TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

Transcripción

1 RE 006/2015 Acuerdo 19/2015, de 2 de febrero de 2015, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por SAN JUAN AQUITECTURA, S.L. frente a la adjudicación del «Acuerdo marco para la selección de equipos redactores para la contratación de servicios de redacción y elaboración de delimitaciones de suelo urbano de municipios aragoneses», promovido por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. I. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El 12 de marzo de 2014, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón (en adelante el Departamento) publicó en su Perfil de contratante, el anuncio de licitación, relativo al procedimiento denominado «Acuerdo marco para la selección de equipos redactores para la contratación de servicios de redacción y elaboración de delimitaciones de suelo urbano de municipios aragoneses», contrato de servicios en su modalidad de acuerdo marco, tramitado por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, con un valor estimado de ,26 euros, IVA no incluido. Consta en el expediente que el 20 de marzo de 2014 se publicó en el Perfil de contratante una corrección de errores, de la que resulta que el Página 1 de 14

2 plazo de presentación de ofertas finalizaba el día de 14 de abril de 2014, a las 14:00 horas, Al procedimiento se presentaron varios licitadores, entre ellos la recurrente SAN JUAN AQUITECTURA, S.L. (en adelante SAN JUAN). SEGUNDO.- La Mesa de contratación, en sesión celebrada el día 28 de abril de 2014, procedió a la apertura y calificación de la documentación administrativa (Sobre nº 1), presentada por los licitadores, advirtió deficiencias y omisiones subsanables en varios de ellos, para lo cual les requirió, a los efectos de subsanación, según se recoge en el acta correspondiente. TERCERO.- En sesión pública, celebrada el 6 de mayo de 2014, la Mesa de contratación dio cuenta del resultado de la calificación de la documentación administrativa, y procedió a la apertura del Sobre nº 2 de los licitadores admitidos. De conformidad con lo establecido en la cláusula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) la Mesa de contratación será la competente para efectuar la valoración de las ofertas de acuerdo con los criterios señalados en el Anexo 4 del PCAP. La Mesa de contratación vuelve a reunirse el 16 de mayo de 2014, para el análisis del informe técnico de valoración de la propuesta sujeta a evaluación previa y acuerda asumir dicho informe en su totalidad, adjuntando el mismo al acta como anexo. Seguidamente, en acto público, da cuenta de la puntuación otorgada a cada una de las licitadoras. Posteriormente se procede a la apertura del Sobre nº 3 «Criterios de valoración sujetos a evaluación posterior», y a la lectura de las ofertas, Página 2 de 14

3 siendo requerida la asistencia del personal técnico para su valoración, en aplicación de los criterios fijados en el PCAP. Con fecha 21 de mayo de 2014 se publica en el perfil de contratante la puntuación técnica alcanzada por todos los licitadores y sus ofertas sujetas a evaluación posterior. CUARTO.- La Mesa de contratación vuelve a reunirse el 9 de junio de 2014, para el análisis del informe técnico de valoración de la propuesta sujeta a evaluación posterior, y acuerda asumir dicho informe en su totalidad. En acto público, da cuenta de la puntuación otorgada a cada una de las empresas en aplicación de los criterios de valoración fijados en el Anexo V del PCAP. Seguidamente, acuerda formular ante el órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato y proponer como adjudicatarias a las veinte empresas que han obtenido las puntuaciones correspondientes a las ofertas más ventajosas, según los criterios establecidos en el PCAP, tal como se relacionan en el acta. QUINTO.- Por Orden del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de 26 de junio de 2014 se clasifican las ofertas por orden decreciente, y se requiere a las veinte empresas que han presentado las ofertas más ventajosas para que presenten la documentación necesaria para proceder a la adjudicación del contrato. Por Orden de 15 de diciembre de 2014, del Consejero de Obras Públicas Urbanismo, Vivienda y Transportes, se adjudica el contrato, publicándose en el perfil de contratante el día 16 de diciembre. La remisión de las notificaciones de la adjudicación a adjudicatarios y no adjudicatarios se lleva a cabo el día 18 de diciembre de Página 3 de 14

