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http://www.elboletin.com/index.php?noticia=57053&name=nacional EL BOLETIN Nacional La Ley de Costas se suaviza para el ladrillo E.B. La Ley de Costas aprobada en 1.988 para proteger el entorno natural, sufrirá su primera reforma tras 24 años en vigor. Entre otras cuestiones, se prevé que las nuevas modificaciones ampliarán las concesiones a las viviendas construidas sobre las playas y facilitará la privatización de terrenos degradados. La reforma ha despertado opiniones encontradas. Los ecologistas han mostrado su oposición a las nuevas medidas, pero tampoco los expertos en urbanismo están contentos. Por su parte, quienes sí se muestran a favor de las modificaciones son los propietarios de construcciones en primera línea de playa. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/12/actualidad/1342095264_015305.h tml DIARIO EL PAIS SOCIEDAD La Ley de Costas cambia 24 años después El Gobierno estudia mañana el borrador de la reforma legal que alarga las concesiones a las viviendas en la playa Greenpeace critica "la amnistía" a casas construidas en dominio públicola Ley de Costas, una de las principales y más duraderas leyes de protección natural, la norma que intentó salvaguardar al menos la playa del ladrillo, está a punto de sufrir su primera reforma de calado. El Consejo de Ministros estudiará mañana el borrador diseñado para modificar la ley, que fue aprobada en 1988 tras una polémica tramitación. Previsiblemente, la reforma alargará las concesiones a las casas construidas sobre la arena, permitirá

nuevos usos en el litoral y faciltará los trámites para privatizar terrenos degradados. El cambio ha levantado a los ecologistas pero también a expertos en urbanismo. En cambio, los propietarios de viviendas en primera línea esperan ansiosos un nuevo marco legislativo que acabe con sus problemas legales. En la presentación de su informe anual sobre la destrucción del litoral, Greenpeace ha criticado hoy "la amnistía" que prepara el ministro de Medio Ambiente a las viviendas construidas en la playa. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria no impide que lo ya construido dañe gravemente el litoral, según Greenpeace. La ONG señala que cada año hay que invertir 100 millones de euros en "actuaciones como regeneración de playas, dragados, espigones y reconstrucción de paseos marítimos", lo que califica como "parches que podrían evitarse con una política de gestión integral de la costa". Greenpeace ha elegido ejemplos sobre lo que aporta una costa bien conservada, desde el buceo en la isla de El Hierro, el litoral de Doñana o la Albufera de Valencia. Pero, según estos, el Gobierno va en la dirección contraria que su reforma de la ley que "parece obedecer a un anhelo de contentar a aquellos que permitieron determinadas barbaridades en el litoral". "Nos tememos que el nuevo texto de la Ley de Costas significará un retroceso en la conservación del litoral", declaró Pilar Marcos, responsable de Costas en Greenpeace. "Nos tememos que el nuevo texto significará un retroceso en la conservación del litoral", dice Greenpeace El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero la "muy profunda" reforma de la ley. Cañete sí ha insistido en que no tolerará ningún Algarrobico, que ha achacado una y otra vez a la gestión socialista. No parece que la reforma vaya tanto en la línea de facilitar la construcción en primera línea, pero sí en la de suavizar las condiciones que imponía la ley a lo ya construido en dominio público. La norma daba un plazo de 30 años (ampliables a 60) de concesión para mantener las casas construidas legalmente sobre la arena antes de su entrada en vigor. La declaración de dominio público establecida en 1988 supone una "muy singular forma de expropiación", como la definió el Tribunal Constitucional en 1991, en la sentencia en la que avaló la mayor parte de la norma. Los terrenos pasan a ser propiedad del Estado, pero este no paga dinero a los dueños. La compensación es una concesión por 30 o 60 años para mantener allí la actividad existente. Pero no pueden vender el suelo ni construir. Así que a partir de 2018 empezarán a caducar con lo que el Estado podría derribar miles de viviendas sin indemnización. Al acercarse la fecha, y al

