JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO EXPEDIENTE: SCM-JDC-346/2018 ACTOR: DAVID LUNA HERNÁNDEZ

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1 JUICIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO EXPEDIENTE: SCM-JDC-346/2018 ACTOR: DAVID LUNA HERNÁNDEZ AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA MAGISTRADO PONENTE: ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ SECRETARIADO: BERTHA LETICIA ROSETTE SOLIS Y JAIME CÁRDENAS ANAYA Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, en sesión pública de esta fecha, resuelve el juicio identificado al rubro, en el sentido de declarar fundada la omisión atribuida a la Autoridad Responsable y ordenar al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso local convocar al Pleno a una sesión extraordinaria en los términos y plazos previstos en el fallo, para que se convoque al actor y le sea tomada su protesta como diputado ante la ausencia de quien fungiera como diputado propietario. GLOSARIO Actor David Luna Hernández

2 2 SCM-JDC-346/2018

3 Autoridad Responsable o Congreso local Constitución Constitución del Estado Juicio de la ciudadanía Pleno del Congreso del Estado libre y soberano de Tlaxcala Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ley de Medios Ley de Medios Local Ley Orgánica Tribunal Local Acto Impugnado Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Tlaxcala Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala La omisión del Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado libre y Soberano de Tlaxcala para que le sea tomada su protesta al actor en su calidad de diputado suplente con motivo de la licencia que, por tiempo indefinido, le fue concedida al diputado propietario Alberto Amaro Corona con efectos a partir del (30) treinta de abril del año en curso. A N T E C E D E N T E S De los hechos narrados por el actor en su demanda, así como de las constancias que integran el expediente, se advierte lo siguiente: I. Integración del Congreso local. El veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones declaró integrada la LXII Legislatura del Congreso local, para el periodo 3

4 constitucional comprendido del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis al veintinueve de agosto de (2018) dos mil dieciocho. 1 En dicho acuerdo consta que Alberto Amaro Corona y el actor, fueron electos, respectivamente, como diputados propietario y suplente del Partido de la Revolución Democrática por el principio de representación proporcional. II. Concesión de licencia para separación del cargo. El veintiocho de abril, el Congreso local otorgó licencia a Alberto Amaro Corona para separarse de su por cargo tiempo indefinido, con efectos a partir del treinta de abril. III. Juicio de la Ciudadanía. 1. Demanda y turno. El treinta de abril, el actor presentó demanda de juicio de la ciudadanía para controvertir la omisión del Congreso local de llamarlo a ocupar, en su carácter de diputado suplente, la diputación vacante por la licencia otorgada a Alberto Amaro Corona, con la que fue integrado el expediente SCM-JDC-346/2018, y turnado a la ponencia a cargo de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas, quien lo recibió el día siguiente. 2. Returno. En sesión privada del quince de mayo, la Magistrada propuso al Pleno el reencauzamiento del presente juicio, rechazándose la propuesta por la mayoría, por lo que el expediente fue returnado al 1 En adelante, todas las fechas mencionadas corresponden a dos mil dieciocho, salvo mención en contrario. 4

5 Magistrado Armando I. Maitret Hernández, para que continuara la instrucción del juicio y en su momento, propusiera el proyecto correspondiente. 3. Instrucción. El mismo día el Magistrado Instructor radicó el expediente en la Ponencia a su cargo; el diecisiete siguiente admitió la demanda y, al no haber diligencias pendientes por realizar, en esa misma fecha cerró la instrucción. RAZONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, porque se trata de un juicio de la ciudadanía, promovido contra la omisión del Congreso local de llamar al actor -en su calidad de diputado suplente- para ocupar la diputación vacante, con motivo de la licencia otorgada a Alberto Amaro Corona en su carácter de propietario-, omisión que presuntamente vulnera su derecho político electoral de ser votado en la vertiente de acceso y desempeño al cargo, supuesto y entidad federativa sobre la cual ejerce jurisdicción esta Sala Regional. Lo anterior, con fundamento en: Constitución. Artículos 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V. Ley Orgánica. Artículos 186, fracción III, inciso c) y 195, fracción IV, inciso b). 5

