1. RESUMEN DE LA ACCIÓN Título de la acción: Lugar(es) de la acción Objetivos de la acción Organismo ejecutor Socios Duración Presupuesto Fuente de financiamiento Grupo(s) destinatarios 1 Beneficiarios finales 2 Resultados estimados Agua que has de beber: fortalecimiento y cohesión de múltiples actores sociales para incidir en la implementación de políticas públicas que prioricen el uso humano del agua Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos Comuna de Ancud (Isla de Chiloé), Región de Los lagos Comunas del secano, Región de La Araucanía Comunas de Ovalle y Canela, Región de Coquimbo Objetivo global Incidir en la modificación del Código de Aguas y la implementación de políticas públicas relacionadas con el uso del agua para consumo humano, generando propuestas validadas por diferentes actores de la zona mediterránea y templada de Chile. Objetivos específicos: > Promover la gestión y administración territorial con un enfoque de cuencas, implementando 4 modelos socio-ecológicos de gestión territorial local > Organizar espacios de articulación territorial en torno a conflictos por el uso del suelo y agua en la zona mediterránea y templada de Chile > Generar y presentar al Parlamento y a los candidatos presidenciales una propuesta de modificación legal sobre uso del agua para consumo humano, con la participación de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil ONG Forestales por el Bosque Nativo Corporación Canelo de Nos Fundación Senda Darwin Corporación Instituto de Ecología y Biodiversidad 30 meses 400.000 EUR ($240.000.000 aprox.) Delegación de la Comunidad Europea en Chile (UE) Comunidades Mapuche de la Región de La Araucanía; Comités de Agua Potable Rural (CAPR) de la Región de Los Ríos, agrupados en la Asociación de CAPR de Los Ríos y en FENAPRU; Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, que comprende a toda la ciudad de Valdivia (130 mil habitantes); Comisión Ciudadana de Ancud, que representa los intereses de cerca de 22 mil habitantes. Comunidades rurales en general, incluidos mapuche, colonos, CAPR s y regantes, además de comunidades urbanas, entre otros A nivel local se generen 4 modelos socio-ecológicos de gestión del territorio, con enfoque de cuenca, que permitan asegurar la conservación de las cuencas abastecedora de agua para consumo humano. Los productos a obtener son los modelos de gestión en ejecución y un documento por territorio que integre las demandas y propuestas de solución desde el nivel local. A nivel inter-territorial se conforme una Red de organizaciones de comunidades rurales y urbanas, con incidencia política y acciones en distintos niveles (local, regional y nacional). Los productos esperados son una Red en ejecución y un documento que integre las demandas y propuestas de los distintos actores sociales, enfatizando los puntos en común y valorando la diversidad de estrategias de solución A nivel nacional se incorporen propuestas de modificación al Código de Aguas y al Proyecto de Ley de Servicios Sanitarios Rurales en la agenda legislativa, acordes con las agendas políticas ciudadanas que representan a todos los actores y territorios, sustentada en información técnico-científica. El producto a obtener es que las agendas ciudadanas construidas en los dos niveles anteriores sean conocidas por los parlamentarios y patrocinadas para ser incorporadas a la discusión legislativa. 1 2 "Grupos destinatarios" son los grupos/entidades que se beneficiarán directamente de la acción al nivel previsto. Beneficiarios finales son aquéllos que se beneficiarán de la acción a largo plazo a nivel de sociedad o sector en su conjunto.