4 SEXTO.- Con fecha 9 de enero de 2015, tiene entrada en el Registro de la Dirección General de Urbanismo escrito por el cual D. J. Manuel San Juan en nombre y representación de SAN JUAN, interpone, lo que denomina recurso de reposición contra la adjudicación del contrato «Acuerdo marco para la selección de equipos redactores para la contratación de servicios de redacción y elaboración de delimitaciones de suelo urbano de municipios aragoneses». No obstante lo anterior, y tal y como se acreditará en los fundamentos de derecho, tiene la naturaleza de recurso especial a resolver por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en aplicación de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), en relación con la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. El recurso interpuesto es remitido por el Departamento al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón el 15 de enero de 2015, junto con el expediente y el informe al que hace referencia el artículo 46.2 TRLCSP. SÉPTIMO.- El recurso alega que en la Memoria Técnica han obtenido una puntuación de 7,2 puntos frente a la mejor valorada con 14,75 puntos. Expone que, en la elaboración de varios apartados que debían valorarse, el contenido era exactamente un resumen del proyecto de delimitación de Suelo de Fombuena realizado recientemente por ellos y aprobado por el Departamento. En otro apartado se recogían las determinaciones del pliego que en su día firmaron para la elaboración del documento de Fombuena, por ser muy preciso y detallado. Página 4 de 14

5 Por su experiencia general, les parece «sorprendente» la puntuación obtenida, solicitan que se revise su puntuación técnica, y se aporte, en su caso, los criterios técnicos objetivos utilizados para su puntuación en referencia a la mejor puntuada, para poder ser rebatido con las consideraciones oportunas en su defensa. OCTAVO.- El día 19 de enero de 2015 el Tribunal, a fin de evacuar el trámite de alegaciones, notificó la interposición del recurso a los restantes interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 TRLCSP. Finalizado el plazo concedido no se ha recibido ninguna alegación. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- En este contrato procede su sometimiento al recurso especial, tal y como señala el PCAP en su cláusula , aunque la recurrente lo califica como recurso de reposición. El recurso especial en materia de contratación, como recurso administrativo, es exclusivo, sustitutivo y excluyente de los recursos administrativos ordinarios, pudiendo, en su caso, acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso se ha interpuesto contra la adjudicación de un contrato de servicios cuyo valor estimado es superior a euros. El acto es recurrible, como indica el PCAP, y de acuerdo con el artículo a) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público en Aragón (en redacción dada por el artículo 33 de Página 5 de 14

6 la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón), siendo competente este Tribunal administrativo para su resolución. Se acredita en el expediente la legitimación de SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L. para interponer recurso especial y su representación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 TRLCSP. Se acredita también la interposición en plazo del mismo. SEGUNDO.- La cuestión de fondo planteada en el recurso admitido se refiere a la valoración de la propuesta de SAN JUAN contenida en el informe técnico del equipo de valoración, y hecha suya por la Mesa de contratación, en relación con los criterios de valoración previstos en el PCAP, en concreto respecto de la «Memoria de actuación». La resolución del recurso requiere, en consecuencia, examinar si la actuación del órgano y la Mesa de contratación se ajustaron al régimen jurídico de la contratación del sector público (TRLCSP y normativa de desarrollo), y, en especial, a los Pliegos jurídico y técnico que constituyen la ley de contrato, como viene afirmando, reiteradamente, nuestra jurisprudencia. Es importante señalar que la recurrente no cuestiona ni los criterios de adjudicación, ni el peso que tiene cada uno en la adjudicación, ni el procedimiento de adjudicación en su tramitación. Únicamente se cuestiona la valoración del único criterio de adjudicación que depende de un juicio de valor. Pues bien, la doctrina de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales en esta materia es abundante y reiterativa; y se resume en que los actos de la Administración Pública no pueden ser puestos en tela de juicio en base Página 6 de 14