6 Ley de Medios. Artículos 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso f) y 83, párrafo 1, inciso b). Además, la competencia de esta Sala Regional tiene sustento en el Acuerdo General 3/2015 de la Sala Superior, por el que se fijó la competencia de las Salas Regionales para conocer, entre otras, de las controversias derivadas por violación a los derechos de acceso y desempeño del cargo de elección popular para el cual los actores hayan sido electos, que originalmente eran competencia de ese órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto impugnado. Si bien el actor en su escrito de demanda refiere como acto impugnado el acuerdo de veintiséis de abril mediante el cual, el Congreso local concedió licencia indefinida para separarse del cargo de diputados propietarios, entre otros, a Alberto Amaro Corona, lo cierto es que su causa de pedir la constituye el hecho de que el Congreso local ha omitido llamarlo para protestar su cargo en calidad de suplente, ante la ausencia de quien fungiera como diputado propietario. En ese sentido, para esta Sala Regional, la materia de impugnación de este juicio de la ciudadanía está dada por la omisión que atribuye a la Autoridad Responsable de llamarlo a rendir la protesta respectiva. TERCERO. Estudio en salto de la instancia. El actor solicita expresamente que se conozca del asunto en salto 6

7 de la instancia, al estimar que, de agotar los medios de impugnación ordinarios, podría mermarse su derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño al cargo como diputado integrante del Congreso local. Al respecto, ha sido criterio reiterado de este Tribunal Electoral, que el salto de la instancia se justifica, entre otras causas, por el riesgo de que el transcurso del tiempo impida la restitución del derecho político-electoral presuntamente vulnerado. En ese tenor, una persona puede quedar exonerada de agotar los medios de impugnación previstos en la legislación electoral local o en la normatividad interna de los partidos políticos, cuando el agotamiento previo de tales medios pueda representar una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio. Este criterio ha sido sustentado por la Sala Superior en la Jurisprudencia 9/2001, de rubro: DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. 2 En el caso, esta Sala Regional estima que no es necesario que el actor agote la cadena impugnativa previa, toda vez que la presente controversia está relacionada con la omisión de llamarlo en su calidad de suplente a tomar protesta de su cargo, ante la licencia 2 Compilación , Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1 Jurisprudencia, páginas 272 a

8 que el Congreso local concedió, por tiempo indefinido, a quien ocupaba el cargo de diputado propietario -cuestión que, en todo caso, será objeto de estudio en el fondo de la presente sentencia-, por lo que agotar la instancia previa podría generar una afectación al derecho que estima vulnerado. Esto es, el actor considera que debió ser llamado a ocupar la diputación vacante, una vez que le fue otorgada licencia indefinida a Alberto Amaro Corona; por lo que, tomando en cuenta que el período previsto para el cargo de las diputaciones que integran la LXII Legislatura del Congreso local concluirá el veintinueve de agosto del año en curso, esta Sala Regional estima que exigir al actor el agotamiento de una cadena impugnativa previa podría ocasionar una merma considerable a sus derechos presuntamente vulnerados, pues supondría que, con cada día que transcurre, se continúa afectando su derecho a desempeñar un cargo para el que fue electo en su calidad de suplente- con todas las prerrogativas que ello implica, entre éstas, el derecho a percibir la dieta correspondiente. En consecuencia, esta Sala Regional considera procedente el salto de instancia (per saltum) para conocer el presente juicio de la ciudadanía, por lo tanto, se debe estudiar la oportunidad del presente medio de impugnación tomando en cuenta el plazo establecido para ese efecto en la instancia desistida. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 9/2007 8

9 de la Sala Superior de rubro: PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL. 3 En ese tenor, los artículos 6, 17, 19 y 90, de la Ley de Medios Local establecen que el juicio de la ciudadanía ante el Tribunal Local es la vía idónea para tutelar, entre otros, el derecho a ser votado, y que éste debe promoverse dentro del plazo de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado. Ahora bien, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que, tratándose de omisiones, la violación respectiva debe ser considerada de tracto sucesivo y, por ende, el plazo para presentar cualquier medio de impugnación para controvertirlas, se mantiene en permanente actualización. De ahí que el juicio de la ciudadanía deba considerarse oportuno. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 15/2011 de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES. 4 CUARTO. Causa de improcedencia. En su informe circunstanciado la Autoridad Responsable, por conducto del Presidente de la Comisión Permanente, aduce que el juicio de la ciudadanía es improcedente cuenta habida 3 Compilación , Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Volumen 1, Jurisprudencia páginas 498 y Idem, páginas 520 y

