Deportados: Una nueva crisis en la frontera!

Transcripción

1 Deportados: Una nueva crisis en la frontera! Desde hace varios meses el Servicio Jesuita a Refugiados ha venido referenciando con preocupación la llegada de centenares de colombianos deportados de diferentes rincones de Venezuela. Según información de la Red Migrante hasta los primeros días de abril han sido deportados 868 colombianos durante el presente año, frente a 196 que recibieron esta medida el año anterior. Ciertamente la deportación es una medida migratoria contemplada en la legislación internacional, aplicada a los extranjeros que se encuentran de manera irregular, sin la documentación necesaria o excediendo los usos permitidos de la documentación otorgada por el estado receptor. Se trata de una medida legal siempre y cuando este procedimiento esté ajustado al debido proceso y no se violen los derechos humanos. Sin embargo, a partir del trabajo humanitario que nuestra organización realiza en el territorio, hemos podido conocer varios casos que nos indican que no siempre estos procedimientos se hacen bajo la observación estricta de estos criterios. A continuación presentamos algunas irregularidades que consideramos deben ser condenadas y evitadas en lo sucesivo: a. A un número importante de personas que adquirieron su documentación en jornadas amplias de regulación de extranjeros se les ha impedido realizar el proceso de renovación tras los diez años de vigencia que tienen estos documentos. Al parecer la falta de soportes en resoluciones o gaceta judicial se lo impiden pese a que la mayoría de estas personas ejercieron el derecho al sufragio para las elecciones legislativas y regionales. b. Muchos de los colombianos deportados han residido por largo tiempo en el vecino país llevando su vida familiar y económica allí. La mayoría de estas personas han creado vínculos maritales con venezolanos y en muchos casos sus hijos también han nacido en ese país. Estas familias también han desarrollado su vida económica en Venezuela, adquiriendo propiedades y desarrollando actividades laborales. A pesar de ello, estas personas no cuentan con mecanismos jurídicos para formalizar su estancia en el país. c. Un número elevado de personas deportadas han señalado que el procedimiento y traslado se está desarrollando en el marco de abusos de autoridad y tratos crueles y degradantes. Se han presentado casos de acoso sexual a mujeres y es usual la restricción de acceso alimentos y agua potable durante el tiempo que dura la captura y se completa el cupo del autobús para organizar el regreso a Colombia. 1 1 El Espectador (2015, 10 de Marzo), La Defensoría del Pueblo en alerta ante incremento de deportaciones desde Venezuela *en línea+, disponible en recuperado: 18 de Marzo de 2015.

2 d. Paralelamente a las entregas formales con acto administrativo de la autoridad migratoria venezolana a las autoridades colombianas, se esconde un problema hasta el momento invisibilizado. Nos referimos a colombianos que luego de perder sus documentos de identidad son abandonados y expulsados de manera informal por las autoridades venezolanas, rompiendo no solo los protocolos exigidos para estos casos, sino dejándolos fuera de toda oferta de las autoridades migratorias colombianas. Esta circunstancia reconocida como deportación no administrativa hace parte de los sub registros que se están presentando sobre el fenómeno. e. Las personas deportadas, en su mayoría hombres en edad productiva, refieren haber sido separados arbitrariamente de su cónyuge e hijos, padres, hermanos o abuelos, muchos de ellos quedando a la deriva y desprotegidos económicamente. Es importante resaltar que en ocasiones han quedado niños y niñas solos. Por otro lado, algunas personas señalan que sus familias están buscando la manera de vender sus enceres y venir a Colombia tras ellos, situación que se complejiza cuando se trata de mujeres de nacionalidad venezolana o de hijos de colombianos nacidos en Venezuela no nacionalizados. f. Se registran también obstáculos hacia los colombianos que no cuentan con una cédula de identidad venezolana para acceder a bienes, alimentos y servicios de primera necesidad y el NO reconocimiento del documento provisional entregado por la Comisión Nacional para los Refugiados como documento válido para el expendio de este tipo de productos en algunos sitios. g. Particular preocupación manifiesta el Servicio Jesuita a Refugiados en relación a las personas en necesidad de protección internacional, solicitantes o en situación de refugio, todas ellas víctimas del conflicto armado colombiano que huyeron del país hacia territorio Venezolano para salvaguardar sus vidas e integridad, quienes por todas estas medidas se exponen a ser nuevamente victimizados al llegar a territorio colombiano. Las situaciones antes descritas ponen a los migrantes forzados ante tres escenarios de gran complejidad. Regresar a Colombia y poner en riesgo nuevamente sus vidas, exponerse a una medida migratoria de deportación y/o enfrentar toda suerte de infortunios derivados de la imposibilidad de acceder alimentos, medicamentos básicos y asistencia médica en el vecino país. Algunos de ellos han optado por regresar a Colombia buscando salir a un tercer país. En este campo las cifras aumentan vertiginosamente. En el mes de febrero en el SJR Norte de Santander se atendieron a 27 personas solicitantes de refugio en Venezuela que tomaron la decisión de retornar a Colombia, frente a las 18 personas del año anterior. Al tiempo, ACNUR estima que de la totalidad de los deportados por lo menos el 10% son víctimas del conflicto armado El Espectador (2015, 18 de Marzo), El drama de las víctimas del conflicto deportadas desde Venezuela *en línea+, disponible en recuperado: 18 de Marzo de 2015.

