MAGISTRADO RICARDO ROMERO VÁZQUEZ PONENTE (EN CONTRADICCIÓN)

Transcripción

1 MAGISTRADO RICARDO ROMERO VÁZQUEZ PONENTE (EN CONTRADICCIÓN) Novena Época Registro: Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada IX, Abril de 1999 Tesis: II.1o.C.179 C Página: 495 ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. ES UN MEDIO INADECUADO PARA OBLIGAR AL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA. Las medidas de apremio son aquellas de las que puede disponer la autoridad para hacer cumplir sus determinaciones y su establecimiento se justifica por la necesidad que existe para que se cumplan aquéllas; el arresto constituye una de esas medidas, al tenor de lo dispuesto por el artículo 146, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la decisión judicial de imponer una medida de apremio no viola el artículo 17 constitucional, porque no involucra una prisión por deudas del orden civil, sino la de hacer cumplir una determinada resolución judicial. Sin embargo, esto debe entenderse siempre que no existan otros medios específicos determinados por la ley para lograr ese cumplimiento; así, tratándose de la obligación de pagar alimentos, conforme lo dispone el artículo 300 del Código Civil, se deben emplear como medidas de apremio las que garanticen el pago de éstos, como son: el aseguramiento con hipoteca, prenda, fianza o depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos. Por ello, existiendo medios específicos para obligar al pago de alimentos, se deben excluir las de carácter general como son el arresto o las multas, para asegurar los bienes del deudor y aplicarlos al acreedor alimentario. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 151/98. Romualdo Chávez Sánchez. 21 de enero de Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Romero Vázquez. Secretaria: Adriana de los Ángeles Castillo Arceo. Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 92/2006 PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 25/2007, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 484, con el rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL FIJADA EN JUICIOS ORDINARIOS DE DIVORCIO NECESARIO. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SU PAGO, EL JUEZ DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS DE ASEGURAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY Y NO IMPONER ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL)."

2 Registro: Instancia: Primera Sala Jurisprudencia XXV, Mayo de 2007 Tesis: 1a./J. 25/2007 Página: 484 PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL FIJADA EN JUICIOS ORDINARIOS DE DIVORCIO NECESARIO. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE SU PAGO, EL JUEZ DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS DE ASEGURAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY Y NO IMPONER ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 4.95, fracción II, y 4.143, del Código Civil del Estado de México, y de los correlativos 282, fracción II, y 317, del Código Civil para el Distrito Federal, se advierte que en los juicios ordinarios de divorcio necesario, al admitir la demanda, el Juez puede fijar y asegurar las cantidades que por concepto de alimentos el deudor alimentario debe dar al cónyuge acreedor y a los hijos, según corresponda; y, asimismo, para tal efecto establecen los siguientes medios de aseguramiento: hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garantía que sea suficiente a juicio del Juez. En congruencia con lo anterior, cuando el deudor obligado incumple con el pago de la pensión alimenticia provisional fijada en un juicio de divorcio necesario, el juzgador debe procurar emplear los referidos medios de aseguramiento, pues éstos tienen como finalidad, por un lado, garantizar la eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fija la mencionada pensión y, por otro, cumplir con el objetivo de la obligación alimentaria, consistente en cubrir la necesidad perentoria de subsistencia de los acreedores alimentistas. Sin que obste a lo anterior el hecho de que los artículos 1.124, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, autoricen al juzgador para imponer el arresto como medida de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones, pues debe entenderse que las determinaciones judiciales a que se refieren estos preceptos legales son de índole procesal y, por ende, las medidas de apremio sólo pueden aplicarse tratándose del desacato a un mandato judicial que tenga que ver directamente con la tramitación del proceso, y no cuando se incumpla una medida cautelar como es el pago por concepto de pensión alimenticia provisional, cuya finalidad es hacer efectivo el derecho de los acreedores alimentistas mientras se resuelve en definitiva el juicio del que deriva. Además, ante la conducta renuente del deudor alimentario en el pago de la pensión aludida, la imposición de su arresto no es eficaz para satisfacer la necesidad de subsistencia de los acreedores alimentistas, quienes no obstante el arresto del deudor contumaz, quedarán en la misma situación apremiante. Contradicción de tesis 92/2006 PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 10 de enero de Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.

3 Tesis de jurisprudencia 25/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiuno de febrero de dos mil siete.

4 Registro: Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada VIII, Noviembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: II.1o.C.58 K Página: 560 PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, EN EL AMPARO ES INADMISIBLE. Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contrarias a la moral o contra el derecho; sin embargo, ello no significa que en todo caso deban admitirse indiscriminadamente todas las pruebas que ofrezcan las partes, sino que se requiere, entre otras cosas, que tengan relación con la litis, sean conducentes para justificar la existencia del acto reclamado, su constitucionalidad o inconstitucionalidad y hasta el interés o el derecho que se pretende tutelar a través del juicio de garantías. De tal modo que una prueba de reconocimiento de contenido y firma de documentos privados no es posible admitirla y desahogarla en el juicio de garantías, cuando con ello se pretende perfeccionar tales documentos, pues con ello se obtendría la declaración que corresponde realizar a la autoridad jurisdiccional del orden común, que es a quien corresponde resolver lo conducente en el juicio contradictorio, en el que las partes involucradas puedan hacer valer sus correspondientes derechos, ya que resultaría impropio y ajeno a la índole del juicio de garantías, pretender que en él y sin llevarse las formalidades necesarias de un juicio, se haga semejante declaración, pues con ello se estaría resolviendo una cuestión ajena a la litis constitucional y a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, so pretexto de justificar un derecho que corresponde dirimir a una autoridad distinta al órgano de control constitucional. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Queja 69/97. Rito Cedillo Guerrero. 26 de febrero de Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Romero Vázquez. Secretario: Sergio Quezada Rosales. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 224/2010, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 116/2010 de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS. EL RECONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO Y FIRMA A CARGO DE PERSONA AJENA AL JUICIO DE GARANTÍAS, NO ES EQUIPARABLE A LA PRUEBA DE POSICIONES PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO."

