I.: Justificación memoria abreviada

Transcripción

1 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA ADMÓN. Memoria de Impacto relativa al proyecto de real decreto por el que se crean 16 plazas de Magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal I.: Justificación memoria abreviada Se utiliza la Memoria abreviada, en los términos previstos en el apartado V de la Guía Metodológica para la elaboración de la memoria de análisis de impacto normativo aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, dado que carece de impacto económico general, de efectos en la competencia del mercado y en las cargas administrativas. No supone modificaciones en el ordenamiento jurídico vigente que establezcan, supriman o, alteren derechos de carácter general. II.: Base jurídica y rango del proyecto normativo Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1, 5ª de la Constitución que atribuye al Estado, la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. Esta disposición obedece al mandato legal que se recoge en el artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, y que faculta al Gobierno para modificar el número y composición de los órganos judiciales establecidos en dicha ley, mediante la creación de Secciones y Juzgados. Así, al amparo de esta habilitación legal, corresponde al Gobierno la creación de nuevas unidades judiciales y plazas de juez de adscripción territorial, con la finalidad de que la planta judicial sea idónea para atender las necesidades de la Administración de Justicia, y garantizar así a los ciudadanos la efectividad de la protección judicial de sus derechos. El proyecto de real decreto responde a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial al establecer que La creación de Secciones y Juzgados corresponderá al Gobierno cuando no suponga alteración de la demarcación judicial, oídos preceptivamente la Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial. Por su parte el artículo 73.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, modificado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, establece la posibilidad de crear Secciones de Apelación Penal en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en el sentido siguiente En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, la posibilidad de crear Secciones de lo Penal, e incluso Salas de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sede de otras salas del tribunal superior a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al Tribunal Superior de Justicia. CORREO ELECTRÓNICO: SG.OrgCoordTerritorial@mjusticia.es SAN BERNARDO, MADRID TEL.: FAX:

2 En el proyecto de real decreto se hace efectiva la segunda instancia penal mediante la dotación de dieciséis plazas de magistrado, distribuidas en tres plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y trece plazas de magistrado para las Salas de lo Civil y Penal en determinados Tribunales Superiores de Justicia como consecuencia de la generalización de la segunda instancia penal. El proyecto de real decreto tiene como objeto: a) Concretar y adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, mediante la creación de dieciséis plazas de magistrado para la implantación de la segunda instancia penal que se distribuyen en tres plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y trece plazas de magistrado para las Salas de lo Civil y Penal de determinados Tribunales Superiores de Justicia. Crear Secciones de Apelación Penal en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid. b) Modificar el anexo IV -Tribunales Superiores de Justicia- de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, al ampliar la planta judicial en las Salas de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid y el anexo III -Audiencia Nacional- de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. Por todo ello se considera adecuado el rango de la norma proyectada, real decreto, a propuesta del Ministro de Justicia. III.: Breve descripción del contenido y de la tramitación de la propuesta normativa Descripción del contenido del proyecto: La parte expositiva del proyecto de real decreto consta de un preámbulo en el que se expone la necesidad de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes, mediante la creación de diciséis plazas de magistrado para hacer efectiva la segunda instancia penal. La parte dispositiva consta de 7 artículos, cuyo contenido a continuación se detalla: El artículo 1 establece como objeto adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales existentes mediante la creación de dieciséis plazas; crear Secciones de Apelación Penal en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid; modificar el anexo IV -Tribunales Superiores de Justicia- de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, al ampliar la planta en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid Y el anexo III -Audiencia Nacional- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. El artículo 2 establece la modificación de la planta judicial en cuanto a la ampliación de las plazas de magistrado en Salas de lo Civil y Penal en determinados Tribunales 2