3 Otra situación particular es la que enfrentan los hijos/as de colombianos nacidos en Venezuela que llegan a Colombia sin haber realizado el proceso de regularización por vía consular como lo exige la ley, pero que ya no podrán regresar al consulado de la jurisdicción donde nació su hijo/a. Estos niños y niñas se ven enfrentados a estar en Colombia como extranjeros, lo que restringe el acceso a servicios básicos de salud y educación, entre otros. En lo corrido del año 12 menores de edad han sido acompañados en estas condiciones por el Servicio Jesuita a Refugiados. Muy cercano a la situación anteriormente mencionada hemos conocido cinco casos de posible apatridia. Se trata de personas que afirman haber nacido en Colombia, pero que por diversas situaciones, entre ellas el conflicto armado, migraron con sus familias hacia Venezuela cuando aún eran menores de edad adquirieron la cédula transitoria en Venezuela, pero ahora son deportados por el Estado venezolano que se niega a reconocerlos como nacionales. Esta situación requiere una atención particular por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus procedimientos para la regularización. Respuesta Institucional En Colombia la respuesta institucional ha sido desigual. La autoridad migratoria delegada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender estos casos ha asumido la recepción de las personas entregadas de manera formal por parte del estado venezolano financiando algunos días de alojamiento y alimentación en el Centro de Migraciones. Además, ha entregado recursos para la financiación de transporte terrestre para reubicarse en sus ciudades de origen o preferencia. Por su parte la Defensoría del Pueblo ha desarrollado un papel importante en el ejercicio de protección de derechos, seguimiento y atención a casos que por su especial condición revisten algún tipo de gravedad (reunificación de menores no acompañados, solicitantes de refugio o víctimas del conflicto armado, personas heridas o con problemas de salud, entre otras). Entre migración Colombia y la Defensoría del Pueblo lideran la RED MIGRANTE, un escenario que tiene como misión articular la respuesta ante las múltiples dinámicas de migración forzada transfronteriza, especialmente la deportación, y que sirve como escenario de coordinación con actores humanitarios en el Norte de Santander y autoridades. La Unidad de atención y reparación integral a las víctimas (UARIV) ha tomado una acción bastante más tímida ante la situación del retorno de connacionales de Venezuela. Se han identificado particularmente tres problemáticas: a. Las víctimas en el vecino país señalan que no cuentan con información oportuna para realizar de manera adecuada el retorno. No conocen la existencia de una normatividad que los ampara, ni los mecanismos y procedimientos para acceder a sus beneficios, particularmente el de retornos acompañados. b. Quienes han informado a los consulados su intención de retornar, no han encontrado la orientación necesaria y terminan regresando al país sin acompañamiento ni garantías.

