PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA SENTENCIAS QUE CAUSARON ESTADO FECHA EN QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA

Transcripción

1 PODER JUDICIAL DEL ESTADO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA PRIMERA SALA SENTENCIAS QUE CAUSARON ESTADO NÚMERO DE TOCA FECHA EN QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA 939/2014 San Luis Potosí, S.L.P., noviembre 11 once del 2014 dos mil catorce V I S T O, para resolver el Toca número 939/2014, relativo al recurso de apelación interpuesto por la víctima ELIMINADO, en contra de la sentencia condenatoria decretada por la Juez de Primera Instancia de Santa María del Río, San Luis Potosí, en contra ELIMINADO, con fecha 5 cinco de Marzo del 2014 dos mil catorce, dentro del proceso penal número 76/2012; y, R E S U L T A N D O PRIMERO.- El fallo apelado contiene los siguientes puntos resolutivos:... PRIMERO.- Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente caso. Segundo.- ELIMINADO, es plenamente responsable de la comisión del delito ELIMINADO, en agravio ELIMINADO. Tercero.- Por su probada responsabilidad penal se impone a ELIMINADO la pena de cuatro meses y sanción pecuniaria de $ (trescientos ochenta y un pesos 29/100 m.n.). Cuarto.- Se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño cuyo monto se reserva para que se haga valer

2 en ejecución de sentencia. Quinto.- Se concede al sentenciado el beneficio de la suspensión condicional, mediante la cantidad de $5, (cinco mil pesos 00/100 m.n.) siempre y cuando garantice dicha cantidad, así como la sanción pecuniaria que le fue impuesta y que en su oportunidad, una vez que se cuantifique la reparación del daño, la pague, pues de no hacerlo perderá el beneficio de suspensión aquí señalado, pero mientras dicho monto de reparación de daño no esté cuantificado, podrá gozar del beneficio que se le ha otorgado. Sexto.- Se concede a Edgar Hosiel Gutiérrez Acosta, el beneficio de la sustitución de la pena por la cantidad de $ 6, (seis mil quinientos treinta y seis 40/100 m. n) Séptimo.- Quedan suspendidos los derechos o prerrogativas que como ciudadano tenía el hoy sentenciado Edgar Hosiel Gutiérrez Acosta. Octavo.- Amonéstese en privado al sentenciado en los términos de Ley. Noveno.- Con fundamento en el artículo 482 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, una vez que la presente resolución cause ejecutoria, comuníquese de manera inmediata tanto al juez de Ejecución como al responsable del centro de reinserción, enviándoles copia de la sentencia, del auto que la declaró ejecutoriada, de los datos de identificación del sentenciado y demás documentos que sean necesarios, dejando al sentenciado a disposición de la autoridad primeramente citada. Décimo,. Notifíquese, comuníquese, cúmplase y hágase saber a las partes el derecho y término que a Ley concede para

3 recurrid la presente resolución si con ella no fueren conformes; de igual forma notifíquese al ofendido ELIMINADO, los términos en que se ha condenado a ELIMINADO al pago de la reparación del daño, haciéndole saber el término de cinco días para inconformarse con dicha sentencia SEGUNDO.- No conforme con tal determinación, la víctima interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual previa su calificación se admitió en ambos efectos remitiéndose el proceso penal a la Superioridad para la substanciación del recurso. TERCERO.- Recibido en esta Primera Sala del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado el asunto de que se trata, se acordó darle el trámite legal correspondiente celebrándose la audiencia de vista con asistencia del fiscal de la adscripción y del defensor público; se da cuenta del oficio número 183/2014 por el que el ministerio público formula agravios en representación de la víctima, citándose para resolver el presente asunto dentro de la propia audiencia.

