CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRANSITO

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1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL, TRANSITO JUICIO PENAL N : RESOLUCIÓN N : PROCESADO: MIRANDA BALSECA ANGEL ALFONSO OFENDIDO: ESTADO ECUATORIANO INFRACCIÓN: TRANSITO RECURSO: CASACION

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3 :)1 CORTE JUSTICIA, / NACIONAL DE V JUEZA PONENTE: Dra. Lucy Blacio Pereira Juicio No T-LBP No T -LBP Q,Ui;JCE -45- CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO Quito, 19 de octubre de Las 11H33.- VISTOS.- l. HECHOS Consta en la sentencia dictada por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, el 16 de febrero del 2012, a las 10h44, lo siguiente: "... el día miércoles 9 de febrero del 2011 a las 12h00 aproximadamente se suscita un accidente de tránsito, choque lateral perpendicular estrellamiento y volcamiento entre los vehículos tipo jeep placas Pxd-031, marca Chevrolet, color verde, año 1999 conducido y de propiedad del señor Ángel Alfonso Miranda Balseca, con ce , de 75 años de edad, y el vehículo tipo camión placas IC0-836, marca Hino, color blanco que se conoce estaba conducido por el señor Mauro Lenin Sánchez Barreno... ha quedado establecido que el móvil (1) esto es el jeep Chevrolet Rodeo color verde circulaba por la panamericana Norte, en dirección al Sur; en tanto que el participante (2) esto es el camión, circulaba por la misma Panamericana Norte, pero en dirección Norte, es decir contraria... ha quedado plenamente demostrado que el señor Ángel Alfonso Miranda Balseca, ha realizado un viraje a la izquierda en forma impudente y sin tomar las precauciones del caso, para ingresar a la escuela "Unidad Educativa Daría Guevara" a donde se dirigía, incluso sin esperar ni respetar la preferencia que tenían quienes circulaban por la panamericana,... provocando que el camión le choque, ante la imposibilidad de que éste frene a tiempo... " 1'

4 :)1 CORTE " / NACIONAL DE ~ JUSTICIA II. ANTECEDENTES PROCESALES El Juez Primero de Tránsito de Tungurahua, en sentencia dictada con fecha 29 de septiembre del 2011, a las 15h52, resuelve que Ángel Alfonso Miranda Balseca, es autor y responsable del delito previsto y sancionado por el inciso tercero de Art. 132 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por lo que: "... se condena a ANGEL ALFONSO MIRANDA BALSECA, conductor de Tipo "B",..., al pago de la multa de Un mil cincuenta y seis dólares americanos y la reducción de 9 puntos en su licencia de conducir. Al pago de las costas procesales y daños y perjuicios, conforme los Arts. 108 y 175 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial...". La Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, en sentencia dictada el jueves 16 de febrero de 2012, a las 10h44, resuelve lo siguiente "... denegándose el recurso de apelación interpuesto por el señor Ángel Alfonso Miranda Balseca, se ratifica la sentencia condenatoria subida en grado, dictada por el señor Juez Primero de Tránsito de Tungurahua... ". Existe el voto salvado del doctor Byron Montero, quien resuelve lo siguiente "... aceptando el recurso de apelación interpuesto por el acusado, revoca la sentencia condenatoria dictada por el señor Juez Primero de Tránsito de Tungurahua y dicta sentencia absolutoria, confirmando la inocencia del procesado, señor Ángel Alfonso Miranda Balseca...". Del fallo de mayoría el acusado Ángel Alfonso Miranda Balseca, interpone recurso de casación. III. AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN 3.1 Intervención del casacionista Ángel Alfonso Miranda Balseca 1 Representado por su defensora la Ab. María!caza Palacios, fundamenta su recurso indicando en lo principal: Que se ha contravenido expresamente el texto del Art. 76 numeral 4 de la Constitución en concordancia con el Art. 80 del Código 1 Véase audiencia oral, pública y de contradictorio de recurso de casación 2

