PANORÁMICA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA Introducción. España ha sido tradicionalmente un país emigrante. Así, hasta la década de los setenta del siglo XX, un gran número de españoles se desplazó a otros países de Europa y América Latina en busca de mejores oportunidades. Como consecuencia de esa migración, hace un lustro residían en el extranjero cerca de dos millones de españoles, de los cuales ha regresado un importante porcentaje. El progreso de España no sólo ha provocado el regreso de sus nacionales sino que también ha favorecido el que sea uno de los destinos preferentes por los ciudadanos de otros países, llegando en la actualidad a ser el país europeo donde la inmigración está experimentando un mayor crecimiento, hasta el punto de que en pocos años el número de extranjeros en España ha superado al de nacionales residentes fuera de su territorio. A pesar de la importancia que en el crecimiento de la inmigración en España han tenido las variables endógenas: estabilidad política y social, y altos índices de crecimiento del PIB y del empleo, también han contribuido de manera significativa otros factores de carácter exógeno. Entre ellos, cabe destacar: el endurecimiento en las condiciones de entrada en los EEUU (destino preferido por gran parte de la población inmigrante, especialmente la americana), la pérdida de atractivo de otros destinos tradicionales como Venezuela y Argentina, la crisis económica que en los últimos años ha afectado de manera especial a los países asiáticos e iberoamericanos, así como la especial ubicación geográfica de España. Una de las características diferenciadoras de la inmigración existente en España es que ésta es fundamentalmente económica, siendo escasa la influencia directa de conflictos bélicos o desastres naturales. Principales países de origen de los extranjeros residentes en España. A 30 de junio de 2003 residían en España aproximadamente 2.400.000 extranjeros, de los que 1.400.000 lo hacían de manera legal mientras que el resto, cerca de 1.000.000 millón, carecía del correspondiente permiso de residencia. Por lo que respecta al origen de los extranjeros residentes en España, cabe señalar que los flujos migratorios han experimentado una evolución significativa en cuanto a su procedencia. Mientras que en los años ochenta la población extranjera procedía mayoritariamente de los países del Espacio Económico Europeo y en los años noventa de los países africanos, especialmente los magrebíes, en los últimos cuatro años se ha producido un significativo cambio de tendencia, siendo los inmigrantes procedentes de - 1 -
Iberoamérica y en menor medida los de Europa del Este, los colectivos que están experimentando un mayor crecimiento tanto en valores absolutos como porcentuales. Por ello, excluyendo por razones obvias a los ciudadanos de otros países de la Unión, las zonas geográficas que aportan un mayor número de inmigrantes al conjunto nacional son: Iberoamérica, África (especialmente Marruecos y países de la costa atlántica y del Golfo de Guinea) y Europa del Este (Rumanía, Bulgaria y Ucrania). Por países, resulta significativo el peso específico (30,85%) que los marroquíes tienen en el conjunto de los residentes legales. Esa preponderancia se difumina si se tiene en cuenta el total de residentes, incluyendo a los que se encuentran en situación ilegal. En este caso, colonias como la ecuatoriana, colombiana y rumana alcanzan porcentajes similares a la marroquí (entre el 10 y 20%). Además hay que destacar, no solo numéricamente sino también por su ritmo actual de crecimiento, la inmigración procedente de Bulgaria, Ucrania y Argentina. Por el contrario, la incidencia numérica de la inmigración asiática es relativamente pequeña y circunscrita casi exclusivamente a tres países: China, Paquistán y Filipinas, señalando que sus colonias, aunque con un ligero y constante crecimiento, llevan tiempo asentadas en España. En los últimos meses la mayoría de inmigrantes que llegan a España proceden de Argentina, Ecuador, Colombia, Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Marruecos. Es por ello que los ciudadanos de estos países presentan una gran diferencia entre el número total de residentes y el de legales, ya que no han podido acogerse a ninguno de los diferentes procesos extraordinarios de regulación que se han realizado. No obstante, la imposición de visado de turista a colombianos y más recientemente a los ecuatorianos, así como las mayores medidas de control establecidas en frontera, ha hecho descender notablemente el flujo procedente de estos países. Por el contrario, la entrada de ciudadanos procedentes de Rumanía y Bulgaria se ha incrementado notablemente al flexibilizarse los requisitos de entrada como consecuencia de su futura adhesión a la Unión. Finalmente, señalar que los flujos procedentes de Iberoamérica y Europa del Este han mostrado una gran sensibilidad a la existencia o ausencia de medidas de control. Por el contrario, en el caso de España, los flujos procedentes de África