CONSULTORÍA: TÉRMINOS DE REFERENCIA COSTE LEY ORGÁNICA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Transcripción

1 CONSULTORÍA: TÉRMINOS DE REFERENCIA COSTE LEY ORGÁNICA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 1. Contexto La violencia contra la infancia es una realidad para millones de niños y niñas en el mundo, y para otros tantos miles en nuestro país. Esta violencia puede adoptar varias formas: la explotación y el abuso; la trata y el tráfico; las prácticas culturales dañinas contra los niños y las niñas como la mutilación o el matrimonio infantil; el castigo físico y psicológico y es también, el reclutamiento en grupos armados. El impacto de la misma no deja indiferente y sus consecuencias perduran en el tiempo. Afecta al desarrollo personal y físico; a su salud mental y al modo en el que los niños, niñas y adolescentes interactúan con su entorno. Si hablamos en términos económicos, aunque son pocos los datos e información oficial, según el informe de 2014 de World Vision International el coste de la violencia contra la infancia a nivel mundial es de millones de dólares anuales, lo que significa un 8% del PIB a nivel mundial. Estimaciones realizadas en Estados Unidos, en el año 2001, indican que los costos anuales relacionados con las consecuencias de la victimización infantil ascienden a un total de millones de dólares, que representan aproximadamente el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de este país. En 2016 se interpusieron en nuestro país denuncias por delitos violentos contra menores de edad y 15 niños perdieron la vida por causas violentas. Desde 2012, la cifra de víctimas mortales ya supera los 100 niños y niñas. La infancia sufre en mayor medida que los adultos delitos más graves y violentos, como son el delito contra las personas, contra la libertad e indemnidad sexual y la libertad, los cuales conllevan un mayor daño psíquico y físico. Por tanto, tanto a nivel económico como social y moral, no reaccionar con legislación y políticas públicas ante este problema supone un coste demasiado alto. España debe cumplir con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, en la que se estipula que los Estados deben tomar todas las medidas legislativas, administrativas y sociales para proteger efectivamente a la infancia. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus observaciones finales sobre los informes periódicos de España en relación al cumplimiento con la Convención de marzo del presente año, expresó su preocupación ante la falta de progresos en la aprobación de una ley general de violencia contra la infancia y recomienda al Estado que agilice la aprobación de leyes que garanticen la protección integral de los niños

2 contra la violencia y aseguren su aplicación a todos los niveles. El Comité también lamenta que las inversiones en materia de infancia no hayan sido suficientes para hacer frente al impacto negativo causado por la crisis económica y social. España no cuenta con una protección específica e integral de los niños y niñas víctimas de todas las formas de violencia. Save the Children lleva trabajando desde hace años por la aprobación de una Ley Integral para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia sobre la que se articule una Estrategia Integral que involucre a todos los actores correspondientes y a todos los niveles. Por todo ello, creemos que esta ley que debe ser una prioridad política, debe abarcar todos los ámbitos que afectan a la vida de los niños y las niñas y en los que puede darse la violencia. Además, debe contener una prohibición expresa de la violencia contra la infancia en todas sus formas, la prevención en todos los sectores de la sociedad, la modificación del código penal en cuestión de inhabilitaciones, la adaptación del sistema judicial a las necesidades de los niños y niñas o la especial protección de grupos vulnerables, todas estas medidas deben ser contempladas en la Ley, y su desarrollo se debe hacer mediante la Estrategia que la siga. Estas medidas deben ser cuantificadas económicamente para tener una previsión sobre el coste de implementación de la futura Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia. Este estudio se desarrollará de acuerdo con la obligación de adjuntar a los anteproyectos de ley, una memoria económica y de análisis de impacto normativo (Ley 50/1997 y Real Decreto 931/2017), en especial desde la perspectiva económica y social. Por tanto, el análisis que se propone es la Elaboración del cálculo del coste e impacto económico de la implementación a nivel nacional de la Ley mencionada. 2. Objetivo general del proyecto en que se enmarca la solicitud Cuantificar el coste de implementación de la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. 3. Criterios La cuantificación deberá incluir una aproximación del coste, diferenciando el ámbito estatal y autonómico allí donde sea necesario. Para realizar el cálculo aproximado se tomarán como referencia proyectos ya existentes y experiencias previas, por ejemplo, campañas sobre el consumo de drogas, violencia de género, etc.

3 Debe contarse con una propuesta de implementación paulatina que permita su desglose. Por ejemplo, en el caso de creación de juzgados especializados o en formación para profesionales se prevé el coste unitario, para poder calcular su implementación progresiva de forma anual. 4. Conceptos a incluir Se requiere elaborar un presupuesto que incorpore la cuantificación de la inversión y coste necesarios para implantar en las diferentes áreas, las siguientes medidas: Sensibilización: o Sociedad en general: campañas de sensibilización social en relación a la promoción de los derechos de la infancia y el rechazo a la violencia. o Padres y Madres: creación de escuelas de padres para la promoción de la parentalidad positiva, la crianza libre de violencia, y buen trato. Incorporar estas enseñanzas en espacios ya existentes como los cursos de preparación al parto y las revisiones del niño sano. o Formación de docentes en prevención, detección e intervención en casos de violencia contra la infancia, tanto en los grados básicos de magisterio como en el acceso a la función del profesorado y la formación continua. También en cuestiones relacionadas con la ciudadanía digital. o Formación en derechos de infancia y prevención y detección de la violencia a personal de la Administración, fuerzas de seguridad, y personal sanitario. Sistema Educativo: o Implantación de una asignatura en enseñanza afectivo-sexual desde la primera infancia adaptada a las distintas fases evolutivas del niño o Formación en ciudadanía digital responsable. o Desarrollo de protocolos de actuación frente a todas las formas de violencia (acoso y ciberacoso, abuso sexual, maltrato, violencia de género o acoso sexual) o Formación y labor de supervisión entre los inspectores de educación para el control de la existencia y efectividad de estos protocolos. Sistema de Protección: o Formación a los profesionales en derechos de infancia y detección y prevención de la violencia o Desarrollo de las actuaciones a realizar por los servicios sociales con las familias en la aplicación de la situación de riesgo.