5 )/t:ciseis -/6- :)1 CORTE " / NACIONAL DE ~ JUSTICIA de Procedimiento Penal, indica que la contravención se presenta por cuanto los peritos realizaron la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos sin haber estado legalmente posesionados, razón por la cual esta diligencia, así como la declaración de los peritos en la audiencia de juzgamiento, y en definitiva todas las actuaciones posteriores carecen de validez y eficacia jurídica, por cuanto los peritos actuaron cuando no tenían competencia para hacerlo, lo que desencadena en una violación del debido proceso, adicionalmente señala que existe violación del procedimiento por cuanto la sentencia que se impugna tiene como fundamento las versiones de los peritos, quienes declaran respecto de una diligencia de la cual no se habían posesionado; las actuaciones pre-procesales y procesales no son conforme a derecho tal como lo establece el Art. 80, igualmente expresa que "con esto se está vulnerando el Art. 76 numeral 2 de la Constitución, es decir la presunción de inocencia, el Art. 304 A del Código de Procedimiento Penal, es decir la falta de motivación debida de la sentencia, que concuerda con el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal" finalmente alega que "que existe una duda razonable sobre la responsabilidad de mi representado con respecto a la infracción cometida; el tribunal efectivamente concluye que hay una infracción, pero no solamente se debe concluir la infracción, en materia penal se debe establecer de manera fehaciente el nexo entre el responsable y la infracción; en este caso hay una duda razonable, lo cual en materia penal, en caso de duda razonable debe ser a favor del reo... ". Concluye solicitando se case la sentencia impugnada Intervención del Delegado de la Fiscalía General del Estado 2 El doctor José García Falconí, delegado de la Fiscalía General del Estado, en lo principal manifiesta lo siguiente: "el recurso de casación será procedente para ante la Corte Nacional de Justicia -porque ustedes son jueces de casación y de revisión, no son jueces de tercera instancia, no pueden valorar la prueba-, cuando en la sentencia se hubiere violado la ley ya por contravención expresa de 2 Véase audiencia oral, pública y contradictoria de recurso de casación 3

6 :~1 CORTE ". / NACIONAL OE "./ JUSTICIA su texto, por indebida aplicación o por errónea interpretación; además, el inciso segundo de la mencionada disposición dice, no serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba... Hay una diferencia sustancial entre la casación civil y la casación penal, porque en la casación civil se revisan los errores de hecho, los errores in iudicando y los errores en el procedimiento; en cambio en la casación penal se refiere exclusivamente a revisar los errores de derecho, o sea los errores in iudicando, por qué razón, porque en materia penal existe el recurso de nulidad, y efectivamente interpuso el recurso de nulidad el señor Ángel Alfonso Miranda Balseca que fue desechado por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Tungurahua, de tal modo que exclusivamente se refiere a errores de derecho. En el presente caso no se ha cometido ningún error de derecho, más aún el Art. 76 número 4 de la Constitución de la República que alega el recurrente en la fundamentación del recurso, señala que las pruebas ilegales obviamente no tienen validez probatoria, pero justamente esto ya fue motivo de resolución de la Corte provincial de Tungurahua al desechar el recurso de nulidad; el 76 numeral 2 de la Constitución de la República en verdad garantiza la presunción de inocencia y dice: toda persona será tratada como tal hasta que no haya sentencia condenatoria ejecutoriada; no se ha violentado esa disposición constitucional, el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, establece que para dictar sentencia condenatoria, debe existir certeza de la existencia del delito, y existe certeza del delito tipificado en el Art. 132 inciso 3 de la Ley de Tránsito que dice en la parte pertinente, Sanción por accidente que cause daños materiales que no exceda de 6 remuneraciones básicas, si como consecuencia del accidente de tránsito se causan solamente daños materiales a terceros cuyo costo de reparación exceden de 6 remuneraciones básicas unificadas, el responsable será sancionado con el doble de la multa establecida en el primer inciso y reducción de 9 puntos en su licencia de conducir, o sea que no se ha cometido ningún error de derecho en la aplicación de la ley por parte ni del Juez Primero de Tránsito, ni de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial". Concluye solicitando que se deseche el recurso de casación y se 4