2. PERTINENCIA DE LA ACCIÓN 2.1. Contexto El acceso al recurso agua está definido como derecho humano básico, sin embargo el modelo de gestión del agua en Chile está centrado en criterios de asignación y transacciones de mercado, que ha favorecido la concentración de la propiedad de ésta en el sector eléctrico, minero y agrícola exportador, considerados motores del desarrollo nacional, en perjuicio del acceso al recurso para la mayoría de la población. Esta paulatina y sistemática pérdida de derechos en la población y despojo de campesinos, agricultores y pueblos originarios, sumado a la pérdida de control público y gobernabilidad, ha generado conflictos locales en aumento, un detrimento de la calidad de vida de la población rural y, en definitiva, imposibilita la implementación de estrategias de desarrollo sostenible al separar la propiedad de la tierra de la propiedad del agua. En este escenario, la acción permitirá crear y/o reforzar capacidades de interlocución y diálogo entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, con el fin de revertir la tendencia actual. La acción incorpora a distintos actores de la sociedad, estableciendo un diálogo transversal de distintos saberes. Se realizará una acción conjunta con la academia, ONG s, comunidades rurales y empresas, con el fin de fortalecer la cohesión social y promover la creación de nuevas instancias de diálogo, que tengan como resultado la generación de propuestas convergentes y con el respaldo ciudadano suficiente para influir a través del Poder Legislativo en la toma de decisiones relativas al uso del agua. 2.2. Antecedentes generales En Chile, el Código de Aguas del año 1981 considera al agua como un bien nacional de uso público y bien económico al mismo tiempo. Esto significa que los recursos hídricos se reconocen como un patrimonio colectivo de los chilenos pero su gestión y aprovechamiento queda sujeto a los criterios del libre mercado y a las normas de la propiedad privada. En la práctica, el Código de Aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hasta 2004, los derechos de agua en Chile fueron concedidos a privados gratuitamente y a perpetuidad, situación única en el mundo para un bien definido como derecho humano básico. La legislación del agua es excluyente, lo que vulnera los derechos fundamentales de la sociedad, en particular de los pueblos originarios y otros actores sociales del sector rural y urbano. En el sector urbano, entre 1976 y 1988 la cobertura de agua potable por parte de empresas del Estado aumentó desde 78% a 98% de la población. En los años 90, la mayoría de estas empresas sanitarias mejoraron su eficiencia económica y eran autosuficientes. Sin embargo, en 1998 se aprobó la participación del sector privado, pasando a controlar un 95% en 2005. La estructura e institucionalidad del sector se mantiene actualmente, basada en el abastecimiento privado, el subsidio a la demanda y la regulación por una agencia pública y autónoma. Las empresas sanitarias no se ocupan de las cuencas hidrográficas que originan los cursos de agua, gestionando sólo la captación, potabilización y entrega de agua a los usuarios. En el sector rural, las familias que habitan localidades concentradas se organizan en Cooperativas y Comités de Agua Potable Rural (CAPR) para administrar las instalaciones y recursos involucrados en el abastecimiento de agua para consumo humano. Funcionalmente, los CAPR son similares a empresas, sin embargo estructuralmente son organizaciones comunitarias con un fin social preocupadas por el bienestar local, siendo los propios habitantes de cada sector quienes se organizan, participan y toman decisiones en torno a la gestión del agua. En dicha estructura destaca el papel que desempeñan mujeres y personas de mayor edad. A pesar de representar uno de los agentes mas organizados de administración de un recurso natural en el sector rural, los CAPR se ven desprotegidos en su capacidad para suministrar agua potable, debido a la dependencia de la provisión de agua desde cuencas hidrográficas que no son de su propiedad y que, en muchos casos, están sometidas a usos del suelo incompatibles con la provisión continua de agua de calidad. La mayor limitación de los CAPR es la ausencia de una regulación jurídicoinstitucional y de una planificación territorial sobre el uso de los suelos en las cuencas donde captan el agua.