4 C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Esta Primera Sala del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90 fracción I y 91 de la Constitución Política del Estado, 3 y 4 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 1 y 5 del Código Penal vigente en el Estado y 14 de la Ley Procesal en vigor. SEGUNDO.- Los agravios expresados por el Fiscal de la Adscripción son del tenor literal siguiente:... ELIMINADO TERCERO.- Los argumentos propuestos como agravios por parte de la representación social, resultan parcialmente fundados pero inoperantes. Debe precisarse en primer lugar, que la resolución que se examina consiste en una sentencia condenatoria decretada en contra de ELIMINADO, por el delito ELIMINADO, en la que previo a dar por acreditado dicho injusto y la responsabilidad penal de aquel en su comisión, se le estimó con un grado de peligrosidad mínimo, imponiéndole la pena de cuatro meses de prisión y sanción pecuniaria de $ trescientos ochenta y un pesos 29/100 m.n., equivalente a siete días de salario mínimo, además de condenarlo al pago de la reparación del daño, cuantificándose su monto en ejecución de sentencia. Dicha determinación fue motivo de inconformidad por la víctima del delito de lesiones, Coronado Edgar Torres, al estimar que la sentencia decretada en contra ELIMINADO le causa perjuicio, para ello, el ministerio público como su representante, expresó agravios circunscribiéndolos en esencia a lo relativo a la pena impuesta al sentenciado de referencia, pues considera que la peligrosidad en que se ubicó al ahora sentenciado es incorrecta y por ende la pena impuesta es muy baja. En lo medular, la apelante estima que el Resolutor no aplicó en forma debida el artículo 59 del Código Penal en vigor, ya que dice, no analizó detenidamente las taxativas que el mismo prevé, tan es así que no menciona los móviles del delito, los daños materiales y causados, el nulo peligro que corrió el encausado, y menos aún señala las

5 consecuencias médico económicas que se le originaron al ofendido, por lo que no puede estimarse que la peligrosidad del sentenciado sea mínima. Debe contestarse a lo anterior, que tal y como lo aduce la exponente de los agravios, el considerando quinto relativo a la individualización de la pena no está debidamente motivado, pues si bien, el Resolutor hizo alusión entre otros al ordinal 59 del Código Penal en vigor; sin embargo, no analizó el total de las taxativas que el mismo menciona, por lo que al no existir reenvió en materia penal, éste Tribunal de Alzada procede a subsanar dicha omisión. Así pues, el citado artículo 59 prevé lo siguiente: El juez, dentro de los límites establecidos por este Código, fijará las penas y las medidas de seguridad que correspondan según su prudente arbitrio y la peligrosidad del infractor, tomando en cuenta: I.- Los antecedentes y condiciones personales del responsable, así como sus usos y costumbres tratándose de una persona perteneciente a grupos étnicos; II.- Los móviles del delito; III.- Los daños materiales y morales causados; IV.- El peligro corrido; V. Las circunstancias que concurrieron en el hecho; y, VI.- Las condiciones personales del ofendido. Sobre lo anterior, tenemos que el A quo hizo alusión a que el aquí sentenciado al momento de la comisión del evento que dio origen a la presente causa, contaba con la edad de 26 veintiséis años, lo cual, como bien se estimó, lo hace una persona con la capacidad para discernir el alcance de sus acciones, pues a ello se aúna el que sabe leer y

6 escribir por haber cursado la instrucción secundaria; por otro lado, existen datos de que es una persona de bien, pues tiene un trabajo lícito en razón de que es operador de maquinaria pesada, percibiendo un ingreso de semanal de $1, mil ochocientos pesos m.n., con lo cual solventa los gastos económicos de cuatro personas, además no ingiere bebidas embriagantes ni drogas o enervantes, y no cuenta con antecedentes penales, lo que deja ver que ha observado buen comportamiento antes del evento que se estudia, y en cuanto a su actuar posterior, el mismo se presume que ha sido bueno en tanto que no se allegó dato alguno por parte del representante social que demostrara lo contrario, aspecto que le resulta benéfico para efectos de su reinserción social. En cuanto al móvil del delito, aduce el A quo que no está demostrado en la especie, empero adversamente a ello, tenemos que el mismo muy probablemente se llevó a cabo en razón de que se desprende que antes de suscitarse la agresión, el ofendido daño la unidad de motor propiedad del activo y éste le pedía que le pagara sus daños, pues incluso así lo menciona en su querella presentada ante el representante social al señalar textualmente que: cuando llego mi esposa ELIMINADO quien intervino para que me dejaran de golpear diciéndoles que cuál era el problema a lo que le contestaron que con el caballo en el que andaba le había machucado la camioneta a OSIEL y fue de la manera en que me dejaron de golpear porque empezaron a dialogar con mi pareja ya que esta les dijo que cuanto era por los daños, quedando en que eran $4, (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.. Lo anterior, claramente deja ver que si existió un motivo de parte del sentenciado para perpetrar la agresión en contra del pasivo, lo cual se traduce en el móvil de la infracción. Respecto a los daños materiales y morales, el A quo indicó que se justificaron los primeros en tanto que ELIMINADO sufrió alteraciones en su salud física, lo cual ciertamente le podría causar erogaciones de gastos médicos; mientras que los daños morales no están demostrados y la representación social no indica de qué manera podrían haberse demostrado.