7 )>iec/51 E'TE -/ '1- CORTE NACIONAL DE 1 JUSTICIA devuelva el proceso al Juez de Primer Nivel a fin de que se cumpla la sentencia recurrida. IV.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 4.1.-Competencia del Tribunal.- Este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito es competente para conocer y resolver los recursos de casación y revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico de la Función Judicial y 349 del Código de Procedimiento Penal. Este Tribunal está integrado por la doctora Lucy Blacio Pereira, Jueza Ponente, doctora María Rosa Merchán Larrea, Jueza Nacional; y doctor Vicente Robalino Villafuerte, Juez Nacional. No se ha impugnado la competencia del Tribunal ni a las Juezas ni al Juez que lo integramos Validez Procesal.- El presente recurso se ha tramitado conforme a lo establecido en los artículos 75 y 76.3 de la Constitución de la República del Ecuador y las reglas generales de impugnación dispuestas en los capítulos I y IV del Título Cuarto del Código de Procedimiento Penal. Por lo que, al no existir vicios de procedimiento, ni omisión de solemnidades sustanciales, habiéndose observado las garantías del debido proceso, este Tribunal declara la validez de todo lo actuado Naturaleza jurídica del recurso de casación.- La casación es una institución procesal, recurso extraordinario, no constituye una nueva instancia de análisis sobre los hechos presentados en el caso, sino que realiza únicamente un análisis in iure de la sentencia de segunda instancia para determinar posibles violaciones en ella a la ley, ya por haberse contravenido expresamente a su texto, ya por haberse hecho una incorrecta aplicación de la misma; ya, en fin, por haberla interpretado erróneamente, como dispone el artículo 349 del Código de 5

8 '-. /. NACIONAL DE v :) CORTE JUSTICIA Procedimiento Penal. Se constituye en un instrumento protector de los derechos y garantías fundamentales de las partes en el ámbito penal. Forma parte de los medios de impugnación que nuestro sistema procesal penal proporciona a los sujetos procesales para defender el imperio del derecho en las decisiones judiciales. En el Ecuador rige el Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que el recurso de casación pasa de cumplir la función de control de la aplicación de la ley hecha por los tribunales de instancia y la unificación de criterios jurisprudenciales, a la función de tutela de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos y de las normas formal y materialmente conformes a sus disposiciones. La casación constituye una de las expresiones del ejercicio del derecho a la impugnación, garantizado en el artículo 8.2, literal h de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que dice: "Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ~.. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior': El artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que: "toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme lo prescrito por la ley': La Constitución de la República del Ecuador, reconoce este derecho en el artículo 76.7.m. Luis Cueva Carrión señala que: "... el recurso de casación resuelve la pugna que existe entre la ley y la sentencia, no entre las partes...'a. El Tribunal de Casación, por disposición expresa de la ley 4, está impedido de realizar una nueva apreciación de las pruebas que han sido consideradas por el juzgador en la sentencia, excepto cuando éste comete errores de derecho en la valoración de la prueba. En este caso es procedente que se examine la forma en que se valoraron las pruebas, con el fin de analizar el juicio de derecho que respaldó la sentencia. Mediante esta sentencia 3 Luis Cueva Carrión, la casación en Materia Pena4 Quito, Ediciones Cueva Carrión, 2da. Ed., 2007, Pág Código de Procedimiento Penal, Art. 349 "... No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba". 6

9 }) IE.Ct OCI! o -!!- CORTE NACIONAL DE 1 JUSTICIA se materializa la tutela judicial efectiva y la motivación como derecho del debido proceso Análisis de la argumentación del recurso de casación Con relación a la violación del Art. 80 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República, el Art. 76 de la Carta Magna dice "En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:...4 Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria..."; por su parte el Art. 80 del Código Adjetivo Penal dice "Toda acción preprocesa! o procesal que vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que de acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales garantías". La contravención expresa constituye una violación directa a ley, y se presenta cuando la sentencia y la ley se encuentran en oposición directa, de manera que lo que se establece en la parte dispositiva del fallo entra en contradicción con las disposiciones jurídicas, ya sea en su texto o en su espíritu. La contravención expresa alegada por el casacionista, hace referencia a violación de normas relativas a la sustanciación de la causa, que se contrae en la obtención de una prueba en franca vulneración de la constitución y la ley; más el recurrente no acredita que dicha violación se plasme en la sentencia que es objeto de este recurso; así expresamente el recurrente dice "de la revisión del expediente vendrá a su conocimiento que los peritos realizaron la diligencia de reconocimiento del lugar del accidente previo haberse posesionado; si ustedes revisan, el acta de reconocimiento del lugar de los hechos es anterior al acta de posesión de los peritos", de esta argumentación se infiere que la pretensión del recurrente está dirigida a que se realice una revisión del proceso, situación que está vedada para el Tribunal de Casación, quien únicamente debe analizar la sentencia recurrida a 7