7 a meras conjeturas, sino que es preciso que, quien los discuta, aporte argumentos o principios de prueba que acrediten, siquiera sea de forma indiciaria, que el órgano de contratación ha actuado de forma no razonable o con algún grado de arbitrariedad. En este sentido se manifiesta la Resolución 343/2014 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que este Tribunal comparte: «En cuanto a la impugnación de las valoraciones o apreciaciones técnicas de las ofertas formuladas por los licitadores este Tribunal tiene una consolidada doctrina sobre los límites del enjuiciamiento del mismo. Como corolario de esta doctrina podemos citar el fundamento noveno de la Resolución nº 232/2014, de 21 de marzo, la cual sostiene lo siguiente En orden a analizar este último motivo de impugnación, debemos comenzar señalando que la valoración de las ofertas de los licitadores en aquellos aspectos dependientes de juicios de valor por parte de la mesa de contratación constituye una manifestación particular de la denominada discrecionalidad técnica de la Administración, debiendo aplicarse la doctrina jurisprudencial elaborada, con carácter general, en relación con la posibilidad de revisión jurisdiccional de los actos administrativos dictados en ejercicio de las potestades discrecionales y, en particular, en relación con la actuación de las mesas de contratación al valorar criterios subjetivos o dependientes de juicios de valor. Este Tribunal, con base en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha tenido ocasión en numerosas Resoluciones de pronunciarse acerca de esta cuestión, sosteniendo que sólo en aquellos casos en que la valoración deriva del error, la arbitrariedad o el defecto procedimental, caber entrar, no tanto en su revisión, cuanto en su anulación, a lo que se añade que, para apreciar la posible existencia de error en la valoración no se trata de realizar un análisis profundo de las argumentaciones técnicas aducidas por las partes, sino más exactamente y tal como la jurisprudencia ha puesto de manifiesto, de valorar si en la aplicación del criterio de adjudicación se ha producido un error material o de hecho que resulte patente de tal forma que pueda ser apreciado sin necesidad de efectuar razonamientos complejos». Página 7 de 14

8 Ello supone que, tratándose de cuestiones que se evalúan aplicando criterios estrictamente técnicos, el Tribunal no puede corregirlos aplicando criterios jurídicos. No se quiere decir con ello, sin embargo, que el resultado de estas valoraciones no pueda ser objeto de análisis por parte de este Tribunal, sino que este análisis debe quedar limitado de forma exclusiva a los aspectos formales de la valoración, tales como las normas de competencia o de procedimiento; o que en la valoración no se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios o que, finalmente, no se haya incurrido en error material al efectuarla. Fuera de estos aspectos, el Tribunal debe respetar los resultados de dicha valoración. TERCERO.- Sentado lo anterior, para analizar la cuestión debatida, es necesario reproducir el contenido del PCAP respecto del criterio de valoración en relación con el que se plantea el recurso. Según establece el PCAP, el criterio «Memoria de actuación» se valorará de la siguiente forma: «CRITERIOS PONDERACIÓN 1. CRITERIO. MEMORIA DE ACTUACIÓN 20 Se realizará una memoria sobre la metodología y operativa propuesta para la ejecución del trabajo con una extensión máxima de 5 páginas tipo Din-4ª en doble cara. La estructura de la memoria desarrollará los siguientes contenidos: - Marco normativo y procedimiento de aprobación de la Delimitación de Suelo Urbano: se evaluará el conocimiento del marco normativo y del procedimiento de Delimitación de Suelo Urbano. Se valorará con un máximo de 4 puntos. - Relación de informes exigidos por la legislación sectorial aplicable que deberán solicitarse: se evaluará el conocimiento sobre los informes exigidos por la legislación sectorial aplicable Página 8 de 14