10 que, en su concepto, se actualiza la causal prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley de Medios, pues el actor omitió agotar la jurisdicción local. La mencionada causal debe ser desestimada, porque esta Sala Regional considera que se actualiza una excepción a dicho requisito, de acuerdo a las consideraciones realizadas al estudiar la procedencia del salto de la instancia (per saltum). QUINTO. Requisitos de procedencia. Esta Sala Regional considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, 8, párrafo 1, 9, párrafo 1, 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, de la Ley de Medios, en razón de lo siguiente: a) Forma. El requisito en estudio se cumple porque la demanda se presentó por escrito ante la Autoridad Responsable, y en ella se hacen constar el nombre y firma autógrafa del actor, así como los demás requisitos legales exigidos. b) Oportunidad. El juicio de la ciudadanía fue promovido oportunamente, tal como se expuso en el estudio relativo al salto de la instancia. c) Legitimación. El actor tiene legitimación para promover el medio de impugnación, porque es un ciudadano que, por derecho propio, controvierte la 10

11 omisión del Congreso local de convocarlo a asumir su cargo como diputado ante la ausencia de quien fungiera como propietario -a consecuencia de la licencia que le fue concedida por tiempo indefinido-, lo que en su concepto vulnera su derecho a ser votado en su vertiente de acceso y desempeño al cargo. d) Interés jurídico. Este requisito está cumplido porque el actor tiene la calidad de diputado suplente y considera que la omisión de ser convocado para asumir sus funciones ante la ausencia de quien fuera propietario, vulnera su derecho de acceso y desempeño al cargo para el que fue electo. e) Definitividad. Este requisito se tiene por satisfecho, tal como se expuso en el considerando relativo a la procedencia del estudio en salto de la instancia. Así, al estar cumplidos los requisitos de procedencia del medio de impugnación en estudio y, toda vez que esta Sala Regional no advierte la actualización de alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley de Medios, lo conducente es estudiar la controversia. SEXTO. Estudio del fondo de la controversia. Síntesis de agravios 1. El actor refiere que la omisión de ser llamado para ocupar la vacante que dejó el diputado propietario 11

12 Alberto Amaro Corona, a partir del treinta de abril -a propósito de la licencia que le fue concedida-, vulnera en su perjuicio su derecho a ser votado en su modalidad de acceso y desempeño del cargo, con infracción a lo dispuesto por el artículo 35 de la Constitución. 2. Acusa que el hecho de que la Autoridad Responsable no lo hubiera llamado para ocupar el cargo vacante vulnera lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución, en relación con el diverso 116 del mismo ordenamiento jurídico. Ello debido a que el Congreso local, según lo dispone el artículo 32 de la Constitución del Estado, se integra por quince diputaciones de mayoría relativa y diez por el principio de representación proporcional, lo que da un total de veinticinco diputaciones. En ese entendido el poder legislativo se encuentra desintegrado si se considera que a diez diputados les fue concedida su licencia por tiempo indefinido, lo que viola el principio de representatividad de la democracia mexicana. 3. Señala que, con esa omisión de llamarlo a ocupar la vacante, se vulneran los derechos políticos de los ciudadanos, pues se impide que cuenten con una representación en el Congreso local. Los motivos de inconformidad apuntados serán analizados de manera conjunta, sin que ello genere perjuicio al actor, según el criterio de jurisprudencia 4/2000 de la Sala Superior, de rubro: AGRAVIOS, SU 12

13 EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 5 Respuesta En concepto de esta Sala Regional son fundados los motivos de inconformidad, como se explica. El artículo 41 de la Constitución del Estado establece que el Congreso local no puede sesionar sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros. Al efecto dispone que, en caso de faltas, se debe compeler a los o las diputadas ausentes para que concurran, bajo apercibimiento de, en su caso, llamar a los y las suplentes, a fin de que desempeñen las funciones de los (as) propietarios (as) mientras se presentan éstos (as), o bien, los (las) substituyan en forma definitiva conforme a la Ley. Por su parte, en los artículos 37 y 54, fracción XXXI del mismo ordenamiento jurídico, se establece que, entre otras, es facultad del Congreso local la de conceder licencia a sus miembros. Así, de los artículos citados se advierte la intención del constituyente local, de establecer reglas destinadas a preservar la integridad en la conformación del órgano legislativo. Con relación al tema de las licencias, el artículo 37 de la Ley Orgánica, entre otras cuestiones, establece que las y los diputados podrán solicitar, por una sola vez, licencia 5 Compilación , Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, página

