CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO NELSON ERNESTO RODRÍGUEZ REYES

Transcripción

1 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO JUICIO PENAL No RESOLUCION No IMPUTADO: NELSON ERNESTO RODRÍGUEZ REYES NELSON NOEL CUELLAR ORTIZ OFENDIDO: LISSETTE SOTOMAYOR GARCÍA RAMIRO DÍAZ JORDÁN RECURSO: CASACIÓN POR: ROBO

2 3- CONJUEZA PONENTE. DRA. ZULEMA PACHACAMA NIETO. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO.- Quito, 26 de julk las 16h00.- VISTOS: La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal y Tránsito tiene competencia para conocer los recursos de casación, revisión y los demás que establezca la ley, en virtud del artículo de la Constitución de la República del Ecuador, de los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 38, de 17 de julio de 2013, que sustituye a los artículos 183 y 186 de la misma ley, y de la Resolución de la Corte Nacional de Justicia No de 22 de julio de Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces y Conjueza de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal el recurrente NELSON NOEL CUELLAR ORTIZ, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas Primera Sala de lo Penal Colusorio y Tránsito, con fecha 11 de julio del 2012, las 16h44, en la que confirma en todas sus partes el fallo dictado por el Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas, con fecha 16 de marzo del 2012, las 08h55, en el que se declara autor del delito de robo que tipifica el artículo 550 y sanciona el artículo 551, segunda parte, con la circunstancia agravante del artículo del Código Penal, imponiéndole la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSION MENOR. ANTECEDENTES. El día 19 de julio del 2011, aproximadamente a las 19H00, en el sector Mucho Lote III, frente a Bastión Popular, en circunstancias en que se ha encontrado estacionando la motocicleta marca Suzuki GN125, de placas Hl-952U, ha sido asaltado el acusador particular Ramiro Díaz Jordán y su esposa Lissete Sotomayor, por los procesados OSWALDO GERMAN CASTRO GALEAS, NELSON NOEL CUELLAR ORTIZ Y RODRIGUEZ REYES NELSON ERNESTO, quienes han utilizado armas de fuego; y, bajo amenazas de muerte han procedido a sustraerle esta motocicleta, ochocientos dólares de los Estados 1

3 Unidos, y dos celulares marca BlackBerry; hecho que ha sido denunciado por los acusadores. El Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas, que con fecha 16 de marzo del 2012, las 08h55, ha dictado sentencia, en contra de los procesados, declarándoles autores del delito de robo, tipificado en el articulo 550 y sancionado en el art. 551, segunda parte, con la circunstancia agravante del artículo 552.2, imponiéndoles, a cada uno de los acusados, la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSION MENOR; sentencia, que ha sido apelada ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Primera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito, organismo, que con fecha 11 de julio del 2012, ha dictado sentencia confirmando en todas sus partes el fallo dictado por el aquo, del cual se interpone el presente recurso de casación, que corresponde conocer a este tribunal, y encontrándose en estado de resolver se considera: 1 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La Sala Especializada de lo Penal, es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud de lo que dispone: el artículo 184 de la Constitución de la República que establece: Serán Funciones de la Corte Naciona/ de Justicia: conocer /os recursos de casación, revisión y los demás que estab/ezca la /ey ; artículos: 38, 172, 173, 178 y dei Código Orgánico de la Función Judicial; y, artículos del Código de Procedimiento Penal. Por lo expuesto, corresponde el conocimiento del RECURSO DE CASACION, al Tribunal constituido por el Doctor Wilson Merino Sánchez, Juez Nacional, Doctoras Gladys Terán Sierra y Ximena Vintimilla Moscoso, Juezas Nacionales, la última de las mencionadas, por sorteo realizado es la Ponente, según los artículos 185, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador y 141 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por licencia concedida a la señora Jueza Ponente, actúa la Doctora Zulema Pachacama Nieto, Conjueza Nacional, mediante oficio No SG-CNJ-IJ del 1 de abril del 2013, suscrito por el Doctor Carlos Ramírez Romero, Presidente de la Corte Nacional de Justicia. 2