Por otra parte, en los territorios rurales donde hoy habita el pueblo mapuche, la estructura administrativa establecida por el Estado no opera debido a las prácticas sociales y culturales, concibiendo un modelo de administración del uso del agua a nivel comunitario, donde el Estado solo cumple un rol subsidiario en infraestructura. En consecuencia, no existe un proceso de planificación ni asesoría o capacitación para autogestionar el uso del agua y los suelos de las cuencas abastecedoras de agua. Un agravante es que por lo general dependen de la provisión de agua desde cuencas que no son de su propiedad. La provisión de agua para consumo humano, así como el aprovechamiento sustentable de este vital recurso, trasciende los aspectos de orden técnico y constituye un desafío político, social, económico y cultural, que compromete a la sociedad en su conjunto a definir y aplicar estrategias adecuadas de gestión territorial, que permitan satisfacer las demandas crecientes de un recurso limitado como es el agua, más aún considerando el escenario actual de Cambio Global. El ser humano se enfrenta hoy a la escasez de agua, que se agudiza cada vez más. En Chile se ha declarado escasez hídrica en diversas cuencas del norte de Chile, producto de la explotación irracional de cursos superficiales y acuíferos para satisfacer la demanda de la industria minera y la agricultura de exportación. En extensas zonas del centro sur vemos como cada año se decreta emergencia agrícola e hídrica debido a la sequía estival, lo que es promovido por actividades silvoagropecuarias altamente demandantes de agua y la eliminación sistemática de la cobertura vegetacional nativa. Esto obliga a un análisis de la legislación sobre el uso del agua y el suelo. La agudización de la problemática descrita preocupa a diversos sectores políticos y ciudadanos, destacando que grupos del Poder Legislativo manifiesten la necesidad de modificar la legislación vigente y hayan avanzado en la creación de Comisiones Parlamentarias para evaluar el uso inadecuado de aguas y suelos, que están provocando el agotamiento de los recursos hídricos. Paralelamente, el creciente interés ciudadano por involucrarse en las soluciones de este problema ha llevado a conformar una serie de movimientos locales enfocados en la denuncia de situaciones que afectan su acceso al agua. Sin embargo, estos nodos no están articulados a lo largo del territorio nacional. Este escenario deja en evidencia que aún es necesario sensibilizar a un mayor número de parlamentarios y actores locales, con el fin de realizar cambios efectivos en la legislación actual, que sean coherentes con las demandas de la ciudadanía que hoy sufre escasez hídrica, pobreza y degradación de sus territorios. En este contexto, la acción promoverá la articulación de todas las instancias ciudadanas a través de redes, con el fin de construir una agenda común o complementaria que permita incidir en el Poder Legislativo y los candidatos presidenciales. 2.3. Grupos destinatarios y beneficiarios finales, sus necesidades, restricciones y cómo la acción abordará la problemática Esta acción propone tres niveles de intervención: > Local, a través de la implementación de 4 modelos territoriales que representan diferentes realidades en la problemática del agua > Inter-territorial, estableciendo redes de gestión y presión política > Nacional, con acciones de gestión política con el Poder Legislativo y candidatos presidenciales El funcionamiento del Código de Aguas permite distinguir un grupo importante de destinatarios y beneficiarios finales del agua. Por ello la acción considera, en el nivel de intervención local, 4 grupos destinatarios donde se generaran procesos locales relacionados con la gestión del agua como acciones piloto, que se denominarán modelos socio-ecológicos de gestión territorial. Modelo 1: Comunidades Mapuche. Se trabajará en la Región de La Araucanía, comunas del secano. Existen comunidades que se organizan tanto tradicional como políticamente, ocupando las tierras de media ladera del secano, y obteniendo el agua para consumo humano y riego desde los sectores altos de la cordillera de la costa y cordones transverslaes. Las comunidades comprenden familias con altos niveles de pobreza, rodeadas por una matriz de plantaciones forestales de especies exóticas (pino y eucalipto). Se dedican a actividades silvoagropecuarias, como crianza de ganado mayor y menor, cultivo de chacras y pequeñas plantaciones de eucalipto. Las dos primeras para subsistencia (autoconsumo), la tercera para el mercado de celulosa.
