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Transcripción

1 - a - c c~sc~snesc5~óc~j RECURSO ulilu. N~~nESO Ia~0.401w 1, adj0 adj, wtac fi ~flrr 4 CORTE NACUONAL DE fj RcbcjL~flO SALA DE LO PENAL RECIIRSO~5ACI9N 51120)2 _Si JUICIO RESOLUCION N PROCESADO LUIS NORBERTO MUÑOZ GUERRERO AGRAVIADO RONALD FABIAN MORZNO NARANJO MOTIVO SSTA?A FECHAAUTOCABEZA 02 de OCTUBRE 2006 LUGAR ORIGEN: CUARTO TRIBUNAL DE GARANTTAS PENALES DE PICH FECHA RECEPCIÓN:.~19:~912FECHA RESOLUCIÓN FECHADEVOLUCIÓN. ~ 4cs,~cs~4c çc

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3 tflj~ JUEZ PONENTE DR. JORGE BLUM CARCELEN: (Art. 141 dei Código Orgánico de la Función Judicial) CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA PENAL Quito, 22 de noviembre de 2012; a las 10H30.- VISTOS: El Consejo de la Judicatura de Transición posesionó a las Juezas y Jueces Nacionales el 26 de enero de El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en sesión de 30 de enero de 2012, conformó sus ocho Salas Especializadas conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 183. La Sala Especializada de lo Penal tiene competencia para conocer los recursos de casación y revisión en materia penal según los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, y del Código Orgánico de la Función Judicial, éste cuerpo legal en la Segunda Disposición Transitoria dispone que: en todo lo relativo a la competencia, organización y funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia, este Código entrará en vigencia a partir de la fecha en que se posesionen los nuevos jueces nacionales elegidas y nombrados de conformidad con lo establecido en la Constitución y este Código.. Por lo ( expuesto, avocamos conocimiento de la presente causa y por sorteo realizado el 23 de octubre de 2012, le correspondió al doctor Jorge M Blum Carcelén, el cargo de Juez Ponente, según lo establece la Constitución de la República y Código Orgánico de la Función Judicial; Dr. Vicente Robalino Villafuerte y Dr. Johnny Ayluardo Salcedo, Jueces Nacionales.- Póngase en conocimiento de las partes la recepción del proceso.- En lo principal, siendo el estado procesal el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- RONALD FABIÁN MORENO NARANJO, interpone Recurso de Casación de la sentencia absolutoria expedida por el Tribunal Cuarto de Garantías

4 Penales de Pichincha, con fecha 16 de febrero de 2011 a las 08H30, que dictó sentencia absolutoria a favor de LUIS NORBERTO MUÑOZ GUERRERO, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 305, inciso final, 309 y 311 del Código de Procedimiento Penal. SEGUNDO.- En el caso sub júdice, el señor doctor Ramiro Freire Valdiviezo, Agente Fiscal de Pichincha Unidad de Misceláneos, resuelve dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal por presunto delito de estafa, con fecha 2 de junio del 2006, a las 14H00, teniendo como antecedente la denuncia presentada y legalmente reconocida por los señor SEGUNDO GUSTAVO NARANJO VALDIVIESO y RONALD FABIÁN MORENO NARANJO, según obra de fs. la 2. TERCERO.- De autos, así como del sistema informático de la Función Judicial, no existe constancia procesal de que en este lapso de tiempo el recurrente hubiera cometido otro delito de igual o mayor gravedad del que originó este proceso, capaz de interrumpir el decurso de la prescripción. CUARTO.- De conformidad con el artículo 82, de la Constitución de la República del Ecuador, que consagra: El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, púbilcas y aplicadas por las autoridades competentes : ( Acogiendo el criterio de la Corte Constitucional que señala (..j; 1. Es sabido que la prescripción en materia penal, como en las demás ramas del derecho, obedece al fenómeno uniformemente reconocido de la influencia del tiempo en las relaciones humanas, y consiste en la cesación de la potestad represiva del Estado por el transcurso de un determinado espacio de tiempo, en ciertas condiciones, sin que el delito haya sido perseguido o sin que la pena haya sido ejecutada; 2. Su fundamento hay que buscarlo en la necesidad social de eliminar un estado de incertidumbre en las