10 CORTE " / NACIONAL DE V :) JUSTICIA fin de detectar las posibles violaciones a la ley cometidas por el juez ad-quem, en los términos que establece art. 349 del Código Adjetivo Penal; además que el presunto error invocado por el recurrente versa sobre un error in procedendo, relacionado con el irregular cumplimiento de una solemnidad, y que radica en el hecho de que la posesión de los peritos que realizaron el reconocimiento del lugar de los hechos, es posterior a la diligencia misma; bajo esta premisa la inconsistencia argüida por el sujeto procesal Angel Miranda Balseca debió ser alegada e impugnada en la etapa procesal oportuna y mediante los recursos ordinarios pertinentes para tal acción; no obstante lo expresado, este Tribunal en razón de la argumentación esgrimida por el recurrente, y a fin de no incurrir en una omisión en la decisión final por no resolver todo lo que ha sido puesto en nuestro conocimiento y que es materia de controversia, que de lugar a un vicio de juzgamiento infrapetita; haciendo efectivo los derechos constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso, y a la tutela judicial efectiva,imparcial, y expedita, hace el siguiente análisis a fin de determinar si la prueba pericial ha sido obtenida con violación a la constitución o a la ley: Las infracciones de tránsito por su naturaleza y características imponen la obligación al juez de resolver sobre cuestiones de carácter técnico, respecto de las cuales el juzgador no posee los suficientes conocimientos, razón por la cual se hace necesario contar con la participación de los peritos, quienes como expertos conocedores en determinadas ramas del conocimiento humano que por su naturaleza necesitan de una preparación especial; actúan valorando ciertos actos o hechos constitutivos de un delito y relevantes para la causa, dando luz al juzgador de la manera en que se suscitaron los hechos; así el perito deberá elaborar el informe respecto de su actuación determinando de manera clara el hecho que ha sido objeto del examen, o la persona o la cosa que han sido analizadas, un detalle de las tareas realizadas, las técnica aplicadas en la examinación, las observaciones hechas, los datos encontrados, y las conclusiones a las que llega luego de la experticia; este informe o dictamen pericial como tal, no constituye medio de prueba, sino cuando es 8

11 'J)i EC/IJUE \le -Ir- :)1 CORTE JUSTICIA ". / NACIONAL DE V presentado y valorado en la etapa de juicio 5, tanto más que el Art. 133 numeral 1 del Código Adjetivo Penal establece que "Son peritos los profesionales especializados o personas que por su experiencia aportan conocimientos específicos sobre su ciencia, arte u oficio. Su acreditación se realizará ante el tribunal de garantías penales que conoce la causa mediante el interrogatorio de la parte que solicita su presencia. La contraparte tendrá la facultad en su contrainterrogatorio de cuestionar su capacidad técnica" ( el sombreado es nuestro); en la sentencia que se impugna se hace mención al testimonio rendido por el perito José Luis Moreno Castillo en la audiencia de juzgamiento, así textualmente se dice "... También comparece José Luis Moreno Castillo, policía, quien dice haber hecho el informe del lugar de los hechos, esto es del accidente suscitado en la Panamericana Norte a dos metros al Sur de ingreso a la calle Chorrera sector Cunchibamba cantón Ambato, quien dice que en el sector hay visibilidad, que se trataba de un choque perpendicular determinadamente y volcamiento de los vehículos tipo Jeep placas No. PXD-031 y el camión de placas IC0-836, determinándose que el participante uno, según el croquis, esto es el jeep, realiza una maniobra de viraje a la izquierda, sin tomar las medidas pendientes, siendo impactado por el camión, en los tercios medios y posterior, lateral derecho con tercio de la parte posterior del móvil dos... 6 " de lo dicho se infiere que el perito José Luis Moreno Castillo rindió su testimonio respecto de la pericia de reconocimiento del lugar de los hechos en la audiencia de juzgamiento, momento en el cual se da su acreditación, de manera que es este testimonio el que debe acusarse de haber sido obtenido ilegalmente; sin embargo de lo expuesto no se constata la vulneración a la Constitución o a la ley en la práctica de este medio de prueba, pues como quedó expuesto el testimonio fue rendido en la etapa de juicio respetando las garantías del debido proceso, en aplicación de los principios dispositivo, de inmediación, y de contradicción, así la defensa del 5 Código de Procedimiento Penal Art. 69 "Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio". 6 Cuaderno de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, folio 136 vta. 9

