PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN

Transcripción

1 PARLAMENTO EUROPEO Documento de sesión B7-0362/2013 } B7-0364/2013 } B7-0365/2013 } B7-0366/2013 } B7-0367/2013 } RC1/REV PROPUTA DE ROLUCIÓN COMÚN presentada de conformidad con el artículo 110, apartados 2 y 4, del Reglamento para sustituir a las propuestas de resolución presentadas por los siguientes grupos: PPE (B7-0362/2013) S&D (B7-0364/2013) ECR (B7-0365/2013) Verts/ALE (B7-0366/2013) ALDE (B7-0367/2013) sobre la crisis en Egipto (2013/2697(RSP)) Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek en nombre del Grupo PPE Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz de Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Boris Zala en nombre del Grupo S&D Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan- Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Unida en la diversidad

2 Marielle de Sarnez en nombre del Grupo ALDE Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel en nombre del Grupo Verts/ALE Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Adam Bielan en nombre del Grupo ECR

3 Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis en Egipto (2013/2697(RSP)) El Parlamento Europeo, Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto, en particular la de 14 de marzo de , Vistas las conclusiones del Consejo Europeo, de 8 de febrero de 2013, sobre la Primavera Árabe, Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 27 de febrero de 2012, 25 de junio de 2012, 31 de enero de 2013 y 8 de febrero de 2013 sobre Egipto, y de 31 de enero de 2013 sobre el apoyo de la UE al cambio sostenible en las sociedades en transición, Vistas las declaraciones, de 28 de junio de 2013, de la Alta Representante Catherine Ashton sobre las manifestaciones previstas en Egipto, Vistas las declaraciones de la Alta Representante Catherine Ashton, de 3 de julio de 2013, sobre la situación en Egipto, y de 28 de junio de 2013, sobre las manifestaciones previstas en Egipto en el primer aniversario de la toma de posesión del Presidente Morsi, Vistas la declaración del Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, de 6 de junio de 2013, sobre la condena de 43 trabajadores de ONG en Egipto, la declaración conjunta de la Alta Representante de la UE Catherine Ashton y del Comisario Štefan Füle, de 5 de junio de 2013, sobre los veredictos emitidos en el juicio a las ONG en Egipto, y la declaración del portavoz de la Alta Representante Catherine Ashton, de 2 de junio de 2013, sobre la nueva legislación relativa a las ONG en Egipto, Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Egipto de 2001 (que entró en vigor en 2004), y fue reforzado por el Plan de Acción de 2007, y el informe de situación de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, sobre su aplicación, Vistas las reuniones del Grupo de Trabajo de la UE de los días 13 y 14 de noviembre de 2012 y sus conclusiones, Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, ratificado por Egipto, Vista la declaración, de 1 de julio de 2013, del General Abdel Fatah Jalil al Sisi, Presidente del Consejo de las Fuerzas Armadas de Egipto, y la hoja de ruta política presentada por el Movimiento 6 de Abril, Vistas las declaraciones sobre el proyecto legislativo relativo a la sociedad civil del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 8 de mayo de 2013, y del Secretario General de las Naciones Unidas, de 5 de junio de 2013, 1 Textos aprobados, P7_TA(2013)0095.

4 Visto el dictamen provisional sobre el proyecto de ley de organizaciones cívicas de Egipto, adoptado por la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) el 15 de junio de 2013, Vista la declaración de 40 organizaciones de la sociedad civil egipcia, de 30 de mayo de 2013, Vistos los ocho convenios fundamentales de la OIT, ratificados por Egipto, Visto el informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre «Cooperación de la UE con Egipto en materia de gobernanza», de 18 de junio de 2013, Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento, A. Considerando que Egipto es el mayor de los países de la Primavera Árabe, un país clave en la ribera sur del Mediterráneo, un importante socio comercial de la UE y un gran beneficiario de ayuda de la UE; que los acontecimientos políticos, económicos y sociales en Egipto tienen importantes consecuencias para toda la región y también fuera de ella; B. Considerando que Egipto se encuentra en un período crítico de transición hacia la democracia; que el país se enfrenta a retos esenciales en los ámbitos del Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la justicia social; que las tensiones políticas crecientes han exacerbado la polarización interna de la sociedad egipcia, dando lugar a manifestaciones y enfrentamientos violentos; que quedan impunes los casos de uso excesivo de la fuerza y de violencia contra manifestantes pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos no identificados; C. Considerando que el 22 de noviembre de 2012, ocho días después de la conclusión de la reunión del Grupo de Trabajo UE-Egipto, el Presidente Morsi emitió una declaración constitucional por la que, inter alia, sustraía la presidencia al control judicial; que días después, el Presidente anuló esta declaración, pero ya se estaban produciendo manifestaciones cada vez mayores; D. Considerando que varios millones de personas han salido a las calles en El Cairo y en todo Egipto en protestas pacíficas de una magnitud sin precedentes para pedir que el Presidente Morsi deje el poder; que simpatizantes del Presidente Morsi han organizado manifestaciones de apoyo al Presidente y a los Hermanos Musulmanes; que varias personas han muerto violentamente y muchas han resultado heridas en las manifestaciones; considerando que varios ministros y altos cargos han dimitido para mostrar su apoyo al multitudinario movimiento de protesta popular; que las Fuerzas Armadas Egipcias efectuaron una declaración el 1 de julio de 2013 en la que daban a las fuerzas políticas egipcias 48 horas para cumplir las peticiones de la población, y en la que afirmaban que, de otro modo, el poder militar intervendría y presentaría una hoja de ruta política para el país; E. Considerando que desde hace meses los manifestantes protestan contra el Presidente Morsi, afirmando que la situación general del país no solo no ha mejorado bajo el Gobierno dirigido por los Hermanos Musulmanes, sino que ha empeorado; considerando que el Movimiento Rebelde (Tamarod) ha anunciado que sus activistas han recogido más de veintidós millones