14 sin goce de percepción alguna, por un término no mayor de tres meses o mayor para el supuesto establecido por el artículo 37 6 de la Constitución del Estado antes citado. En este caso, la Ley Orgánica es enfática en señalar que en ese supuesto se llamará al suplente por el término que dure la licencia. En ese sentido, si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución, en relación con el artículo 27 de la Constitución del Estado, la forma de gobierno está dada por una República representativa, democrática, popular y participativa, es evidente que el acceso y desempeño de los cargos de elección popular, así como la debida integración de los órganos que son expresión de la voluntad democrática, no podría quedar al arbitrio del órgano encargado y facultado de tomar la protesta constitucional respectiva a un legislador (a) suplente, pues se estaría permitiendo, aún de modo involuntario, la generación de un vacío en un órgano legislativo. En el caso concreto se tiene que el Congreso local no ha convocado al actor en su calidad de diputado suplente electo por el principio de representación proporcional. Ello, a pesar de que en la sesión del veintiocho de abril pasado, 7 fue aprobado por mayoría de votos del Pleno de 6 Artículo que establece que el cargo de diputado (a) propietario es incompatible con cualquier otra comisión o empleo de la Federación, Estado o Municipio sea o no con sueldo; pero el Congreso o la Comisión Permanente en su caso, podrán conceder licencia a sus miembros, a fin de que desempeñen las comisiones o empleos para los que hayan sido nombrados. El mismo requisito es necesario para las y los diputados suplentes en ejercicio de las funciones del propietario. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado (a). 7 Según se desprende del contenido de la página del Congreso local, visible en la liga: 14

15 la LXII Legislatura, el acuerdo de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, mediante el cual, se concedió licencia a diez diputados y diputadas para separarse de sus respectivos cargos, entre quienes se encontraba el diputado propietario Alberto Amaro Corona, persona que fungió como compañero de fórmula del actor, cuya licencia fue concedida por tiempo indefinido y con efectos a partir del treinta del mes y año señalados. En ese tenor, es evidente la violación flagrante al artículo 37 de la Ley Orgánica, pues la exigibilidad de su derecho a acceder y desempeñar el cargo se actualizó al momento en que le fue concedida la licencia indefinida a su compañero de fórmula del actor. Así, contrario a lo sostenido por la Autoridad Responsable en su informe circunstanciado, el hecho de que el Congreso local se encuentre en receso, no constituye justificación alguna para la falta de llamamiento o convocatoria del actor, pues ello vulnera su derecho de hacer efectivas las prerrogativas inherentes al acceso y desempeño del cargo referido. En otras palabras, para efectos de la tutela del derecho político-electoral de ser votado en su modalidad de acceso y desempeño del cargo, es irrelevante que el Congreso local se encuentre o no en receso, pues tal circunstancia no constituye una condicionante para que el actor fuera convocado como suplente a propósito de la licencia concedida a quien fuera diputado propietario presidente-la-comision-permanente-del-segundo-ano-la-lxii-legislatura/ 15

16 compañero de fórmula. Máxime, si la disposición relativa no establece como excepción a tal obligación, el hecho de que el Congreso local se encuentre en receso, de manera que no sería lícito encontrar una diferencia en donde la ley aplicable no la establece. Por otro lado, de conformidad con el artículo 32 de la Constitución del Estado, el Congreso local se integra por veinticinco diputados (as): quince según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y diez según el principio de representación proporcional en una circunscripción plurinominal. Asimismo, se establece que, por cada diputación propietaria, se elegirá una suplente y ambas conformaran una misma fórmula. Disposición que señala que los diputados son los representantes del pueblo, tienen la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. Y se prevé que si alguno de los diputados (as) dejare de desempeñar su cargo, será sustituido (a) por su suplente, o se procederá de acuerdo con lo que prescribe la ley. Ello implica que, la propia Constitución del Estado, a efecto de que se encuentre conformado de manera debida, plena y permanente el órgano legislativo respectivo, establece los procedimientos legales necesarios para evitar vacíos, en la especie, por la licencia otorgada al legislador propietario de manera indefinida (en la cual se presupone que el suplente 16

