Lima, siete de agosto. del dos mil ocho.

Transcripción

1 Lima, siete de agosto del dos mil ocho. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número tres mil quinientos sesenta y seis dos mil siete, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Cielos del Perú Sociedad Anónima mediante escrito de fojas trescientos setenta y tres, contra la sentencia de vista emitida por la Primera Sala Civil del Callao de fojas trescientos cuarenta y seis, su fecha veintitrés de enero del dos mil siete, que confirmó la sentencia apelada de fojas doscientos noventa y nueve que declara fundada la demanda interpuesta por La Positiva Seguros y Reaseguros contra la empresa Cielos del Perú Sociedad Anónima y, en consecuencia, ordena a la demandada que cumpla con pagarle a las demandantes la suma de diecisiete mil trescientos cincuenta y cuatro punto catorce dólares americanos más los intereses legales desde la interposición de la demanda; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha veinticuatro de octubre del dos mil siete, por las causales previstas en los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual se denuncia: a) interpretación errónea del artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política del Estado, señala que se ha interpretado erróneamente el Convenio de Varsovia y, que de acuerdo a la norma denunciada forma parte del derecho nacional por aprobación mediante Resolución Legislativa número veinticuatro mil ochocientos diecinueve del doce de mayo de mil novecientos ochenta y ocho y que entró en vigencia el tres de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, y tiene efectos Erga Omnes para todos; b) inaplicación de los artículos veintidós y veinticinco vigentes del Convenio de Varsovia, pues contrariamente a lo que disponen las instancias jurisdiccionales no corresponde a la demandada probar que no actúo dolosamente o con negligencia inexcusable o temeraria. Nótese que éstas dos circunstancias, son las que de probarse generan en perjuicio del transportista (Cielos del Perú) el automático levante del límite indemnizatorio de veinte dólares americanos por kilo de carga siniestrada, obligándole al pago del valor total siniestrado; que de un estudio sistemático del Convenio de Varsovia el transportista es responsable por el sólo hecho de la pérdida o daño en la carga sólo en razón de veinte dólares americanos por kilo de carga salvo: la declaración especial de valor al momento de celebrarse el transporte y en este caso el transportista responde por el íntegro del valor declarado y por ello, el cliente pagara un flete mayor o en caso de culpa por responsabilidad probada del Transportista, cuando se prueba que el daño es resultado de una acción u omisión del transportista con la intención de causar daño o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño; y, c) inaplicación del artículo doscientos sesenta y cuatro del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil aprobado por Decreto Supremo número cero cincuenta dos mil uno MTC y modificado por Decreto Supremo número cero dieciocho dos mil dos MTC, que establece que el Transporte Aéreo Internacional de Carga, la responsabilidad del transportista se rige por los instrumentos internacionales vigentes para el Perú; y, CONSIDERANDO: Primero. Que, mediante escrito de fojas cincuenta y dos, El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros interpuso demanda contra Cielos del Perú Sociedad Anónima, para que cumpla con pagarle por concepto de indemnización la suma de diecisiete mil trescientos cincuenta y cuatro punto catorce dólares americanos por los daños económicos ocasionados a

