AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA TEMARIO

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1 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA TEMARIO APÉNDICE DE ACTUALIZACIÓN Edición febrero 2010 A causa de la modificación operada en las bases reguladoras de la oposición, publicada el 7 de mayo de 2010 en el Boletín Oficial de la Provincia de las Palmas, se añade un nuevo apartado dedicado a la Organización del Estado al final del Tema 1, cuyo contenido desarrollamos a continuación.

2 6. LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO El estudio de la organización del Estado requiere que diferenciemos entre su organización institucional y política y su organización territorial. El análisis de la organización institucional conlleva a su vez que nos detengamos en el estudio de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), junto a los que debemos hacer referencia también a la figura del Jefe del Estado que corresponde el Rey en una Monarquía Parlamentaria como es la nuestra. Comenzaremos por su estudio LA CORONA (art. 56 al 65 de la CE) El art de la CE dispone que la forma política del Estado Español es la monarquía parlamentaria, y sólo por el procedimiento rígido de reforma constitucional establecido en el art. 168 de la CE pueden modificarse el art y el Título II (art. 56 a 65 de la CE) La Sucesión Hereditaria. El orden de Sucesión a la Corona La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica (art de la CE) reinante desde hace siglos en España. En este sentido, la soberanía popular acepta el valor histórico y político de la Monarquía española, introduciendo la CE una justificación o legitimidad histórica para la Monarquía. El título del Rey es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona (art de la CE). El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas (art de la CE). La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos (art de la CE). Esta sucesión legítima opera automáticamente, en virtud del orden establecido por la CE; pero en el supuesto de extinción de todas las líneas de la familia real, la CE prevé la sucesión parlamentaria y en este sentido, la CE dispone que extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España (art de la CE). La Cortes Generales deben resolver, interviniendo y dando su aprobación por medio de una Ley orgánica, a las abdicaciones del Rey, a la renuncia a los derechos sucesorios y resolver cualquier duda de hecho o de derecho (o incluso el conflicto dinástico) que ocurra en el orden de sucesión a la Corona (art de la CE). Asimismo, aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes (art de la CE). AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

3 El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España (art de la CE) La Regencia y la Tutela La regencia es una situación excepcional en la que las funciones correspondientes al Rey no son desempeñadas por este, ya sea por ser menor de edad o por hallarse inhabilitado para el ejercicio de su autoridad. La inhabilitación ha de ser reconocida por las Cortes Generales. En cualquiera de los dos casos, las funciones del Rey las ejerce una regencia que puede ser individual o colegiada. Si el Rey fuere menor de edad, la regencia recae en el padre o la madre del Rey y, en su defecto, en el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la CE, y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey (art de la CE). Si el Rey se encuentra inhabilitado, será regente el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el supuesto anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad (art de la CE). Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales (regencia electiva), y se compondrá de una, tres o cinco personas (art de la CE). Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad (art de la CE). La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey (art de la CE). Asimismo, será tutor del Rey menor, la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre (progenitores) o ascendientes directos del Rey (art de la CE). El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política (art de la CE). El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el juramento previsto para el Rey (es decir, el juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la CE y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas), así como el de fidelidad al Rey (art de la CE) Las funciones Constitucionales del Rey Según el art de la CE, el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la CE y las Leyes (es decir, el Jefe del Estado manda pero no gobierna). AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 3

4 Las competencias del monarca se hallan recogidas en los arts. 62 y 63 de la CE, aunque deben ser completadas con otras que se encuentran dispersas en la CE. Competencias en relación con la función de articulación de la soberanía popular: Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la CE (art. 62.b) de la CE). Convocar referéndum en los casos previstos en la CE (art. 62.c) de la CE), que pueden ser: * Referéndum de reforma constitucional (previsto con carácter voluntario en el art. 167 de la CE y con carácter obligatorio en el 168 de la CE). * Referéndum de iniciativa autonómica; de ratificación de los Estatutos de Autonomía (art. 151 de la CE); de reforma de los propios Estatutos de Autonomía (art de la CE). * Referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial transcendencia. Estas decisiones podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos (art de la CE). El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados (art de la CE). Competencias en relación con la función legislativa: Sancionar y promulgar las Leyes aprobadas por las Cortes Generales y ordenar su inmediata publicación (arts. 62. a) y 91 de la CE). Competencias en relación con la función ejecutiva: Proponer el candidato a Presidente del Gobierno, y en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución (arts. 62. d) y 99 de la CE). Nombrar y separar a los miembros del Gobierno (Ministros), a propuesta de su Presidente de Gobierno (arts. 62. e) y 100 de la CE). Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros: Reales Decretos (art. 62. f) de la CE). Conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las Leyes (art. 62. f) de la CE). Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente de Gobierno (art. 62. g) de la CE). El mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62. h) de la CE). Se trata de una función honorífica, pues corresponde al Gobierno dirigir la Administración militar y la defensa del Estado (según dispone el art. 97 de la CE). El Alto Patronazgo de las Reales Academias (art. 62. j) de la CE). 4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

5 Competencias en relación con la función judicial: La justicia que emana del pueblo se administra en nombre del Rey (art. 117 de la CE). Nombrar al Presidente del Tribunal Supremo (art de la CE); a los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (art de la CE); al Fiscal General del Estado (art de la CE); al Presidente del Tribunal Constitucional y a sus doce miembros (art. 159 de la CE). Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá autorizar indultos generales (art. 62. i) de la CE). Competencias en materia de relaciones internacionales: Acredita a los embajadores y a otros representantes diplomáticos y se acreditan ante él, los representantes extranjeros en España (art de la CE). Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de Tratados, de conformidad con la CE y las Leyes (art de la CE). Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales del Congreso y del Senado (art de la CE). Competencias en materia de nombramientos: Nombrar a los Presidentes de las Comunidades Autónomas (art de la CE). Nombrar y relevar a los miembros civiles y militares de su Casa (art de la CE). En todo caso, la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia (art. 58 de la CE) La inviolabilidad y el Refrendo De acuerdo con el art de la CE, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. La irresponsabilidad del Jefe del Estado es absoluta y por tanto, al monarca no se le puede exigir responsabilidad, ni se le puede hacer comparecer ante ningún Tribunal de Justicia, por ninguno de sus actos, con independencia de la naturaleza de los mismos (constitucional, penal, civil, mercantil ), es decir, el Rey goza de inviolabilidad e inmunidad. La absoluta irresponsabilidad del monarca puede ser mantenida en base a la institución del refrendo, prevista en el art de la CE, que dispone que sus actos estarán siempre refrendados, en la forma establecida en la CE (art. 64 de la CE), careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo cuando se trate de: Distribuir la cantidad global que recibe de los Presupuestos del Estado para el sostenimiento de su familia y Casa (art de la CE), que puede hacerlo libremente. Nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa (art de la CE). AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 5

6 Según el art de la CE, de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden, y de acuerdo con el art de la CE, los actos del Rey serán refrendados: Con carácter general, por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. Por el Presidente del Congreso de los Diputados, si se trata de: * La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno. * La disolución de las Cámaras, si después de la renovación del Congreso de los Diputados, ningún candidato obtiene la confianza de las Cámaras para ser investido Presidente del Gobierno (según el art. 99 de la CE) LAS CORTES GENERALES (arts. 66 al 96 de la CE) Las Cortes Generales constituyen el primer órgano político del Estado, representan al pueblo español (art de la CE), en quien reside la soberanía nacional y de quien emanan los poderes del Estado (art de la CE). En el momento de la elección de las Cortes Generales es donde se manifiesta el carácter democrático del Estado, mediante la elección por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la CE (art de la CE) El Bicameralismo de las Cortes Generales Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado (art de la CE). El bicameralismo español es sui generis, pues el modelo de la CE no coincide con el sistema bicameral federal (donde la Cámara Alta es una cámara de representación de los entes territoriales dotados de autonomía política, propio de EE UU), ni con el sistema aristocrático o estamental (integrado por Cámaras altas de carácter corporativo o vitalicio, como la Cámara de los Lores). En principio, se podría pensar que, como resultado del modelo de distribución territorial del poder político basado en las CC AA, el Senado se constituiría como cámara de representación de las CC AA, frente a la representación directa de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el modelo establecido es más ambiguo, y las dos cámaras son diferentes, por su composición y por su función. Brevemente se podría decir que el Congreso de los Diputados se distribuye básicamente atendiendo al número de población de cada provincia y es elegido directamente por todo el cuerpo electoral, conforme a un sistema electoral proporcional, siguiendo el método D Hondt. Sin embargo, el método que se aplica para el Senado es mayoritario, y se eligen cuatro diputados por provincias, por sufragio universal, libre, igual, directo 6 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

7 y secreto, y un diputado como mínimo por cada Comunidad Autónoma (aumentando el número en función del número de población de la Comunidad. Autónoma) por las Asambleas legislativas de cada Comunidad Autónoma o, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma. El Senado es una cámara de reflexión que coopera y acompaña la función del Congreso, con menos funciones que el Congreso de los Diputados, aunque ambas Cámaras participan en casi todas las funciones constitucionales reconocidas para las Cortes Generales. En la función legislativa, participan ambas cámaras pero puede ocurrir que una proposición salga del Congreso, pase al Senado (que puede proponer enmiendas) y la vete. Sin embargo, cuando vuelve al Congreso, y a pesar del veto del Senado, el Congreso puede aprobarla por mayoría absoluta. En cuanto al control político del Gobierno, ambas cámaras pueden articular métodos de control ordinario (preguntas o de interpelaciones al Gobierno), pero solamente el Congreso de los Diputados ejerce un riguroso control político, al interponer mociones de censura y aprobar cuestiones de confianza El Congreso de los Diputados El Congreso se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la Ley (art de la CE). El número de Diputados del Congreso ha quedado fijado por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General en adelante LOREG en 350 diputados. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España (art de la CE), aunque el art. 70 de la CE establece una serie de causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Según el art de la CE, la circunscripción electoral es la provincia. La Ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción en la actualidad, la LOREG fija el número mínimo inicial en dos Diputados, salvo las poblaciones de Ceuta y Melilla, que están representadas cada una de ellas por un Diputado. Los demás diputados se distribuyen en proporción a la población (lo que provoca que en cada proceso electoral se deba tener en cuenta las variaciones de población, según los datos del censo oficial de población). Asimismo, el art de la CE dispone que la elección se hace en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional (según un procedimiento proporcional con sistema de mayores restos). Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones (art de la CE). El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (art de la CE). AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 7

8 El Senado El Senado es la Cámara de representación territorial (art de la CE), aunque su composición contradice esta afirmación, pues la CE no prevé la representación directa de las unidades políticas inferiores al Estado e integrantes de este (CC AA), sino la representación directa de los ciudadanos (igual que en el Congreso), pero haciendo elegir a un mínimo número de senadores por cada provincia, con independencia de su población. En este sentido, el art de la CE establece que en cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una Ley orgánica en la actualidad, la LOREG, con la siguientes excepciones: Las provincias insulares: cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores Gran Canaria, Mallorca y Tenerife y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma (art de la CE). Las poblaciones de Ceuta y Melilla: elegirán cada una de ellas dos Senadores (art de la CE). Por tanto, el único elemento de representación efectivamente territorial es minoritario, y consistirá en la designación por las Comunidades Autónomas, de un Senador y más otro, por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Estos senadores no son de elección directa, sino que son designados por las Asambleas legislativas de cada Comunidad Autónoma o, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, atendiendo, en todo caso, a criterios de representación proporcional (art de la CE). El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (art de la CE) Acceso a la condición de parlamentario: causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores Como regla general, nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso (art de la CE). Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo (art de la CE), sino por un mandato representativo, por lo que, en principio los parlamentarios son absolutamente libres para emitir el voto, aunque esta libertad queda coartada por la vinculación al partido por el que el parlamentario se presentó a las elecciones (ya que votar en contra de las directrices del grupo parlamentario, en la práctica puede suponer la imposibilidad de ser reelegido, por carecer del apoyo del partido). Asimismo, las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus 8 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

9 privilegios (art de la CE). Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras (art de la CE). La inelegibilidad es un concepto que afecta a la capacidad de un ciudadano para presentarse como candidato a las elecciones a un determinado cargo público. Se trata de impedir que aquellos que ostenten ya cargo público puedan prevalerse de éste para participar en la elección en condiciones de ventaja frente a otros candidatos. La incompatibilidad es la incapacidad para simultanear el ejercicio de dos cargos públicos. Se trata de procurar que los parlamentarios ejerzan sus funciones con el mayor grado de libertad e independencia. En todo caso, el estar incurso en una causa de incompatibilidad no exige la previa dimisión para participar en la elección, sino que basta el abandono del cargo con el que el puesto de parlamentario es incompatible, una vez obtenido el escaño. La Ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores (art de la CE), que comprenderán, en todo caso: a) A los componentes del Tribunal Constitucional. b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la Ley, con la excepción de los miembros del Gobierno. c) Al Defensor del Pueblo. d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. f) A los miembros de las Juntas Electorales. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial en los términos que establezca la Ley electoral (art de la CE) Las prerrogativas de los parlamentarios: la inviolabilidad y la inmunidad de los Diputados y Senadores Las prerrogativas de los parlamentarios son las siguientes: La inviolabilidad, según la cual, los parlamentarios no pueden ser perseguidos judicialmente por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones genuinamente parlamentarias (art de la CE). La inmunidad, en virtud de la cual, durante el período de su mandato los Diputados y Senadores no pueden ser detenidos, salvo en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, autorización que se denomina suplicatorio (art de la CE). El fuero jurisdiccional, en virtud del cual, los Diputados y Senadores sólo podrán ser juzgados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art de la CE). AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 9

10 Régimen y funcionamiento de las Cámaras Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos (Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982 y Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994), aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto Personal de las Cortes Generales (de 26 de junio de 1989). Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta (art de la CE). Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales (que aún no existe, puesto que esta previsión está pendiente de desarrollo reglamentario) aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara (art de la CE). Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes (art de la CE). Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio (art de la CE). Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros (art de la CE). Dichos acuerdos para ser válidos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la CE o las Leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras (art de la CE). El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable (art de la CE). Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento (art. 80 de la CE). El Congreso de los Diputados y el Senado podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que este haya sido agotado (art de la CE). La CE articula las relaciones del Parlamento con la Corona a través de sesiones conjuntas. En este sentido, el art de la CE dispone que las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II de la CE atribuye expresamente a las Cortes Generales, que son las siguientes: a) La provisión a la sucesión de la Corona en el caso de que se hayan extinguido todas las líneas llamadas en derecho (art de la CE). b) La resolución sobre la expresa prohibición de matrimonio de personas con derecho a la sucesión en el trono (art de la CE). c) El reconocimiento de la inhabilitación del Rey para ejercer su autoridad (art de la CE). 10 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

11 d) El nombramiento de Regente o Regentes (art de la CE). e) El nombramiento del tutor del Rey menor (art de la CE). f) El juramento y la proclamación del Rey (art de la CE). g) El juramento del Príncipe heredero (art de la CE). h) El juramento del Regente o Regentes (art de la CE). i) La autorización del Rey para que declare la guerra o haga la paz (art de la CE). Dado que el art de la CE excluye expresamente las competencias legislativas, queda fuera del ámbito de las sesiones conjuntas, la ley orgánica (prevista en el art de la CE) para resolver las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión de la Corona. Según el art de la CE, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras, las siguientes decisiones de las Cortes Generales: 1. La autorización previa de las Cortes Generales para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o Convenios Internacionales cuando éstos tengan carácter político, militar, afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I, impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública, o supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución (art de la CE). 2. La autorización de las Cortes Generales para la celebración de acuerdos de cooperación entre CC AA distintos de los que, para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía (art de la CE). 3. La distribución en las CC AA y provincias, en su caso, de los recursos del Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión (art de la CE). En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta, compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto, que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta (este artículo supone un cierto fortalecimiento del papel desempeñado por el Senado en nuestro sistema bicameral, en las materias de política exterior y política de organización territorial, aunque finalmente se otorga al Congreso la última palabra en relación con los mismos). Salvo en el caso de las sesiones plenarias conjuntas para los tres supuestos enunciados, las Cámaras actúan de forma independiente, ateniéndose a sus Reglamentos respectivos, y sólo en el caso de que no haya acuerdo entre ambas, se opta por la creación de un órgano conjunto: una Comisión Mixta. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones (art de la CE). AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 11

12 El Congreso y el Senado, y en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas (art de la CE). Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La Ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación (art de la CE). Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas (art de la CE). Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan (art de la CE). En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica (art de la CE). Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones (art de la CE): Durante los intervalos entre períodos de sesiones corresponde a la Diputación Permanente: a) Ejercitar la iniciativa prevista en el art de la CE: solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno o de las Comisiones. b) Velar por los poderes del Congreso y del Senado, lo cual, en el periodo de sesiones, se identifica con estar expectante, por si es preciso canalizar una solicitud de celebración de sesión extraordinaria, puesto que, en supuestos extremos en los que no se pudiere esperar a la actuación del Pleno (por ejemplo, una situación de conflicto armado), el deber de velar por los poderes de las Cámaras podría requerir la actuación de la Diputación Permanente de forma inmediata. Disueltas las Cámaras o expirado su mandato, corresponde a la Diputación Permanente: a) Asumir las siguientes facultades de las Cámaras: En relación con los Decretos-leyes, corresponde a la Diputación Permanente, pronunciarse sobre su convalidación o derogación (art. 86 de la CE). Ser notificada inmediatamente de la declaración por el Gobierno del estado de alarma y autorizar su prórroga; autorizar al Gobierno a declarar el estado de excepción y su prórroga; y declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, el estado de sitio (art. 116 de la CE). Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales (art de la CE). 12 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

13 La Potestad Legislativa Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado (art de la CE) y por tanto, al ejercer por representación la suprema potestad política del Estado (la potestad legislativa), las Cortes Generales son inviolables (art de la CE). La Ley es: Fuente del derecho del Estado, pues el resto del ordenamiento, salvo la CE, se encuentra subordinado a la Ley. El mandato del órgano que representa al pueblo soberano. Elaborada por un procedimiento formalizado y público que permite someter el proceso al debate con la oposición parlamentaria y ante la opinión pública. Goza de un privilegio jurisdiccional: el control de su constitucionalidad encomendado al TC Leyes ordinarias 1. Procedimiento legislativo ordinario A) La FASE DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras (art de la CE). La iniciativa del Gobierno se ejercita mediante la presentación de proyectos de Ley, que deben ser aprobados en Consejo de Ministros, que los remitirá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos (art. 88 de la CE). La iniciativa del Congreso y del Senado es ejercida por los grupos parlamentarios o por los parlamentarios individualmente (15 diputados o 25 senadores) y reciben el nombre de proposiciones de ley. La tramitación de las proposiciones de Ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de Ley impida el ejercicio de esta forma de iniciativa legislativa (art de la CE). La iniciativa de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, puede manifestarse indirectamente, solicitando al Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o bien directamente, remitiendo a la Mesa del Congreso una proposición de Ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa (art de la CE). La iniciativa popular será regulada por una Ley orgánica que determinará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de quinientas mil firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (art de la CE). El régimen de la iniciativa popular ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 13

14 B) La aprobación de los proyectos o proposiciones de Ley es la FASE DECISORIA DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO y se encuentra regulado en los respectivos Reglamentos del Congreso y el Senado. En todo caso, esta fase siempre se inicia en el Congreso de los Diputados, incluso cuando se trata de proposiciones de Ley del Senado, que se remitirá al Congreso para su trámite en este (art de la CE). Recibido el proyecto o proposición de Ley, la Mesa del Congreso ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo remite a la Comisión correspondiente y abre el periodo de presentación de enmiendas. En caso de presentarse enmiendas a la totalidad, se produce un debate de totalidad en el Pleno; si sólo se presentan enmiendas parciales, o cuando se haya finalizado el debate de totalidad, la Comisión nombra una Ponencia para que redacte un informe. Concluido el informe, comienza el debate en Comisión, artículo por artículo, y termina con un dictamen, que se eleva al Pleno para su debate y votación. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, el Presidente del Congreso dará inmediata cuenta al Presidente del Senado, que lo someterá a la deliberación de éste (art de la CE). En el Senado sigue una tramitación semejante, aunque limitado temporalmente, pues dispone de un plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto, que se reduce a veinte días naturales, en proyectos de ley declarados urgentes, por el Gobierno o el Congreso, para oponer su veto (mediante mensaje motivado) o introducir enmiendas al mismo (art y 3. de la CE) El Senado puede aprobar el proyecto o proposición en los mismos términos que el Congreso, o bien enmendarlo o vetarlo (por mayoría absoluta). En caso de enmienda, el proyecto o proposición de ley vuelve al Congreso, donde por mayoría simple, se aceptan o rechazan las enmiendas introducidas por el Senado. Pero en caso de veto el Congreso puede ratificar el texto inicial por mayoría absoluta o transcurrido dos meses, por mayoría simple. C) En caso de aprobación por el Congreso y después por el Senado, se sanciona, promulga y publica la Ley, siendo esta la FASE INTEGRADORA DE LA EFICACIA. La sanción es un acto obligatorio para el Jefe del Estado. El Rey sancionará en el plazo de quince días las Leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación (art. 91 de la CE). La promulgación es una declaración solemne, efectuada de acuerdo con una fórmula ritual, mediante la cual, se formaliza la incorporación de la Ley de forma definitiva en el ordenamiento jurídico. La publicación no es un acto jurídico, sino una operación material, de indudable importancia, pues sólo a partir de este momento es cuando la Ley produce efectos vinculantes para todos. 14 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

15 2. Procedimientos legislativos especiales Existen otros procedimientos con algunas modificaciones, cuyo resultado es una Ley ordinaria. Leyes aprobadas en Comisión: las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de Ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de Ley que haya sido objeto de esta delegación (art de la CE), quedando exceptuados de la posible delegación: la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las Leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado (art de la CE). El rasgo más característico de la aprobación del proyecto en Comisión, es que lo que normalmente es el dictamen, se convierte en la aprobación definitiva del proyecto por Cámara, sin que vaya al Pleno. Procedimiento en lectura única: cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley lo aconsejen o cuando así lo permita la simplicidad de su formulación. El debate se rige por las normas establecidas para los debates de totalidad, y posteriormente el texto en su conjunto es sometido a votación, que y si es favorable, quedará aprobado. Procedimiento de urgencia: la Mesa, a petición del Gobierno, de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados, puede acordar que cualquier asunto se tramite por el procedimiento de urgencia. Los plazos se reducen a la mitad, aunque la Mesa puede prorrogar o reducir dichos plazos Leyes orgánicas Existen determinadas materias que deben ser reguladas por una Ley orgánica, y es lo que se denomina reserva de ley orgánica. El art de la CE dispone que son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Sección Primera, Capítulo Segundo, Título I de la CE), las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la CE (puesto que, a lo largo del articulado de la CE se prevé una pluralidad de materias que deben ser aprobadas como Leyes orgánicas). En este sentido, el art de la CE dispone que una Ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la CE. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art de la CE). Además, la CE prohíbe que las materias con reserva de ley orgánica sean aprobadas como Leyes de Comisión, es decir, por Comisiones Legislativas Permanentes (art de la CE), ni por Decretos-leyes (art de la CE), ni por decretos-legislativos (art de la CE). AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 15

16 La potestad legislativa del Gobierno bajo el control del Parlamento A) Los Decretos-Leyes (art. 86 de la CE). En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la CE, al régimen de las CC AA, ni al derecho electoral general (art de la CE). Por tanto, por medio del Decreto-Ley, el Gobierno puede legislar cuando se trate de una situación de necesidad extraordinaria y urgente, teniendo esta norma carácter provisional, pues sólo puede valer para el tiempo que se necesite para reunir el Parlamento, que debe regularizar esta legislación. Por ello, los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario (art de la CE). En este sentido, el Congreso podrá: Convalidarlo, por lo que el Decreto-Ley se seguirá llamando así, pero tendrá el rango de ley. Derogarlo, por lo que deja de existir, aunque el Decreto-Ley habrá sido plenamente válido durante el tiempo anterior. Tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, si quiere introducir enmiendas, por lo que, el decreto-ley quedará sustituido por una ley del Parlamento (art de la CE). En todo caso, el Senado queda totalmente al margen de la regularización de los Decretos-Leyes. B) Los Decretos Legislativos (arts. 82 a 85 de la CE). Se trata también de normas dictadas por el Gobierno, que tienen rango de ley, pero no por existir una extraordinaria y urgente necesidad, sino por existir una Ley de delegación aprobada por las Cortes (delegación legislativa), que establece las bases y condiciones, en virtud de las cuales se autoriza al Gobierno a regular alguna materia. En este sentido, el art. 85 de la CE dispone que: las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos. Los tipos de Leyes de delegación son: las leyes de Bases y las leyes de autorización para refundir textos legales. Las leyes de bases son normas que fijan los principios, criterios y bases de regulación de una determinada materia, que luego será desarrollada por el Gobierno en forma de Decreto legislativo. En este sentido, el art de la CE dispone que: las Leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 16 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

17 Asimismo, según el art. 83 de la CE, las Leyes de bases no podrán en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia Ley de bases. b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Las leyes que autorizan la refundición de textos legales permiten a las Cortes Generales confiar al Gobierno la tarea de reunir en un solo texto la regulación de una materia que se halle dispersa en diferentes textos. Asimismo, el art de la CE dispone que: la autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único (texto articulado) o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar (texto refundido) los textos legales que han de ser refundidos. En todo caso, y según dispone el art de la CE, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una Ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Condiciones de la Ley de delegación: Las Cortes no pueden habilitar al Gobierno para que dicte Decretos legislativos en materias reservadas a la Ley orgánicas (es decir, según el art de la CE, no podrán afectar al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, no podrán servir para aprobar los Estatutos de Autonomía, ni para regular el Régimen Electoral General, ni otras materias que según la CE deben ser reguladas por Ley orgánica). La Ley de delegación ha de tener por objeto una materia concreta. En este sentido, el art de la CE establece que: la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga al Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. La Ley de delegación no puede permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. La Ley de delegación puede contener fórmulas de control, que se adicionan al control que puede ejercer los Tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional (art de la CE). La Ley de delegación tiene que ser una ley de Pleno (puesto que el art de la CE, prohíbe que las leyes de bases puedan ser aprobadas por Comisiones Legislativas Permanentes). Aprobada la Ley de delegación, el Parlamento no puede legislar sobre esa materia, si no es derogada previa y expresamente la Ley de delegación. Cuando una proposición de Ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de Ley para la derogación total o parcial de la Ley de delegación (art. 84 de la CE). AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 17

18 Otras funciones de las Cortes Generales Según el art de la CE, las Cortes Generales además de ejercer la potestad legislativa, también: 1. Aprueban sus presupuestos. 2. Controlan la acción del Gobierno. a) Mediante el instrumento máximo de control, que es la investidura, por la que se otorga la confianza al Presidente del Gobierno, así como mediante la moción de censura, que puede provocar el cese del Presidente del Gobierno. b) Control económico del Ejecutivo. El control económico del Gobierno se articula: En el momento de obtención de los fondos, puesto que los tributos tienen que ser aprobados por ley (art. 133 de la CE) y la facultad para conseguir dinero a crédito, mediante el endeudamiento del Estado, exige que las Cortes autoricen al Gobierno, mediante Ley, toda emisión de deuda pública (art. 135 de la CE). En el momento de la aprobación del destino de estos fondos, puesto que el Gobierno elabora los presupuestos generales cada año, pero su examen, enmienda y aprobación corresponde al Parlamento (art. 134 de la CE). En el momento de fiscalizar las cuentas, mediante el Tribunal de Cuentas, que es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, con dependencia directa de las Cortes Generales (art. 136 de la CE). c) Control de la política exterior, pues aunque la política exterior es una prerrogativa del poder ejecutivo, el Parlamento participa respecto de los Tratados Internacionales, de la siguiente forma: La celebración de Tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la CE, debe ser autorizada por las Cortes Generales mediante Ley orgánica. En todo caso, le corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos Tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión (art. 93 de la CE). La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: * Tratados de carácter político. * Tratados o convenios de carácter militar. * Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I de la CE. * Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. 18 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

19 * Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna Ley o exijan medidas legislativas para su ejecución (art de la CE). Para los restantes Tratados o convenios, sólo se exige que el Congreso y el Senado sean inmediatamente informados de la conclusión (art de la CE). Además, para la denuncia de los Tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación (art de la CE). En todo caso, la celebración de un Tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la CE exigirá la previa revisión constitucional (art de la CE) El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al TC para que declare si existe o no esa contradicción (art de la CE). Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional (art de la CE). d) Control menor del gobierno, mediante preguntas e interpelaciones al Gobierno (art. 111 de la CE). 3. Ejercen las demás competencias que les atribuye la CE, entre las que se pueden citar: a) Proponer a ocho de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, excepto a su Presidente y nombrar al Defensor del Pueblo. b) Adoptar decisiones políticas de relevancia, que precisan una sesión conjunta de ambas Cámaras EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN (arts. 97 al 107 de la CE) Funciones del Gobierno El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes (art. 97 de la CE). El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión (art de la CE). Además, el Presidente del Gobierno: Refrenda los actos del Rey (art de la CE). Puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, previa deliberación del Consejo de Ministros (art. 112 de la CE). AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (PERSONAL LABORAL) DEL CABILDO DE GRAN CANARIA 19