17 rendirá la protesta constitucional atinente y ejercerá el cargo). Es decir, la representatividad del Congreso local se conforma por un total de veinticinco integrantes, de los cuales, a diez les fue concedida su licencia para separarse del cargo. En el caso concreto, tanto el actor, como su compañero de fórmula, fueron electos por el principio de representación proporcional de manera que, ante la ausencia justificada del propietario, la representatividad en la conformación del Congreso local se ve trastocada, sin que tal circunstancia se encuentre atenuada por el hecho de que el órgano legislativo se encuentre en receso según lo manifestado en el informe circunstanciado. Finalmente, respecto al órgano facultado para convocar a los diputados suplentes, aunque referido a otro supuesto, el artículo 38 de la citada Ley Orgánica precisa que corresponde al Pleno del Congreso local a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política. De lo anterior se sigue, que en principio el órgano parlamentario competente para convocar a los y las diputadas suplentes, lo es el Pleno Congreso local aunque en el supuesto del artículo 38 de la Ley orgánica local ello es a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, que de conformidad con el artículo 67 del ordenamiento en cita, sesiona por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. 17

18 Por su parte, el artículo 55 de la Constitución del Estado señala que durante los recesos del Congreso local funcionará una Comisión Permanente, compuesta de cuatro diputados (as) electos en forma y términos que señale la Ley orgánica local del Poder Legislativo. Sobre las atribuciones de la Comisión Permanente, el artículo 56 de dicha Constitución, entre otras, establece la de convocar a la Legislatura a sesiones extraordinarias. 8 De lo antes expuesto, si bien es cierto que no se advierte un trámite específico por el cual deban de ser convocados los diputados (as) suplentes para ocupar sus respectivos cargos, lo cierto es que de las disposiciones en cita se advierte que ello puede ser por dos vías: El Pleno del Congreso local a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política en periodo de sesiones -en el supuesto a que se refiere el artículo 38 de la Ley orgánica local-; El Pleno del Congreso local en sesión extraordinaria que sea convocada por la Comisión Permanente y cuyo objetivo sea la toma de protesta del actor como diputado suplente. Así, si en el caso concreto el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio legal de la LXII Legislatura Local, comprende del 30 de abril al 29 de agosto de 2018, entonces correspondería a la Comisión Permanente: 8 Lo que acontece en el caso concreto según lo manifestado en el informe circunstanciado y lo resuelto en la sesión del pasado veintiocho de abril del año en curso, en donde fue designado el Presidente de dicho órgano dado el segundo periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la LXII Legislatura Local, comprendido del 30 de abril al 29 de agosto de

19 convocar a sesión extraordinaria al Pleno para la toma de protesta respectiva. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia Por lo expuesto, y al haber resultado fundados los agravios, a fin de restituir al actor en pleno uso de sus derechos vulnerados, y dada la proximidad de la fecha en que concluirán las actividades de la actual Legislatura en la que fue electo como diputado suplente, se vincula al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso local para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la fecha en que le sea notificada la presente ejecutoria, convoque quienes integran la Legislatura LXII del Congreso local a una sesión extraordinaria. Dicha sesión deberá tener lugar a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la convocatoria respectiva, con el único objeto de que tenga lugar el acto protocolario de toma de protesta constitucional del actor al cargo de diputado. Finalmente, deberá informar a esta Sala Regional, para efectos del cumplimiento del presente fallo, en un plazo de (24) veinticuatro horas, adjuntando copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E 19

20 PRIMERO. Se declara fundada la omisión alegada por el actor. SEGUNDO. Se ordena al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso local convocar al Pleno a una sesión extraordinaria en los términos y plazos previstos en este fallo para que se convoque al actor y le sea tomada su protesta como diputado ante la ausencia de quien fungiera como diputado propietario. NOTIFÍQUESE personalmente al actor; por oficio, con copia certificada de esta sentencia, al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso local; y por estrados, a las demás personas interesadas. Devuélvase los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Así lo resolvieron, por mayoría de votos, los Magistrados y la Magistrada, con el voto particular de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. MAGISTRADO PRESIDENTE ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ MAGISTRADO MAGISTRADA HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS 20