2 raíz de la pérdida de ciento cuarenta y cinco unidades de un total de cargamento consistente en cámaras fotográficas, binoculares y baterías valorizados en sesenta y cinco mil setecientos noventa dólares americanos y con un peso bruto de seiscientos treinta y nueve punto diez kilogramos, verificándose un faltante de ciento cuatro punto diez kilogramos, que fuera adquirido por la empresa Importaciones Hiraoka Sociedad Anónima Cerrada, embarcada en Miami USA a bordo de la aeronave de la línea aérea Cielos del Perú Sociedad Anónima con destino al aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima Perú; suma que solicita la actora en vía de subrogación por ser aseguradora de la empresa Importaciones Hiraoka Sociedad Anónima Cerrada a quien ha cumplido con indemnizar por la suma de diecisiete mil trescientos cincuenta y cuatro punto catorce dólares americanos, y que es el importe que se consigna en la demanda; Segundo. Que, al contestar el traslado de la demanda, Cielos del Perú Sociedad Anónima si bien no niega el transporte que tuvo a su cargo; sin embargo, señala que su responsabilidad pecuniaria es limitada en el sentido de ser la responsabilidad del transportista por un valor máximo de veinte dólares americanos por kilo, salvo que el transportador, que en este caso es Panalpìna Transportes Mundiales Sociedad Anónima, haya declarado por anticipado un valor superior y pagado al transportista un recargo suplementario, sin embargo de la Guía Aérea número cinco dos nueve uno cero tres cuatro tres cuatro cuatro tres el transportador Panalpina Transportes Mundiales Sociedad Anónima, no declaró el valor de su carga, conforme al Convenio de Varsovia suscrita el doce de octubre de mil novecientos veintinueve artículos tercero, cuarto, décimo, vigésimo segundo y sus modificatorias; Tercero. Que, la sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda, concluyendo que de modo alguno se ha establecido en el proceso la responsabilidad personal o individual de las personas que sustrajeron o hurtaron los bienes, de esta manera no se ha determinado en forma directa el actuar doloso de la demandante o de sus dependientes, resultando evidente que habiéndose producido el hurto en el período de responsabilidad de la demandada, ésta y/o sus dependientes han actuado con negligencia, pues su actuar ha permitido en forma culposa que los agentes que han llevado a cabo el hurto procedan a sustraer los bienes de la asegurada, pudiendo volver a cerrar los bultos y no habiendo realizado una adecuada labor de vigilancia o cuidado mínimo sobre los bienes que se hallaban bajo su responsabilidad, lo que resulta aún agravado cuando la parte demandada no ha indicado de modo alguno que ocurrió con la mercadería siniestrada, por ello el transportista no se halla dentro de los alcances de las normas de limitaciones de responsabilidad a que se contrae el artículo vigésimo segundo de la Convención de Varsovia, modificado por el Protocolo de la Haya de mil novecientos cincuenta y cinco, reunificándose sus reglas por el Convenio para unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional celebrado en Canadá el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve y ratificado por el Decreto Supremo número cero veintidós dos mil dos RE, pues las citadas normas no excluyen la responsabilidad por culpa inexcusable o culpa grave; Cuarto. Que, a su vez la resolución de vista Confirmó la sentencia de primera instancia, señalando fundamentalmente que la sustracción de la mercancía se produjo en el período de responsabilidad de la demandada, lo que da cuenta que no actuó con la debida diligencia, y con su actuar culposo ha permitido que se sustraigan los bienes de la asegurada, pues no realizó una debida vigilancia de la mercancía transportada, asimismo no ha demostrado la demandada, las razones de la pérdida de la mercadería o como pudo ocurrir la sustracción, habiéndose establecido por ello, que la pérdida de la mercadería se debió a culpa inexcusable de la demandada, por lo que no resulta de aplicación el artículo veintidós del