4 3.- II VALIDEZ PROCESAL En la sustanciación del proceso, no se advierte vicios que puedan validez de o actuado o acarrear su nulidad, por cuanto fue presentado plazo establecido en el artículo 350 dei Código de Procedimiento habiéndose fundamentado el recurso, de conformidad a lo dispuesto en el art. 352, Ibídem, por lo que este Tribunal lo declara válido. III FUNDAMENTACION DEL RECURSO El recurrente, NELSON NOEL CUELLAR ORTIZ, por medio de su abogada defensora doctora María Bautista Ortiz, en la audiencia oral pública y contradictoria, llevada a cabo para el efecto, quien en lo principal manifiesta que: se ha infringido el articulo 169 y 76.1 de la Constitución de la República; artículos y 10; artículos 72 y 73 del Código Penal; y artículo 143 del Código de Procedimiento Penal. Se ha violado la ley por contravención expresa de su texto y por indebida aplicación de la misma así como por errónea interpretación de los artículos 184.1; artículos , de la Constitución de la República, en los cuales se manifiesta que los derechos y garantías de la Constitución y los instrumentos de los derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación, por y ante cualquier servidor o servidora pública, administrativo judicial, de oficio o a petición de parte, ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles y de igual jerarquía, el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; el artículo 424 Ibídem dice que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. El Tribunal Octavo de Garantías Penales, en su resolución hace mención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José; sin embargo, en su sentencia no ha considerado las atenuantes contempladas en el artículo 29 del Código Penal, ya que en el expediente constaban: el certificado médico por enfermedad de la madre, el título de Bachiller 3

5 en Ciencias de Comercio y Administración, certificado de trabajo, 12 certificados de los Tribunales Penales, certificado de conducta ejemplar, el testimonio del acusado. Que en la sentencia el Tribunal se contradice al indicar que existen atenuantes y en otra que no existen. La Constitución establece que los derechos son irrenunciables, sin embargo el Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas, en la Resolución no considera los atenuantes por lo que en la sentencia se le impone una pena de 6 años de reclusión menor. No se ha respetado el debido proceso establecido en la Constitución, en los Tratados y Convenios Internacionales, no se ha acatado lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (...) no existe la debida motivación y fundamentación, en la sentencia impugnada. En la réplica la abogada defensora del procesado reitera que el recurso de casación no ha sido debidamente motivado y fundamentado en derecho. Que la Constitución contempla que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Que ha presentado el recurso de casación, en razón de que el juzgador no ha considerado las atenuantes presentadas. Que la Constitución y los Tratados Internacionales deben ser respetados por los juzgadores porque el recurso de casación es la tercera instancia. INTERVENCION DE LA FISCALIA. La doctora Yolanda Paredes, en representación de la Fiscalía General del Estado manifiesta: Se le ha condenado al recurrente por parte del Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas, de conformidad a lo establecido en los artículos 550 y 551, inciso segundo, y 552 del Código Penal; la Primera Sala de la Corte Provincial de Justicia, de ese distrito judicial, por los recursos de apelación y nulidad, ha confirmado dicha sentencia por lo cual existe doble conforme; de esta sentencia interpone recurso de casación el recurrente Cuellar Ortiz y al fundamentar la abogada defensora hace alusión a que se han violentado ciertos artículos de la Constitución, así como artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que se refiere a la tutela judicial efectiva. En relación a que 4