se han mantenido constantes, modificando sus rutas y procedimientos, pero no su cantidad. Formas de entrada al territorio nacional. La mayoría de los inmigrantes que acceden a territorio español lo hacen por vía aérea y de manera legal. El procedimiento habitual consiste en entrar como turistas por lo que transcurridos tres meses, aunque su entrada haya sido legal, pasan a situación de irregularidad. Aunque se han reforzado notablemente los controles de entrada, especialmente en aquellos vuelos provenientes de países cuyos nacionales no necesitan visado de turista, se ha detectado que un creciente número utiliza otros aeropuertos del espacio Schengen para posteriormente dirigirse a España bien en otro vuelo interior o por transporte terrestre. Este recurso es utilizado con un doble objetivo: dificultar la detección de documentación falsa e impedir que la policía deniegue la entrada al indagar sobre los motivos reales del viaje. Las entradas por vías terrestres, que en el caso español no tenían una importancia significativa hasta hace poco tiempo, han cobrado relevancia debido al gran número de - 2 -
países de Europa del Este que han adquirido la condición de candidatos a ingresar en la Unión Europea. Más escaso es el número de personas que entran en barcos mercantes y pesqueros, como viajeros pagando el desplazamiento, como polizones o como miembros de la tripulación que una vez en puerto abandonan su trabajo. Asimismo, aunque España tiene numerosos kilómetros de costa y está próximo al continente africano, hasta el momento no se ha visto afectada por la llegada de barcos de gran tonelaje repletos de inmigrantes. Por el contrario, con relativa frecuencia, llegan a nuestras costas pequeñas embarcaciones, de eslora inferior a ocho metros (pateras), con grupos de entre treinta y cuarenta personas, y en algunas ocasiones con sesenta u ochenta personas abordo. Las precarias condiciones de estas embarcaciones, el sobrepeso al que se ven sometidas y las difíciles condiciones que para la navegación representa el Estrecho, provocan que con frecuencia naufraguen o que sus integrantes tengan que ser asistidos con notorios signos de deshidratación, hipotermia o intoxicación por gases. Este hecho, aunque tampoco sea muy importante en el aspecto numérico y ante el que las autoridades tan sólo pueden prestar el debido socorro y posterior atención, provoca una gran alarma social, siendo frecuente la aparición en todos los medios de comunicación de reseñas sobre la llegada en pateras de grupos de personas en precaria situación o sobre cadáveres localizados en las costas. Política de inmigración del Gobierno. La rapidez e intensidad con la que el fenómeno de la inmigración se ha producido en España ha obligado al Gobierno a desarrollar y modificar tres veces, en un periodo de cuatro años, la Ley que regula la situación, derechos y deberes de los inmigrantes. Además de la citada Ley y su correspondiente desarrollo reglamentario, la Política de inmigración viene determinada por la existencia y desarrollo de un Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España (Plan Greco) en el que participan de manera coordinada nueve Ministerios, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. En síntesis, e independiente de las reformas legislativas, la Política del Gobierno se basa en tres objetivos básicos: - Ordenar los flujos de inmigración laboral que se dirigen hacia España. - Garantizar la convivencia y la integración en la sociedad de todos los extranjeros que residen en el país. - Potenciar la lucha contra la inmigración ilegal y las mafias que trafican con seres humanos. Además, debido al desequilibrio existente entre la capacidad de acogida del país y el número de ciudadanos extranjeros que desean o necesitan venir a trabajar, se considera imprescindible la adopción y el impulso de políticas de co-desarrollo que faciliten el progreso de las personas en sus países de origen. - 3 -
Medidas adoptadas para favorecer la inmigración legal. Como se ha dicho, uno de los pilares sobre los que el Gobierno quiere basar su Política migratoria es la ordenación de los flujos de inmigración laboral que se dirigen hacia España. Para ello, en los últimos años se han establecido Convenios Bilaterales con los países que aportan un mayor número de extranjeros al conjunto nacional. La mayoría de estos convenios, además de regular la situación laboral y condiciones de contratación, promueve la creación de organismos y el diseño de procedimientos que agilizan la selección de personal en origen, según las necesidades de mano de obra de las empresas españolas. Estas necesidades son recogidas anualmente en un documento, denominado Contingente, y se asigna, principalmente a los países firmantes de los citados acuerdos, un porcentaje de los puestos ofertados. Actualmente España tiene suscritos convenios de este tipo con: Ecuador, Colombia, República Dominicana, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Marruecos, Argelia, Nigeria, Guinea Bissau y Mauritania. A estos países