Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Idalia Verónica Carranza Mendoza I. II. III.

Transcripción

1 Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con treinta y cuatro minutos del día veintitrés de febrero de dos mil once. El presente proceso de hábeas corpus ha sido promovido por el señor Alexander Dalton Tejada Rivera, a favor de la señora Idalia Verónica Carranza Mendoza, procesada en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango por el delito de tráfico ilícito; contra actuaciones de la Fiscalía General de la República, el Juzgado Primero de Paz de Chalatenango y el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango. Analizado el proceso y considerando: I. El peticionario manifiesta que la señora Carranza Mendoza fue detenida a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta de enero de dos mil diez, en el Centro de Cumplimiento de Penas de Chalatenango y entregada a agentes policiales a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día; sin embargo la fiscal del caso, licenciada Claudia Yanira Iglesias Aguillón, presentó el requerimiento correspondiente el día dos de febrero del mismo año, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, vulnerando lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución, por haber superado el plazo de la detención administrativa. Asimismo reclama que dicha violación constitucional no fue valorada por el tribunal de paz de Chalatenango y que no obstante haber sido planteada ante la Jueza de Primera Instancia de Chalatenango, licenciada Morena Concepción Laínez Ramírez, ella tampoco valoró tal situación y decidió que la imputada continuara en detención. II. Según lo prescrito en la Ley de Procedimientos Constitucionales se nombró juez ejecutor al licenciado Ernesto Antonio Lorenzana Mejía, quien en su informe concluyó que, de conformidad a lo que pudo verificar en el expediente penal respectivo, la fiscal del caso y la jueza del Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango han cometido violación a las garantías individuales que otorga la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, pues en el procedimiento excedió a lo señalado por la constitución en CINCO HORAS (sic). III. El licenciado Romeo Benjamín Barahona Meléndez rindió informe de defensa en su calidad de Fiscal General de la República y en este manifestó que [d]e acuerdo al informe del Jefe de la Unidad Especializada contra Delitos de Narcotráfico, la presentación del requerimiento fuera de las horas establecidas de conformidad al Art.13 de la Constitución y 288 del CPP, ocurre debido a circunstancias relacionadas a la carga de trabajo, la logística implementada para su presentación y limitación de recursos que son criterios que justifican el exceso en las dos horas de atraso para presentar tanto a la imputada, requerimiento y evidencia en el Juzgado Primero de Paz de Chalatenango a las quince horas con cuarenta minutos del día dos de febrero del corriente año. 1

2 A lo anterior agregó que el simple incumplimiento a un plazo de carácter procesal sea perentorio u ordenatorio como en el presente caso, puede y debe estar justificado en forma razonable como dilación justificada tomando en consideración las exigencias de carácter investigativo agotadas antes de la presentación del requerimiento desde la detención de la señora Carranza Mendoza hasta su presentación al Juzgado Primero de Paz de Chalatenango, la realización de las pericias necesarias para acreditar la existencia del delito atribuido y autoría directa en el mismo y la limitación de recursos tanto materiales como humanos por la carga laboral ( ), situación que no genera una perturbación considerable al derecho de libertad que supuestamente ha sido restringido por dilación indebida. Con la finalidad de sustentar tales afirmaciones citó las sentencias de hábeas corpus con referencia y Finalmente sostuvo que el día de presentación del requerimiento fiscal, la agente auxiliar encargada debió comparecer a una audiencia en el departamento de San Miguel. El referido funcionario anexó copias del expediente fiscal referencia 108-UEDNA y además un informe remitido por el jefe de la Unidad Especializada contra Delitos de Narcotráfico en el que, según el licenciado Barahona Meléndez, detalla las razones que justifican la extemporaneidad de la presentación del requerimiento fiscal correspondiente. IV. El Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango detalló las actuaciones acontecidas durante el proceso penal relacionadas con los términos del reclamo, y respecto a lo reprochado a dicha autoridad judicial indicó que, durante la audiencia preliminar, la defensa en sus alegatos manifestó que ocurrió una detención ilegal de la favorecida al haber transcurrido setenta y cuatro horas desde el momento de la captura de esta, habiendo solicitado por ello que se dictara sobreseimiento definitivo; por lo cual, según la autoridad demandada, en ningún momento fue planteado tal aspecto como incidente en la mencionada audiencia ni durante la fase de instrucción y en ese sentido oportunamente se resolvió que los motivos expuestos por la defensa no eran suficientes para otorgar el sobreseimiento solicitado. V. Tanto el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango como el Tribunal de Sentencia de la misma ciudad remitieron certificación de algunos pasajes del expediente penal, consistentes en: - Requerimiento fiscal presentado en el Juzgado Primero de Paz de Chalatenango a las quince horas y cuarenta minutos del día dos de febrero de dos mil diez, mediante el cual se puso a disposición de dicha sede judicial a la imputada. - Acta de las trece horas con cincuenta minutos del día treinta de enero de dos mil diez, en la que consta que dos agentes policiales detuvieron a la señora Idalia Verónica Carranza Mendoza, en el Centro de Cumplimiento de Penas de Chalatenango. 2