6 -lo a et no se han tomado en cuenta las atenuantes contempladas el art. 2~ con el art. 72 del Código Penal. Pretendiendo con ello que se vuel prueba, éstas ya fueron valoradas para emitir su fallo de cond desnaturaliza el recurso de casación al pretender el fundamentación que las pruebas que ya fueron valoradas en a ser valoradas por la Sala de casación. recurrente, su momento vuelvan Al respecto el recurso de casación, es extraordinario, y por lo tanto, supeditado a las causales determinadas en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal; cuando se establezca que la sentencia adolece de algún error de derecho que deba ser enmendado, ya sea por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación o por errónea interpretación; es decir, que el recurso de casación no se contrae a la acción, al proceso, sino a determinar si la sentencia adolece de algún error de derecho que deba ser enmendado mediante este recurso. La sentencia impugnada se encuentra debidamente motivada y en ella el juzgador ha analizado la prueba de cargo y de descargo llegado a la certeza, de que se halla justificado conforme a derecho, tanto la existencia de la infracción cuanto la culpabilidad del hoy recurrente. Y sin lugar a dudas que la conducta del recurrente se halla adecuada a las normas legales por las cuales fue sancionado, por lo que considero que la sentencia no adolece de ningún error de derecho que deba ser enmendada; el recurrente, por medio de su abogada defensora, en esta audiencia no ha mencionado las violaciones que contiene la sentencia recurrida y ha quedado en un mero enunciado, por lo que considero debe ser rechazado el recurso de casación por falta de fundamento. En la réplica la Fiscalía manifiesta: Que el recurso de casación no es una tercera instancia, que revisada la sentencia del Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas, no existe la justificación de atenuantes, sin embargo de que la abogada defensora del procesado manifiesta que éstas constan a fs. 4 del proceso, reiterando que no se ha violado las reglas de proporcionalidad en la aplicación de la pena conforme el artículo 72 del Código Penal. 5

7 IV CONSIDERACIONES DE LA SALA El derecho a la impugnación está garantizado en: el artículo. 8.2.h) de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) que establece: Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:.. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior ; artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, que establece que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme lo prescripto por la ley : En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se encuentra estatuido en el art m) de la Constitución de la República; en tanto, que la casación propiamente dicha, como medio impugnatorio, se encuentra regulada en los artículos 349 al 358 del Código de Procedimiento Penal La doctrina reconoce que una de las garantías que tiene el procesado, en el desarrollo del debido proceso, es la de impugnar la decisión judicial que no comparta que afecte sus derechos, en el Ecuador, se extiende a todos los sujetos procesales; siendo entonces la casación uno de estos medios impugnatorios, de naturaleza extraordinaria, especial y facultativa, mediante el cual, una de las partes que actúa en el juicio, expresamente autorizada para tal efecto, y por alguna de las causales taxativamente determinadas en la ley procesal penal, demanda de la Corte Nacional de Justicia, un examen jurídico de una sentencia venida en grado que considere violatoria de la ley sustantiva, y en ocasiones de la ley procesal penal. 1 1 Cfr. Rodriguez Orlando, La Presunción de Inocencia. Principios Universales. Ediciones Juridicas Gustavo Ibáñez, Segunda Edición, Medellin, 2002, pp. 631, 632. En diverso sentido1 Cfr. Larenses Valentin, Recursos en el Proceso Penal, Talleres Gráficos Emigra, Buenos Aires, 2007, p. 25. El autor plantea, dentro del contexto argentino, la posibilidad de analizar, via casación los errores tanto un indicando como in procedendo, cuando en Ecuador este examen ha sido exclusivamente orientado a los errores in indicando. 6