3 Conven io de Varsovia; Quinto. Que, al haberse denunciado la causal de interpretación errónea de una norma de derecho material, corresponde señalar que esta causal se configura cuando concurren los siguientes supuestos: 1) el Juez establece determinados hechos, a través de una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; 2) que éstos, así establecidos, guardan relación de identidad o semejanza sustancial con los supuestos fácticos de una norma jurídica determinada; 3) que elegida esta norma como pertinente (sólo ella o en concurrencia con otras) para resolver el caso concreto, la interpreta (y aplica); 4) que en la actividad interpretativa, el Juzgador, utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de aquella norma, es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, con lo cual resuelve el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, vulnerando el valor superior del ordenamiento jurídico, como es el de la justicia; Sexto. Que, el artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política del Estado, establece que los Tratados celebrados por el Estado y, en vigor forman parte del derecho nacional. Por Tratado se entiende a todo acuerdo celebrado entre dos sujetos de derecho internacional, destinado a producir determinados efectos jurídicos, y que abarca no sólo a los acuerdos signados expresamente con tal denominación, sino igualmente a los Protocolos, los Convenios, Pactos, Concordatos, Acuerdos, etcétera. En el caso del Perú, los Tratados se incorporan al derecho interno por el sólo hecho de su celebración o adhesión por el Estado, y su entrada en vigencia se determina por su ratificación y publicación; Séptimo. Que, el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional, conocido como Convenio o Convención de Varsovia, fue aprobado por el Perú con las modificaciones introducidas por el Protocolo de La Haya del veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco mediante Resolución Legislativa número veinticuatro mil ochocientos diecinueve del doce de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, ratificado el cinco de julio del mismo año y vigente desde el tres de octubre del año citado, según informa la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; por tanto, se trata de una norma que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, advirtiéndose que en el caso de autos, no se ha aplicado el supuesto contenido en el artículo veintidós del Convenio de Varsovia, no por desconocimiento de su vigencia sino por un criterio interpretativo esbozado por la Sala, en el sentido de que al haberse acreditado la culpa inexcusable del transportista, no resulta de aplicación los límites a la responsabilidad del transportista; Octavo. Que, de otro lado, la causal de inaplicación de una norma de derecho material se configura cuando: 1) el Juez, por medio de una valoración conjunta y razonada de las pruebas, establece como probado ciertos hechos alegados por las partes y relevantes del litigio; 2) que estos hechos guardan relación de identidad con determinados supuestos fácticos de una norma jurídica material: 3) que no obstante esta relación de identidad (pertinencia de la norma) el Juez no aplica esta norma (específicamente, la consecuencia jurídica) sino otra distinta, resolviendo el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, lesionando el valor de justicia; Noveno. Que, el artículo doscientos sesenta y cuatro del Decreto Supremo cero cincuenta dos mil uno MTC establece que en el transporte aéreo internacional de pasajeros, equipaje y carga, la responsabilidad del transportista se rige por los instrumentos internacionales vigentes para el Perú; es decir, la responsabilidad en el transporte de carga no se rige por normas internas relativas a la res ponsabilidad contractual reguladas en el Código Civil o en las normas especiales de transporte, sino única y

4 exclusivamente por los Tratados internacionales vigentes en territorio peruano. En tal sentido, al ser objeto de los presentes actuados establecer la responsabilidad del transportista Cielos del Perú Sociedad Anónima en la pérdida de una carga que efectivamente embarcó y transportó vía aérea desde los Estados Unidos al Perú resultan pertinentes las normas internacionales que regulan la responsabilidad civil del transportista aéreo, conforme se advierte ha realizado la Sala quien confirmando el pronunciamiento del Juez ha aplicado las reglas de la Convención de Varsovia de manera acorde con la legislación nacional, por lo que la aplicación del citado artículo doscientos sesenta y cuatro del Decreto Supremo número cero cero cincuenta dos mil uno MTC no va alterar el sentido de lo resuelto; Décimo. Que, procediendo a analizar la denuncia de inaplicación de los artículos veintidós y veinticinco vigentes del Convenio de Varsovia, corresponde señalar en primer lugar, que el Convenio de Varsovia suscrito en mil novecientos veintinueve, fue en efecto, modificado en diversos artículos por el Protocolo de La Haya de mil novecientos cincuenta y cinco. Posteriormente, se aprobaron los Protocolos Adicionales modificatorios números primero y segundo suscritos en Montreal el veinticinco de septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco, de los que el Perú es parte según informa la Resolución Legislativa antes citada número veinticuatro mil ochocientos diecinueve. Finalmente, el citado Convenio de Varsovia y sus protocolos modificatorios fueron refundidos dando lugar a un Texto Único del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, que fue adoptado en la ciudad de Montreal, Canadá, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve y ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo número cero veintiséis dos mil dos RE del ocho de marzo del dos mil dos, entrando en vigencia el cuatro de noviembre del dos mil tres, según comunicado publicado en la Separata de Normas Legales de fecha diecinueve de noviembre del dos mil tres, rectificado por fe de erratas publicada el veintisiete de noviembre del mismo año. En tal sentido, es este último instrumento internacional el que, a tenor de lo normado en el artículo doscientos sesenta y cuatro del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, rige actualmente para la determinación de la responsabilidad del transportista aéreo, tal como incluso se establece en el artículo cincuenta y cinco del acotado Convenio de mil novecientos noventa y nueve, y que debe servir de marco para el análisis de la presente causa, por encontrarse vigente a la fecha en que se produjo la pérdida de la mercancía (agosto del dos mil cuatro); Décimo primero. Que, en segundo lugar, entrando al análisis específico de las normas que regulan la responsabilidad del transportista aéreo, el artículo dieciocho inciso primero del Convenio vigente señala, que el transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción o pérdida o avería de la carga, por la sola razón de que el hecho que causó el daño se haya producido durante el transporte aéreo. No obstante que la norma acotada establece lo que podríamos denominar una responsabilidad per se por la pérdida de la carga, sin embargo, también establece excepciones (cuando existan defectos propios de la carga, su embalaje, acto de guerra, conflicto armado o acto de la autoridad pública) y exoneraciones (cuando el transportista pruebe la negligencia, acción u omisión de la persona que solicita la indemnización, cuando ésta haya causado el daño o contribuido en él) de la responsabilidad, así como límites al momento de establecer el monto al que debe ascender la reparación del daño. Estos límites se encuentran regulados, para el caso de la pérdida de una carga, en el artículo veintidós inciso tercero del Convenio vigente para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional de mil novecientos noventa y nueve, según el cual la pérdida de la carga se limita a diecisiete Derechos Especiales de Giro (DEG) por kilogramo, a menos que