3 - Acta realizada a las trece horas con cuarenta minutos del día treinta de enero de dos mil diez, en la que consta que el jefe de servicio del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de Chalatenango entregó a un agente policial a la señora Idalia Verónica Carranza Mendoza. - Auto decretado por el Juzgado Primero de Paz de Chalatenango, a las dieciséis horas y diez minutos del día dos de enero de dos mil diez, mediante el cual tuvo por recibido el requerimiento fiscal presentado en contra de la imputada, decretó su detención por el término de inquirir y señaló fecha de audiencia inicial, entre otros aspectos. - Acta de audiencia inicial realizada en el Juzgado Primero de Paz de Chalatenango el día cuatro de febrero de dos mil diez, en la que se consigna que los defensores de la procesada solicitaron la nulidad absoluta de las diligencias iniciales de investigación por haberse presentado el requerimiento fiscal con dos horas de retraso; ante ello, la autoridad mencionada reconoció que el referido documento había sido presentado con retraso pero refirió que no era procedente, con base en ello, declarar la nulidad solicitada, agregando que la incoada estaba detenida por inquirir, por lo que no estaba en detención ilegal. - Acta de audiencia preliminar celebrada por el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango el día veinte de julio de dos mil diez; en la cual consta, en lo pertinente, que el defensor particular de la imputada señaló en su intervención que en el presente caso se dio una detención ilegal, pues transcurrieron setenta y cuatro horas desde el momento de la detención de su defendida hasta el momento de presentar dicho requerimiento, además la cantidad de droga decomisada a la imputada en ínfima, por lo que solicita un sobreseimiento definitivo a favor de su defendida (sic). También se señala que en el momento de resolver, la jueza del aludido juzgado expresó que se concluye que la imputación tiene una base sólida por que se reúnen los elementos objetivos y subjetivos del hecho investigado, y se han establecido los presupuestos del Art. 292 del Código Procesal Penal, por lo que a criterio de esta Juzgadora no es procedente el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa. - Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, a las catorce horas con quince minutos del día nueve de septiembre de dos mil diez, en la que se establece que la imputada Carranza Mendoza fue condenada por la comisión del delito de posesión y tenencia, a cumplir la pena de seis años de prisión. VI. Con el objeto de resolver lo planteado por el solicitante, es preciso indicar que este tribunal ha sostenido que la detención administrativa es una restricción al derecho de libertad, llevada a cabo por agentes policiales ya sea en flagrancia o en cumplimiento de una orden emanada de la Fiscalía General de la República, con el objeto de hacer comparecer ante la autoridad judicial a quien se señala como autor o participe de un hecho delictivo. 3