5 de firmas en su campaña de petición de la retirada de la confianza al Presidente Mohamed Morsi y de celebración de elecciones presidenciales anticipadas, y ha advertido que lanzará una campaña de desobediencia civil si el Presidente no actúa de este modo; considerando que el opositor Frente Nacional de Salvación ha pedido en su «Declaración revolucionaria nº 1» a los manifestantes de todo Egipto que continúen sus concentraciones pacíficas hasta que caiga el régimen actual; F. Considerando que, para superar las actuales divisiones políticas y sociales, construir una democracia sólida y sostenible en Egipto y permitir la aplicación de las reformas y la gobernanza económicas que se requieren, la única vía es entablar un proceso político integrador basado en el consenso, en el sentimiento de responsabilidad compartida y en un verdadero diálogo nacional en el que participen de forma significativa todas las fuerzas democráticas; considerando que Egipto no debe invalidar sus logros democráticos volviendo a una dictadura militar; G. Considerando que las mujeres se encuentran en una situación particularmente vulnerable en el actual periodo de transición del país; considerando que las mujeres manifestantes son objeto frecuentemente de actos de violencia, ataques sexuales, pruebas de virginidad y otras formas de trato degradante, y que quienes defienden los derechos de la mujer sufren un acoso y una intimidación constantes; considerando que las mujeres han experimentado retrocesos sustanciales en el ámbito de la participación política en el país; H. Considerando que Egipto se enfrenta a unas dificultades económicas cada vez mayores; que la prosperidad económica del país requiere estabilidad política, unas políticas económicas sólidas, lucha contra la corrupción y respaldo internacional; considerando que la justicia social y un nivel de vida más elevado para los ciudadanos son dimensiones cruciales de la transición hacia una sociedad egipcia abierta, estable, democrática, libre y próspera; I. Considerando que la sociedad civil tiene un papel esencial que desempeñar en la transición democrática y que se le debe permitir actuar en libertad; que el derecho de asociación es indisociable del derecho de acceso a financiación y depende del mismo; que las ONG internacionales y nacionales son objeto en el país de presiones crecientes, ataques hostiles, acoso e intimidación; que, el 4 de junio de 2013, un tribunal penal de El Cairo sentenció a 43 trabajadores de ONG, egipcios y extranjeros, a penas de hasta cinco años de prisión por actividades de la sociedad civil, y ordenó el cierre y el decomiso de los bienes de las agencias locales de cinco ONG internacionales que llevaban mucho tiempo desempeñando su labor en Egipto, en particular la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Nacional Democrático, el Instituto Republicano Internacional, Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas; que esas sentencias judiciales forman parte de una campaña de intimidación de las autoridades gubernamentales contra las ONG en Egipto; J. Considerando que el nuevo proyecto de ley sobre asociaciones fue sometido por el Presidente Morsi al Consejo de la Shura el 29 de mayo de 2013; que este proyecto de ley ha sido criticado severamente, en Egipto y en el extranjero, por permitir que las autoridades del Estado apliquen restricciones excesivas y discrecionales a las actividades de las ONG; que cualquier ley sobre las asociaciones tiene que ajustarse a las normas y obligaciones internacionales asumidas por Egipto;