5 el expedidor haya hecho al transportista, al entregarle el bulto, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el expedidor; Décimo Segundo. Que, a diferencia del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional de mil novecientos veintinueve, modificado por el Protocolo de La Haya de mil novecientos cincuenta y cinco, que establecía excepciones a los límites de reparación del daño en la pérdida de la carga en el transporte aéreo, el Convenio vigente de mil novecientos noventa y nueve no lo establece, sino únicamente para los casos de retraso en el transporte de personas o de pérdida, destrucción, avería o retraso del equipaje, tal como se regula en su artículo veintidós inciso quinto. Como puede advertirse, el Tratado Internacional sólo establece dos excepciones concretas a los límites pecuniarios establecidos, manteniendo el límite de la responsabilidad en el transporte de carga en diecisiete DEG por kilogramo, sin perjuicio de que el transportista pueda estipular que el contrato de transporte se sujete a límites de responsabilidad más elevados que los previstos en el Convenio o que no estará sujeto a ningún límite de responsabilidad conforme se estipula en el artículo veinticinco del mismo; Décimo Tercero. Que, al haberse denunciado la inaplicación de los artículos veintidós y veinticinco del vigente Convenio de Varsovia resultan aplicables al caso de autos al estar contenidas en el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, adoptado en la ciudad de Montreal, Canadá, el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en cuyo artículo cincuenta y cinco inciso segundo, se establece con toda claridad, que el mismo prevalecerá sobre toda regla que se aplique al transporte aéreo internacional dentro del territorio de cualquier Estado Parte, si es igualmente Parte del Convenio de Varsovia de mil novecientos veintinueve, del Protocolo de La Haya de mil novecientos cincuenta y cinco, del Convenio de Guadalajara de mil novecientos sesenta y uno, del Protocolo de Guatemala de mil novecientos cincuenta y cinco o de los Protocolos de Montreal de mil novecientos setenta y cinco, por lo que son los artículos pertinentes del Convenio vigente, y no otros, los que resultan aplicables al caso concreto; razón por la que la denuncia expuesta en este extremo resulta amparable; Décimo Cuarto. Que, a tenor de lo normado en el artículo trescientos noventa y seis inciso primero del Código Procesal Civil, si la sentencia casatoria declara fundado el recurso por las causales precisadas en los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochenta y seis, además de declararse la nulidad de la sentencia impugnada, la Sala debe completar la decisión, resolviendo la causa según corresponda a la naturaleza del conflicto de intereses, sin devolver el proceso a la instancia inferior. En tal sentido, al haberse amparado el recurso de casación por la causal de inaplicación de normas de derecho material, corresponde a esta sede pronunciarse sobre el fondo de la materia controvertida; Décimo Quinto. Que, conforme se tiene establecido en autos, mediante el Manifiesto de Ingreso de la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT se consignó un peso originario de seiscientos treinta y nueve punto diez kilogramos y, se recibió un peso de quinientos treinta y cinco kilogramos existiendo un faltante de ciento cuatro punto die z kilogramos situación fáctica que no ha sido controvertida por ninguna de las partes siendo que conforme se ha detallado en los considerandos anteriores décimo y décimo primero, aplicando el derecho que corresponde al proceso en virtud al principio iura novit curia recogido en el artículo séptimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil, la

