8. TEMAS TRANSVERSALES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

8. TEMAS TRANSVERSALES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (PNDES) incorpora valores, principios y actitudes que permitirán avanzar en el proyecto ético bolivariano, siendo éstos los Derechos de Primera, Segunda y Tercera Generación, éste último referido a los derechos de nacer y vivir en un ambiente sano, no contaminado y el derecho de nacer y vivir en una sociedad en paz, cuyo fin último es lograr el desarrollo humano sustentable, el cual debe ser el principio rector de las políticas públicas del Estado. Para ello todas las acciones de gobierno deben diseñarse e implementarse tomando en cuenta la relación intrínseca entre los factores de cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los económicos y los sociales. Una forma de avanzar hacia el desarrollo humano sustentable, seria mediante la consecución de los objetivo trazado en la Política Ambiental, está relacionado íntimamente a una gestión ambiental eficiente, efectiva y de calidad, que se establece mediante cinco (5) grandes Áreas Estratégicas: Agua; Asentamientos Humanos; Bosques; Diversidad Biológica y Espacio Marino Costero, las cuales tienen como complemento insoslayable la gestión de los Temas Transversales, claves para asegurar el éxito de la Política Ambiental. Los Temas Transversales tienen como propósito: asegurar una Reorganización Institucional que esté en capacidad de responder a los Objetivos Estratégicos establecidos en el PNA; igualmente, la adecuación del Marco Legal Ambiental para reglamentar el desarrollo sustentable; implementar la Educación Ambiental formal y no formal para lograr un ciudadano con conciencia ambiental; lograr una Fiscalización, Vigilancia y Control de mayor participación institucional y social más efectiva para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, amplia, oportuna y de custodia permanente; impulsar la política de Iinvestigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en materia ambiental que fortalece al desarrollo sostenible; instrumentar una política ambiental que permita afrontar la vulnerabilidad y consecuencias del Cambio Climático; lograr que la Participación Ciudadana y Comunal ayude en el aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales; establecer una política de gestión de Riesgos Socio-Naturales y Tecnológicos; concebir la política de Ordenación del Territorio como mecanismo estratégico que asimile la gestión ambiental para la formulación y promoción del desarrollo sustentable; y por último fomentar la Cooperación Internacional como una estrategia de complementariedad de la gestión ambiental. De aquí la necesidad de gestionar la aplicación de los Temas Transversales consolidados como un Área Estratégica para dinamizar y fortalecer la ejecución de la Política Ambiental Nacional. Esta Área Estratégica tiene por Objetivo General: Impulsar la instrumentación de los temas transversales para asegurar la ejecución de la política nacional de gestión ambiental. Con ella se busca alcanzar efectivamente la ejecución de la Política Ambiental, concebida en el Plan Nacional del Ambiente (PNA). A continuación se presenta los Temas Transversales, estructurados de esta manera: Objetivos Específicos, Estrategias y Políticas de cada tema en particular. Objetivo General: Impulsar la instrumentación de los temas transversales para asegurar la ejecución de la política nacional de gestión ambiental. 146 Plan Nacional del Ambiente

8.1. Cambio Climático La vulnerabilidad del país ante la variabilidad climática y los efectos de fenómenos como el Niño y la Niña hace necesario que se tomen medidas de adaptación ante el evidente cambio climático y sus impactos, las cuales deben estar dirigidas hacia el sector agrícola, el recurso hídrico y la consideración del ascenso del nivel del mar. Ello sin dejar de tomar en cuenta la posibilidad de tomar acciones y considerar las oportunidades de mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente en el sector energía mediante la incorporación de tecnologías que permitan un aprovechamiento energético ecoeficiente o por la adopción de prácticas de ahorro y conservación de energía; reducción de emisiones de gas metano, mediante, la gestión integral de los residuos y desechos; en el sector forestal reduciendo las tasas de deforestación e incrementando las actividades de reforestación, conservación de bosques naturales, la promoción de bosques comerciales, entre otros. Actualmente está en proceso de elaboración el inventario de gases de efecto invernadero para la Segunda Comunicación en Cambio Climático de Venezuela, que permitirá evaluar comparativamente el estatus en cuanto a emisión de GEI. Sin embargo, el PNA proactivamente en adelante presenta una Política específica para gestionar la adaptación al cambio climático. 8.1.1. Política Transversal de Cambio Climático Seguidamente se presentan el Objetivo, Estrategias y Políticas que el Plan Nacional del Ambiente propone para atender el proceso de adaptación del país ante las consecuencias del cambio climático. Objetivo Específico 1. Instrumentar una política ambiental que permita afrontar la vulnerabilidad y consecuencias del Cambio Climático. Estrategia 1.1.- Establecer una gestión ambiental preventiva que permita afrontar la vulnerabilidad y consecuencias del Cambio Climático. Política 1.1.1.- Establecer el sistema nacional de planes y programas para la adaptación al Cambio Climático a todos los niveles. Política 1.1.2.- Implementar un sistema de control de gestión ambiental del Cambio Climático y sus indicadores. 147 Plan Nacional del Ambiente

