T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal

Transcripción

1 T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal AUTO 732/2012 R.CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA Nº de Recurso:20839/2011 Fallo/Acuerdo: INADMISIÓN Procedencia: Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 3ª) Fecha Auto: 19/04/2012 Ponente Excmo. Sr. D.: Manuel Marchena Gómez Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo Escrito por: CLC/IDB DELITO: L.O. 5/2000 DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR. UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. MOTIVOS: indemnización de perjuicios

2 Recurso Nº: 20839/2011P Ponente Excmo. Sr. D.: Manuel Marchena Gómez Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. María Antonia Cao Barredo TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal AUTO Excmos. Sres.: D. Juan Saavedra Ruiz D. Joaquín Giménez García D. Carlos Granados Pérez En la Villa de Madrid, a diecinueve de Abril de dos mil doce. I. HECHOS PRIMERO.- Por la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 3ª), en Expediente de Menores núm. 65/2009, dimanante de Apelación 3843/2011, del Juzgado de Menores nº 3 de Sevilla, se dictó sentencia de fecha 20 de octubre de 2011, en cuya parte dispositiva se acordó lo siguiente: "Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por el Ministerio Fiscal, se condena al menor FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARÍN, a que abone, conjunta y solidariamente con sus padres, Rosalía Inmaculada

3 García Marín y Ángel Manuel Romero Cid, a quienes en este sentido se condena, a la Administración General del Estado, la cantidad de por los gastos de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla; más '84, por gastos del Puerto de Sevilla; más las sumas de , 1.621'22, , 5.739'64, y 9.920, por la intervención de la UME; más '11, por gastos del Ayuntamiento de Sevilla, por gastos devengados por estos organismos en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el río Guadalquivir. Asimismo, deberán indemnizar a Administración General del Estado, por los gastos devengados por la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, que se justifiquen en ejecución de sentencia, por igual concepto, si bien, su importe no podrá superar la suma de '98. Se mantienen el resto de los pronunciamientos de sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Menores núm. 3 de Sevilla, en el Expediente núm. 65/09. Desestimamos los recursos de apelación formulados por la representación procesal del menor FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARÍN, por la Acusación particular que ejerce Antonio Abad del Castillo Márquez, con declaración de oficio de las costas causadas en la alzada.". SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de casación por FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARÍN, mediante la presentación del correspondiente escrito por la Procuradora de los Tribunales Dª Aurora Gómez Villaboa. El recurrente menciona como motivo susceptible de casación: la absoluta contradicción entre la sentencia recurrida y las sentencias 322/1999 del Tribunal Supremo y 51/2005 de la Audiencia Nacional, respecto de la reparación de los gastos ocasionadas con las tareas de localización de los cuerpos de las víctimas de los delitos. TERCERO.- En el trámite correspondiente a la sustanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo. CUARTO.- Conforme a las normas de reparto aprobadas por Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Magistrado Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

4 II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS ÚNICO.- Se formaliza por la representación procesal del recurrente el recurso de casación, al amparo del art. 42 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor 5/2000, aduciendo que la sentencia recurrida condena al menor, conjunta y solidariamente con sus padres, a abonar a distintas instituciones públicas los gastos ocasionados como consecuencia de la búsqueda del cuerpo de la víctima en el Río Guadalquivir, que no ha sido hallado, y las seleccionadas como contradictorias nada dicen sobre tal extremo. A) La argumentación del recurrente refiere que en las sentencias contradictorias no se imponen penas consistentes en sufragar los gastos de las búsquedas de los cuerpos de las víctimas; se diferencian tales sentencias de la recurrida en que en aquellos casos fueron halladas las víctimas tras las tareas de búsqueda, con o sin vida, pero ello no es obstáculo, pues en todos los casos las tareas realizadas y los gastos fueron de entidad muy importante. B) El recurso de casación para unificación de doctrina, establecido en el art. 42 LRPM, es un remedio extraordinario cuya finalidad es reforzar, a través de la jurisprudencia de esta Sala, la garantía de la unidad de doctrina -y consiguientemente del principio de seguridad jurídica y del derecho a la igualdad de todos ante la ley- en el ámbito del derecho sancionador de menores. Debe entenderse que la naturaleza extraordinaria de este recurso no sólo se manifiesta en su carácter tasado -sólo puede ser interpuesto para resolver, en determinados supuestos de especial gravedad, las contradicciones doctrinales a que se refiere el apartado 2 del art. 42 LRPM- sino en su carencia de efecto suspensivo. La finalidad del nuevo recurso es reforzar la garantía de la unidad de doctrina "en el ámbito del derecho sancionador de menores"; quedando explicitado el sentido de esta frase en el art LRPM, en que se dispone que las contradicciones doctrinales que pueden dar lugar al recurso tienen que estar referidas a "hechos y valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar, sin embargo, a pronunciamientos distintos" (STS ). Significa esto que las discrepancias susceptibles de ser corregidas y resueltas mediante el recurso de casación para unificación de doctrina son las que se