3 Superiores de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 de la citada Ley. El artículo 3 recoge la dotación de tres plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. El artículo 4 dispone la dotación de trece plazas de magistrado en para las Salas de lo Civil y Penal en: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (6); Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (3); Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (1) y Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (3). El articulo 5 hace referencia a la creación y composición de las Secciones de Apelación Penal en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y de Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid. El artículo 6 dispone la efectividad de las plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y el inicio de competencia de esta Sala de Apelación para el 1 de junio de La fecha de efectividad de las plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia que se crean en el real decreto y el inicio de actividad de las Secciones de Apelación Penal será fijada por el Ministro de Justicia mediante Orden Ministerial, oído el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas afectadas, según lo dispuesto en el artículo 20.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, El artículo 7 hace referencia a las relaciones de puestos de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Una disposición adicional única relativa al análisis de la evolución de la carga de trabajo y necesidades. Además esta disposición consta de 3 disposiciones finales: La primera relativa al título competencial, la segunda a la habilitación al Ministro de Justicia para adoptar en el ámbito de su competencia cuantas medidas exija su ejecución y la tercera la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Descripción de la tramitación: Una vez determinadas las plazas necesarias y precisas para hacer efectiva la implantación de la segunda instancia penal, y tras la celebración del Pleno de la Conferencia Sectorial en materia de la Administración de Justicia el 22 de febrero de 2017 se procede a la elaboración del proyecto de real decreto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha solicitado informe a la Oficina Presupuestaria del Departamento el día 23 de febrero de 2017 sobre la existencia de crédito suficiente para atender las obligaciones de este real decreto. El mismo día 23 de febrero se recibe contestación informado favorablemente, en el sentido de que el proyecto de real decreto no produce aumento de gasto público. 3

4 Con fecha 23 de febrero de 2017, se solicita informe correspondiente a la creación de las plazas contenidas en el presente real decreto a las Comunidades Autónomas afectadas, según lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 20.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, respectivamente: - Comunidad Autónoma de Andalucía: Contestación: Informe: favorable. - Comunidad Autónoma de Cataluña: Contestación: Informe: favorable creación tres plazas de magistrado. Solicitan la creación de 1 plaza de LAJ para la Sección de lo Penal, de carácter funcional, que se va a crear con estas tres plazas de magistrado. - Comunidad Valenciana: Contestación: Informe: favorable. - Comunidad de Madrid: Contestación: Informe: favorable a la creación de tres plazas de magistrado. El informe del Consejo General del Poder judicial se aprobó en el Pleno Extraordinario de: Informe: favorable a la creación de plazas de magistrado para hacer efectiva la segunda instancia penal, con observaciones. Se acepta la observación relativa a la creación de Secciones de Apelación Penal en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid, con base a lo dispuesto en el artículo º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. No se acepta la observación relativa a que coincidan las fechas de efectividad tanto de las plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional como la de las plazas de magistrado para las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Con fecha 8 de marzo 2017, se recibe el informe de la Secretaría General Técnica del Departamento. Con observaciones. Se aceptan las observaciones de estilo. En cuanto a la observación relativa al carácter funcional de las Secciones de los Tribunales Superiores de Justicia, si bien es así en todas las Secciones en funcionamiento en las distintas Salas de los mismos, en el supuesto de las Secciones de Apelación Penal creadas en el real decreto, a éstas se les considera que tienen carácter orgánico, según la regulación dada en el artículo 73.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y así lo ha solicitado el Consejo General del Poder Judicial en su informe en el punto 34 y en la conclusión undécima. Y por ello se procede a modificar el articulado del real decreto, introduciendo el artículo 5 relativo a la creación de Secciones de Apelación Penal. Con fecha 27 de febrero de 2017 se comunica a las Subdirecciones Generales de Relaciones con la Administración de Justicia, de Recursos Económicos, de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia, de Obras y Patrimonio, de la Programación de la Modernización y de Nuevas Tecnologías del departamento, el inicio de tramitación del proyecto de real decreto para su conocimiento y efectos oportunos. Con fecha 3 de marzo de 2017, se remite expediente, - a falta de los informes del Consejo General del Poder Judicial, que se aprueba en Pleno extraordinario el 7 de marzo, y de la Secretaría General Técnica del Departamento- y texto definitivo del proyecto de real decreto a la Secretaría General Técnica del Departamento para que se envíe a la Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios para su posterior aprobación en Consejo de Ministros. Con fecha 8 de marzo de 2017, se solicita de forma urgente a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid informen sobre la creación 4