9 que deberán solicitarse durante la elaboración y tramitación del instrumento de Delimitación de Suelo Urbano. Se valorará con un máximo de 3 puntos. - Soportes documentales: Se evaluará el conocimiento sobre los medios informáticos, sistemas y soportes gráficos con los que se deben realizar el trabajo, de tal modo que los resultados puedan ser directamente integrados en el programa SIOUA. Se valorará con un máximo de 3 puntos. - Esquema descriptivo del proyecto: Se avaluará la racionalidad en la sistemática operativa que se propone por el equipo redactor para la elaboración de los trabajos. Para ello se deberán detallar pormenorizadamente los objetivos operativos a desarrollar en la elaboración del proyecto, abordando los diferentes aspectos que lo configuran, tales como la memoria informativa, memoria justificativa, ordenanzas y documentación gráfica, de tal modo que pueda deducirse la secuencia lógica de trabajo y su traslado a un esquema indicativo de la documentación a elaborar. Se valorará con un máximo de 10 puntos. La valoración de la memoria se realizará sobre los aspectos mencionados con un máximo total de 20 puntos». El PCAP contiene así un único criterio de valoración mediante juicio de valor: «Memoria de actuación», estableciendo a su vez cuatro subcriterios para valorarlo, a los que se les asigna una puntuación máxima concreta. Por su parte, el equipo de valoración, en su informe técnico, detalla los aspectos esenciales que se van a tener en cuenta para valorar cada subcriterio en el análisis de las propuestas, de tal manera que, a juicio de este Tribunal, establecidos los criterios y subcriterios de valoración en el PCAP en los términos exigidos por el artículo 150 del TRLCSP, lo que se ha producido es una manifestación o motivación de los elementos de valoración que, de acuerdo con el equipo de valoración, van a tenerse en cuenta para apreciar el grado de presencia del subcriterio establecido en cada una de las ofertas. En tal sentido, el detalle de los Página 9 de 14

10 subcriterios fijados no puede considerarse contradictorio con la formulación genérica que del criterio de valoración hace el PCAP. CUARTO.- En realidad el motivo fundamental del recurso es la diferencia de puntuación obtenida por la recurrente en la memoria (7,20 puntos), respecto a la mejor valorada (14,76 puntos). Diferencia que la recurrente achaca a una valoración inadecuada de su oferta, y no al grado de detalle que se contienen en las proposiciones de los equipos competidores. Afirma que ella realizó su propuesta en base a un concreto Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, ya aprobado. Frente a esta alegación, argumenta por una parte el Departamento, en su informe al recurso, que la redacción de al menos un instrumento de esta clase (planeamiento general o de desarrollo) debía acreditarse para justificar la solvencia técnica de los licitadores, pero no era objeto de consideración en la evaluación de la «Memoria de actuación» del Sobre nº 2, cuyo objetivo era que los licitadores pusieran de manifiesto sus conocimientos sobre el instrumento de ordenación urbanística a redactar, la Delimitación de Suelo Urbano en un municipio aragonés. En contra de la argumentación de la recurrente respecto de la concreta puntuación asignada, el Departamento sostiene que «en el subcriterio Marco normativo y procedimiento de aprobación de la Delimitación de Suelo Urbano, SAN JUAN no hacía referencia a las Normas Subsidiarias Provinciales, y sin embargo, se relacionaban otras disposiciones de carácter urbanístico sin relación a este instrumento. Del artículo 69 bis de la Ley 3/2009 relativo a la Delimitación de Suelo Urbano, no había referencias a su carácter, al Suelo No Urbanizable Especial como posible contenido complementario, ni al procedimiento de aprobación, por ello se valoro con 2,35 puntos». Página 10 de 14