corresponde el 61,63% de la inmigración residente en el país. Como contrapartida al contingente, los países firmantes se comprometen a readmitir en su territorio a sus nacionales que se encuentren en España en situación irregular. En algunos casos como en el de Marruecos, Ecuador y Mauritania el compromiso alcanza a los nacionales de terceros países que hubieran partido de su territorio para entrar en España. No obstante, el acuerdo con Marruecos nunca se ha llevado a la práctica por parte marroquí en dos aspectos fundamentales: la repatriación de menores que carecen de familiares en España y la admisión de ciudadanos de terceros países que han partido de su territorio. En el primero de los casos, el motivo radica: en las altas exigencias demandadas por el Gobierno marroquí, en la dificultad de identificación y localización de familiares y en la falta de garantías sobre las condiciones de acogimiento de los menores repatriados. En el segundo, Marruecos nunca ha admitido ningún tipo de prueba que demuestre que los ciudadanos han partido de su territorio. No obstante, debido a la importancia que Marruecos representa para España en materia de inmigración, desde la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países se han constituido varios grupos de trabajo, uno de los cuales está dedicado a esta materia. El objetivo es la renegociación del acuerdo, su puesta en práctica y su cumplimiento efectivo. En general, y a pesar del importante esfuerzo realizado en canalizar los flujos de inmigración laboral, existen dos aspectos que inciden negativamente en su eficacia. El primero es la existencia de numerosas mafias y corrupción generalizada en los países de origen que provoca que la selección no sea transparente o que el seleccionado tenga que pagar una importante cantidad de dinero para realizar los trámites oportunos para emigrar de manera legal. Este hecho desvirtúa el proceso y provoca que un importante número de personas opten por la vía ilegal. El segundo de los factores radica en la falta de flexibilidad y agilidad en los procedimientos. La falta de una respuesta rápida a las necesidades de mano de obra, así como la escasa representatividad que tienen las pequeñas y medianas empresas, a la hora - 4 -
de fijar el Contingente y el coste económico que para ellas representa la selección en origen, provoca que éstas cubran sus necesidades con mano de obra ilegal. Medidas adoptadas para luchar contra la emigración legal. La lucha contra la emigración ilegal se aborda desde dos vertientes diferentes. La primera y primordial consiste en fomentar la adopción de medidas en origen de modo que se reduzcan al mínimo el número de personas que transiten o pretenden salir de manera ilegal. Este procedimiento, además de que en muchos de los casos es el más efectivo, tiene un menor coste tanto humano como económico. Las principales acciones emprendidas conjuntamente con los gobiernos de los países de origen y tránsito de inmigrantes son: - El diseño y ejecución de campañas informativas que muestren a los potenciales emigrantes los riesgos que suponen las mafias y redes de inmigración y los problemas futuros al acceder de manera ilegal. Estas campañas también indican los procedimientos, posibilidades y requisitos necesarios para emigrar legalmente. - Asesoramiento para la elaboración de normativa que penalice la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. - Ejecución de programas de ayuda al control de fronteras, incluyendo cursos de capacitación así como donación de recursos económicos y materiales. - Colaboración con las FCSE aportando información sobre rutas, procedimientos y estructura de las redes de inmigración. - Establecimiento en las compañías de transporte aéreas y terrestres de la obligación de facilitar los datos sobre los pasajeros con destino a España y de aquellos que no hayan utilizado el billete de regreso una vez finalizado el plazo de estancia temporal. Por lo que respecta a las medidas en destino, España promueve la adopción de una correcta política de visados, la intensificación de los programas de retorno, un incremento en el número de inspecciones laborales y un mayor control de las fronteras exteriores. Como última medida, debido a su alto coste y a que no siempre se pueden realizar, figura las repatriaciones. Destaca el buen resultado alcanzado por los dispositivos de control instalados en los aeropuertos y las medidas de control establecidas para combatir la inmigración procedente de África, especialmente, el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), el Plan Ulises (de control marítimo) y el reforzamiento de los perímetros fronterizos de las ciudades de Ceuta y Melilla. Distribución geográfica de los inmigrantes en España. Aun no siendo perfectamente homogénea, la distribución geográfica de los inmigrantes residentes en España es satisfactoria, no produciéndose zonas de concentración excesiva. A excepción de las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los mayores porcentajes de inmigrantes se localizan en las regiones de mayor población y en aquellas con mayores índices de crecimiento o con necesidades de mano de obra intensiva. - 5 -