21 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS MARÍA DE LOS ÁNGELES VERA OLVERA VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS A LA SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-346/ Con fundamento en los artículos 193 párrafo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 48 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral, emito voto particular por considerar que lo procedente era reencauzar el presente juicio al Tribunal Local para que conociera y resolviera la controversia planteada por el actor. I. Determinación de la mayoría La resolución aprobada por mayoría establece que esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el juicio indicado al rubro a pesar de que el actor no agotó la instancia local previa. II. Disenso Considero que este juicio era improcedente pues el actor no agotó la instancia jurisdiccional previa, por lo que debió reencauzarse al Tribunal Local, en razón de que: i) el rencauzamiento privilegia el principio de federalismo 9 En la emisión de este voto utilizaré los mismos términos contenidos en el glosario de la Sentencia de la cual forma parte. 21

22 judicial; y ii) no advierto una amenaza seria en el derecho objeto de la controversia. De conformidad con los artículos 99 párrafo cuarto fracción V y 116 párrafo segundo fracción IV inciso l) de la Constitución, 195 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 10 párrafo 1 inciso d) y 80 párrafo 2 de la Ley de Medios, los actos o resoluciones impugnados a través del juicio de la ciudadanía deben ser definitivos y firmes para que proceda dicho juicio. En el caso, el actor controvierte la supuesta omisión del Congreso local de llamarlo a rendir protesta en su carácter de diputado suplente electo, al haberse otorgado una licencia al diputado propietario de la fórmula que integró. En ese sentido, considero que existe una instancia idónea, apta, suficiente y eficaz para controvertir el acto impugnado; pues conforme al artículo 90 de la Ley de Medios Local el Tribunal Local es competente para resolver los juicios contra actos o resoluciones de la autoridad que vulneren el derecho de ser votado de la ciudadanía, por lo que el presente asunto debió ser conocido en primera instancia por el Tribunal Local en la vía señalada, al estar relacionado con la posible vulneración del derecho del actor de ser votado. 22

23 De esta forma se hubiera privilegiado el principio de federalismo judicial 10 y el derecho de acceso a la justicia. Ese principio significa que la función pública de impartir justicia es facultad reservada de las autoridades estatales, con excepción de las expresamente conferidas a los órganos federales en términos del artículo 124 constitucional. Esto permite que la justicia pueda impartirse a las personas de la manera más inmediata y cercana posible mediante la jurisdicción local. El derecho de acceso a la justicia -previsto en el artículo 17 de la Constitución- implica la necesidad de que toda resolución judicial pueda tener al menos (2) dos instancias con el objeto de que haya un mejor análisis de las cuestiones y derechos controvertidos. Así, el respeto al federalismo judicial no solamente deriva de la distribución de competencias establecida en los artículos 116, 122 y 124 constitucionales, sino que garantiza a las partes en mejor manera, su derecho de acceso a la justicia. Ahora bien, para justificar la excepción al principio de definitividad era necesario que procediera el salto de la instancia. Al respecto, la Sala Superior ha establecido como regla de excepción al principio referido -entre otros supuestos- que: i) el agotamiento de las instancias previas signifique 10 Establecido como una base de organización del Estado Mexicano en los artículos 17, 40, 41 base VI, 116 fracción IV inciso l) y 124 de la Constitución. 23

24 una afectación o amenaza seria para los derechos cuya protección se pide -derivada del tiempo de promoción, tramitación y resolución del juicio ordinario-; o ii) los medios de impugnación no sean formal y materialmente eficaces para restituir adecuada y oportunamente a quien promueve en el goce de sus derechos político electorales 11. En el caso, contrario a lo razonado por la mayoría, no advierto una amenaza seria en el derecho objeto de la controversia, porque el agotamiento de la instancia previa no implica una merma considerable o la extinción del contenido de la pretensión del actor, sobre todo tomando en cuenta que era posible reencauzar el presente medio de impugnación a la instancia local señalando al Tribunal Local un plazo para su resolución pronta. Por las razones expuestas, al considerar que era procedente el reencauzamiento del presente medio de impugnación, emito voto particular. MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS MAGISTRADA 11 Esta regla está contenida en la jurisprudencia 9/2001 de rubro DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO. Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13 y