Las necesidades de estas comunidades son: a) la soberanía alimentaria; b) la generación de espacios de diálogo simétricos para la resolución de conflictos; c) el acceso al agua y la protección de las microcuencas que la proveen; d) la valorización de la cultura mapuche; e) tecnologías apropiadas para aumentar la productividad y; f) espacios de intercambio de conocimientos en aspectos socio-productivos y culturales. Las restricciones son: a) la escasez de tierras y avanzado grado de erosión; b) escasez de agua de calidad tanto para uso humano como actividades productivas; c) tierras rodeadas por empresas forestales, que controlan las fuentes de agua; d) tecnologías inapropiadas para actividades productivas; e) desvalorización del conocimiento propio; f) militarización del conflicto por tenencia de tierras; g) espacios y contextos asimétricos para el desarrollo del diálogo y la participación, debido a variables económicas y políticas (organizacionales) y; h) pérdida de la biodiversidad. La generación de un proceso con enfoque participativo parte por respetar las experiencias e ideas preexistentes de las comunidades, en un contexto de intercambio y diálogo entre los actores del territorio y el equipo técnico. Se espera discutir los efectos del Código de Aguas en las comunidades y relacionarlo al manejo del territorio de acuerdo a la cosmovisión mapuche, así como incorporar prácticas y tecnologías apropiadas para el manejo de aguas y suelos. También se abordará la soberanía alimentaria por medio del aumento de la productividad silvoagropecuaria y la diversificación productiva con pertinencia cultural. La participación se asegura respetando la forma tradicional de discusión y toma de decisión (Asambleas). Modelo 2: Urbano. Se trabajará en las ciudades de Valdivia (Región de Los Ríos) y Ancud (Región de Los Lagos), que reciben agua potable desde empresas sanitarias privadas que gestionan la captación, potabilización y distribución del agua a la población. En Valdivia (130 mil habitantes) los beneficiarios finales serán la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que se abastecen de agua desde la cuenca del estero Llancahue, predio fiscal de 1.300 hectáreas que está cubierto en un 80% por bosques nativos en distintos estados de conservación, generando agua de excelente calidad y en forma regular durante casi todo el año. Este predio fue concesionado a la Universidad Austral de Chile (UACH) a fines del 2008 por el Ministerio de Bienes Nacionales, por un periodo de 20 años. Vecino al predio habitan 24 familias campesinas reunidas en el Comité pro adelanto Lomas del Sol, que han usado históricamente los bosques de la cuenca para producir leña y carbón y actualmente trabajan con la UACH y la ONG Forestales por el Bosque Nativo. En Ancud los beneficiarios finales serán los 22 mil habitantes de la ciudad, que se abastecen de agua desde la cuenca del estero Mechaico, con una superficie de 1.000 hectáreas y que está habitada por 18 familias de pequeños propietarios campesinos. El uso de la cuenca es principalmente forestal, con bosques nativos en distintos estados de desarrollo (63% bosques adultos y renovales, 32% praderas y 5% matorrales). Los beneficiarios directos son las comunidades campesinas, quienes recibirán asistencia técnica y capacitación para mejorar sus sistemas productivos, y los dirigentes de organizaciones urbanas de base, que participarán directamente en las actividades de sensibilización e información sobre la importancia de la cuenca abastecedora de agua, para luego ser actores relevantes en la incidencia como ciudadanos en la conservación de estos territorios y la formulación de políticas públicas acordes con la realidad local. Las necesidades de las comunidades campesinas en las cuencas abastecedoras de agua son: a) soberanía alimentaria, b) comercialización de excedentes de producción, c) habilidades para manejar el bosque nativo y el agua predial y; d) espacios de diálogo con empresas y vecinos, para abordar la conservación de las cuencas. Las organizaciones urbanas necesitan: a) información técnica/científica sobre sus fuentes de agua y; b) capacidades para influir en la toma de decisión respecto al abastecimiento de agua. Las restricciones para las organizaciones urbanas son: a) la desinformación y desconocimiento de cómo opera la propiedad y el manejo del agua y; b) la escasa habilidad para hacer un buen uso del agua. En las comunidades campesinas son: a) la pobreza por baja productividad y; b) escasa organización.