7 Por lo que hace a la fracción relativa al peligro corrido, se tiene que el ahora sentenciado no corrió peligro alguno, en tanto que no hay dato que nos haga ver que el ofendido se encontraba armado y que por ello podría salir lesionado, al contrario, se aprecia que éste iba en su caballo cuando el aquí encausado lo bajo y lo agredió causándole las lesiones que se describen en la fe ministerial. Tocante a las circunstancias que concurrieron en los hechos, tenemos que éstos acaecieron el día 17 diecisiete de Enero de 2010 dos mil diez, alrededor de las 19:00 diecinueve horas, en la comunidad ELIMINADO San Luis Potosí, cuando el ofendido se encontraba a bordo de su caballo e iba pasando cerca de la tienda de su propiedad, el ahora sentenciado se le acercó y lo bajó estirándolo del brazo para luego comenzar a insultarlo diciéndole que se lo iba a llevar su chingada madre porque le golpeó la camioneta, pegándole un cabezazo en el tabique de la nariz para luego darle puñetazos en la espalda, lo cual hizo que el pasivo se desmayara, provocándole de ésta forma las lesiones que presentó en su humanidad y que fueron descritas en la fe ministerial y clasificadas como aquellas de las que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar en más de quince días. Finalmente, en cuanto a las condiciones personales del ofendido, tenemos que éste contaba con la edad de 44 cuarenta y cuatro años de edad al momento de ser agredido, es casado, empleado general, con instrucción escolar de primaria, lo cual, como lo estimó el A quo, permiten establecer que tiene una condición socioeconómica baja. Sin embargo, debe decirse que, contrario a lo que pretende la recurrente, las anteriores circunstancias tienen que analizarse en forma conjunta sin que unas deban prevalecer más que las otras, como se pretende que se haga al resaltar el hecho de que las lesiones que sufrió el ofendido lo agraviaron al causarle rinitis crónica postraumática, lo cual origina que tenga que practicarse una operación quirúrgica con un costo que afrenta su economía; y que la falta de antecedentes del encausado no destruye la gravedad del ilícito; pues precisamente y como lo aduce la apelante, aquel ordinal es el que regula el arbitrio del A quo, por tanto, se estima que todas aquellas circunstancias en forma integral nos permiten ubicar al sentenciado recurrente con un grado de culpabilidad mínimo.

8 Así pues, la pena que le fue impuesta por el Juez Resolutor consistente en cuatro meses de prisión ordinaria y sanción pecuniaria por $ trescientos ochenta y un pesos 29/100 m.n., resultan justas y legales por encontrarse acordes al grado de culpabilidad que el sentencia reveló y estar dentro de los márgenes que el ordinal 115 párrafo segundo del Código Penal en vigor señala; de ahí que deba el sentenciado compurgar la pena de prisión en el establecimiento que para tal efecto designe el Ejecutivo del Estado, y la sanción pecuniaria otorgarla ante el Juez de la Causa para los efectos legales conducentes. Por no ser motivo de inconformidad las demás cuestiones a que alude el considerando quinto que se analiza, las mismas quedan firmes. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89,90,361, 380, 383 y demás relativos de la Ley Adjetiva Penal en vigor, se resuelve: PRIMERO.- Los argumentos propuestos como agravios por parte de la representación social, resultan parcialmente fundados pero inoperantes. SEGUNDO.- En consecuencia, se confirma el fallo de fecha 5 cinco de Marzo del 2014 dos mil catorce, decretado por la Juez de Primera Instancia de Santa María del Río, San Luis Potosí, en contra ELIMINADO ELIMINADO, ELIMINADO dentro del proceso penal número 76/2012. TERCERO.- Con copia certificada de la presente resolución, devuélvase el original del proceso al Juez del conocimiento y en su oportunidad archívese el Toca. CUARTO.- Notifíquese, comuníquese y cúmplase. A S I, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Señores Magistrados que integran la Primera Sala del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado Licenciada Luz María Enriqueta Cabrero Romero, Licenciado Arturo Morales Silva, Licenciado Luis Fernando Gerardo González, siendo ponente el segundo de los mencionados siendo

9 ponente y Secretaria de Estudio y Cuenta Licenciada Hilda Angélica López Covarrubias, dando fe de lo anterior la Secretaria de Acuerdos Licenciada Laura Patricia Ramírez Mora.