4 o Desarrollo de protocolos de prevención e intervención en casos de violencia contra la infancia en centros de protección o Desarrollo de políticas de prevención de la explotación sexual de menores tutelados Delegación del Gobierno sobre Violencia contra la Infancia u órgano similar: coste de creación, asignación de presupuesto, recursos y competencias necesarios para que se convierta en el órgano encargado de la proposición de la política del Gobierno en materia de violencia contra la infancia, así como tareas de coordinación, impulso, seguimiento y control tanto de la legislación como la estrategia que se desarrolle posteriormente. Observatorio de Infancia: asignación de presupuesto, recursos y competencias necesarios para que el Observatorio realice tareas de coordinación, impulso, seguimiento y control tanto de la legislación sobre violencia infantil, como de la estrategia que se desarrolle posteriormente. Justicia: o Cuantificación del coste de creación de los juzgados de violencia contra la infancia, teniendo en cuenta como mínimo uno por provincia, aumentando el número cuando la densidad de población así lo requiera. o Creación de espacios amigables a la infancia en los juzgados, acondicionados para niños y niñas y con las particularidades espaciales necesarias (sala de espera propia, sala de entrevistas, sala de observación) o Formación específica de jueces especialistas en violencia contra la infancia. o Especialización de equipos psicosociales en psicología evolutiva, derechos de infancia y técnicas específicas de interrogatorio o Creación de una Fiscalía específica de Violencia contra la Infancia. Asistencia jurídica gratuita: coste de la extensión de la asistencia jurídica gratuita a todos los menores víctima de violencia. Prueba preconstituida: coste de generalizar la prueba preconstituida a todos los casos con menores víctimas de violencia de menos de 16 años, en espacios amigables a la infancia y especialmente preparados para ello.

5 Desarrollo de formación específica en parentalidad positiva y reeducación sexual para condenados por delitos de violencia contra la infancia como sustitución a los trabajos en beneficio de la comunidad. Víctimas de Trata: o Creación de centros específicos de gestión estatal de protección para víctimas de trata menores de edad o Formación a las fuerzas de seguridad y personal de la administración en detección e intervención en materia de trata. Menores con discapacidad: o Campañas de concienciación en relación con los menores con discapacidad desde un enfoque inclusivo Menores LGTBIQ: campañas de prevención de la homofobia, la transfobia y otras formas de violencia contra menores LGTBIQ, así como de concienciación sobre la amplitud del espectro de género y las distintas formas de sexualidad e identidad sexual. Género: campañas enfocadas a la lucha contra el sexismo, el cuestionamiento de los roles tradicionales de género, corresponsabilidad y nuevas masculinidades. 5. Producto El producto final consistirá en un informe económico detallado, aproximado y comprensible que permita tener a la organización una estimación del coste que supondría al Estado la puesta en marcha y desarrollo de la Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia de cara a la labor de incidencia y negociación con agentes políticos y de la Administración. El informe se realizará a partir de una propuesta del texto legislativo ya existente, que se facilitará una vez seleccionado el consultor/a/es o institución. 6. Envío de propuestas Se enviará una propuesta metodológica en la que se incluirá una propuesta de índice y contenido detallados y un listado de las fuentes de información que se utilizarán para

6 realizar el estudio. La propuesta incorporará además el presupuesto desglosado. El plazo para el envío de esta propuesta es 30 de julio de 2018, y se remitirá a cristina.sanjuan@savethechildren.org Además, se propondrá una entrega intermedia del informe para su discusión de conformidad con Save the Children el 24 de septiembre de Plazos La fecha de entrega final del producto será el 22 de octubre de Condiciones El consultor/a/res o institución con el que vaya a desarrollar este trabajo establecerá una relación contractual con Save the Children en la que se fijarán los plazos de entrega y el precio del servicio. El consultor/a/res o institución tendrá capacidad para emitir facturas con todos los impuestos incluidos, previa presentación de la declaración censal (modelo 036) o IAE. Las especificaciones finales de pago se verán reflejadas en el contrato firmado entre ambas partes. Se incluye dentro del proceso de elaboración del producto las reuniones que el equipo técnico considere necesarias previamente a las entregas intermedia y final. En las reuniones se formularán comentarios que deben ser incluidos en la entrega final. Asimismo, una vez entregado el documento final, estará disponible durante los 3 meses siguientes para asistir a posibles presentaciones o reuniones relativas al informe para las que se requiera su conocimiento técnico concreto.