sumarse colectivos de extranjeros afectados, ha crecido la presión para modificar la ley -que el PP apenas tocó en los ocho años del Gobierno de Aznar y que el PSOE modificó puntualmente a través de otras leyes-. Una de las cosas que hará la ley, según ha anunciado Cañete, es ampliar las concesiones, que podrían acercarse a los 75 años que otorga el Estado en otras legislaciones. A cambio, los propietarios deberían pagar un pequeño canon, del que ahora están exentos. Además, se facilitará el trámite de la desafectación -el que permite privatizar el dominio público marítimo-terrestre- y se aplicará a casos en los que el litoral esté degradado. Los afectados por la ley han pedido en reiteradas ocasiones al Ejecutivo que suavice la definición de dominio público, que hasta ahora incluye criterios geográficos, como la arena o el lugar al que llegan los mayores temporales conocidos. Eso hace que sean dominio público terrenos incluso 4,8 kilómetros tierra adentro, como ocurre con las dunas en el Parque Nacional de Doñana. La ley también flexibilizará las condiciones de los chiringuitos de playa, una bandera del PP, especialmente en Andalucía, y que actualmente no pueden tener más de 150 metros cuadrados. Ya hay quien planea uno de mil metros que espera que pueda funcionar gracias al cambio. El objetivo declarado del Gobierno es facilitar el turismo, la actividad económica en la costa. El plan integral del Turismo, del Ministerio de Industria, incluye "introducir la perspectiva de turismo" en la Ley de Costas. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/12/actualidad/1342122037_296374.h tml DIARIO EL PAIS Más permiso para ocupar el litoral Medio Ambiente alargará las concesiones a las casas construidas en la playa hasta los 75 años La reforma de la Ley de Costas suaviza la norma en las playas urbanas La Ley de Costas cambia 24 años después Rafael Méndez Madrid12 JUL 2012-22:26 CET148 La Ley de Costas, uno de los pilares de la protección ambiental, está a punto de sufrir su primera gran reforma desde que entró en vigor, en 1988. El Consejo de Ministros tiene previsto analizar este viernes el anteproyecto elaborado por el

Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete. Según ha podido saber este diario, la norma alarga las concesiones a las viviendas construidas en la playa desde los 30 años actuales que en algunos casos podían llegar a 60 hasta 75, y autorizará la compraventa. Además, permite en las rías reducir la protección de 100 a 20 metros, obliga a la Administración a llevar el deslinde al Registro de la Propiedad, y distingue entre playas naturales y urbanas, en las que la regulación será más flexible. En general, supone una flexibilización de la norma para lo ya construido y facilita nuevos usos en la playa. Arias Cañete, que es abogado del Estado, presume de conocer de primera mano cómo se hacen los deslindes de Costas y sus deficiencias. El ministro ha emprendido una reforma integral de la legislación ambiental y su primer anuncio en Medio Ambiente, en enero pasado, fue la muy profunda reforma de la Ley de Costas. En las rías, la protección se podrá reducir de 100 metros a 20 La reforma busca promover una efectiva protección del litoral, así como el uso sostenible del mismo, pero, como ha declarado Medio Ambiente, eso debe ser compatible con el impulso de la actividad económica y la generación de empleo, siempre que sea plenamente respetuosa con la integridad y conservación del dominio público marítimo-terrestre. Para ello, el Gobierno ha preparado un texto con dos artículos, seis disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y tres finales. La Ley de Costas, aprobada en 1988 bajo una enorme polémica, aspiraba a liberar la playa de hormigón en 60 años y salvar lo mucho que aún quedaba entonces de playa virgen. La norma impedía construir sobre la arena, el dominio público marítimo-terrestre. Las casas construidas legalmente en primera línea antes de la entrada en vigor de la norma pasaban a ser propiedad del Estado. Pero en vez de expropiar e indemnizar algo que habría sido imposible en los 8.000 kilómetros de litoral, los propietarios recibían una concesión de uso por 30 años, ampliables a 60 en algunos casos, sin pagar