4 El artículo 13 inciso segundo de la Constitución establece, de manera directa y sin excepción, el límite temporal máximo de la referida detención, por lo que cumplidas las setenta y dos horas a las que alude la disposición en comento y puesta la persona a la orden del juez respectivo, corresponderá a este la decisión en torno al mantenimiento o no de la restricción al derecho de libertad física. Así visto, en la Constitución se determina al no señalarse que pueda haber excepciones o prórrogas al límite máximo indicado la imposibilidad de otorgar un margen de apreciación a la Fiscalía General de la República para que, cumplidas las setenta y dos horas, mantenga a su disposición a un imputado; por lo cual, una vez expirado el aludido plazo, si la persona no es consignada a la orden de la autoridad judicial correspondiente, procede su puesta en libertad. Ciertamente, el límite contenido en la Constitución tiene por objeto ofrecer una mayor seguridad a los afectados por la medida, a fin de evitar que estos sean víctimas de detenciones administrativas de duración indefinida, incierta o ilimitada (sentencia HC , de ). Ahora bien, es importante acotar como reiteradamente se ha establecido en la jurisprudencia de esta Sala, por ejemplo en la sentencia HC de que el plazo máximo absoluto al que alude la Constitución no tiene que coincidir necesariamente con el momento en que el afectado se encuentre en las dependencias policiales, pues aquél será contado a partir del momento de la detención y no al efectuarse cualquier paralización momentánea. VII. En el caso en discusión el pretensor reclama que la Fiscalía General de la República presentó requerimiento ante el Juzgado Primero de Paz de Chalatenango, luego de transcurrido el límite máximo de la detención administrativa establecido en el artículo 13 de la Constitución. Además cuestiona que tanto el referido juzgado como el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango no valoraron dicha situación y este último ordenó que la imputada continuara en detención. 1. Según lo constatado en el expediente penal respectivo, la incoada fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil a las trece horas con cincuenta minutos del día treinta de enero de dos mil diez y fue puesta a la orden del Juzgado Primero de Paz de Chalatenango, junto con el requerimiento fiscal, a las quince horas con cuarenta minutos del día dos de febrero del mismo año, es decir, una hora con diez minutos después de finalizado el límite máximo de setenta y dos horas señalado en el artículo 13 de la Constitución para la detención administrativa. Es decir que efectivamente, tal como lo señala el pretensor, la Fiscalía General de la República transgredió el término señalado en la referida disposición constitucional. 4

5 Por su parte,la institución fiscal ha alegado que el retraso en la presentación del requerimiento y de la imputada está justificado por la carga de trabajo, la logística implementada para su presentación y limitación de recursos; sin embargo, tal como lo ha señalado esta Sala en la sentencia HC arriba citada, el obligatorio cumplimiento del plazo de la detención administrativa no admite excepciones y por lo tanto su sola transgresión representa vulneración al artículo 13 ya mencionado. Por lo que en este caso, para determinar la lesión constitucional bastará verificar su exceso, sin que puedan aplicarse los criterios señalados por este tribunal cuando se cuestionan dilaciones indebidas ocurridas en la tramitación del proceso penal la actuación de la autoridad, el comportamiento de las partes y la complejidad del caso, señalados, por ejemplo, en la sentencia HC de así como tampoco los indicados por la autoridad demandada, como carga laboral de los agentes fiscales o la falta de recursos. Y es que, en el supuesto en examen, no se trata de un mero incumplimiento de los plazos procesales sino de un término dispuesto expresamente por el constituyente, de forma que la temporalidad en la detención administrativa tiene un límite máximo dotado de gran rigor en tanto este fue consagrado, de manera imperativa, en el artículo 13 inciso 2º de la Constitución al señalar que la detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiere practicado. De forma que debe reconocerse la vulneración constitucional atribuida a la Fiscalía General de la República. En este punto cabe aclarar que la jurisprudencia citada por el titular de dicha institución no tiene aplicación en el asunto en análisis, la primera, es decir la resolución HC de , en tanto la posibilidad de justificar el exceso en el término señalado en la Constitución fue descartada mediante la sentencia HC de , a la que se ha hecho referencia en el considerando precedente, dictada con anterioridad a la actuación inconstitucional de la referida autoridad demandada. Por otro lado, la sentencia HC de , hace referencia al enjuiciamiento de un caso de exceso en los plazos señalados en la normativa procesal penal y no, como en el presente, de un término fijado directamente en la Constitución. 2. Por otro lado, en relación con el cuestionamiento del pretensor dirigido en contra del Juzgado Primero de Paz y el Juzgado de Primera Instancia, ambos de Chalatenango, respecto a que no valoraron el exceso en el término de la detención administrativa y mantuvieron detenida a la señora Carranza Mendoza, es de señalar, en referencia al primero, que dicha autoridad judicial admitió la existencia de un exceso en el término aludido, sin embargo señaló que a la imputada ya se le había decretado detención por el término de inquirir y que por lo tanto su estado de restricción no era ilegal. 5

