BOLETÍN TRIBUTARIO 183 JURISPRUDENCIA CONSEJO DE ESTADO

Transcripción

1 BOLETÍN TRIBUTARIO 183 JURISPRUDENCIA CONSEJO DE ESTADO 1. DECLARA LA NULIDAD DE LOS APARTES DEMANDADOS DEL OFICIO TRIBUTARIO DE 1 DE OCTUBRE DE 2009, EXPEDIDO POR LA DIAN, CONFORME CON LOS CUALES LAS ASOCIACIONES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTÁN EXENTAS DEL IMPUESTO DE TIMBRE SOLO SI CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS LEGALES PARA SER CONSIDERADAS COMO ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS Al respecto la Sala precisó: Cuando el acto acusado restringe la exención tributaria solo a las asociaciones de universidades públicas que cumplan todos los requisitos para ser entes universitarios autónomos vulnera el artículo 95 de la Ley 489 de Ello, porque, de una parte, según la citada norma, las asociaciones de universidades públicas pueden crearse para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas encomendadas a los entes universitarios autónomos o prestar servicios que también estén a cargo de dichos entes, motivo por el cual no es obligatorio que se creen para cumplir exactamente las mismas funciones que ejercen las universidades públicas. Y, de otra, porque según el condicionamiento para la exequibilidad del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, todas las asociaciones de universidades públicas gozan de las mismas prerrogativas de las universidades públicas que las conforman. Como consecuencia de la nulidad de los apartes acusados, el oficio demandado quedaría de la siguiente manera: En este orden de ideas, se colige de derecho que solo se consideran excluidos del impuesto de timbre los entes universitarios autónomos en los términos definidos por el legislador mediante Ley 30 de 1992 y la persona jurídica sin ánimo de lucro de naturaleza especial creada por el acuerdo de un grupo de

2 universidades públicas. (Sentencia del 7 de noviembre de 2012, expediente 18438). 2. DEDUCCIÓN DE LA CARTERA PERDIDA O SIN VALOR Para poder solicitar la deducción de la cartera perdida o sin valor, por ser imposible su recuperación, debe demostrarse no sólo la existencia de la cartera y los requisitos generales (artículo 146 del E.T. - artículos 79 y 80 del Decreto 187 de 1975), sino, además, la realización de diligencias orientadas a su recuperación y la existencia de razones para considerarla como perdida. El referido artículo 79 no es taxativo respecto de las gestiones que se deben realizar para acreditar la existencia de deudas manifiestamente perdidas, sino que, como la norma se remite a pautas determinadas por la sana práctica comercial y dado el amplio margen de apreciación que otorga la norma, puede acudirse, por ejemplo, a los informes de los abogados en los que se aconseje la baja de la obligación por no ser viable su cobro, a la demostración de la insolvencia de los deudores o acreditar la especificidad de las gestiones realizadas para lograr el cobro de las obligaciones, ente otros. (Sentencia del 7 de noviembre de 2012, expediente 16964). 3. NIEGA NULIDAD DE LOS NUMERALES 7 Y 9 DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2007, EXPEDIDO POR EL GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA - REAJUSTE DEL VALOR DE LA ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Las normas acusadas lo que hacen es reajustar la tarifa del tributo departamental creado por el legislador en ejercicio de su poder tributario originario, y configurado en el marco de la obligación tributaria sustancial que surge por la realización del hecho generador de aquel, sobre el cual el actor no presentó ningún reparo. (Sentencia del 7 de noviembre de 2012, expediente 18414). 4. LA DECISIÓN FAVORABLE DEL JUEZ CONTENCIOSO SÓLO PUEDE SUJETARSE A LA EVIDENCIA PERSONALIZADA DE LAS PRUEBAS EXISTENTES POR VALORACIÓN DIRECTA