canon. Los propietarios no podían vender las concesiones. El Tribunal Constitucional avaló en 1991 esta muy singular forma de expropiación, como la definió. Medio Ambiente esgrime que da seguridad jurídica a los propietarios En 2018 se cumplen los 30 años, con lo que el Estado podría comenzar entonces a recuperar propiedades y a derribarlas sin indemnización. Incluso ahora mismo rescatar las concesiones es extremadamente barato, puesto que solo hay que pagar por los años que quedan. Al acercarse el plazo, que un día pareció inalcanzable, crece la presión de los dueños de inmuebles en la playa. La norma ha generado enormes polémicas en todo el litoral. Además, las embajadas de Alemania y Reino Unido, entre otras, han presionado a España porque afectaba a muchos de sus ciudadanos que compraron chalés en primera línea. El Gobierno considera que la ley y su aplicación no ha dado garantías a los propietarios, y con la reforma pretende incrementar la seguridad jurídica de los titulares de derechos presentes y futuros en relación con las costas. Para ello, Medio Ambiente ha optado por ampliar el plazo máximo de las concesiones hasta los 75 años, que se empezarán a cumplir en 2063. Esgrime que ese es el plazo que fijan otras leyes para concesiones, como la de Aguas y la de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además, las concesiones se podrán vender, algo que ya intentó el Gobierno del PSOE pero cuya reforma encalló en el Congreso. Así, Medio Ambiente pospone el problema. Hay afectados que denuncian que compraron una casa en la playa después de la ley sin que el registro ni el notario les avisaran de que estaba en dominio público, donde no puede haber propiedad privada sino concesiones. La norma obligará a la Administración a incluir en la web del ministerio y en el Registro de la Propiedad el deslinde, la línea que delimita la parte pública y la privada de la playa, y que hasta ahora tiene efecto con solo publicarla en el Boletín Oficial del Estado. Costas no ha llevado al registro la inmensa mayoría de los

deslindes. La duda está en que según cómo quede el texto y cómo se aplique puede suponer, de facto, que quienes tienen una casa en dominio público se libren de la Ley de Costas. Y eso pese a que la Constitución señala que son bienes de dominio público estatal (...) en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial. La reforma incluye novedades como que en las rías podrá reducirse excepcionalmente la servidumbre de protección desde los 100 metros a los 20. En Galicia, la Ley de Costas ha generado muchos problemas por los núcleos rurales aislados, que no tenían la consideración de suelo urbano en la ley. Este cambio puede solucionar parte de ellos al rebajar la protección en esa franja. Medio Ambiente se compromete a publicar un desarrollo reglamentario posterior a la ley sobre la utilización de playas. Allí establecerá un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas con suelos urbanizados) y las playas naturales. Previsiblemente en las playas urbanas los requisitos y los usos permitidos serán mucho más flexibles que en las naturales. El PP ha hecho bandera de la defensa de los chiringuitos, porque con la norma actual tienen restringida su superficie a 150 metros cuadrados. Con el cambio, previsiblemente se facilitarán las instalaciones en la costa. Los socialistas de Gandía (Valencia), por ejemplo, ha denunciado que un empresario ya planea un chiringuito de 987,63 metros cuadrados y que confía en la reforma para levantarlo el verano que viene. http://noticias.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/lamala-gestion-de-la-costa-le-cuesta-a-espana-mas-de-100-millones-de-euros-alano-segun-greenpeace_ykglk2ukpburmoyoj2v7z/ DIARIO LA INFORMACION vivienda y planificación urbana La mala gestión de la costa le cuesta a españa más de 100 millones de euros al año, según greenpeace