4 c. Cuando la víctima llega a Colombia por sus propios medios, la UARIV se abstiene de tramitar el proceso de retorno y reubicación de connacional retornado del exterior aludiendo que el proceso debe iniciarse en la misión diplomática de Colombia en el vecino país optando por entregar un turno para recibir ayuda humanitaria de transición. El argumento es que se trata de hechos victimizantes ocurrido años anteriores por lo que no aplican las primeras ayudas inmediatas y de emergencia, generando una nueva y aguda crisis en estas familias sin oportuna atención. La tendencia en la frontera colombo venezolana es el aumento en las deportaciones de colombianos y el retorno de connacionales en necesidad de protección internacional sin acompañamiento ni garantías, así como la posibilidad de llegada de grupos familiares de origen venezolano. De estas tendencias, preocupan especialmente: los deportados sin procedimiento administrativo, las personas víctimas del conflicto armado reconocidas o no en el registro único de víctimas, los retornos voluntarios o forzados por la misma situación socioeconómica que vive Venezuela, así como los venezolanos que comienzan a huir hacia Colombia para salvaguardar su integridad. Cabe señalar finalmente que estos fenómenos se encuentran instalados en una región que debe enfrentar continuas crisis humanitarias producidas por la violencia que ejercen los grupos paramilitares post-desmovilización que a diario imprimen temor en la población, reclutan, usan y vinculan niños-as y adolescentes a sus estructuras armadas, producen desplazamientos intra-urbanos, tratan y trafican niñas y niños y controlan las actividades económicas ilícitas e informales. Fenómenos de la economía que además representan la fuente de ingresos del 72% de la población frente a un sostenido 15% de desempleo en la ciudad capital. Es a este panorama que se enfrentan los colombianos cuando regresan al país debiendo soportar dinámicas de violencia, pobreza y ausencia de oportunidades para una adecuada integración y sobre el cual deseamos llamar la atención. Recomendaciones Al Estado Nacional A la Cancillería: 1. Tomar todas las medidas diplomáticas a su alcance para evitar ataques y discriminaciones a los colombianos que se encuentran en Venezuela, particularmente a las víctimas del conflicto armado. Solicitamos una particular atención a las dificultades para el acceso a alimentos, bienes y servicios. 2. Enviar órdenes explícitas a los consulados colombianos en Venezuela para que estos atiendan de forma idónea y con calidad a las víctimas que se acercan a solicitar el retorno acompañado. 3. Proveer rutas y mecanismos para la reunificación de familias que están siendo separadas por las deportaciones de colombianos desde Venezuela.

5 4. Flexibilizar el proceso de nacionalización de menores de edad nacidos en Venezuela a través de cualquier consulado, sin necesidad de ajustarse exclusivamente al consulado de la jurisdicción de nacimiento. 5. Fortalecer el apoyo para el funcionamiento del centro de Migraciones y Solidaridad bajo la responsabilidad de los misioneros Scalabrinianos. A la UARIV: 1. Revisar las rutas y protocolos de retorno y reubicaciones y adaptarlas a las necesidades reales de las víctimas en el exterior. Especialmente de aquellas que están afrontando problemas de este nivel en el exterior. 2. Interpretar el regreso de las familias víctimas del conflicto armado de Venezuela, particularmente aquellas que han retornado vía deportación o bajo la presión del desabastecimiento y la discriminación, como un nuevo desplazamiento forzado para que sean asistidas de manera adecuada y operen las tres ayudas humanitarias previstas en la ley 1448 de Ajustar las rutas y procedimientos para la entrega de ayudas humanitarias en casos de desplazamientos transfronterizos a los dispuesto en la Sentencia de la Corte Constitucional T-832, nov. 11/ Construir un plan de Contingencia para recibir un número significativo de colombianos regresando de Venezuela, muchos de ellos en necesidad de protección internacional. A la Defensoría del Pueblo 1. Mantener su interés y acción en el tema de la frontera haciendo seguimiento y monitoreo permanente de la situación y acompañando a las migrantes forzados. Al Estado Local y Regional 1. Crear las condiciones de infraestructura y servicios para atender una alta demanda de colombianos regresando solos o con sus familias transnacionales, de manera involuntaria y voluntaria. 2. Generar en las comunidades de acogida procesos de hospitalidad que les permita a los colombianos nortesantandereanos una visión positiva y amigable de los compatriotas y sus familias que regresan al país. 3. Realizar planes de contingencia y rutas de acceso a derechos para que las personas y familias que van llegando puedan dirigirse hacia sus lugares de origen si lo desean o permanecer en la frontera en un ambiente seguro, libre de discriminación y con sus necesidades básicas cubiertas.