6 responsabilidad del transportista en caso de pérdida de la carga, se limita a la suma de diecisiete derechos especiales de Giro por kilogramo, tal como se estipula en el inciso tercero del artículo veintidós del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional de mil novecientos noventa y nueve, salvo declaración del valor especial de la entrega, en cuyo caso pagará la suma declarada, o cuando se hubiere estipulado en el contrato de transporte límites superiores a los establecidos en el Convenio, según se establece en el artículo veinticinco, o que no existe ningún límite de responsabilidad; sin embargo, en el caso concreto, revisada la Guía de Carga Aérea presentada por la propia demandante obrante a fojas seis, la embarcadora no declaró ningún valor para el transporte ni tampoco se ha estipulado en la Guía límites superiores a la responsabilidad establecida en el Convenio vigente, ni se han eliminado dichos límites expresamente, razón por la cual, el pago de la carga perdida sólo corresponde ser resarcida en razón a diecisiete DEG por kilogramo, y habiéndose establecido que la carga perdida tenía un peso de ciento cuatro punto diez kilogramos, corresponde resarcir a la demandante con el valor de un mil setecientos sesenta y nueve punto setenta en derechos especiales de giro, cuya conversión en dólares de los Estados Unidos de América (que es la moneda en la que se demanda el resarcimiento) deberá efectuarse en ejecución de sentencia mediante informe pericial; Décimo Sexto. Que, sólo para efecto informativo, el DEG es una unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional cuyo valor se fija diariamente por dicho organismo en función de una cesta de cuatro monedas principales: euro, yen japonés, libra esterlina y dólar de Estados Unidos; siendo su valor aproximado actual de uno punto cincuenta dólares (su valor exacto a la fecha de expedición de esta sentencia deberá fijarse en la pericia respectiva). Siendo así, la suma que corresponde resarcir a la demandante es menor a la solicitada en su petitorio; Décimo Séptimo. Que, en consecuencia, por los fundamentos expuestos, la demanda incoada resulta fundada sólo en parte, correspondiendo revocar la apelada en cuanto al monto indemnizatorio establecido, por no corresponder el resarcimiento del total del valor perdido sino sólo en el límite establecido por el Convenio vigente; por cuyas razones y de conformidad con el artículo trescientos noventa y seis inciso primero del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Cielos del Perú Sociedad Anónima, mediante escrito de fojas trescientos setenta y tres, en consecuencia, CASARON la resolución de vista de fojas trescientos cuarenta y seis, su fecha veintitrés de enero del dos mil siete; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas doscientos noventa y nueve, su fecha veinticinco de setiembre del dos mil seis, en cuanto declara Fundada la demanda; y, REFORMÁNDOLA la declararon Fundada en parte y, ORDENARON que la demandada pague a la demandante el monto equivalente a un mil setecientos sesenta y nueve punto setenta derechos especiales de giro cuyo valor en dólares de los Estados Unidos de América a la fecha de expedición de esta sentencia, se determinará en la etapa de ejecución; en los seguidos por El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros contra Cielos del Perú Sociedad Anónima sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron; Vocal ponente señor Miranda Molina. PUBLÍQUESE en el Diario Oficial El Peruano. S.S. PAJARES PAREDES PALOMINO GARCÍA

7 C ASTAÑEDA SERRANO MIRANDA MOLINA VALERIANO BAQUEDANO. tzv CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL TRANSITORIA CASACIÓN CALLAO INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS PAGE PAGE 10

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