12/07/201213:36 lainformacion.com La deficiente gestión que se lleva a cabo de las costas españolas le supone al Estado un coste de más de 100 millones de euros cada año, según concluye Greenpeace en la duodécima edición de su informe 'Destrucción a toda costa 2012'. El documento, presentado este jueves en rueda de prensa, realiza, a través de varios ejemplos, un análisis económico y ambiental de la actual gestión costera y de las consecuencias de la inminente reforma de la Ley de Costas. Según explicó Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, la organización ha comprobado cómo la mala gestión costera (con actuaciones como regeneración de playas, dragados, espigones y reconstrucción de paseos marítimos) supone un derroche constante de dinero público de 100 millones de euros anuales en "parches", que podría evitarse con una política de gestión integral de la costa. Por otro lado, Greenpeace recuerda que España se enfrenta a tres procedimientos de la Unión Europea por contaminación de las aguas costeras, que pueden acabar en una multa de 100 millones de euros. En su informe, la organización deja constancia de que, además, la política actual de costas no está teniendo en cuenta la amenaza del cambio climático. Una de las principales conclusiones del análisis es que, por lo general, al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida del capital natural. Marcos indicó que actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros o el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. El estudio subraya que la mala gestión también se traduce en pérdidas. Así, Naciones Unidas estima que en España se ha perdido, debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras, un 50% de los beneficios económicos y ambientales de la costa (pesca, turismo u otras actividades) y con ellos la capacidad del desarrollo económico futuro. Por comunidades autónomas, los casos analizados más representativos son, por ejemplo, el gasto de 852 millones de euros al que tendrá que hacer frente Galicia debido al cambio climático, o los 38,5 millones que cuesta "esconder" los lodos

contaminados de Fertiberia (Huelva). Regenerar las playas de Barcelona costó en cuatro años (2008-2011) 33 millones de euros, y en la Comunidad Valenciana 125 millones en tres años (2009-2011). "Un mes duró el millón de euros de playa regenerada en Blanes (Girona), que literalmente se va al mar en cada temporal de invierno", señaló la responsable de Costas de Greenpeace. La gestión de la contaminación de las rías gallegas supone una factura de 346 millones de euros y derribar 663 viviendas ilegales en Cantabria le cuesta al Estado en torno a 243 millones. Según la organización ecologista, el mayor perjudicado de esta política es el turismo, con un modelo con exceso de alojamientos, carga ambiental y menores ingresos. El informe desvela que entre 115 destinos turísticos mundiales, la Costa Brava (Cataluña), las islas Baleares y las Canarias aparecen en los últimos puestos en valoración de excelencia. De esos 115, la Costa del Sol (Andalucía) ocupa el último lugar por falta de atractivo estético y su escasa calidad ambiental. "Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que lo que no sea sostenible medioambientalmente no será útil económicamente, qué mejor ejemplo puede darnos que invertir en conservar y en hacer una gestión sostenible del litoral y, con ello, de toda la economía asociada, como el turismo, la pesca o la agricultura", declaró Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. Rodríguez insistió en que "España no podrá salir de la crisis si continúa su huida hacia delante, apostando por el ladrillo y reformando la Ley de Costas". "Es un suicidio económico", apostilló. Una de las soluciones que propone la organización ecologista para revertir las pérdidas, e incluso obtener mayores beneficios, es realizar una inversión estimada en 5.000 millones de euros en la recuperación del litoral (el 3% de lo que se genera cada año sólo en turismo costero), vinculando éste a la sostenibilidad. Considera que con esta cantidad se respetaría y aumentaría el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de protección (que implica el derribo de construcciones ilegales), se restaurarían zonas de alto valor ambiental y