12 CORTE NACIONAl CE JUSTICIA acusado estaba facultado para realizar el contraexamen de los testigos presentados por la Fiscalía y, por lo tanto, ejercer como sujeto procesal la facultad de impugnar o contradecir este testimonio; por lo que no se advierte la contravención expresa al texto de los artículos 76 numeral 4 de la Constitución de la República, y 80 del Código de Procedimiento Penal Con relación a la violación de los artículos 76 numeral 2 de la Constitución, 304 A y 86 del Código de Procedimiento Penal, la casación por su carácter especial y extraordinario impone la obligación procesal al recurrente de concretar en su fundamentación de manera clara y precisa el error in iudicando cometido por el juzgador, y una vez determinado el error encasillarlo en una de las causales que dan lugar al recurso de casación, por lo tanto no es suficiente con alegar de manera general una violación a la ley, sino que resulta imprescindible fundamentar y justificar que se trata de una contravención expresa del texto, de una errónea interpretación, o de una indebida aplicación 7, a fin de que la pretensión prospere ante este tribunal, en la especie, se menciona que existe vulneración de los artículos 76 numeral 2 de la Constitución, 304 A y 86 del Código de Procedimiento Penal, más no se especifica de manera concreta que esta violación se encasilla en alguna de las tres causales que exige el Art. 349 del Código Adjetivo Penal; únicamente como fundamentación se menciona que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, que la sentencia carece de motivación, y que existe duda razonable, sin embargo nada se aporta dentro de un contexto lógico y jurídico para justificar lo que se alega, en consecuencia la fundamentación resulta insuficiente para probar la vulneración a la ley. No obstante este Tribunal hace las siguientes precisiones: El principio de presunción de inocencia se encuentra consagrado en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República que dice "Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 7 Código de Procedimiento Penal Art. 349 "El recurso de casación será procedente para ante la Corte Nacional de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.. ". 10

13 :)1 CORTE NACIONAL DE V JUSTICIA '-. / resolución firme o sentencia ejecutoriada"; constituye una garantía procesal ineludible a favor de las y los ciudadanos sometidos a un proceso penal, en virtud del cual se considera que toda persona "per se" se encuentra en estado de inocencia y por lo tanto deber ser considerada y tratada como tal a lo largo del desarrollo de la causa, garantía que únicamente se desvirtúa con una sentencia ejecutoriada resultado del cumplimiento de las garantías del debido proceso; se soslaya esta garantía cuando la sentencia condenatoria ha sido dictada sin existir elementos de prueba, o cuando existiendo estos elementos los mismos no son suficientes para atribuir la responsabilidad del procesado, o cuando la prueba actuada no es susceptible de ser valorada por haberse obtenido en franca transgresión a la Constitución o a la ley; por otra parte se vulnera también esta garantía cuando la motivación que da lugar a la decisión de condenar al acusado, expresada por el órgano decisorio en el fallo, es irracional, ilógica o arbitraria; de la revisión de la sentencia impugnada se observa que la prueba ha sido practicada con respeto a la Constitución y a la ley, con estricto respeto a la garantías constitucionales, y haciendo efectivo los principios de inmediación y contradicción; además los juzgadores expresan adecuadamente, y con absoluta lógica y racionalidad las razones que lo llevan a tomar la decisión, así textualmente se expresa "... La ubicación de los daños materiales de los vehículos conforme los peritajes de reconocimiento y avalúo de los daños, son determinantes y apuntan a identificar la existencia material de la infracción y la responsabilidad del acusado. 8. Con las declaraciones de los testigos presenciales, el acusado, no ha logrado probar nada, tanto más que son contradictorias y no creíbles, ya que de los peritajes se ha descartado que el primer golpe haya sido en la parte posterior del vehículo Chevrolet Rodeo color verde, es decir el camión Hino nunca estuvo transitando de tras del Rodeo, como lo aseguraron dichos testigos; por lo que se deduce que no vieron cómo sucedieron los hechos... Del gráfico o croquis constante en el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, elaborado por los peritos actuantes y constantes de autos ratifica y confirma una vez más que, el vehículo 11