5 de Secciones de Apelación Penal en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid. Al afectarles, a éstas, en cuanto a la dotación de medios personales y materiales dicha creación. El 9 de marzo de 2017 ha contestado Cataluña en el sentido de que en su informe enviado el pasado día 3 de marzo ya informaba favorable a la creación de una Sección de Apelación Penal. IV.: Oportunidad de la norma El proyecto del real decreto recoge la dotación de dieciséis nuevas plazas de magistrado, distribuidas en tres plazas para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y trece plazas para las Salas de lo Civil y Penal en determinados Tribunales Superiores de Justicia como consecuencia de la generalización de la segunda instancia penal. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 73.6 establece las correspondientes previsiones para generalizar la segunda instancia judicial en el proceso penal mediante las Leyes Orgánicas 19/2003, de 23 de diciembre y 7/2015, de 21 de julio, éstas no habían sido desarrolladas hasta que la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales introdujo un nuevo artículo 846 ter en el que se establece que las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal. A fin de permitir el conocimiento de los recursos de apelación previstos se procede en este real decreto a la dotación efectiva y fijación dela fecha de efectividad de las tres plazas de magistrado para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y trece plazas de magistrado en Salas de lo Civil y Penal en Tribunales Superiores de Justicia cuyo número de plazas de magistrado se incrementa, supuesto este último que encuentra su justificación en la previsión de carga de trabajo en cuanto a los recursos de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales. Para la justificación de la previsión de la carga de trabajo que van a tener las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia se ha realizado una estimación de los recursos de apelación de las sentencias dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, no son datos reales. Hay que tener en cuenta que estas Salas ya tienen una planta dotada de plazas de magistrado desde la constitución de los Tribunales Superiores de Justicia en Lo que se hace en este real decreto es dotar de más plazas a algunas Salas de lo Civil y Penal en aquellos Tribunales Superiores de Justicia donde la estimación de la previsión de carga de trabajo así lo justifica. Sin perjuicio, de que la evolución real de la carga de trabajo de las distintas Salas justifique, en un futuro, el incremento de plazas de magistrado en distintas Salas de lo Civil y Penal. En la dotación de estas plazas de magistrado se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 73.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y se procede a la creación de Secciones de Apelación Penal en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de 5

6 Madrid, cuyo número de plazas se incrementa en el real decreto, así como a la creación de una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De acuerdo a lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, se modifica el anexo IV -Tribunales Superiores de Justiciade dicha Ley, para adecuar la planta judicial. En cuanto a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en el real decreto lo que se hace es la dotación efectiva y la fijación de la fecha de efectividad de las tres plazas de magistrado que la integran, cuya previsión legal de dotación se realizó en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. Así mismo se modifica el anexo III - Audiencia Nacional-, en el sentido de suprimir el inciso 4 Magistrados del Tribunal Supremo, uno de los cuales con consideración de Presidente de Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. En la parte expositiva del real decreto se hace referencia a que en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla se crean a petición del Consejo General del Poder Judicial dos Secciones de Apelación Penal cuya sede y circunscripción territorial serán las propias de la Sala de lo Civil y Penal. Y una vez creadas las mismas, y a petición de la Sala de Gobierno, cabría que el citado Consejo acordara el desplazamiento de la sede de las Secciones de Apelación Penal, según lo establecido por el artículo de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, tal y como se recoge en el informe del Consejo General del Poder Judicial al proyecto de real decreto.. V.: Listado de normas que quedan derogadas La aprobación del presente real decreto no implica la derogación de normativa alguna anterior. VI.: Impacto presupuestario Impacto de los Presupuestos Generales del Estado. El coste de estas dieciséis nuevas plazas de magistrado se financiará con las reducciones de coste que se derivan de la supresión de unidades judiciales de refuerzo actualmente existentes y de las plazas de los Encargados de los Registros Civiles Exclusivos (26) y Registros Civiles Centrales (2), no precisando incrementos de créditos presupuestarios. 1.- Necesidad de creación de plazas de magistrado para la implantación de la segunda instancia penal Dentro de las previsiones de creación de plazas que integran la programación correspondiente al año 2017, se incluye la dotación de un número de plazas de magistrado que se consideran necesarias y precisas para llevar a cabo la implantación de la segunda instancia penal. 2.- Previsiones de creación (programación en trámite) 1. Las previsiones de creación ascienden a una dotación total de 16 de plazas de magistrado para la implantación de la segunda instancia, tanto en la Sala de 6