económico (marismas, espacios naturales protegidos de la costa, dunas, acantilados, humedales, etc) y se comprarían terrenos costeros para su protección. Greenpeace reclama en el informe una profunda reflexión en torno a cuál debe ser el modelo de futuro en la costa española. Sin embargo, puntualiza, el planteamiento del actual Gobierno en la próxima reforma de la Ley de Costas parece obedecer a "un anhelo de contentar a aquellos que permitieron determinadas barbaridades" en el litoral con reformas "a la carta" de dicha normativa. En opinión de la organización, en la nueva reforma se debe desarrollar una Estrategia de Gestión Integrada de la Costa, en concordancia con las políticas internacionales. "Es necesario abordar un sistema impositivo, o fiscalidad ambiental, para las actividades que más destruyen el litoral o la imposición de una ecotasa para la industria turística", añade. http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/4115076/07/12/el-gobiernoaprueba-manana-la-subida-del-iva-los-recortes-a-los-funcionarios-y-lareforma-de-la-administracion-local.html Jueves, 12 de Julio de 2012 Actualizado a las 21:57 El Gobierno aprueba mañana la subida del IVA, los recortes a los funcionarios y la reforma de la Administración Local 12/07/2012-21:57 El Consejo se Ministros también estudiará este viernes los cambios en la Ley de Dependencia y la Ley de Costas MADRID, 12 (EUROPA PRESS) El Consejo de Ministros aprobará mañana el grueso de las medidas que anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la subida del IVA, un incremento de la imposición del tabaco, los recortes a los funcionarios, el anteproyecto de reforma de la Administración Local, los cambios en la Ley de

Dependencia y un informe sobre la reforma de la Ley de Costas, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales. Así, el Ejecutivo aprobará una subida de la tasa general de IVA tres puntos, hasta el 21 por ciento, y dos puntos la tasa reducida (del 8 al 10 por ciento), aunque mantendrá la superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, en el 4 por ciento. Se prevé que el Gobierno ofrezca datos de cuánto se espera recaudar con esta medida, si bien cada punto de subida en la tasa general supone algo más de 1.000 millones de euros. La pretensión del Ejecutivo es que esta medida entre en vigor con carácter inmediato. Además, el Consejo de Ministros dará luz verde este viernes a una subida de la imposición del tabaco dentro de la imposición indirecta. CAMBIOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Además, el decreto ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros incluirá los cambios en la función pública, con la supresión de la paga extraordinaria de Navidad para los empleados públicos de todas las Administraciones, que será compensada a partir de 2015 a través de un fondo de pensiones. En ese mismo decreto se recogerá una rebaja del 7,1 por ciento del sueldo para los miembros del Gobierno, en la parte proporcional a la paga extra de Navidad que van a dejar de percibir todos los funcionarios. También se reducirá la pensión que reciben los expresidentes del Gobierno en la parte equivalente a la paga extra de los funcionarios, una medida que también se aplicará a los exministros, que cobran una 'pensión indemnizatoria' al finalizar su mandato por un máximo de dos años. Eso sí, la norma del Gobierno hará incompatible el cobro de esa indemnización de exalto cargo con cualquier otro sueldo, una medida que podría afectar a varios miembros del gabinete de Zapatero como Alfredo Pérez Rubalcaba, José

Blanco, Francisco Caamaño, Antonio Camacho, Trinidad Jiménez, Valeriano Gómez, Ramón Jauregui o Manuel Chaves. Aparte de quitar esta paga extra, el decreto ley reducirá los moscosos y ajustará el número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley. Previsiblemente el Congreso de los Diputados convalidará todas estas medidas la última semana de julio. PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Además se aprobarán este viernes las restricciones del subsidio de desempleo. Rajoy ha decidido recortar los gastos y acatar las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá del 60% al 50% de la base reguladora a los nuevos preceptores a partir del sexto mes. Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%. En materia laboral, el Gobierno ha decidido ir más allá y exigirá haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI) y suprimirá muchas bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores. REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Además, el Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley para reformar la Ley de Bases de Régimen Local, una norma que limitará las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, exigirá unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas y potenciará las diputaciones provinciales. Con esta reforma el Gobierno pretende ahorrar unos 3.500 millones de euros. Sólo con la eliminación de las mancomunidades se prevé ahorrar alrededor de 700 millones de euros, han informado fuentes gubernamentales.