5 relaciones jurídico-penales entre el delincuente y el Estado (Ferrer Sama); y 3. Siendo la prescripción un mecanismo que, eventualmente, puede ser invocado por los sujetos pasivos del proceso penal en caso de que los jueces y tribunales no los tramiten en los plazos determinados en la ley, es indudable que la alegación de prescripción debe ser atendida por los juzgadores, por constituir un derecho de los procesados en un ilícito, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la norma penal pertinente, pues el respeto de este derecho constituye una garantía del debido proceso, conforme lo dispuesto en el artículo 76.1 de la Constitución de la República. Esta es la regla general quehace_pfeqtwo_el_cumplirniento de las normas y el respeto de los derechos_dejas partes que intervienen en un proceso judicial De lo expuesto, se infiere entonces que la norma contenida en el artículo 101 del Código Penal, de ninguna manera transgrede algún precepto consagrado en la Constitución de la República, ni en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador; por el contrario, es un medio de presión válido para que los operadores de justicia, en los casos que deban sustanciar los respectivos procesos judiciales, no dilaten injustificadamente los mismos y apliquen el principio de celeridad consagrado en el artículo 75 del texto constitucional ~ 1 Siendo la prescripción, un mecanismo procesal, que garantiza al sentenciado un nivel de seguridad jurídica, que le permita establecer plazos legales para su juzgamiento, y por ende conocer el límite del ius puniendi del Estado en su contra, precautelando así no solo el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, sino a una administración de justicia expedita, que garantice con esta temporalidad para sancionar, como lo es la prescripción, en un plazo 1 co~e Constitucional del Ecuador Sentencia 020-1O-SCN-CC.

6 razonable el ejercicio de la acción penal por parte del Estado, respetando así el valor más importante e inmanente del ser humano como es la libertad, y con ella el ejercicio de los demás derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. QUINTO.- El artículo 101 del Código Penal, en su parte pertinente dice lo siguiente: Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones que la ley señala. En el ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observaran las reglas que siguen: Tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se distinguirá ante todo si,~ cometido el delito, se hainiciado o no enjuiciamiento.(. ~.) Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para perseguirlos prescribirá en cinco años. El tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada.- En los mismos delitos de acción pública, de haber enjuiciamiento iniciado antes de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa prescribirá en los mismos plazos, contados desde la fecha del auto cabeza de proceso. (...). En el caso sub júdice, la instrucción fiscal que dio inició al proceso penal, se dictó el 2 de junio de 2006, fecha desde la cual y hasta la presente, han transcurrido más de cinco años; sin que conste en el proceso o en el sistema informático de la Función Judicial que el procesado hubiere cometido que interrumpa la prescripción, por lo que éste Tribunal de la Sala Penal, declara prescrita la acción penal por el delito de estafa, seguida en contra de LUIS NORBERTO MUÑOZ GUERRERO, al amparo de lo previsto en los artículos 101 incisos 1, 2 y 3; y 114 del Código Penal, y dispone que ejecutoriado este auto, se devuelva el proceso al Tribunal de origen para los fines legales consiguientes, recalcando que la acción prescribió cuando se encontraba en el

7 5 CO Tribunal Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, por lo que la demora en el despacho de la causa no corresponde a este Tribunal de Casación, porque el proceso ha sido remitido a este Tribunal de la Corte Nacional de Justicia el 23 de octubre de 2012, es decir cuando la acción ya estuvo prescrita, por lo que no ha sido posible resolver el recurso de casación interpuesto. Hágase conocer mediante oficio al Consejo de la Judicatura para los fines legales pertinentes. De conformidad con la acción de personal No DNP-MY, de fecha 23 de julio del 2012, suscrita por la Dra. Margarita De la Cueva Jácome, Directora Nacional de Personal, actúe en la presente causa la Dra. Martha Villarroel Villegas en calidad de Secretaria Relatora Encargada. Notifíquese en los Dr. J ente Robalino 2 NACIONAL.CRETARIA RELATORA (E)

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