6 K. Considerando que a los sindicatos independientes les corresponde desempeñar un papel crucial en el ámbito de las relaciones laborales en este período crítico de transición política, económica y social en Egipto; que se reciben regularmente noticias de casos de restricciones del derecho de los trabajadores a establecer sindicatos independientes y de represalias y actos de intimidación contra quienes tratan de organizarse y de hacer huelga; que la negativa de los empleadores a reconocer sindicatos independientes o a negociar con ellos es una fuente de considerable tensión social; L. Considerando la creciente preocupación acerca de las restricciones a la libertad de conciencia, creencias y religión en Egipto; M. Considerando que una prensa y unos medios de comunicación independientes y libres son un componente clave de la sociedad en una democracia genuina; que han aumentado la violencia física y el acoso a periodistas; que se han incoado procedimientos judiciales contra periodistas y blogueros por insultos al Presidente; que desde que el Presidente Morsi asumió sus funciones han aumentado las denuncias por blasfemia; N. Considerando que el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Egipto establece que las relaciones entre las Partes se basarán en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales y se orientan en la política de «más por más», que es un elemento fundamental de la Política Europea de Vecindad revisada; O. Considerando que, entre 2007 y 2008, Egipto recibió aproximadamente millones de euros de ayuda de la UE y que la UE ha comprometido otros millones de euros de ayuda que solamente estarán plenamente disponibles cuando se cumplan las condiciones vinculadas a las fijadas por el FMI; P. Considerando que en el reciente Informe Especial del Tribunal de Cuentas titulado «Cooperación de la UE con Egipto en materia de gobernanza» se afirma que las intervenciones de la UE a favor de la democracia y los derechos humanos no han logrado grandes avances en los últimos años; 1. Expresa su solidaridad con el pueblo egipcio en este período crítico de transición hacia la democracia, transmite su más sincero pésame a las familias de las víctimas y exige que los responsables sean puestos a disposición de la justicia; 2. Pide al Gobierno egipcio que garantice la seguridad de todos los ciudadanos, independientemente de sus opiniones y militancia política y de su confesión religiosa, que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, que proteja la libertad de asociación y de expresión y que respete y cumpla sus obligaciones internacionales; pide a todas las partes que actúen responsablemente, con ánimo de evitar acciones violentas y provocaciones que puedan menoscabar u obstaculizar el derecho legítimo de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y expresar libremente su voluntad y sus opiniones; 3. Insta a todos los actores políticos a que entablen lo antes posible un diálogo nacional de reconciliación, basado en la tolerancia, la inclusión y la no violencia, con miras a promover la transición democrática y establecer unas instituciones democráticas efectivas en el país;

7 4. Pide el cese inmediato de todos los actos de violencia, ataques sexuales, pruebas de virginidad y otras formas de trato degradante contra las mujeres manifestantes, los defensores de los derechos de la mujer y la comunidad LGBT, que se investiguen con seriedad e imparcialidad todos estos casos y que se entregue a la justicia a los responsables; 5. Denuncia firmemente la sentencia de 4 de junio de 2013 del Tribunal Penal de El Cairo por la que se condena a 43 trabajadores de ONG egipcios y extranjeros a penas de prisión, se cierran las oficinas locales de las cinco ONG extranjeras afectadas y se decomisan sus bienes; considera que esta sentencia, de motivación política, que criminaliza el trabajo legítimo de organizaciones extranjeras en Egipto, es un ataque inadmisible a la libertad de asociación y de expresión y constituye un duro golpe contra los esfuerzos nacionales e internacionales de apoyo a Egipto en su transición política; insta a las autoridades egipcias a poner fin de inmediato a todas las formas de acoso e intimidación a las que están sometidas las ONG independientes en el país y, en especial, a retirar todos los cargos penales que pesan contra los trabajadores de ONG; 6. Expresa su profunda preocupación ante el nuevo proyecto de ley sobre las ONG y apoya las consultas en curso entre las autoridades egipcias y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, iniciadas por el Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos; 7. Expresa su preocupación ante las numerosas noticias de violaciones de los derechos laborales en Egipto; pide a todas las autoridades egipcias que permitan que los trabajadores ejerzan su derecho a asociarse y llevar a cabo actividades sindicales y que sintonicen la legislación nacional con los convenios de la OIT de los que Egipcio es Parte; pide que se suprima la limitación contemplada en el artículo 53 de la nueva Constitución a un sindicato por profesión; 8. Pide a las autoridades egipcias que asuman su responsabilidad de cumplir las obligaciones necesarias para que se libere la ayuda del FMI y de la UE; recuerda que la UE está dispuesta a prestar asistencia a Egipto para garantizar que las reformas dirigidas a la recuperación económica se abordan con responsabilidad y rapidez; 9. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que sigan brindando un apoyo financiero y una asistencia técnica importantes a las ONG egipcias y a que trabajen conjuntamente para sensibilizar en mayor medida a la sociedad civil y reforzar la cultura de la acción civil y las actividades de la sociedad civil en el país, todos ellos elementos esenciales de una democracia sólida y sostenible; 10. Pide a la Vicepresidenta / Alta Representante que ofrezca sus buenos oficios como mediadora para negociar una salida de la crisis; 11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Egipto.