14 CORTE NACIONAL DE 1 JUSTICIA Jeep Chevrolet Rodeo color verde de placas PDX-031, conducido por el procesado, ha realizado un viraje a la izquierda, provocando el choque, ya que ha obstruido el carril contrario de circulación del camión Hino blanco de placas IC No se ha demostrado en el proceso, que el acusado haya estado circulando normalmente y por el carril que le correspondía, o que el camión Hino le haya chocado en el mismo carril de circulación que tenía el vehículo Chevrolet Rodeo, o que el responsable del choque y estrellamiento sea el conductor del camión; pero aún, que el señor Ángel Alfonso Miranda Balseca no haya hecho el viraje abrupto a la izquierda, para desvirtuar la teoría del caso sostenida por Fiscalía y constante en las experticias... por lo que es obvio que el causante del accidente es el conductor del Rodeo color verde, existe plena certeza de aquello, conforme los recaudos procesales y lo constante en los autos.. 8 " en consecuencia no se advierte vulneración a la garantía constitucional de presunción de inocencia En relación a la duda razonable alegada por el recurrente, debemos indicar que nuestra legislación no contempla de forma expresa este tema, únicamente se hace referencia a la duda de una manera general, que sirve como fundamento para condenar o absolver según el caso; el artículo 252 del Código Adjetivo Penal dice "La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen practicado en la etapa de instrucción Fiscal", por su parte el artículo 304-A ibídem dice "La sentencia debe ser motivada y concluirá declarando la culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado; en el primer caso, cuando el tribunal de garantías penales tenga la certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es responsable del mismo; y en el segundo caso, si no se hubiere comprobado la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o cuando existiere duda sobre tales hechos". (el sombreado es nuestro). Las normas antes citadas exigen que los jueces lleguen a la certeza o seguridad de 8 Cuaderno de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, folio 139 y 139 vta. 12

15 CORTE NACIONAL DE 1 JUSTICIA que se ha cometido el delito para dictar sentencia condenatoria, así ésta certeza se obtendrá tanto de la actividad probatoria desarrollada por el sujeto activo de la relación procesal, como de las pruebas de descargo aportadas por el procesado. La certeza es la firme convicción del juez de estar en posesión de la verdad, si hay certeza positiva se debe dictar sentencia condenatoria, si hay certeza negativa se debe confirmar la inocencia del acusado. En resumen la certeza es la íntima convicción, es la seguridad y firmeza en el conocimiento, y este elemento extremadamente necesario no puede ser equivocado en la sentencia condenatoria, aunque recordemos que el juez resuelve según su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica, las reglas de experiencia; y, en base a la prueba pertinente debidamente actuada; en el caso sub iudice, de la motivación fáctica y jurídica constante en la sentencia recurrida, analizada en líneas anteriores se evidencia de manera diáfana que el Tribunal Ad-quem luego de la apreciación y valoración de la prueba conforme a los principios que rigen tal valoración y con apego a las reglas de la sana crítica llega a la certeza jurídica inconcusa de que se ha comprobado conforme a derecho la existencia de la infracción (elemento objetivo), cuanto de la responsabilidad penal del procesado (elemento subjetivo), en calidad de autor de la infracción materia de juzgamiento, aniquilando la presunción de inocencia y no dando margen a la duda; situación que no ha podido ser desvirtuada por el recurrente Con relación a la falta de motivación la Constitución de la República del Ecuador establece con respecto a la motivación en su artículo , que: "No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho". Por su parte la Corte Constitucional, sobre la motivación se ha pronunciado en sentencia No SEP-CC, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 117, de 27 de enero de 2010 lo siguiente: "... Como parte esencial de los principios que forman parte del derecho al debido proceso se encuentra la motivación de las sentencias, puesto que con aquello se configura el accionar conforme a la Constitución y Derecho por 13

