, que laboró todo el tiempo bajo las órdenes y dirección del señor Klever Almeida, Jefe de Recursos Humanos de EMPESEC. Que su empleadora aprovechándose de la Ley de Tercerización Laboral creó varias empresas, en relación a la principal Pesquera Ecuatoriana S.A. EMPESEC, para con ello evadir sus responsabilidades, de ese modo la actora manifiesta laboró en forma rotativa para las siguientes tercerizadoras. Consta de la historia laboral del IESS: Rolservi S.A del 11 de enero de 2005 al el 13 de febrero de 2005; Dermall S.A., del 16 de mayo de 2005 al 14 de agosto de 2005; Latinen Latinoamericana de Empleos S.A., del 12 de septiembre de 2005 al 28 de febrero de 2006; Empleos Nacionales S.A. NACIEMPLE del 1 de marzo de 2006 al 31 de agosto de 2006; Labores Ecuatorianas Terciarias S.A. LABETSA del 1 de Septiembre de 2006 al 31 de enero de 2007 y para la compañía DESIRCORP señala, consta registrado como día de ingreso el 1 de mayo de 2007 fecha en que la despidieron, razón por la que demanda, para que en sentencia se ordene al pago de los rubros detallados en el libelo de su demanda. La jueza de primera instancia declara sin lugar la demanda por falta de pruebas. La Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, con fecha 3 de junio de 2011, las 17h05, confirma la sentencia recurrida, que declara sin lugar la demanda. Inconforme con esta decisión, la parte actora interpone recurso de casación, mismo que ha sido aceptado a trámite en auto de 11 de enero de 2012,

2 a las 08h50, por la Primera Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia. 1.- COMPETENCIA.- Corresponde el conocimiento de esta causa, al Tribunal que suscribe constituido por juezas y jueces nacionales, nombrados/as y posesionados/as por el Consejo Nacional de la Judicatura, en forma constitucional mediante resolución número de 26 de enero de 2012; y designados por el Pleno para actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolución de 30 de enero de 2012 y en este proceso en mérito al resorteo realizado de conformidad a lo dispuesto en el penúltimo inciso del art. 183 del Código Orgánico de la Función Judicial, su competencia para conocer los recursos de casación interpuestos, se fundamenta en lo dispuesto en los Arts de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación. 2.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO - La casacionista aduce, que se han infringido las siguientes normas de derecho: Arts: 33, 325, 326, 327 y 328 de la Constitución de la República del Ecuador; Arts. 5, 7, 8, 36, 42, 581 y 593 del Código de Trabajo; Arts. 115, 131, 207 y 334 del Código de Procedimiento Civil; Arts. 19 de la Ley de Casación (Precedentes Jurisprudenciales); y Art del Código Civil. Funda su recurso en las causales primera, tercera y cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación. 3.- CONSIDERACIONES SOBRE LA CASACIÓN.- La casación es un medio de impugnación extraordinario, público y de estricto derecho. Citando a Humberto Murcia Ballén, diremos: que la casación es un recurso limitado, por lo que la ley lo reserva para impugnar por medio de él solo determinadas sentencias; es un recurso formalista; es decir, que impone al recurrente, al estructurar la demanda con la que sustenta, deber de observar todas las exigencias de la técnica de la casación, a tal punto que el olvido o desprecio de ellas conduce a la frustración del recurso y aún al rechazo in limine del correspondiente libelo 1. No es una tercera instancia. El objetivo fundamental de este recurso, es atacar la sentencia para invalidarla o anularla por los vicios de fondo o forma de los que puede adolecer; proceso que se verifica a través de un cotejamiento riguroso y técnico de la sentencia con el ordenamiento jurídico vigente, para encontrar la procedencia o no de las causales invocadas. Actividad jurisdiccional confiada al más alto Tribunal de la Justicia Ordinaria, que en el ejercicio del control de constitucionalidad y legalidad, lo que busca es garantizar la defensa del derecho objetivo en aras de la seguridad jurídica, pilar fundamental en el que se cimenta el Estado Constitucional de Derechos y Justicia; la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia a través del desarrollo de precedentes jurisprudenciales fundamentados en fallos de triple reiteración. 4.- ANÁLISIS DEL CASO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.- 1 MURCIA BALLEN HUMBERTO, Recurso de Casación Civil, Bogotá 2005.p.91.

