2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

Transcripción

1 Lima, diecisiete de diciembre del dos mil nueve. SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, vista la causa número mil novecientos noventa y uno dos mil nueve, en audiencia pública el día de la fecha y producida la votación, con arreglo a ley; con los acompañados; se emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Es materia de autos el recurso de casación interpuesto a fojas ciento setenta y uno por doña María Licla Rivera contra la sentencia de vista de fojas ciento sesentidos, su fecha veinte de abril del dos mil nueve, que confirmando la apelada de fojas ciento seis, declara fundada la demanda de nulidad de escritura pública del cinco de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, celebrada entre Juan Maximiliano Jayo Camargo y Antonieta Gonzáles Flores (como vendedores), y María Licla Rivera (como compradora). 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala ha declarado procedente el recurso mediante resolución de fecha veintidós de julio del dos mil nueve, por las causales previstas en los incisos 1º y 3º del artículo 386 del Código Procesal Civil: a) Interpretación errónea de los incisos 1º y 5º del artículo 219 del Código Civil, señalando que la Sala de mérito, al conceptuar la simulación absoluta hace una interpretación errónea de dicha figura jurídica, siendo necesario remitirse a lo establecido en el artículo 190 del Código Civil, en donde se entiende por esta figura como la disconformidad entre la voluntad real y la manifestación, siendo que para la configuración de la simulación existe una manifestación que no concuerda con la realidad de los hechos, de tal manera que existe una verdad de las partes intervinientes que se encuentra oculta pero evidenciada por los hechos o con otros elementos; entonces, en el acto jurídico público sí existe la manifestación del agente y justamente esa disconformidad entre la realidad y el documento hace la configuración de la simulación absoluta. Por otro lado, la falta de la manifestación del agente se configura cuando el titular de un derecho no ha expresado su voluntad dentro de un acto jurídico, es decir, no hay verdad oculta o intención distinta a la plasmada en el documento, sino simplemente que nunca existió la voluntad del agente, no siendo posible confundir ambas causales como lo hace la Sala de mérito, lo que lo conlleva a dilucidar equivocadamente la controversia materia de autos, por cuanto si hubiera interpretado correctamente lo que se entiende por simulación absoluta, y sus elementos o presupuestos para su configuración como causal de nulidad, hubieran establecido o dilucidado que el acto jurídico cuestionado no adolece de simulación absoluta, por consiguiente sería infundada dicha causal. En consecuencia, una correcta interpretación de los incisos 1º y 5º del artículo 219 del Código Civil, como causal de nulidad, debe ser en el sentido que debe entenderse que ambas causales son totalmente independientes una de otra, y no se relacionan o se compenetran para configurar la simulación absoluta, debiendo interpretarse conforme al artículo 190 del Código Civil, esto es, cuando la manifestación de las partes plasmada en el acto jurídico cuestionado no corresponde a su real

2 voluntad, la misma que permanece oculta, existiendo un engaño de las partes en perjuicio de un tercero, situación que no se ha verificado ni acreditado por la demandante en la presente causa, por lo que no se configura dicha causal, siendo por consiguiente infundada la demanda, por cuanto no existe otra causal a pronunciarse; b) Contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, sosteniendo que la resolución recurrida contraviene el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, esto es, el principio de congruencia, pues en la demanda se ha invocado la simulación absoluta, lo que importa que debió verificarse el pronunciamiento sólo sobre dicha causal, y no relacionar dos causales totalmente independi entes y distintas, por esto resulta incongruente que, al verificar la causal de nulidad involucra otra causal como es la falta de manifestación del agente, siendo que los magistrados no debieron pronunciarse sobre la causal de falta de manifestación del agente, porque altera y perjudica el derecho de defensa del recurrente. 3. CONSIDERANDO: PRIMERO. Atendiendo a las causales por las que se ha declarado procedente el recurso de casación, debe ser materia de análisis primero la causal relativa a la contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, pues de declararse fundada tal denuncia no será necesario pronunciarse sobre la denuncia in iudicando, dados los efectos procesales de aquélla. SEGUNDO. Examinando el cargo de error in procedendo denunciado, en materia de casación es factible ejercer el control casatorio de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho de defensa de las partes en litigio. TERCERO. El principio de congruencia implica el límite del contenido de una resolución judicial, debiendo ésta ser dictada de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes; que, en ese sentido, una de las manifestaciones de la transgresión al principio de la congruencia lo constituye lo que en doctrina se conoce como extrapetita, figura que tiene varias manifestaciones, siendo una de ellas cuando se otorga lo pedido pero por causa petendi diferente a la invocada, por lo que el Juez al momento de resolver debe atenerse a los hechos de la demanda y de su contestación, que hayan sido alegados y probados; por lo que de producirse una transgresión al principio de la congruencia, originará la nulidad de la resolución judicial, conforme al artículo VII del Título Preliminar, así como de acuerdo al inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil. CUARTO. En ese sentido, se deberá realizar un análisis de los fundamentos de la demanda y de su contestación a fin de determinar si se está frente a una sentencia violatoria al principio de congruencia; para ello se debe tener en cuenta que a nivel del derecho de acción, la demanda en esencia contiene una pretensión, siendo ésta el núcleo y elemento central de la relación jurídico procesal cuya estructura tiene por un lado la fundamentación de hecho y de derecho (causa petendi) y por otro lado el pedido concreto o petitorio (petitum); en ese mismo