7 Apelación de la Audiencia Nacional como en las Salas de lo Civil y Penal en aquellos Tribunales Superiores de Justicia donde lo justifica la previsión de carga de trabajo, en cuanto a los recursos de apelación de las distintas Audiencias Provinciales. En el resto de Tribunales Superiores de Justicia se considera, en principio, que sus Salas de lo Civil y Penal cuentan con una planta dotada suficiente. 2. Dotación de plazas de magistrado en la Audiencia Nacional: 3 plazas de magistrado para la Sala de Apelación. 3. Dotación de plazas de magistrado en Tribunales Superiores de Justicia: 13 plazas en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; de Cataluña; de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid. Estas 13 plazas se distribuyen: - Seis plazas de magistrado para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. - Tres plazas de magistrado para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.. Una plaza de magistrado para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. -Tres plazas de magistrado para la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. 4. Además está prevista la creación de tres plazas de Letrado de la Administración de Justicia: una plaza en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y dos plazas en las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. 5. Se dota la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, al ser una Sala de nueva constitución, de la plantilla de personal de la Administración que, en principio, se considera suficiente. Con una dotación de un gestor procesal, dos tramitadores procesales y un auxilio judicial Implantación por mandato legal: la segunda instancia penal Obligación legal En cuanto a la implantación de la segunda instancia penal, hay que decir que ésta es por mandato legal. Si bien, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, estableció las correspondientes previsiones para la generalización de la segunda instancia en el proceso penal, éstas no habían sido desarrolladas. Mediante la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, es donde se introduce un nuevo artículo 846 ter en el que se establece que las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales; y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, las de la Sala de lo Penal 7

8 dictadas en primera instancia. Para ello se prevé la dotación efectiva de tres plazas de magistrado en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional así como establecer la fecha de efectividad y la del inicio de competencia de dicha Sala, creada desde el año 2003 por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, y la dotación de trece plazas de magistrado necesarias para las Salas de lo Civil y Penal de determinados Tribunales Superiores de Justicia, en concreto Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta las necesidades de adecuación de la planta judicial. Se plantea la posibilidad de que la efectividad de estas últimas plazas se pueda realizar de forma escalonada en distintos ejercicios presupuestarios, en función de la previsible entrada de asuntos. Coste de la norma proyectada: Como ya se ha indicado, se ha previsto, en principio, un total de dieciséis plazas de magistrado y tres plazas de letrado: tres plazas de magistrado y una plaza de letrado y la plantilla de personal de la Administración de Justicia para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y trece plazas de magistrado y dos plazas de letrado para las Salas de lo Civil y de lo Penal en Tribunales Superiores de Justicia para la implantación de la segunda instancia. Su coste anual dentro del Capítulo I Programa 112A del presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia para 2017, asciende a un total de ,42. A este coste de plazas hay que descontar los refuerzos en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y de la Comunidad de Madrid que ascienden ,88. COSTE PLAZAS DE MAGISTRADO IMPLANTACIÓN SEGUNDA INSTANCIA ORGANO JUDICIAL DOTACIÓN PLANTILLA Mag. Letrado Gestión Tramita. Auxilio COSTE TOTAL ANUAL Sala de Apelación Audiencia Nacional ,00 Tribunales Superiores de Justicia: Salas de lo Civil y de lo Penal ,42 TOTAL ,42 REDUCCIÓN DEL COSTE ACTUAL DE REFUERZOS EN TSJ DE CATALUÑA Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID: cuatro plazas de magistrado en comisión de servicios sin relevación de funciones. El coste actual de los refuerzos asciende a ,88. 8

9 REDUCCIÓN COSTE DE 28 PLAZAS DE MAGISTRADO PROCEDENTES DE LOS 28 REGISTROS CIVILES EXCLUSIVOS: 28 plazas de magistrado x ,31 = ,64. Estas 28 plazas de magistrado proceden de las plazas de los Encargados de los Registros Civiles Exclusivos (26) y Registros Civiles Centrales (2), que por mandato legal dejan de ejercer las funciones de registro civil, y se integran en el sistema por el régimen ordinario de provisión de plazas. El importe total de esta reducción asciende a ,52. El coste neto de las dieciséis plazas de magistrado y tres plazas de letrado, una plaza de gestor procesal y administrativo, dos plazas de tramitador procesal y administrativo y un plaza de auxilio judicial para la implantación de la segunda instancia penal, una vez descontado el coste de los refuerzos y el coste de las 28 plazas de los Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y Registros Civiles Centrales es de ,10. Resumen: La previsión de la estimación del coste total para hacer efectiva la segunda instancia penal dentro de la programación correspondiente al año 2017 asciende a un total de: - Capítulo I (Segunda Instancia): ,42 - Capítulo I (28 plazas RC y refuerzos): ,52 TOTAL COSTE IMPLANTACIÓN SEGUNDA INSTANCIA PENAL: ,10. VII.: Impacto por razón de género De conformidad con lo dispuesto en el artículo b, de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificado por la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la elaboración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabora el Gobierno, este proyecto de real decreto tiene impacto nulo por razón de género. VIII.: Impacto a la infancia y a la adolescencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil, en la redacción dada por la ley 26&2016, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, este proyecto de real decreto tiene impacto nulo. IX.: Impacto a la familia De conformidad con lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, introducida por la disposición final quinta de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia a y a la adolescencia, este proyecto de real decreto tiene impacto nulo. 9 Madrid, 9 de marzo de 2017