Con la reforma de la administración local los interventores municipales pasarán a depender del Ministerio de Hacienda y no podrán ser así revocados por los ayuntamientos, una medida con la que se busca dotar de independencia a esta figura encargada de fiscalizar la gestión y la contabilidad municipal. Además, asumirán responsabilidades por su gestión. El presidente del Gobierno anunció en el Congreso que esta reforma supondrá una reducción de un 30 por ciento del número de concejales; actualmente es de 68.286, por lo que se reducirá en unos 20.400. La nueva cifra que elegirán los ciudadanos en las urnas se aplicarán en las próximas elecciones municipales. LEY DE DEPENDENCIA Y LEY DE COSTAS El Consejo de Ministros también aprobará este viernes cambios en la Ley de Dependencia. Se trata de hacer una "nueva ordenación del sistema" para asegurar su "viabilidad", en palabras de la ministra Ana Mato. En esta reforma se revisará y simplificará el proceso de valoración para conseguir que ante situaciones similares de dependencia se dé la misma respuesta en toda España. Además, el Gobierno estudiará este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que supondrá una clarificación del concepto del dominio público marítimoterrestre, han indicado fuentes del Ejecutivo. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero una reforma "profunda" de la Ley de Costas y señaló que el objetivo era aprobar un nuevo régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre dirigido a conciliar "la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público". UN FONDO PARA ALIVIAR LOS VENCIMIENTOS DE DEUDA DE LAS CC.AA. Asimismo, el Gobierno creará este viernes un fondo para financiar los vencimientos de las comunidades autónomas y concretará así el mecanismo en

el que lleva meses trabajando para aliviar los problemas de financiación de las regiones, según ha avanzado el ministro Cristóbal Montoro tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha puntualizado que no será para todas las regiones. Este instrumento se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros que se celebrará mañana, en el que también se dará luz verde a algunas de las medidas de ajuste anunciadas esta semana. Este fondo atenderá los vencimientos de las comunidades que no puedan afrontarlos por sí mismas, aunque se usará de manera "excepcional" y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario. ANTES UN CONSEJO DE MINISTROS DELIBERANTE Antes de que se aprueben todas estas medidas está previsto que el Rey presida en el Palacio de la Zarzuela una reunión deliberante del Consejo de Ministros, en el que los responsables de cada departamento le informarán de los asuntos de Estado que les competen. Será la primera ocasión de la legislatura actual en la que Don Juan Carlos convoca una sesión de este órgano, denominado así porque no toma decisiones ejecutivas. El 9 de mayo de 2008 fue la última vez que tuvo lugar un Consejo de Ministros deliberante bajo la presidencia del Rey, en el participaron todos los ministros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El artículo 62 de la Constitución establece que corresponde al Rey "ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno". http://www.levante-emv.com/espana/2012/07/12/gobierno-aprobar-viernes-leycostas/920248.html?utm_medium=rss

LEVANTE EMV Reformas El Gobierno podría aprobar el viernes la Ley de Costas El ministerio de Agricultura presentará un anteproyecto para conciliar la protección del litoral y el sector turístico Edificios que serían protegidos con la nueva ley de costas Archivo Greenpeace denuncia la mala gestión costera EP/ MADRIDEl Consejo de Ministros estudiará previsiblemente este viernes el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas, que supondrá una clarificación del concepto del dominio público marítimo-terrestre, según han informado fuentes gubernamentales. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en enero una reforma "profunda" de la Ley de Costas y señaló que el objetivo era aprobar un nuevo régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre dirigido a conciliar "la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público". "España cuenta con una importante longitud de costa (más de 10.000 kilómetros), sometida a una fuerte presión demográfica y turística, entre otros factores. Ello, junto a la fragilidad física del litoral, determina la necesidad de establecer un régimen de protección", argumentó. Del mismo modo, destacó que el litoral español es "parte muy importante la riqueza económica y medioambiental" del país y que, por ello, el Ministerio pondría en valor el conjunto de playas y costas de España. Asó, explicó que la idea de su departamento era que la potencialización del litoral español es "plenamente compatible" con el crecimiento económico, la generación de empleo y con la contribución a la salida de la crisis. En este sentido, Arias Cañete señaló que se harían análisis "muy rigurosos" de los diferentes usos en el mar territorial para armonizar el desarrollo de cuantas actividades contribuyan a generar crecimiento económico, siempre con una decidida protección de los recursos naturales marinos, protección a la que no vamos a renunciar. Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, señaló el pasado mes de junio que la reforma de la Ley de Costas es un