3 Esta Sala, ha examinado la sentencia del Tribunal de Alzada y los recaudos procesales, a fin de confrontarlos con la normativa jurídica pertinente y verificar si existen los vicios de ilegalidad acusados por la parte recurrente, luego de lo cual se hacen las siguientes acotaciones: PRIMERA.- La técnica jurídica, recomienda el orden en que deben ser analizadas las causales y subraya que en los casos, como éste, cuando se alegan violaciones a normas constitucionales, estas deben ser tratadas en primer lugar, pues en un estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro, su más alto deber es el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, debiendo toda norma o acto del poder público mantener conformidad con sus disposiciones, caso contrario, carecerá de eficacia jurídica (Art. 424), exigiendo que juezas y jueces garanticen que no se transgredan los principios y derechos constitucionales. De comprobar los vicios alegados, en la norma constitucional, resultaría inoficioso el análisis de los restantes cargos. La Sala, subraya el carácter de extraordinario de este recurso, por lo tanto, el vicio alegado debe ser demostrado, sin que para tal efecto baste señalar que la sentencia infringió determinado precepto constitucional, es necesario que se demuestre cómo, cuándo y en qué sentido ocurrió la infracción, sin que lo haya hecho el casacionista. SEGUNDA.- En cuanto a las impugnaciones formuladas con sustento en la causal cuarta, señala: Causal Cuarta de la ley de casación. (Resolución de la sentencia o auto de los(sic) que fuera materia del Juicio) ; al respecto, la casacionista no fundamenta su impugnación, por lo tanto, no compete a este Tribunal realizar ninguna consideración, pues no está dentro de sus facultades suplir las omisiones de la recurrente que prescindió señalar, respecto de su censura, los elementos para que este Tribunal pueda determinar si existió o no el yerro alegado, esta causal no será materia de examen, en esta virtud este Tribunal, declina el cargo. TERCERA.- La causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación que se refiere: Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto ; esta causal tiene que ver con la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la valoración de la prueba, a fin de que prevalezca la apreciación que debe hacerse de acuerdo a derecho y no a la que con criterio individual, pudiera hacer el Juez/a o Tribunal, apartándose de la sana crítica. Esta causal procede, cuando el Juez o Tribunal ha dado por establecidos los hechos violando las disposiciones legales que regulan la valoración de la prueba en la certeza que éstos deben ser comprobados con arreglo a la ley En la especie, la recurrente arguye que el Tribunal de alzada cae en error al considerar que a la luz del Art. 8 del Código del Trabajo, el vínculo contractual no se configuró, más aún, cuando a decir del Juez Plural, la actora había trabajado para

4 diferentes tercerizadoras sin poder demostrar que estas empresas proporcionaban personal a la empresa EMPESEC como usuaria, sin que según la casacionista se haya considerado el documento denominado Cartola de crédito de garantía en el Almacén ORVE HOGAR, otorgado por EMPESEC, la cual no fue impugnada en la audiencia definitiva por parte de la accionada, y (con)la declaración testimonial rendida en la audiencia, se establece con toda claridad que la relación laboral se inició el 15 de Noviembre de Señala, además, que tampoco se le concedió valor probatorio a la confesión ficta, de conformidad al Art. 581 del Código del trabajo y Arts. 128 y 131 del Código de Procedimiento Civil, así como no se valoró el Juramento Deferido, por lo cual el Tribunal de Alzada prescindió del análisis de todas las pruebas aportadas, sin que haya realizado una valoración en conjunto. Conviene señalar, que el artículo 115 ibídem, dispone que la prueba debe ser apreciada en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica (la experiencia, la lógica, la psicología y las demás ciencias que otorgan al juzgador el conocimiento de los hechos de las partes ponderados racionalmente) Como puede verse, el tema de la controversia se limita a determinar si existió o no relación laboral entre la actora y demandada, señalándose que al no haber asistido la demandada a la Audiencia Preliminar de conciliación, quedaba