3 sentido, a nivel del derecho de contradicción, la contestación de la demanda tiene la misma estructura, pero en el sentido opuesto al de la demanda. Así también los medios impugnatorios, de manera concreta el recurso de apelación, el cual tiene una pretensión impugnatoria, apoyada en concretos fundamentos de hecho y de derecho. QUINTO. Por tanto, la sentencia que se dicta debe pronunciarse sobre la cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes (tercer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil ), en donde los fundamentos de hecho y de derecho deben de estar de acuerdo al mérito de lo actuado (numeral 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil); de no ser así se incurrirá en el supuesto de nulidad procesal previsto en el citado artículo 122. SEXTO. Entonces, conforme se advierte de la demanda de fojas diecinueve, subsanada a fojas veintiocho, la representante de Froilán Díaz Camargo interpone demanda de nulidad de acto jurídico de la escritura pública de compraventa del cinco de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, celebrada por Juan Máximo Jayo Camargo y su cónyuge Antonieta Gonzáles Camargo (como vendedores), con María Licla Rivera (como compradora), siendo que en la demanda se alega que Froilán Díaz Camargo en ningún momento facultó a Juan Máximo Jayo Camargo para vender el predio, indicando que un bien ajeno convierte al objeto de la compraventa en imposible. SÉTIMO. Por su parte, la demandada María Licla Rivera, al contestar la demanda a fojas treinta y cuatro, señala que ella compró el inmueble de sus legítimos propietarios. Siendo que los otros codemandados no llegaron a contestar la demanda dentro del término de ley. En ese estado, en la audiencia de conciliación de fojas cincuentidos, se ha fijado como único punto controvertido. Establecer que el inmueble enajenado objeto de la escritura de compraventa que en copia legalizada obra del folio veintiséis al veintisiete le corresponde en propiedad a don Froilan Díaz Camargo. OCTAVO. En la sentencia de primera instancia de fojas ciento seis se ha declarado fundada la demanda de nulidad de acto jurídico, en esencia debido a que Juan Maximiliano Jayo Camargo ha enajenado un bien que no le corresponde, y que pertenece en parte al demandante (sexto considerando); y al calificarse la causal de nulidad se señala que, el acto jurídico cuestionado se ha realizado sin la manifestación de voluntad del propietario, por lo que se ha incurrido en las causales de nulidad previstas en los incisos 1 y 4 del artículo 219 del Código Civil, refiriendo que el enajenar un predio que no le pertenece al vendedor, constituye un fin ilícito (sétimo considerando). NOVENO. En ese contexto, a fojas ciento quince los demandados Juan Maximiliano Jayo Camargo y Antonieta Gonzáles Flores interponen recurso de apelación, denunciando en síntesis la existencia de documentos que no habrían sido tomados en cuenta por el juez, de donde buscan establecer su legitimidad para contratar; por su parte, la demandada María Licla Rivera interpone recurso de apelación a fojas ciento veintisiete, señalando que no se han compulsado las pruebas aportadas al proceso, no se ha considerado la buena fe que tendría, e indica que tiene un título otorgado por COFOPRI. DÉCIMO. Al dictarse la sentencia de segunda instancia a fojas ciento sesentidos, se ha confirmado la apelada y se ha argumentado en esencia que: a) En el numeral cinco de la

4 recurrida se indica que, se está ante la causal de simulación absoluta, refiriendo que ello se lee de la demanda; b) En el numeral siete de la recurrida se indica que, la venta se realizó con los supuestos dueños, es decir, se trata de un supuesto de simulación absoluta; c) En el numeral nueve de la recurrida, se presenta un amplio análisis teórico sobre la figura de la simulación del acto jurídico; d) En el numeral diez se concluye que, se han configurado las causales de nulidad previstas en los incisos 1 (falta de manifestación de voluntad) y 4 (fin ilícito) del artículo 219 del Código Civil, sin indicar mayor elemento que lo relacione con la simulación que ha fundamentado. DÉCIMO PRIMERO. Conforme a lo expuesto, se puede advertir que la resolución recurrida resulta incongruente con los hechos alegados a lo largo del proceso, basta advertir ello con la inexistencia de una conexión lógica entre un supuesto de simulación absoluta y el punto controvertido fijado en el proceso; de ello se evidencia que la simulación absoluta no fue una causal analizada en la sentencia de primera instancia y ni siquiera fue materia de denuncia en los recursos de apelación. Se debe tener en cuenta que la recurrente al presentar sus argumentos pretende que se circunscriba el pronunciamiento a un supuesto de simulación absoluta; sin embargo, ello no es acorde al punto controvertido fijado en el proceso; pero de los demás argumentos que presenta, se hace evidente la existencia de la incongruencia procesal. DÉCIMO SEGUNDO. Por todo lo expuesto, se concluye que la resolución recurrida ha incurrido en los supuestos de nulidad procesal indicados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia suprema, siendo que la Sala Superior se debe volver a pronunciar, cuidando de respetar el principio de congruencia, y también el principio del tantum devolu tum quantum appellatum, debiendo resolver en atención a los argumentos presentados en los medios impugnatorios. DÉCIMO TERCERO. Atendiendo a los efectos de la nulidad procesal que se está declarando, no viene al caso pronunciarse sobre la denuncia in iudicando formulada. 4. DECISION: Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el acápite 2.1 del inciso 2 del artículo 396 del Código Procesal Civil (según redacción vigente al momento de interponerse el recurso de casación): Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas ciento setenta y uno por doña María Licla Rivera; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y dos, su fecha veinte de abril del dos mil nueve. ORDENARON que la Sala Mixta Descentralizada de Nazca, de la Corte Superior de Justicia de Ica, expida un nuevo fallo, con arreglo a ley. DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por don Froilán Díaz Camargo, sobre nulidad de escritura

5 pública; interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo Palomino García; y los devolvieron. SS. ALMENARA BRYSON TÁVARA CÓRDOVA PALOMINO GARCIA CASTAÑEDA SERRANO ALVAREZ LOPEZ sg PAGE PAGE 1 SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

6 SENTENCIA CAS. NRO ICA