11 Y sigue el informe, «En cuanto al apartado Relación de informes exigidos por la legislación sectorial aplicable que deberán solicitarse, solo se mencionaban Departamentos del Gobierno de Aragón a los que solicitar informes preceptivos tras la aprobación inicial, sin citar ni la normativa en la que se incardinan, ni plazo para su emisión, ni efectos, por ello se valoró con 0,6 puntos». Respecto al apartado «Soportes documentales» se señala que, «exponían las condiciones de presentación del documento y en ellas sí mencionaban los imprescindibles NOTEPA y NOTEPACAD, pero no había referencias al SIOUA u otros SIG, ni se proporcionaba información para evaluar su conocimiento sobre ellos, por ello se valoró con 1,5 puntos». Y concluye la argumentación en este punto, «En el apartado Esquema descriptivo del proyecto había una mezcla entre sistemática operativa del trabajo (esquemática y sin mención a plazos) y contenido del mismo. Respecto a éste, no se hablaba de Memoria Informativa, Memoria Justificativa y Ordenanzas sino de Análisis de la Información, Propuestas y Normas Urbanísticas. Por otro lado se hacía mención a aspectos como clasificaciones de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable) calificación, catalogo, reparcelaciones, condiciones de regulación del suelo no urbanizable u otros, que en ningún caso corresponden a este instrumento de ordenación, por eso se valoró con 2,75 puntos». QUINTO.- A la vista de las alegaciones de las partes y de los criterios que el Tribunal ha sentado en el fundamento jurídico segundo sobre la función que debe desarrollar, es necesario señalar que queda suficientemente acreditado que en el procedimiento se han seguido los trámites procedimentales exigidos por la normativa aplicable y en Página 11 de 14

12 especial, por relevante, los que se refieren a la valoración previa y diferenciada del criterio sujeto a juicio de valor respecto de los de valoración automática, tal y como prescribe el artículo TRLCSP y, asimismo, que de esa valoración se dio publicidad en el acto público de apertura de las ofertas contenidas en el Sobre nº 3, tal y como exige el artículo 30.3 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Por lo tanto la valoración de las ofertas se ha realizado con todas las garantías procedimentales, sin que la valoración de las ofertas en cuanto al criterio sujeto a juicio de valor haya podido ser contaminada por el conocimiento de la parte sujeta a valoración automática, y los licitadores así lo pudieron comprobar en el acto de apertura de los Sobres nº 3. En cuanto a los aspectos concretos de la valoración que han sido recurridos, es necesario hacer constar que el informe que aporta el Departamento, realizado por la Jefe del Servicio de Personal, Régimen Económico y Contratación, sobre la base del informe de valoración del equipo de valoración, es exhaustivo y detallado y permite concluir que en la valoración realizada no se aprecia ni error material ni arbitrariedad, en cuanto que se ha dado un trato igualitario a ofertas similares. Admitir los argumentos de la recurrente sería tanto como acceder, sin fundamento alguno, a la sustitución del criterio del equipo de valoración por el particular de la recurrente, cuando a aquel, además de conocimientos técnicos sobre la materia, se le presume imparcialidad a la hora de aplicarlos, por lo que procede desestimar el recurso. Página 12 de 14

13 En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 41 TRLCSP, y en los artículos 2, 17 y siguientes de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. III. ACUERDA PRIMERO.- Desestimar el recurso especial, interpuesto por D. L. Manuel San Juan en nombre y representación de SAN JUAN ARQUITECTURA, S.L, frente a la adjudicación del contrato denominado «Acuerdo marco para la selección de equipos redactores para la contratación de servicios de redacción y elaboración de delimitaciones de suelo urbano de municipios aragoneses», promovido por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. SEGUNDO.- Levantar la suspensión automática derivada del artículo 45 TRLCSP, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47.4 TRLCSP. TERCERO.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento, y acordar su publicación en la sede electrónica del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. CUARTO.- Significar que, contra este Acuerdo, ejecutivo en sus propios términos, solo cabe la interposición de recurso contenciosoadministrativo (artículo 44.1 Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, LJ) en el plazo de dos meses, a contar Página 13 de 14

14 desde la notificación del mismo, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículo 10 k) LJ), todo ello de conformidad con el artículo 49 TRLCSP. Página 14 de 14