texto en que la "primera y primordial" función es la protección del litoral, "no su desprotección". Plan nacional de reformas Además, en el Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo envió a Bruselas el pasado mes de mayo, precisaba que la norma flexibilizará los usos en servidumbre de protección, al tiempo que clarificará el régimen sancionador y la tipificación de infracciones. A su vez, El Ejecutivo aseguraba que el texto actuará sobre el régimen de compensaciones por la pérdida de propiedades y otros títulos y se mejora la coordinación y cooperación entre las administraciones públicas con competencias sobre el litoral. Además, señalaba que garantizará el acceso a la información sobre la situación de los bienes y derechos en el dominio público marítimo terrestre. http://www.rtve.es/noticias/20120713/gobierno-aprobara-nuevos-recortescambios-ley-dependencia-ley-costas/545879.shtml RTVE.ES El Gobierno aprobará nuevos recortes y cambios en la Ley de Dependencia y Ley de Costas El Rey Don Juan Carlos será informado en una sesión deliberante Se aprueba la subida del IVA y la supresión de la extra de navidad a funcionarios Las prestaciones del paro se reducirán un 10% a partir del séptimo mes Se afronta la reforma de la administración local, ley de dependencia y de costas Los grupos de la oposición critican la subida del IVA y los recortes Noticias relacionadas Los recortes del Gobierno prolongarán la recesión, según la mayoría de los analistas Preguntas y respuestas sobre la subida del IVA en 2012

Reforma del sector público: menos concejales, menos días moscosos y sin paga de Navidad El Gobierno recorta la prestación por desempleo a partir del séptimo mes del 60% al 50% de la base Sanidad reformará la Ley de Dependencia y revisará el copago en estos casos El Gobierno reducirá un 15% la paga de los cuidadores familiares de dependientes Sitios web relacionados Especial el IVA en Europa RTVE.es / Europa Press 13.07.2012-02:10h El Consejo de Ministros aprobará este viernes el grueso de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que adelantó este miércoles en el Congreso de los Diputados la subida del IVA, un incremento de la imposición del tabaco, la supresión de la paga extra de navidad a los funcionarios. Unos recortes muy criticados por los consumidores, el sector turístico y los sindicatos, que ya han anunciado movilizaciones para el 19 de julio. Además, el Consejo de Ministros adoptará el anteproyecto de reforma de la Administración Local, los cambios en la Ley de Dependencia y un informe sobre la reforma de la Ley de Costas, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales. Así, el Ejecutivo aprobará una subida del IVA, de tres puntos en su tasa general (del 18 al 21%), y de dos puntos en la tasa reducida (del 8 al 10%). La tasa superreducida, que grava los bienes de primera necesidad, se mantendrá en el 4%. Rajoy anuncia una subida del IVA del 18 al 21% Una subida que entrará en vigor con carácter inmediato y que permitirá recaudar algo más de 1.000 millones de euros por cada punto aumentado en