16 :)1 CORTE v JUSTICIA "- / NACIONAL DE parte de las diversas autoridades públicas, quienes son las primordialmente llamadas a velar por el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales. En la especie, este principio de motivación se articula simbióticamente con el derecho a una tutela judicial efectiva 9, y obviamente aquello contribuirá a garantizar la seguridad jurídica dentro de un estado constitucional, con el objeto de que quienes acuden a los diversos órganos jurisdiccionales en el país no queden en la indefensión, y de generar la confianza debida en el sistema jurídico ecuatoriano; empero, aquello no significa exclusivamente acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que una vez ejercitado aquel derecho, los jueces y juezas deben guiar sus actuaciones diligentemente en aras de alcanzar la tan anhelada justicia, y es precisamente a través de la motivación de las resoluciones judiciales cuando los jueces y juezas determinan que sus actuaciones se han producido con apego a la Constitución y a las leyes que rigen un caso en concreto", también en sentencia SEP-CC, publicada en el Registro Oficial 372, de 27 enero de 2011 se señala que: "La motivación consiste en que los antecedentes que se exponen en la parte motiva sean coherentes con lo que se resuelve, y que nunca puede ser válida una motivación que sea contradictoria con la decisión... " De lo expuesto en el acápite anterior se infiere que en el fallo recurrido existe un razonamiento lógico y jurídico que sustenta la decisión, se observa un análisis de los hechos materia de juzgamiento, se indica las normas legales aplicables al caso, y se observa la aplicación de los principios del derecho y la reglas de la sana crítica en la apreciación y valoración de las pruebas, en consecuencia, la sentencia de mayoría dictada por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, cumple con el estándar constitucional establecido en el Art. 76 numeral 7, literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador, de manera que no se advierte la falta de motivación alegada por el recurrente. 9 El Tribunal Constitucional español en la Sentencia de 18 de junio de 1991 (RA 4473) F.J.3, determina: "el contenido constitucional del mencionado derecho a la tutela judicial efectiva se manifiesta no solamente en el derecho de acceso a la jurisdicción y en el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, sino que también, esencialmente, del derecho a obtener una resolución fundada jurídicamente". (Citado por Iñaki Esparza Leibar; "El principio del debido proceso", J.M. Bosch Editor, Barcelona, 1995, pág. 220). 14

17 :)1 CORTE JUSTICIA "- / NACIONAL DE V No T -LBP Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, este Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, con fundamento en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, RESUELVE: l. Declarar improcedente el recurso de casación presentado por el ciudadano Ángel Alfonso Miranda Balseca. 2. Devuélvase el proceso a la autoridad de origen para la ejecución de la úmplase.,;~(/j);;~' j Ora a 1a Ros re ~a UE NACI AL 1. Dr. Robalino Vill f erte NACIONAL Certifico.- 15

18 En la ciudad de Quito, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil doce, a partir de las dieciséis horas, notifico con la sentencia que antecede, al Fiscal General del Estado, por boleta dejada en el casillero judicial N 1207; a Ángel Alfonso Miranda Balseca, por boleta dejada en los casilleros judiciales Nos y 3730; no se notifica a la otra parte, por no haber señalado casillero judicial en esta ciudad.- Certifico.-,~i~~L SECRETARig~~~R