Así, las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia, Canarias y Baleares acogen el 80% de los extranjeros. Descendiendo a escala provincial son Madrid, Barcelona, Alicante, Baleares, Murcia y Las Palmas las que concentran al 62,75% de los inmigrantes. Por lo que respecta a las grandes ciudades también se puede afirmar que la distribución es correcta. Partiendo de la premisa de que los inmigrantes económicos no disponen de capacidad financiera para adquirir o arrendar una vivienda de nivel medio, hasta el momento no se han constituido guettos, dispersándose entre barrios antiguos, periféricos y localidades limítrofes. Si se analizan las zonas donde preferentemente se asientan los ciudadanos de una determinada nacionalidad, tampoco se obtienen datos significativos, salvo en el caso de aquellas colonias menos numerosas, que tienden a una mayor concentración, como la paquistaní en Barcelona o la argelina en la zona del Levante. Integración social. Como en otros muchos aspectos, el grado de integración social está íntimamente relacionado con la nacionalidad del inmigrante. Así, generalizando, puede decirse que iberoamericanos y europeos del Este se adaptan y asimilan fácilmente el modo de vida español. Por el contrario, las diferencias lingüísticas, culturales y religiosas de subsaharianos y magrebíes dificultan enormemente este proceso. Estas diferencias tienen también su reflejo en la sociedad española que, aunque en su inmensa mayoría se define como tolerante y multicultural, a la hora de expresar sus preferencias se decanta por aquellos cuya integración está siendo más sencilla. La única excepción a esta regla proviene de la colonia china que, a pesar de su prácticamente nula integración, no provoca actitudes favorables ni desfavorables entre la población española. Por otra parte, existen cuatro derechos fundamentales cuya consecución facilita notablemente la integración de la población: un puesto de trabajo acorde a la cualificación, educación en igualdad de condiciones, asistencia sanitaria plena y acceso a una vivienda digna. Por lo que respecta al trabajo, el índice de ocupación es muy elevado y ha crecido progresivamente en los últimos años, señalando las previsiones que la tendencia alcista continuará los próximos años. El principal desajuste que se produce en el acceso de los inmigrantes al mercado laboral radica en que, con frecuencia, éstos ocupan puestos de trabajo inferiores a su cualificación y capacitación, lo que provoca un marcado sentimiento de frustración. A ello contribuye la falta de homologación de las diferentes titulaciones. También facilita la integración el acceso integral a los sistemas educativos y sanitarios. En España, los extranjeros por el mero hecho de su presencia en el país tienen derecho a la educación obligatoria. En cuanto a la asistencia sanitaria completa, tienen reconocido el derecho en igualdad de condiciones que los nacionales con el simple hecho de empadronarse, independientemente de que se encuentren en situación ilegal. Muestra de la amplia cobertura de estos servicios es que, en la actualidad, uno de cada tres nuevos beneficiarios del sistema sanitario es extranjero. Finalmente, la escasez de viviendas y su alto coste es uno de los factores que más dificultan la integración plena de los inmigrantes y su dispersión geográfica. La situación, - 6 -
que también afecta negativamente a los españoles, se agudiza en el caso de los ciudadanos extranjeros que frecuentemente se ven obligados a compartir una vivienda entre un gran número de compatriotas. El hacinamiento bajo un mismo techo, y las mayores dificultades que tienen para justificar unos rendimientos mínimos, provoca que existan reticencias por parte de la población española para alquilarles sus viviendas. Actividades relacionadas con la inmigración. Al ser la inmigración un fenómeno relativamente nuevo en España, el nivel asociativo de los inmigrantes es menor que en otros países europeos. Los más organizados son los marroquíes, seguidos de los hispanoamericanos, subsaharianos, y, en menor medida, los procedentes de países del Este de Europa. Igualmente su capacidad reivindicativa ha sido hasta el momento muy limitada y en las escasas actividades y campañas en las que han participado han sido dirigidos por grupos pro-inmigración españoles con intenciones políticas o sindicales. Desde las protestas efectuadas en el año 2001, como consecuencia de la reforma de la Ley de Extranjería, el movimiento a favor de los sin papeles ha disminuido en intensidad. En este descenso ha influido notablemente el fracaso de las últimas actividades realizadas, especialmente el encierro de inmigrantes en una Universidad de Sevilla, coincidiendo con el Consejo europeo que ponía fin a la Presidencia Española en la UE en junio de 2002. Las consecuencias de este hecho, que supuso la detención y expulsión de muchos de los