5 Registro: Instancia: Primera Sala Jurisprudencia XXXIII, Febrero de 2011 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 116/2010 Página: 275 DOCUMENTOS PRIVADOS. EL RECONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO Y FIRMA A CARGO DE PERSONA AJENA AL JUICIO DE GARANTÍAS, NO ES EQUIPARABLE A LA PRUEBA DE POSICIONES PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto señala que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto las que fueren contra la moral o contra el derecho y la de posiciones, la cual, conforme a la interpretación relacionada de los artículos 93, fracción I y 95, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, constituye una modalidad de la confesional expresa que se realiza mediante la absolución de cuestionamientos orales ante autoridad jurisdiccional, y tiene los siguientes requisitos: a) debe realizarse por una de las partes en el juicio; b) debe versar sobre hechos propios del confesante; y, c) los efectos que se producen son en contra de quien confiesa. Por otra parte, del artículo 93, fracción III, en relación con el artículo 203, ambos del Código citado, se advierte que el documento ofrecido en juicio, proveniente de un tercero, sólo prueba a favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante y, siendo esto así, resulta que la prueba de reconocimiento de contenido y firma de documento privado a cargo de persona ajena al juicio de amparo tiene las siguientes características: a) el desahogo de la probanza no es a cargo de una parte en el juicio de garantías; y, b) lo que llegue a declararse no tiene efectos contra quien realiza el reconocimiento, pues lo que se obtiene con el desahogo de dicha probanza sólo repercute en los intereses de su oferente. En ese sentido, la prueba de reconocimiento de contenido y firma de documentos privados a cargo de persona ajena al juicio de garantías no es equiparable a la de posiciones prohibida por el artículo 150 de la Ley de Amparo, al no revestir las mismas características. Contradicción de tesis 224/2010. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 10 de noviembre de Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. Tesis de jurisprudencia 116/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez.

6 Registro: Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada VI, Octubre de 1997 Tesis: II.1o.C.147 C Página: 726 ARRENDAMIENTO. EL ACREDITAMIENTO A TRAVES DE LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL COMO MEDIO PREPARATORIO AL JUICIO DE DESAHUCIO, REQUIERE DE CITACIÓN DE PARTE INTERESADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De conformidad con lo establecido en el artículo 848 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuando el arrendamiento no se otorga por escrito, una de las formas de justificarlo es por medio de la información testimonial, como medio preparatorio a juicio. Esto no quiere decir que dentro de las hipótesis de procedencia de los medios preparatorios a juicio se encuentre expresamente prevista la información testimonial para acreditar el contrato de arrendamiento que vincula a las partes de un juicio especial de desahucio, sino simplemente que esa información testimonial se reciba en la misma forma establecida para los medios preparatorios al juicio en general, que es con citación de la parte interesada, o sea con quien fungirá como parte demandada en el juicio que se promueve con base en esa diligencia; por ello, su desahogo debe hacerse conforme a las disposiciones contenidas en el capítulo relativo (denominado: Medios preparatorios del juicio en general), que en el numeral 520, fracciones VII y VIII, establece que el juicio podrá prepararse pidiendo el examen de testigos, y debe practicarse con citación de la parte contraria, acorde con las disposiciones del diverso 524 de la indicada legislación adjetiva. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 19/97. Sergio Martínez Ortega. 3 de julio de Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Romero Vázquez. Secretaria: Adriana de los Ángeles Castillo Arceo. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 59, tesis por contradicción 1a./J. 83/99 de rubro "DESAHUCIO, JUICIO ESPECIAL DE. PRUEBA PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMIENTO CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO.".

7 Registro: Instancia: Primera Sala Jurisprudencia X, Diciembre de 1999 Tesis: 1a./J. 83/99 Página: 59 DESAHUCIO, JUICIO ESPECIAL DE. PRUEBA PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMIENTO CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO. El artículo 848 del código adjetivo civil del Estado de México en la parte que interesa dispone "... En caso de no ser necesario el contrato escrito o de haberse cumplido voluntariamente por ambos contratantes sin otorgamiento de documentos, se justificará por medio de información testimonial, prueba documental o cualquier otra bastante como medio preparatorio del juicio.". De donde se sigue que en un juicio especial de desahucio, para probar la existencia de un contrato verbal de arrendamiento es suficiente la información testimonial diligenciada como medio preparatorio del juicio, lo que incluye necesariamente la citación de la contraparte para que ésta pueda repreguntar a los testigos en términos de lo dispuesto por el artículo 524 del mismo ordenamiento legal, pero también puede optar por cualquier otro medio preparatorio de juicio que resulte idóneo. Contradicción de tesis 95/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito. 20 de octubre de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. Tesis de jurisprudencia 83/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza.