CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL

Transcripción

1 CORTE NADOt4AL DE JUSTICIA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL JUICIO PENAL: No YP RESOLUCION: No SALA PENAL PROCESADO: POSADA NARANJO JUAN SEBASTIAN OFENDIDO: ESTADO ECUATORIANO RECURSO: CASACION POR. TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES

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3 oso CONJUEZ PONENTE: DOCTOR EDGAR WILFRIDO FLORES MIER CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR.-SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL.- Quito, Octubre 11 dei Las 10H00. Proceso: VISTOS: ANTECEDENTES: Mediante parte policial el fiscal doctor Marlon Escobar Jácome llega a tener conocimiento que: el día 11 de junio de 2010, personal de antinarcóticos de servicio en el puente Internacional de Rumichaca, han detenido la marcha de una camioneta que en la parte posterior se ha encontrado viajando el procesado Juan Sebastián Posada Naranjo, al pasar el can Lucas ha dado señal positiva, preguntándole que transportaba, respondiendo marihuana en dos fundas que se han encontrado en una mochila, encontrando además en un frasco color amarillo unas semillas de la misma sustancia, por lo que ha sido trasladado hasta la Jefatura de Antinarcóticos del Carchi donde se realizan las pruebas de campo, obteniéndose como resultado para posible marihuana con un peso neto de cincuenta y tres gramos, y nueve gramos de semillas de marihuana. El Juez Temporal Segundo de Garantías Penales del Carchi, con fecha 12 de agosto de 2010, las 08h25, acogiendo el dictamen fiscal dicta auto de llamamiento a juicio en contra de: Juan Sebastián Posada Naranjo, por considerar que de los resultados de la instrucción fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y su participación como autor de la infracción tipificada y sancionada en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Confirmando la prisión preventiva y la prohibición de enajenar sus bienes. El Tribunal Primero de Garantías Penales del Carchi, el 17 de noviembre de 2010, las 16h30, luego de efectuarse la audiencia de juicio donde se han evacuado todas las pruebas solicitadas por los sujetos procesales conforme

4 aparece dela consideración CUARTA, con fundamento en lo dispuesto en el art. 311 del Código de Procedimiento Penal, confirma la inocencia y dicta SENTENCIA ABSOLUTORIA, a favor de JUAN SEBASTIÁN POSADA NARANJO.. Se ordena su inmediata libertad conforme al Art. 77 numeral 10 de la Constitución de la República en concordancia con el Art. 319 del Código Adjetivo Penal. Dispone además que se eleve en consulta la sentencia. La Única Sala de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, absolviendo la consulta, revoca la sentencia; y, en su lugar dicta sentencia condenatoria en contra de Juan Sebastián Posada Naranjo... por ser el autor del delito tipificado y sancionado por el Art. 61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena atenuada de ocho años de reclusión mayor ordinariay la multa de sesenta salarios mínimos vitales generales. Disponiendo se oficie a las autoridades de Policía a nivel nacional para que procedan a su captura inmediata. De esta resolución el sentenciado Juan Sebastián Posada Naranjo, interpone recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Una vez que se ha agotado el trámite previsto en los Arts. 352 en relación con el Art. 345 del Código de Procedimiento Penal, para resolver se considera: 1.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA El Consejo de la Judicatura de Transición posesionó a las Juezas y Jueces Nacionales el 26 de enero de El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 30 de enero de 2012, integró sus ocho Salas Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 183. La Sala Especializada de lo Penal, tenemos competencia para conocer y resolver el presente proceso según los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, y del Código Orgánico de la Función Judicial y 349 del Código de Procedimiento Penal. Por lo expuesto, avocamos conocimiento de la causa, por sorteo realizado el doctor Vicente Robalino Villafuerte, tiene el cargo de Juez Ponente según el artículo 141 del Código Orgánico de la Función Judicial;quien por estar con licencia, actúa en su remplazo el doctor Edgar Wilfrido Flores Mier, conforme se desprende del oficio No SG-CNJ-PCH-2012, suscrito por la doctoramaría del Carmen

5 Espinoza Valdiviezo, Presidenta de la Corte Nacional de Justicia (e) y conforme al numeral 2) del Art. 201 del Código Orgánico de la Función Judicial; además integran el Tribunal las doctoras: Lucy Blacio Pereira y Ximena Vintimilla Moscoso, Juezas Nacionales. 2.- VALIDEZ PROCESAL. El presente recurso se ha tramitado conforme a lo dispuesto en los Arts. 75 y 76.3 de la Constitución de la República y las reglas del Código de Procedimiento Penal, observándose las formalidades legales, sin omisión de solemnidad sustancial alguna que hubiere podido influir en su decisión final, por lo que este Tribunal declara la validez del proceso. 4.- FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERVENCIÓN DEL RECURRENTE.- El doctor Edy Benavides, defensor del recurrente Juan Sebastián Posada Naranjo, dentro del término legal y al tenor de lo dispuesto en el Art. 352, del Código de Procedimiento Penal, en lo principal, señala que: El Primer Tribunal de Garantías Penales del Carchi, absuelve a su defendido y ratifica el estado de inocencia, dado que la cantidad de droga encontrada era para su consumo personal, conforme se ratifica con el examen psicosomático que se encuentra dentro del expediente. Sin embargo, al subir el proceso por consulta en la Corte Provincial de Justicia del Carchi, violando el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal y el Art. 364 de la Constitución de la República, dicta sentencia condenatoria, imponiéndole la pena de ocho años de reclusión. Además alega que este tipo de conductas son un problema de salud pública y es deber del Estado darles atención prioritaria, siendo la actuación de los juzgadores incorrecta; por lo tanto, solicita al Tribunal de esta Sala, ratifique el estado de inocencia, por ser su defendido una persona consumidora y por tratarse de una cantidad de 55 gramos, cantidad que puede ser consumida inmediatamente.

6 4.2. INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA.- La doctora Elizabeth Gaibor, en representación del señor Fiscal General del Estado, en lo principal señala que: la Corte Provincial de Justicia del Carchi, absolviendo la consulta revoca la sentencia del Primer Tribunal de Garantías Penales del Carchi, y en su lugar dicta sentencia condenatoria fundamentándose en las pruebas practicadas en la audiencia de juicio y que han sido valoradas de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Que si bien se ha establecido que el recurrente es consumidor, la cantidad de droga encontrada en poder del sentenciado según el perito podía ser consumida en dos o tres días; razón por la cual la Corte Provincial de Justicia del Carchi, declaró la culpabilidad del recurrente como autor del delito tipificado y sancionado por el Art. 61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena atenuada de ocho años de reclusión mayor ordinaria. Solicita se declare improcedente el recurso. 4.- VALORACIÓN JURÍDICA Y MOTIVACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN En la casación penal, hay que tener en cuenta, que lo que procede es el examen de la sentencia recurrida, para determinar posibles violaciones en ella a la ley, ya por haberse contravenido expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación; ya, en fin, por haber interpretado erróneamente, como dispone el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal. El recurso de casación es especial y extraordinario, que tiene como objeto de estudio la sentencia, impidiendo una nueva valoración de las pruebas que han sido consideradas por el juzgador en la sentencia, sin que tampoco pueda realizarse un nuevo estudio del proceso, como ha sido el criterio mantenido por la jurisprudencia de la Ex Corte Suprema, y actual Corte Nacional de Justicia. No obstante, cuando el juzgador comete errores de derecho en la valoración de la prueba con relación a la sana crítica, procede su corrección, como ocurre en el presente caso Los objetivos del recurso de casación se contraen a tres: el imperio de la ley, es decir la aplicación correcta; la uniformidad de la jurisprudencia, para que

7 O(eé los jueces den igual interpretación a igual ley y en iguales circunstancias; y, la rectificación del agravio inferido a uno de los sujetos procesales. Sin dejar de mencionar, que a través del recurso de casación, el Estado vela por la aplicación correcta del derecho, que es un principio de seguridad jurídica y por ende de interés del Estado para la vigencia efectiva de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos La sentencia no es simplemente un documento suscrito por el juez, sino el resultado de una génesis que tiene lugar en dos planos diversos: el objetivo, que es propiamente el proceso considerado en sentido jurídico, integrado por las varias etapas que la ley contempla, y el subjetivo, que corresponde a la operación mental efectuada por el fallador, en cuyo fondo lógico hay un silogismo que tiene como premisa mayor la norma general y abstracta de la ley, por premisa menor los hechos controvertidos y por conclusión la parte resolutiva del fallo, que se constituye en mandato concreto, obligatorio para quienes fueron partes dentro del proceso El recurrente Juan Sebastián Posada Naranjo, al fundamentar su recurso, alega que en la sentencia de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, se han violado los Arts. 86 del Código de Procedimiento Penal y 364 de la Constitución de la República, al haberse declarado la culpabilidad del recurrente como autor del delito previsto y sancionado por el Art. 61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, pese haberse justificado que él es consumidor conforme consta del expediente Si bien es cierto este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, no tiene facultad jurídica para valorar la prueba en el recurso de casación, sin embargo, cuando el juzgador comete errores de derecho en la valoración de la prueba, procede su análisis y corrección. La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, basa su sentencia en los testimonios propios de los agentes antinarcóticos que intervinieron en la detención del procesado y por considerar que la droga incautada es exagerada para el consumo inmediato. Sin tener en cuenta la prueba aportada por el recurrente Juan Sebastián Posada Naranjo, especialmente su testimonio que al tenor de lo dispuesto en el

8 Art. 143 del Código de Procedimiento Penal, constituye un medio de defensa y de prueba en su favor, donde en forma voluntaria y espontanea indica que la droga encontrada en su poder era para su consumo personal, afirmación que es corroborada por los mismos agentes antinarcáticos y con los testimonios propios de los doctores: Guillermo Enríquez y Pedro Guerrero, quienes concluyen señalando que es un consumidor crónico y tiene una dependencia crónica y tolerancia alta a la marihuana ; elementos que no aparecen de los razonamientos y valoración de la prueba que se hace en la sentencia dictada por al Tribunal a-quo. El procesado en cambio, ha desvirtuado la acción peligrosa que pone en riesgo el bien jurídico protegido en el tipo penal que se le imputa, en este caso la salud pública, que si bien ya se encuentra valorada previamente, mediante la tipificación de una conducta que a criterio del legislador es estadísticamente peligrosa para la salud pública, en la realidad fáctica debe probarse la idoneidad para poner en evidente riesgo el bien jurídico tutelado, mediante la realización de la conducta previamente valorada, riesgo que en el caso no se ve reflejado aunque si se ha evidenciado la toxicidad de la sustancia, el fin que esta tenencia tenía era el consumo personal del procesado, constituyendo, la adicción un problema de salud pública que el Estado tiene la obligación de ofrecer tratamiento y rehabilitación para los consumidores, sin que, en ningún caso se permita su criminalización ni se vulnerarán los derechos constitucionales, según lo determina el Art. 364 de la Constitución de la República, disposición constitucional que no ha sido aplicada por la Sala de alzada. El Tribunal Primero de Garantías Penales del Carchi ha valorado la prueba, a la luz de la sana crítica, confrontando los testimonios rendidos en la etapa del juicio, entendiéndose la valoración de la prueba como la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Cada medio de prueba es susceptible de valoración individua4 y en ocasiones puede bastar uno para formar la convicción del Juez, pero lo ordinario es que se requiera varios, de la misma o distinta clase para llegar a la certeza de los hechos discutidos en el proceso contencioso. De ahí que cuando se habla de la valoración de la prueba se comprende un estudio crítico del conjunto, tanto de (Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Consejo Nacional de la Judicatura. Tomo. pág.199)

9 los varios medios aportados por una parte para tratar de demostrar sus afirmaciones de hecho (fiscalía), como de las que la otra adujo para desvirtuar u oponer otros hechos (acusado). También se define a la sana crítica como la fórmula legal para entregar al ponderado arbitrio judicial la apreciación de las pruebas ante los peligros de la prueba tasada y por imposibilidad de resolver en los textos legales la complejidad de las situaciones infinitas de probanzas... evita también la arbitrariedad de que el juzgador puede hacer uso para absolver a un delincuente o para condenar a un inocente 2. Si los aspectos de la jurisdicción y competencia son básicos para que el proceso penal tenga validez, si las formas de iniciar los procedimientos juegan papel preponderante para la procedencia del enjuiciamiento y para determinar las responsabilidades derivadas de la acusación: de parte del fiscal o de acusación particular (debido proceso), no podemos desconocer que la prueba es lo verdaderamente fundamental en un proceso penal más aún cuando el juez no ha hecho una correcta subsunción de la prueba con el tipo penal vulnerando las reglas de la sana crítica. Para ello el legislador ha liberado al juez de la prueba legal predeterminada, al establecer que la prueba será apreciada por el Juez de acuerdo a la sana crítica, con lo cual al decir del doctor Andrés F. Córdova el juez en estos casos libera, su conciencia en relación con las responsabilidades de la sentencia, si solo ha de aplicar las reglas seí~aiadas por la ley, a las que el juez debe obediencia; pero, si consideramos que elfin deljuicio no es la tranquilidad de la conciencia deljuez, sino el descubrimiento de la verdac4 para aplicar a ella si, las reglas establecidas en la ley, y reprimir el delito, o absolver al delincuente, y el sistema legalista tan definido en tiempos pasados, no llena con este objetivo primordial y único en esta clase de enjuiciamiento, veremos que el criterio judicial es más justo y más razonable ~. De allí que el Juez ha de tener presente ante todo, la lógica, el criterio sano y razonable, no una apreciación arbitraria, sino teniendo en cuenta la responsabilidad que el sistema de la sana crítica como método para la valoración de la prueba. Conocemos que la prueba se desarrolla en la audiencia de juicio ante el Tribunal de Garantías Penales, ante quien se debe probar los actos que son considerados delitos; donde se ponen en práctica los principios de concentración, inmediación y contradicción, porque precisamente, 2 Prontuario de Resoluciones N~ 3 de la ex Corte Suprema, pág. 360 Derecho Procesal Penal Ecuatoriano- Pág. 140.

10 éste es el único ente jurisdiccional, en los delitos de acción pública, competente para valorar la prueba conforme a los medios probatorios presentados por los sujetos procesales, dejando como materia para la casación el análisis de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica en ocasiones excepcionales como la que nos ocupa, donde es evidente que no se apreció correctamente los testimonios propios de los peritos que realizaron el examen psicosomático del procesado para determinar el tipo penal e imponer la pena, y como garantistas de la Constitución y la leyes de la República nos corresponde corregir este tipo de errores, con el objeto de alcanzar la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la garantía de su libre ejercicio De otro lado, debemos tener en cuenta que la disposición del Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, obliga al juzgador tener la certeza de que se ha comprobado la existencia del delito y de que si el procesado es el responsable debe dictar sentencia condenatoria; caso contrario, si no se hubiese comprobado la existencia del delito o la responsabilidad del procesado o cuando existiere duda sobre tales hechos, se confirmará la inocencia del procesado; y, en base al análisis de la prueba actuada en la etapa del juicio el Tribunal de Garantías Penales considera que no se ha justificado la responsabilidad del procesado Juan Sebastián Posada Naranjo. Por certeza se entiende la firme convicción de que un hecho acaeció de determinada manera y no de otra. Esta debe ser objetiva, fundada en medios de prueba, susceptibles de explicar, justificar y controvertir por las partes. Nunca puede entenderse de manera subjetiva, como una creencia íntima, sentimental, religiosa o autística como supone la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia del Carchi. Por lo tanto el discernimiento del Juez a-quo es coincidente con el del Tribunal de esta Sala, por ser apegado a derecho. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, conforme lo dispone el Art. 358, dei Código de Procedimiento Penal, aceptándose el recurso de casación interpuesto por Juan Sebastián Posada Naranjo, se casa la sentencia impugnada dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, que declara culpable

11 al recurrente, expedida el 22 de febrero de 2011, as 11h30, por lo que se confirma el estado de Sebastián Posada Naranjo. NOTIFiQUESE. JUEZA NACIONAL Certifico. Drft.Sara Jimenea r&urd1~ SECRDTARIA RELATORA Ce)

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