En las comunidades campesinas se generarán procesos de extensión técnico/científico para construir capacidades, respetando las experiencias de las comunidades en un contexto de intercambio y diálogo, incorporando prácticas y transfiriendo tecnologías para aumentar la productividad, diversificar la producción y lograr la soberanía alimentaria. Las organizaciones urbanas participarán directamente en las actividades de sensibilización e información sobre la importancia de las cuencas abastecedoras de agua, para luego actuar en la incidencia para la conservación de las cuencas y en la formulación de políticas públicas acordes con la realidad local, dialogando con tomadores de decisión en distintos niveles (local, regional y nacional). Modelo 3: CAPR. Se trabajará con CAPR s de la Región de Los Ríos que se abastecen de agua a partir de microcuencas. Para esto se realizará un trabajo con CAPR s, orientado a mejorar la capacidad de gestión de estas organizaciones y monitorear el recurso agua en su calidad y disponibilidad. Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas está propiciando un proyecto de ley para crear una nueva institucionalidad que constituirá a los CAPR en Servicios Sanitarios Rurales. Este proyecto no ha sido discutido debidamente con los CAPR generando rechazo, ya que plantea la licitación de los servicios de abastecimiento de aguas, además de incentivar que los sistemas de agua potable rural accedan a financiamiento complementario por parte de agentes financieros privados, liberando al sector público de su responsabilidad. En la práctica, esto significa privatizar los CAPR. Las necesidades de los CAPR s son: a) información respecto al estado de las cuencas y disponibilidad de agua y; b) asesoramiento legal para enfrentar la tramitación del proyecto de ley. Las restricciones para los CAPR s son: a) que no tienen dominio de las microcuencas ni pueden gestionar adecuadamente el uso de la tierra en éstas y; b) escaso poder de negociación con el Poder Ejecutivo y Legislativo. La participación se asegura a través de un diálogo transversal con los distintos actores sociales (academia, ONG s, CAPR s, comunidades, municipios, entre otros), buscando espacios de articulación para la toma de decisiones e incidencia en el Poder Legislativo y candidatos presidenciales. Modelo 4: Comunidades Agrícolas. Se trabajará con las CCAA (173 comunidades, 38 mil habitantes) y CAPR del secano de la Región de Coquimbo, en temas políticos, y con las comunidades de Canela, provincia de Choapa, se trabajará en la caracterización del estado del agua y cuencas, con acciones de manejo del agua. Las necesidades son: a) escasez de agua de riego y crecientemente para el consumo humano, b) mejoramiento de la infraestructura de almacenamiento y distribución del agua y; c) programas de asesoría y fomento de producción y comercialización. Las restricciones son: a) sector altamente marginado, que aún teniendo grandes extensión de tierras y capacidad de trabajo, no puede prosperar y desarrollarse por carecer de inversiones productivas que les aseguren una dotación básica de agua para riego y recursos forrajeros; b) la creciente actividad de empresas agroexportadoras y de instalaciones mineras han impactado en la disminución de la disponibilidad de agua; c) bajo nivel de funcionamiento y cohesión de la organización local y; d) frágil e inestable comunicación con las autoridades sectoriales. Las actividades comprenden diagnósticos bio-físicos del territorio, la recuperación de la vegetación nativa en microcuencas, con fines multipropósito, el fortalecimiento de sistemas de producción agrícola y pecuaria, además de la generación de productos derivados y la capacitación en tecnologías y uso eficientes de recursos. Se establecerá un diálogo para discutir las implicancias del Código de Aguas para el manejo del territorio. Considerando todos los modelos, los beneficiarios finales son las comunidades rurales en general, incluidos mapuche y colonos. En la Región de Los Ríos existen 66 CAPR que suministran agua potable a más de 12.000 familias (61.000 personas aprox.) y, a lo largo de nuestro país, existen 1.500 CAPR s y 130 cooperativas que abastecen de agua potable a más de 300 mil familias, aproximadamente 1,5 millones de habitantes, de un total de 2,5 millones de habitantes rurales. Por otra parte, a nivel país más de un 86% de la población vive en zonas urbanas, donde el consumo de agua potable proviene principalmente de cursos superficiales originados en cuencas
que están sometidas a actividades productivas que generan erosión de suelo y desertificación. Esta población podría verse beneficiada al replicar esta experiencia. 2.4. Elementos con un valor añadido particular La acción propone trabajar con un enfoque de cuencas, definido como espacios territoriales de relaciones humanas, institucionales, productivas y de poder, donde el agua es el elemento central. Se trabajará con comunidades campesinas e indígenas que en la mayoría de los casos son los beneficiarios directos, promoviendo y generando instancias de diálogo y participación ciudadana a través de herramientas existentes (p.e. ley de participación, convenio 169 de la OIT). La vinculación con la Academia es clave para la extensión o transferencia técnica, así como para entender el funcionamiento de los ecosistemas, lo que permite mejorar las capacidades de gestión de las cuencas. En este sentido El Canelo aportará su experiencia y trabajo con comunidades rurales, además de las redes sociales y políticas, y Fundación Senda Darwin y el IEB aportarán la experiencia y conocimiento científico acumulado durante años de investigación. El equipo de trabajo en cada territorio utilizará el enfoque de extensión en la construcción de un proceso interdisciplinario de participación e intercambio de conocimiento que propicie el diálogo. Además promoverá la articulación entre actores sociales de distintos territorios. Se considera un trabajo directo con los propietarios de la cuenca y se visibilizarán con claridad los problemas que afectan el normal abastecimiento de agua. En la medida que los sistemas productivos de las familias rurales que viven en la cuenca abastecedora de agua son bien manejados cumplen un doble propósito, al contribuir al bienestar de las familias (soberanía alimentaria, mejoramiento de la economía familiar, capacitación, etc.) y proteger los cursos de agua, que permite obtener agua de calidad y en forma regular. El modelo de gestión con enfoque de cuencas que propone la acción permite establecer balances hídricos que dan cuenta de la oferta y demanda real de agua en cada situación, lo que configura una herramienta poderosa y efectiva para proponer un modelo alternativo para el uso del agua, de fácil entendimiento en el contexto actual de mercado. La gestión política con la participación activa de los actores locales a diferentes niveles (municipio, gobiernos regionales y parlamentarios), permitirá un impacto efectivo en el Poder Legislativo y en los programas de los candidatos presidenciales y al Parlamento. 3. Descripción general de la acción El origen de la acción viene del aprendizaje obtenido luego de la ejecución de importantes proyectos financiados por la UE ( Leña, energía renovable para la conservación de los bosques de sur de Chile y Gestión integrada de cuencas abastecedoras de agua en el Sur de Chile ), que han permitido conocer el andamiaje político chileno, proponer propuestas concretas de políticas públicas y mejorar el manejo y gestión de recursos. La acción plantea una intervención en tres niveles: a) local: articulando actores locales e incidiendo en los municipios; b) inter-territorial: generando redes entre los distintos territorios que abarca la acción y con otros territorios del centro y norte de Chile y; c) nacional: a través de la incidencia en el Poder Legislativo y candidatos presidenciales. A nivel local se construirán mapas territoriales participativos sobre los conflictos del agua. En esta actividad se estrecharan los vínculos entre Academia, ONG s, CAPR s, municipios, entes privados, comunidades rurales y urbanas. Se promoverá la adhesión y compromiso de comunidades rurales y urbanas a través de la difusión en medios de comunicación para sensibilizar en torno a las problemáticas identificadas, a través de reuniones, seminarios y medios de comunicación (diseño e implementación de estrategia comunicacional). Posteriormente se generarán procesos de gestión y administración territorial con un enfoque de cuencas, implementando 4 modelos socio-productivos de gestión territorial (Mapuche, Urbano, CAPR y CCAA). Se promoverá la creación de espacios de diálogo para la articulación territorial entre propietarios, comunidades rurales, urbanas, municipios, ONG s, academia y empresas sanitarias,