8 - 1~- La naturaleza jurídica de la casación, consiste en la constal conformidad en derecho de la sentencia2, por tanto no constituye de instancia y tampoco resulta un nuevo análisis de la prueba actuada y en juicio, para aquello existe en nuestro sistema procesal penal otros impugnación de naturaleza específica y ordinaria El principio de legalidad adjetiva, previsto en el artículo de la Constitución de la República dice que: So/o se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con obseniancia del trámite propio de cada procedimiento. En tal sentido, la interposición del recurso de casación así como su fundamentación, están sujetas al impulso del sujeto procesal (recurrente) conforme el principio dispositivo consagrado en el artículo de la Constitución de la República. No obstante, la ley procesal penal (artículo 358) confiere al órgano judicial la facultad de casar la sentencia aun cuando el recurrente haya equivocado la fundamentación del recurso.(casación de oficio) El recurso de casación, al tener el carácter de extraordinario y especial, se limita únicamente al examen de la sentencia impugnada para determinar los errores de derecho, que no pueden ser otros que los constantes en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal; sin que sea posible, realizar una nueva revisión del proceso o una nueva valoración de la prueba Los arts. 349, 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal, tratan sobre el recurso de casación, su contenido principal supone que la impugnación va dirigida a revisar la correcta aplicación de la ley, por lo que es esencial que el recurrente indique claramente en qué consiste el error, y demuestre en el desarrollo de su tesis, la ilegalidad de la sentencia; siendo su obligación fundamentar los cargos que se demanden contra el veredicto, utilizando métodos que orienten a explicar 2 cfr. Armenta Deu Teresa, Lecciones de Derecho Procesal Penal, Marcial Pons Ediciones Juridicas y Sociales, cuada Edición, Madrid, 2009, p278. Su principal función es nonioflláctica, para asegurar la explicación uniforme de la legalidad penal. sustantiva y procesal- en todo el Estado evitando asi la disparidad o divergencia de criterios interpretativos entre los tribunales penales diseminados en su territorio. 7

9 en detalle los términos en que se ha producido la violación de la ley, ya por contravención expresa de su texto, norma aplicable al caso en conflicto que deducen efectos contrarios a su hipótesis; por indebida aplicación, si la norma invocada en la decisión se integra con presupuestos no relacionados al caso que se juzga y consecuentemente, se deja de aplicar la norma que jurídicamente correspondía; o, por errónea interpretación, si resulta que la norma que utilizó el juzgador es aplicable al tema de conflicto La fundamentación del recurso debe abarcar la explicación de cuál es la incidencia resultante por el error que ha originado, en la parte dispositiva del fallo que se impugna, de tal forma que, se pueda sustentar que si el juzgador no hubiera entrado en esa exclusiva infracción, otra hubiera sido la decisión judicial; aspectos que en la fundamentación del presente recurso de casación no se explican, limitándose el recurrente, por medio de su abogada defensora, Doctora María Bautista Ortiz, a mencionar que ha presentado el recurso de casación en razón en la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas Primera Sala de lo Penal Colusorio y Tránsito, con fecha 11 de julio del 2012, las 16h44, que confirma en todas sus partes el fallo dictado por el Tribunal Octavo de Garantías Penales del Guayas, dictada con fecha 16 de marzo dei 2012, las 08h55, en el que se declara autor del delito de robo que tipifica el art. 550 y sanciona el art. 551 al recurrente, no ha considerado las circunstancias atenuantes establecidas en los numerales 6.7 y 10 del artículo 29, en concordancia con el articulo 72 y 73 del Código Penal, y otras normas constitucionales y legales supuestamente infringidas o violadas, sin indicar de qué forma han sido violadas, así como la trascendencia que ha tenido esta vulneración en el fallo, perjudicando con esto al recurrente, tampoco, se indica que si el juzgador de instancia hubiere aplicado correctamente las normas legales invocadas, cuál hubiere sido el resultado en la sentencia De la revisión y análisis a la sentencia recurrida, se establece que el ad queru, ha confirmado en todas sus partes la sentencia dictada por el Tribunal 8