6 Con ello, el aludido juzgado reconoció la transgresión del plazo, pero no accedió a los efectos solicitados por la defensa por estimar que ello no provocaba una nulidad de las diligencias iniciales de investigación y que en contra de la incoada había sido decretada una nueva restricción: la detención por el término de inquirir. Esto último es coherente con lo señalado por esta Sala en su jurisprudencia, pues cuando la restricción al derecho de libertad física ya no depende de la actuación cuestionada y determinada inconstitucional, sino de otra dictada con independencia de aquella y carente del vicio reclamado, esta última no se verá afectada, como en el caso en que se alega transgresión al plazo de la detención administrativa pero la restricción posterior deriva de la detención por inquirir o la detención provisional (véase sentencia ya citada). En referencia al aludido Juzgado de Primera Instancia es de indicar que, según acta de audiencia preliminar, el exceso temporal en la detención administrativa se propuso por la defensa como uno de los argumentos sobre los que se fundó la solicitud de sobreseimiento definitivo a favor de la incoada. Ante ello, la autoridad judicial determinó que no era procedente decretar tal resolución al existir prueba sobre el delito y la participación de la indiciada. Es decir, la autoridad demandada, si bien no descartó ni reconoció expresamente el mencionado exceso, sí consideró insuficiente el argumento de la defensa para producir los efectos que se pretendían con su planteamiento: que se sobreseyera definitivamente a la incoada. De manera que las autoridades judiciales tuvieron presente en su análisis lo alegado por la defensa en cuanto a la superación del término de la detención administrativa, habiendo determinado ambas la insuficiencia de tal reclamo para sustentar la emisión de las resoluciones requeridas por los abogados de la imputada, con lo cual puede afirmarse que examinaron los planteamientos de los defensores y los contestaron en coherencia con lo solicitado. VII. Respecto al efecto de esta resolución, es de señalar que según certificación enviada por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, la señora Idalia Verónica Carranza Mendoza fue condenada a cumplir pena de seis años de prisión, habiéndose emitido la sentencia correspondiente el día diecisiete de noviembre de dos mil diez. Ya sea que la favorecida se encuentre cumpliendo la medida cautelar de detención provisional o la pena impuesta ya que se desconoce si la sentencia se encuentra firme o no, por no haberlo manifestado el tribunal indicado, lo cierto es que la restricción actual que pudiera estar sufriendo la imputada no depende de la detención administrativa decretada en su contra, de la cual únicamente se cuestionó y así reconoció en consecuencia este tribunal el exceso en su límite temporal, vicio que, por su naturaleza, no puede por sí mismo afectar las restricciones dictadas con posterioridad. 6

7 En consecuencia, los efectos del presente reconocimiento de violación constitucional no pueden incidir en la restricción de libertad que estuviere sufriendo la favorecida, pues el acaecimiento de la vulneración a su derecho de libertad personal fue ante una autoridad administrativa, durante un lapso ya definido y concluido. Por las razones expuestas y de conformidad con lo establecido en los artículos 11 inciso 2º y 13 inciso 2º de la Constitución esta Sala RESUELVE: 1. Declárase haber existido vulneración al derecho de libertad física de la señora Idalia Verónica Carranza Mendoza, debido al exceso en la detención administrativa por parte de la Fiscalía General de la República. 2. Continúe la favorecida en la situación en que se encuentre. 3. Notifíquese. 4. Archívese. ---J. B. JAIME--- FCO. E. ORTIZ R. ---J. N. CASTANEDA S.---E. S. BLANCO R.--- O. BON F.---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---E. SOCORRO C.---RUBRICADAS. 7