clara, para el Tribunal Ad quem, la negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda, según el Art. 580 Código del Trabajo, por lo cual correspondía a la actora probar el vínculo laboral alegado, en relación a los tres elementos constitutivos de acuerdo al Art. 8 del Código del trabajo, esto es: 1. La prestación de servicios lícitos y personales, es decir, el compromiso jurídico que adquiere voluntariamente el trabajador para desempeñar las actividades lícitas pactadas en forma personal, esto es, que tiene que realizarlas él mismo y no por interpuesta persona; 2. La dependencia o subordinación, que constituye el elemento más importante de la relación laboral, y tiene que ver con el respeto que se deben tanto a las personas jerárquicamente superiores como a los horarios y más reglamentos que se imponga para la armonía que debe existir en todo vínculo contractual; y, 3. La remuneración percibido por el trabajador. Negada por el empleador la relación laboral corresponde al trabajador probar los tres elementos descritos Ahora bien, de la lectura de los recaudos procesales se encuentra: a) a fojas 25/26 del cuaderno de primer nivel, la copia simple de una cartilla de crédito emitida por Orve Hogar, que no contiene firma de responsabilidad, ni sellos para caracterizarla, por lo que no está garantizada la fidelidad u originalidad del documento, y, aunque lo fuera, el hecho de que la empresa demandada avale un crédito, de la actora, no puede ser tomada como prueba para establecer la relación laboral, b) a fojas 29, el Juramento Deferido, con el cual se probaría el tiempo laborado y la remuneración percibida, en caso que no exista otra prueba para demostrarlo, de conformidad con el Art. 593 del Código del Trabajo, una vez determinado el vínculo 2 Gaceta Judicial. Año XCIX. Serie XVII. No. 1. Pág. 209.

5 laboral, lo que no ha sucedido en el presente caso, c) a fojas 30, como bien señala la recurrente, se declara confeso al demandado, sin embargo la Sala advierte, que se otorga libertad a los jueces para considerar a la confesión ficta como medio de convicción suficiente para condenar a la parte que no se presentó a absolver posiciones, por lo tanto, hará prueba plena, solo en los casos en los que no se encuentre contradicha con otra prueba que conste en autos, así lo determina el Art. 131 del Código de Procedimiento Civil. En el caso de estudio, se contradice a si misma: Diga el confesante, como es verdad que yo preste mis servicios lícitos y personales para la Compañía Pesquera Ecuatoriana EMPESEC S.A., desde el 15 de Noviembre de 2003 hasta el 1ero de Mayo de 2003?, pregunta que hace que su afirmación sea inverosímil. d) a fojas 29, consta la declaración de la testigo Mayra Mariana Triviño Burgos este Tribunal concuerda con los criterios de la Corte Suprema en relación al testigo único: ninguna disposición de prueba procesal aplicable al juicio verbal sumario de trabajo, determina la existencia de más de un "testigo para acreditar un hecho". Lo que sí establece la Ley Procesal Civil (Art. 224 ahora 220) es la prohibición de que declaren más de seis testigos para acreditar un hecho, lo que lleva a la conclusión de que a falta del límite, cabe perfectamente otorgar valor probatorio a un solo testigo, siempre que el contenido de lo que declara tenga la suficiente contundencia y veracidad 3 (Lo subrayado y negrita es de este Tribunal) consecuentemente, no es la cantidad de testigos sino la coherencia, verosimilitud y contundencia de lo declarado lo que debe ser tomado en cuenta por el sentenciador, este no es el caso; pues, de la lectura del pliego de absoluciones para el demandado, las interrogantes no versan sobre la vinculación laboral y el papel de las tercerizadoras que fueron alegadas en la demanda. Al no haberse podido probar la relación laboral, el cargo no prospera, haciendo inoficioso el análisis de la causal primera. En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala de lo Laboral, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, no casa la sentencia del Tribunal ad quem. Notifíquese y devuélvase.- Fdo.) Drs. Rocío Salgado Carpio.- Alfonso Asdrúbal Granizo Gavidia.- Mariana Yumbay Yallico.- CERTIFICO.- Fdo) Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.- SECRETARIO RELATOR. 3 Gaceta Judicial. Año CII. Serie XVII. No. 7. Página 2097