3 El envío incompleto de los antecedentes administrativos no puede invalidar por sí solo a las decisiones administrativas demandadas, ni revestir de certeza a las afirmaciones de los cargos de nulidad, como tampoco determina la decisión favorable del juez contencioso, la cual, se reitera, sólo puede sujetarse a la evidencia personalizada de las pruebas existentes por valoración directa. (Sentencia del 7 de noviembre de 2012). 5. EL PROCESO DE DETERMINACIÓN OFICIAL Y EL PROCESO SANCIONATORIO SON AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES Sin embargo, es importante señalar que los resultados del primero inciden en el segundo, ya que para que proceda la sanción es necesario que la liquidación de revisión haya sido notificada al contribuyente, pero si ésta es demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la sentencia definitiva será la que en últimas defina si los actos sancionatorios mantienen o no la presunción de legalidad. (Sentencia del 1 de noviembre de 2012, expediente 17956). 6. NIEGA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN EXTERNA No. 13 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2000, PROFERIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, EN CUANTO ESTABLECIÓ LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR DIARIAMENTE EL VALOR EN PESOS DE LA UNIDAD DE VALOR REAL UVR Frente al tema la Sala recalcó: La fórmula que utiliza la metodología de cálculo del valor en pesos de la UVR es la idónea para establecer el valor diario de la unidad, porque lo que hace es descomponerla geométricamente para actualizarla, no para capitalizarla, como erróneamente concluyó el dictamen pericial por el hecho de que la citada fórmula haya utilizado una función geométrica. De acuerdo con lo anterior, se encuentra ajustada a derecho la metodología establecida por la Junta Directiva del Banco de la República para determinar el valor en pesos de la UVR. (Sentencia del 23 de agosto de 2012, expedientes y acumulados).

4 7. NIEGA NULIDAD DEL INCISO 1º DEL ARTÍCULO 11 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 1000 DEL 8 DE ABRIL DE 1997, MEDIANTE EL CUAL SE REGLAMENTÓ PARCIALMENTE EL PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS La Sala puntualizó: La norma acusada estableció que la solicitud de devolución o compensación por pagos en exceso, prescribe en el mismo plazo de la acción ejecutiva contemplada en el artículo 2536 Código Civil y no el de la acción ordinaria. Si se considera la solicitud de devolución o compensación de pagos de impuestos en exceso, una acción ejecutiva, es válida la remisión que hace el decreto reglamentario acusado a la regla general de prescripción del Código Civil precisamente para este tipo de acciones, la cual es hoy de cinco (5) años. Se concluye, en consecuencia, que el inciso primero del artículo 11 del Decreto de 1997 no excedió la potestad reglamentaria del Presidente de la República, prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. (Sentencia del 9 de agosto de 2012, expediente 18301). 8. NIEGA NULIDAD DEL ARTÍCULO 63 DE LA ORDENANZA No. 10 DE 2007, EXPEDIDA POR LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, Y DE LA RESOLUCIÓN No. 033 DE 2008, EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO Teniendo en cuenta que el Secretario de Hacienda Departamental, en la Resolución No. 033 de 2008, declaró como agente retenedor del recaudo de las Estampillas Pro-Desarrollo Fronterizo a las empresas de transporte público de pasajeros vía terrestre, que salgan del Departamento de Norte de Santander, es claro que este acto administrativo fue expedido de acuerdo con las facultades otorgadas por la Asamblea Departamental en el artículo 63 de la Ordenanza No. 10 de El Decreto 2277 del 6 de noviembre de 2012 derogó el Decreto 1000 de 1997

5 Es importante precisar que en el presente caso no es aplicable el parágrafo 1º 2 del artículo 203 del Decreto 640 de , puesto que el recaudo que deben hacer las empresas de transporte interdepartamental no se deriva de la realización de un convenio o contrato, sino que aquel se deriva de su calidad de agente de retención, que fue establecida en una ordenanza departamental e implementada en una resolución administrativa. En ese orden de ideas, resulta procedente que la Asamblea de Norte de Santander facultara al Secretario de Hacienda Departamental para que estableciera a las empresas de transporte interdepartamental como agentes de retención de la estampilla prodesarrollo fronterizo. (Sentencia del 2 de agosto de 2012, expediente 18657). SÍGUENOS EN TWITTER FAO 27 de noviembre de Parágrafo 1º. Autorícese al Gobernador del Departamento para que celebre convenios o contratos con entidades públicas y privadas con el fin de recaudar el cobro de la estampilla pro-desarrollo fronterizo. 3 Por el cual se compilan y adaptan las normas de carácter tributario que rigen para el Departamento de Norte de Santander