10 ANEXO I FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO Ministerio/Órgano Proponente Fecha Título de la norma Proyecto de real decreto por el que se crean 16 plazas de Magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal. Tipo de Memoria Normal Abreviada OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA Los artículos 36 y 20.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, facultan al Gobierno para modificar el número y composición de los órganos judiciales establecidos en dicha Ley. Así, al amparo de esta habilitación legal, corresponde al Gobierno la creación de nuevas plazas de magistrado con el fin de que la planta judicial sea idónea para atender las necesidades de la Administración de Justicia. Situación que se regula En el artículo73.6 de la citada Ley Orgánica se establecen las correspondientes previsiones para generalizar la segunda instancia judicial en el proceso penal. Si bien, estas previsiones han sido desarrolladas por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, que introdujo un nuevo artículo 846 ter en el que se establece que las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias provinciales y que sea la Sala de Apelación

11 de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por ese tribunal En la dotación de las plazas de magistrado se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 73.6 de la Ley Orgánica citada y se procede a la creación de Secciones de Apelación Penal en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid, cuyo número de plazas se incrementa en el real decreto. En el real decreto se procede a la dotación de 3 plazas de magistrado en la Sala de apelación de la Audiencia Nacional y 13 plazas de magistrado en Salas de lo Civil y Penal en Tribunales Superiores de Justicia cuyo número de plazas de magistrado se incrementa, supuesto este último que encuentra su justificación en la previsión de carga de trabajo en cuanto a los recursos de apelación. Objetivos que se persiguen Esta creación no conlleva incremento presupuestario, criterio que ha sido determinante al concretar las plazas que se crean en el real decreto, puesto que lo que se pretende es que su financiación sea a través de las reducciones de coste que se derivan de la supresión de unidades judiciales de refuerzo actualmente existentes y de las 28 plazas de los actuales Encargados de los Registros Civiles Exclusivos. Concretar y adecuar la planta judicial a las necesidades judiciales existentes, mediante la creación de 16 plazas de magistrado en órganos judiciales colegiados para la implantación de la segunda instancia penal. Crear Secciones de Apelación Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid Y modificar el anexo IV -Tribunales Superiores de Justicia- al ampliar la planta en los Tribunales superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de Madrid y el anexo III -Audiencia

12 Nacional- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. Principales alternativas consideradas No existen alternativas a la norma proyectada CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO Tipo de norma Estructura de la norma Informes recabados Real decreto. La norma consta de un preámbulo y 7 artículos, 1 disposición adicional única y 3 disposiciones finales. Informe a la Oficina Presupuestaria del Departamento. Informe al Consejo General del Poder Judicial Informe a la Secretaría General Técnica del Departamento. Informe a las Comunidades Autónomas afectadas: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, y Comunidad de Madrid (artículos 36 y 73.6 LOPJ y 20.1 LDPJ). Comunicación del inicio de la tramitación del proyecto de real decreto a las Subdirecciones Generales de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia; de Recursos Económicos de la Administración de Justicia; de Relaciones con la Administración de Justica; de Obras y Patrimonio, de Programación de la Modernización y de Nuevas Tecnologías de la Justicia del Departamento. Trámite de audiencia ANÁLISIS DE IMPACTOS ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS Cuál es el título competencial prevalente? Artículo ª de la Constitución, que atribuye

13 al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia. Efectos sobre la economía en general. En relación con la competencia. la norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. la norma tiene efectos positivos sobre la competencia. la norma tiene efectos negativos sobre la competencia IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO Desde el punto de vista de las cargas administrativas supone una reducción de cargas administrativas. Cuantificación Estimada: incorpora nuevas cargas administrativas. Cuantificación Estimada: no afecta a las cargas administrativas. Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma Afecta a los presupuestos de la Administración del Estado. No implica gasto: No supone aumento gasto público. implica un ingreso. Afecta a los presupuestos de otras Administraciones Territoriales. implica un gasto: IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto de género Negativo Nulo Positivo Impacto a la infancia y a la adolescencia: Nulo

14 OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS Impacto a la familia: Nulo OTRAS CONSIDERACIONES