5 concretan en medidas impuestas a un determinado menor que, en su contenido, duración y objetivos, se apartan sensiblemente de otras que tomaron en consideración datos idénticos o muy parecidos sobre la gravedad objetiva del hecho, la personalidad y situación del menor, su entorno familiar o social, su edad, sus necesidades, etc.; porque lo que se persigue a través de este remedio es alcanzar, en el tratamiento de la responsabilidad penal de los menores y en su orientación educativa, siempre inspirada por el principio del superior interés del menor, el grado de coherencia y previsibilidad, dentro de la propia jurisdicción, que exigen los principios de igualdad y seguridad jurídica (STS ). El derecho a una segunda instancia reconocido a todo sentenciado en causa penal por el art del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está satisfactoriamente garantizado, en el derecho sancionador de menores, por el recurso de apelación. Las decisiones adoptadas en la jurisdicción de menores sobre materias que no tengan relación con las circunstancias del menor y la orientación que debe inspirar su tratamiento, encuentran su último control de legalidad en el recurso de apelación de que han de conocer las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia o, en su defecto, las que se constituyan en las Audiencias Provinciales (STS ). C) En este caso, ni por la naturaleza de las contradicciones denunciadas, ni por el resto de los requisitos legalmente establecidos resulta procedente la admisión del recurso. El apartado 4º del artículo 42 LRPM, exige que se presente una relación precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con designación de las Sentencias aludidas y de los informes en que se funde el interés del menor valorado en la Sentencia; y lo alegado por el recurrente, no viene referido a los datos sobre la personalidad y situación del menor, su entorno familiar o social, su edad o sus necesidades, parámetros todos ellos que configuran el objeto de la contradicción, en el sentido expresado por el artículo 42 LRPM. La pretensión del recurrente es ajena al objeto del presente recurso planteando en casación alegaciones que no guardan relación con el objeto del recurso y su estricto ámbito. Así no aparece en modo alguno que su crítica sobre la imposición de los gastos derivados de las tareas de búsqueda del cuerpo de la víctima, afecte a medidas impuestas a un determinado menor que, en su contenido, duración y objetivos, se apartan sensiblemente de otras que tomaron en consideración datos idénticos o muy parecidos sobre la gravedad objetiva del

6 hecho, la personalidad y situación del menor, su entorno familiar o social, su edad, sus necesidades, etc.. El motivo se limita a mostrar su discrepancia con la sentencia recurrida en extremos ajenos al objeto de la contradicción en el sentido expresado por el artículo 42 LRPM. No se muestra una igualdad en los hechos enjuiciados ni en los datos sobre la personalidad y situación del menor, su entorno familiar o social, su edad o sus necesidades, parámetros todos ellos que configuran el objeto de la contradicción en el sentido expresado por el artículo 42 LRPM. En atención a las consideraciones expuestas, el recurso articulado carece manifiestamente de fundamento, por no ajustarse a las disposiciones del citado artículo 42 LRPM y procede su inadmisión de acuerdo con lo dispuesto en el art de la LECrim. En su consecuencia procede adoptar la siguiente parte dispositiva: III. PARTE DISPOSITIVA LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ADMISIÓN del recurso de casación formalizado por el recurrente, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la causa referenciada en el encabezamiento de esta resolución. Las costas del recurso se imponen a la parte recurrente. Así lo acordaron y firman los Excmos. Sres. que han constituido Sala para ver y decidir esta resolución.