10 - Octavo de Garantías Penales del Guayas, el 16 de marzo del 2012, en la que se condena al recurrente NELSON NOEL CUELLAR Y TllÁ~~lTO a SEIS ANOS DE RECLUSION MENOR, por encontrar su conducta ad~ tipo penal de robo calificado tipificado y sancionado en los artículos 550, 551 y 552.2, del Código Penal, toda vez que las pruebas obtenidas y aportadas por los sujetos procesales de Procedimiento Penal. cumplen con lo dispuesto en los artículos 79 y 83 del Código En el considerando sexto del fallo recurrido constan señalados los siguientes documentos: a) Certificado para justificar la enfermedad de la madre del acusado, b) Título de Bachiller en Ciencias Comercio y Administración, así como el acta de grado y c) Certificado de trabajo otorgado por el señor Oswaldo Castro López, los mismos que han sido presentados por la defensa del procesado pretendiendo que sean considerados como atenuantes para la imposición de la pena. Al respecto es de señalar que dichos documentos, no han sido considerados por el juzgador para la imposición de la pena, en virtud de que no se encuentran contemplados como atenuantes en el artículo y 73 del Código Penal, toda vez que los numerales 6 y 7 de dicha norma legal se refieren a que el culpado debe demostrar una conducta ejemplar posterior y anterior a la infracción y que se demuestre claramente que no se trate de un individuo peligroso. En tal virtud el argumento realizado por la defensa del recurrente es improcedente El argumento que no se ha considerado como atenuante en la aplicación de la pena lo establecido en el numeral 10 del artículo 29 del Código Penal, esta procede cuando La confesión espontanea, es verdadera, en el caso concreto, el acusado al rendir su testimonio ha negado haber participado en dicho ilícito. De lo expresado se desprende que el juzgador analizó y valoró cada una de las pruebas de cargo y descargo presentadas en la respectiva etapa, llegando a la conclusión que el acusado NELSON NOEL CUELL.AR ORTIZ, no ha justificado ninguna atenuante, que pueda ser considerada para la aplicación de la pena, como consta en el considerando noveno del fallo recurrido. 9

11 Es de señalar que la abogada defensora del recurrente doctora María Bautista Ortiz, en la audiencia, oral pública y contradictoria llevada a cabo en la fundamentación del recurso de casación, argumenta que el juzgador no ha considerado al momento de resolver, como atenuantes: 12 certificados de los Tribunales, un certificado de conducta ejemplar, certificado médico de enfermedad del procesado, aseveración totalmente falsa, por lo que se desprende que la citada abogada defensora del recurrente actúa con evidente mala fe, tratando de engañar al Tribunal de Casación e inducir a error judicial De lo trascrito se observa que el ad-quen, en la sentencia impugnada ha observado las garantías constitucionales consagradas en el artículo 76.7 de la Constitución de la República esto es, el debido proceso, y el derecho a la defensa; así como la seguridad jurídica establecida en el artículo 82 Ibídem. Se evidencia además, que las pruebas han sido pedidas, ordenadas, practicadas e incorporadas de acuerdo a lo dispuesto en las normas del Código de Procedimiento Penal, las mismas que han sido valoradas y apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica dispuestas en el artículo 86 Ibídem; y una vez que ha considerado que éstas son suficientes para determinar la existencia de la infracción así como la responsabilidad del procesado ha confirmado en todas sus partes la sentencia del A-quo Cabe resaltar que la sentencia impugnada se encuentra debidamente motivada por tanto, las decisiones no son arbitrarias, cumpliendo el fallo recurrido con lo dispuesto en el artículo de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto la sentencia recurrida, que confirma tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado NELSON NOEL CUELLAR ORTIZ, imponiéndole la pena de SEIS AÑOS DE RECLUSION MENOR, se respalda en los fundamentos fácticos y jurídicos, expuestos en los considerandos contenidos en ella, determinándose que no existe violación de normas constitucionales, legales lo

12 ni de tratados y convenios internacionales, que haya vulnerado di recurrente, o haya afectado de alguna manera en la decisión del ja quem, como argumenta el recurrente por medio de su abogada defensora. V RESOLUCION. Por las consideraciones expresadas, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, por unanimidad desecha del recurso de casación, interpuesto por el recurrente NELSON NOEL CUELLAR ORTIZ. Ejecutoriada esta sentencia devuélvase el expediente al órgano judicial de origen.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. D CONJUEZA NACIONAL DráEGi~jT~rán Sierra JUEZA NACIONAL Wilso Merino S JUE~~CIONAL Certifico: Dra ~rthavi1rril1egas SECRETARIA RELATORA ( E ) 11