inmigrantes encerrados, sin que obtuvieran ningún beneficio colectivo, así como las denuncias de manipulación del movimiento con fines partidistas y el desvío de fondos en su beneficio, supuso un punto de inflexión en la capacidad reivindicativa del movimiento pro-inmigración español. Desde entonces las únicas actividades realizadas han sido de ámbito local, caracterizándose por la falta de coordinación, bajo nivel de participación y una menor repercusión social. La única excepción a esta tendencia ha tenido lugar durante las últimas elecciones municipales y autonómicas celebradas en el mes de mayo de 2003, donde se desarrolló una importante campaña para solicitar el derecho de voto a la que se sumaron diversas formaciones políticas y sindicatos de izquierda. En el ámbito internacional, los grupos españoles están potenciando su participación en organizaciones europeas de apoyo a los inmigrantes, como la Red Noborder. Aunque en las primeras reuniones y actividades de esta Red las formaciones españolas estuvieron presentes de forma testimonial, desde el año 2001 su colaboración se ha intensificado, destacando la organización de un campamento de frontera en Tarifa, en julio de ese año, y una presencia significativa en el celebrado en Estrasburgo al año siguiente. También están participando en otra coordinadora internacional denominada Red Dos Orillas, constituida por grupos españoles y marroquíes, que aunque está más próxima al ámbito de la solidaridad que al de la inmigración, en España intenta orientar su actividad hacia las protestas por las muertes de inmigrantes en el Estrecho y la implicación que en este fenómeno tiene la legislación española en materia migratoria. Por lo que respecta a las iniciativas en contra de la inmigración, se puede establecer una diferencia entre las que se están llevando a cabo por parte de formaciones políticas englobadas en el ámbito de la extrema derecha y, en segundo lugar, las que tienen un origen exclusivamente cívico, como pueden ser las plataformas ciudadanas que están surgiendo en las localidades con mayor presencia de inmigrantes. En muchos casos los - 7 -
partidos radicales tratan de captar el apoyo de estas iniciativas populares, por la repercusión mediática y el apoyo popular que pueden obtener a medio plazo. En otros, las plataformas ciudadanas tratan finalmente de convertirse en formaciones políticas. En el caso de los partidos políticos, desde hace aproximadamente dos años, la mayoría de las formaciones que componen el espectro de la extrema derecha en España han introducido en su discurso político el fenómeno de la inmigración desde la perspectiva de amenaza a la identidad nacional, a imagen del mensaje populista que los partidos del entorno europeo han desarrollado y que les ha otorgado un apoyo social significativo, todavía no alcanzado en España. El aumento de los índices de delincuencia vinculada a la inmigración y la demanda de mayores medidas de seguridad y control se han convertido en argumentos fáciles a la hora de buscar el respaldo social. En este sentido conviene señalar que, independientemente de los delitos contra la propiedad de menor importancia, muchos inmigrantes figuran como autores o víctimas en numerosos incidentes graves (muertes y lesiones) relacionados con tres factores fundamentales: ajustes de cuentas entre redes y mafias rivales, roces culturales por convivencia de diferentes grupos étnicos y la rivalidad creada en determinadas zonas como consecuencia de la sustitución de mano de obra a favor de uno u otro colectivo. Sin ser frecuentes, sí han sido numerosos los enfrentamientos entre magrebíes y latinoamericanos. Consideraciones sobre una política común europea. La inmigración es un fenómeno que, aunque con características diferenciadoras, afecta a la totalidad de países europeos. Además, la incidencia que la adopción de medidas por uno de los Estados miembros de la UE (desplazamientos masivos de población, modificación de rutas y procedimientos, etc.), provoca en los demás países receptores aconseja, en el menor plazo de tiempo posible, una coordinación a nivel europeo tanto en la adopción de una política común como en materia legislativa, administrativa y policial, evitando así que las diferencias puedan servir de motivación a los inmigrantes para desplazarse de unos países a otros buscando condiciones más favorables. La adopción de una política común europea no sólo incrementa la capacidad de negociación ante terceros países sino que también evita disfunciones de carácter interno y diluye las reacciones en contra de las medidas más impopulares a adoptar, tanto dentro de los países europeos como en el exterior. Otro de los aspectos en los que habría que avanzar significativamente es el reparto equitativo de costes y cargas en el control de fronteras entre los países de la UE. Habría que prestar un especial apoyo a los países que recientemente se han a incorporado a la Unión Europea y que en muchos casos serán los responsables del control de las nuevas fronteras exteriores. - 8 -