este impuesto. No obstante, se espera que el Gobierno ofrezca datos estimados de la recaudación que se espera con esta medida. Cambios en la Función Pública El decreto ley que se aprobará este viernes también afecta a los empleados públicos de todas las administraciones debido a la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, que será compensada a partir de 2015 a través de un fondo de pensiones. Un recorte que ya ha provocado las primeras protestas de los funcionarios ante la sede del Partido Popular en la Calle Génova de Madrid y ante el Congreso de los Diputados. Rajoy quita una paga extraordinaria a los empleados públicos Proporcionalmente a la supresión de la paga extra de los funcionarios, los miembros del Gobierno verán su sueldo reducido un 7,1% al igual que se rebajará la pensión de los expresidentes y los exministros, que cobran una 'indemnizatoria al finalizar su mandato por un máximo de dos años. Por primera vez, el cobro de esta indemnización como exalto cargo se hace incompatibles con cualquier otro sueldo, lo que afecta a varios miembros del anterior gobierno socialista como Alfredo Pérez Rubalcaba, José Blanco, Francisco Caamaño, Antonio Camacho, Trinidad Jiménez, Valeriano Gómez, Ramón Jauregui o Manuel Chaves. El decreto ley que se convalidará en la cámara baja durante la última semana de julio, también reduce los días moscosos de los funcionarios y ajusta el número de liberados sindicales a lo estrictamente dispuesto en la ley. Prestación por desempleo El Gobierno ha acatado también las recomendaciones de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las prestaciones por desempleo, que reducirá la base reguladora del 60% al 50% a los nuevos perceptores del paro a partir del séptimo mes. Durante los primeros seis meses, los parados seguirán cobrando el 70% del último salario percibido.

En materia laboral, el Gobierno exige ahora haber trabajado previamente para acceder a la Renta Activa de Inserción (RAI), una ayuda extraordinaria para personas en necesidad económica y graves dificultades para encontrar trabajo (Emigrantes retornados y parados de larga duración mayores de 45 años, víctimas de violencia de género, personas con una discapacidad igual y superior al 33%). Además, se suprimirán las bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato de emprendedores. Reforma de la Administración Local Este viernes también se aprobará la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, una norma que potencia las diputaciones provinciales al tiempo que limita las competencias de los ayuntamientos y exige unos mínimos de eficiencia para desarrollarlas. Tal y como anunció este miércoles Rajoy, se suprimirá el 30% de los puestos de concejal. Pasarán de 68.286 a 20.400. Una cifra que se aplicará en las próximas elecciones municipales. Además, la figura del interventor municipal, encargado de fiscalizar la gestión y la contabilidad del ayuntamiento, pasa a depender del Ministerio de Hacienda y asume responsabilidades por su gestión. Esta reordenación pretende ahorrar unos 3.500 millones de euros. Según fuentes gubernamentales, sólo con la supresión de las mancomunidades se prevé un ahorro de alrededor de 700 millones de euros. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro anunció este jueves, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la creación de un fondo de financiación para aliviar los vencimientos de deuda de algunas Comunidades Autónomas. Un fondo al que se dará luz verde este viernes y que se usará de manera excepcional por las comunidades que no puedan afrontar su deuda. Como contrapartida, a estas regiones se les exigirá ajustes para sanear su presupuesto.

Ley de Dependencia y Ley de Costas La ley de dependencia también sufre una nueva ordenación para, en palabras de la titular de Sanidad, Ana Mato, asegurar su "viabilidad". Una reforma, que revisará y simplificará el proceso de valoración para dar la misma respuesta en toda Espana ante situaciones similares de dependencia; pero que también, baja la paga de los cuidadores familiares un 15%, a los que el Gobierno exigirá unos conocimientos mínimos para recibir esta asignación. La ley de Costas también se revisará en este Consejo, según fuentes del Ejecutivo, para aclarar el concepto de dominio público marítimo-terrestre. Ya en enero, el titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció una reforma "profunda" de la Ley de Costas con el objetivo de conciliar "la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público". Consejo de Ministros deliberante Este Consejo de Ministros contará con un presidente de excepción, el Rey Don Juan Carlos, el cual será informado de todos estos asuntos por los responsables de cada ministerio en una cita, que se estima que dure cerca de una hora y que comenzará a las 10.00 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela. Esta sesión deliberante, denominada así porque el Rey no toma decisiones ejecutivas, será la primera de la actual legislatura. La última ocurrió el 9 de mayo de 2008 con el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El artículo 62 de la Constitución Española establece que el Rey será informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno". Posteriormente, el Consejo de Ministros volverá a reunirse en el Palacio de la Moncloa para esta vez, adoptar las decisiones oportunas.