para avanzar en la búsqueda de soluciones a los conflictos identificados. Será relevante la participación de los beneficiarios directos, socios e instituciones colaboradoras de la acción. En los espacios rurales se trabajará con un equipo interdisciplinario para abordar la gestión territorial con un enfoque socio-productivo, estableciendo diagnósticos participativos y planes de manejo integrado de microcuencas que consideren infraestructura (riego y abastecimiento de agua), mejores prácticas y diversificación productiva, y la creación de una red de monitoreo de la calidad y cantidad de agua con el fin abastecer de información técnica relevante a los tomadores de decisión. Se desarrollará una estrategia de financiamiento (formulación de proyectos, alianza con otras iniciativas territoriales, instrumentos públicos). Se elaborarán informes de conflictos escasez-disponibilidad de agua en los territorios en que se implementará la acción, considerando los ámbitos social, productivo y ambiental. Estos informes serán difundidos a las comunidades, autoridades locales y parlamentarios. A nivel inter-territorial se realizará un catastro de las localidades con problemas de abastecimiento de agua en las regiones del Norte, Centro y Sur de Chile, con el apoyo de organizaciones colaboradoras. Se realizaran talleres y encuentros con dirigentes sociales de los distintos territorios, con el fin de socializar información de la problemática del agua y elaborar propuestas para modificar la legislación relativa al agua, que incorporen la diversidad de los territorios. Se espera diseñar una agenda política ciudadana elaborada por macro zona. Con esto se puede actuar coordinadamente en los distintos niveles de toma de decisión (municipios, gobiernos regionales), generando incidencia política efectiva en cada territorio. A nivel nacional se realizará gestión política en el Poder Legislativo y con los candidatos presidenciales, con las propuestas plasmadas en la agenda ciudadana. Con esto se espera incidir en la elaboración de propuestas legales para modificar el Código de Aguas y el Proyecto de Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que serán presentadas y discutidas con parlamentarios. Las relaciones verticales y asimétricas entre las comunidades rurales y las empresas están presentes en el día a día, por lo que esta iniciativa es una oportunidad de disminuir la brecha, fortaleciendo los canales para el acceso de información, además de la instalación de capacidades en nuevos liderazgos para democratizar los espacios de conversación. Por lo tanto, se espera consolidar vínculos entre los distintos actores del territorio para desarrollar una gestión integrada de las cuencas que abastecen de agua a la población local. Con la acción propuesta se espera que: a) a nivel local se construyan 4 modelos de gestión socioproductivo del territorio con un enfoque de cuenca, que permitan asegurar la conservación de las cuencas abastecedora de agua para consumo humano; b) a nivel inter-territorial se conforme una Red de organizaciones de comunidades rurales y urbanas con fuerte incidencia política y acciones en distintos niveles (local, regional y nacional) y; c) a nivel nacional se incorporen propuestas de modificación del Código de Aguas en la agenda legislativa, acordes a la agenda política ciudadana que representa a todos los actores y territorios, alimentada de información técnica y científica. La Corporación El Canelo (socio) es una organización con una larga historia en apoyo y fortalecimiento de organizaciones y mejoramiento de la calidad de vida de comunidades rurales y urbanas. Ha trabajado fuertemente la temática del agua con Comunidades Agrícolas del norte de Chile, generando recientemente una agenda ciudadana con este grupo social para abordar la problemática del agua, a través de un proyecto financiado por la UE, lo que permitió establecer un intensa gestión política en el Congreso y facilita el establecimiento de diálogo. La Fundación Senda Darwin (socio) es un actor clave en la zona norte de Chiloé, porque ha generado información técnico-científico sobre los ecosistemas chilotes y participa activamente de la problemática ambiental de la Isla de Chiloé, siendo uno de los actores claves en la generación de propuestas para el mejor uso de los recursos con énfasis en el agua. El Instituto de Ecología y Biodiversidad (socio) es un referente científico de alcance nacional, que estudia los ecosistemas naturales y sus relaciones con las actividades humanas, lo que permite apoyar el monitoreo de la cantidad y calidad de agua y entregar respaldo científico para la discusión política y toma de decisiones.