Política 1.1.3. Actualizar y crear la normativa legal requerida en materia de adaptación al Cambio Climático. Política 1.1.4.- Vincular la política nacional de gestión integral de riesgos asociados al Cambio Climático a la gestión sustentable de: Aire, Agua, Suelo, Biodiversidad, Recursos Energéticos y Mineros, Desechos y Residuos no Peligrosos, Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Política 1.1.5.- Establecer proyectos para la implementación de soluciones mitigantes ante la vulnerabilidad de los diferentes sectores sociales frente a la variabilidad climática. Política 1.1.6.- Establecer un sistema nacional de información del Cambio Climático. 148 Plan Nacional del Ambiente

8.2. Educación Ambiental El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente ha sido, desde su creación en el año 1976, el rector de la política educativa ambiental en el país, la cual asume como parte de su misión y la define tomando como base las grandes orientaciones emanadas de diferentes eventos nacionales e internacionales en materia de educación ambiental La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece un proceso de cambio, dándole rango constitucional al tema ambiental. En su artículo 127 instituye el derecho de toda la población al disfrute de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Igualmente, la Constitución aporta una vía para promover estos procesos educativos al establecer en su artículo 107: La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana no formal ( ). Adicionalmente, la Ley Orgánica del Ambiente incluye el Título IV específicamente para el tema de la Educación Ambiental y la Participación Ciudadana, donde se define como objeto de la educación ambiental el promover, generar, desarrollar y consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, aptitudes y actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad, que se reflejará en alternativas de solución a los problemas socioambientales, contribuyendo así al logro del bienestar social, integrándose en la gestión del ambiente a través de la participación activa y protagónica, bajo la premisa del desarrollo sustentable. De allí surge la necesidad de impulsar cambios en el área de la educación ambiental acordes con estos aspectos. Una educación ambiental que parta de los postulados definidos por la Constitución Bolivariana deberá superar las prácticas educativas memorísticas, teoricistas y aisladas de las realidades socioambientales del país, para convertir la educación en un proceso transformador de las relaciones humanas, sociales y ambientales, en un mecanismo de lucha contra la pobreza y la exclusión, en un instrumento de mejoramiento de las condiciones ambientales, así como en enfoques educativos dirigidos a promover el desarrollo de comunidades críticas, participativas y responsables de su entorno, que actúen en pro del establecimiento de modelos alternativos de desarrollo socialmente justo y ambientalmente armonioso. Ello debe conducir finalmente a la nueva conciencia ambiental. (GEO Venezuela- Perspectivas del Medio Ambiente en Venezuela 2010) Un mecanismo que ha sido usado por diversas naciones para la gestión pública de los procesos educativos ambientales, es el desarrollo de Políticas, Estrategias o Leyes Nacionales que promuevan, regulen y articulen las actividades, para hacerlas más efectivas en el logro de una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. De acuerdo con este nuevo enfoque del deber ser de la educación ambiental, el Estado venezolano a través del MINAMB adelanta la revisión y actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, con la cual se espera ampliar la base de actores, sectores y espacios 149 Plan Nacional del Ambiente

sociales donde llegue la educación ambiental desde una perspectiva participativa, diversificando además los agentes educativos y de promoción de la educación a favor del ambiente. Promoviendo así el desarrollo de una cultura ambiental vinculada a la generación de valores, aptitudes, actitudes y comportamientos, conformando así una ética enmarcada en los principios de democracia participativa y protagónica. En la educación formal, el MINAMB ha establecido desde el año 2001 una alianza estratégica con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con el propósito de avanzar en la construcción del nuevo currículo del Sistema Educativo Bolivariano, incorporando la educación ambiental como parte del mismo. Por otro lado se coordina con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior la promoción e incorporación de la dimensión ambiental en los programas de educación superior. En Venezuela se ha incrementado la incorporación de áreas de estudio a nivel de postgrado destinadas al área de ambiente, tanto en universidades públicas como privadas. Sin embargo, sería deseable que se acelerara la profundización del tema ambiental en la curricula educativa. (GEO Venezuela-Perspectivas del Medio Ambiente en Venezuela 2010) Para la educación ambiental no formal, el MINAMB adelanta el Programa Educación Ambiental en el Medio Rural, ejecutando talleres de Productor a Productor en las áreas de agro ecología y cooperativismo. Adicionalmente, en el ámbito divulgativo, ha dispuesto al servicio de la colectividad de nueve Unidades Móviles Ambientales totalmente equipadas como parte del proyecto El Ambiente en Movimiento, como herramientas de trabajo para el acercamiento con las comunidades en materia de educación ambiental a nivel nacional. 8.2.1 Política transversal de Educación Ambiental El PNA presenta el objetivo, las estrategias y las políticas que tienen como misión común fomentar la participación ciudadana y comunal en la gestión ambiental del país y que coadyuvarán a las autoridades competentes en la toma de decisiones en el proceso de gestión de la política ambiental. La aplicación de estas políticas, en cuanto a Educación Ambiental, permitirá sensibilizar a los ciudadanos en la conservación ambiental, que redundaría en un impulso al proceso de garantizar el desarrollo sustentable de la nación. Objetivo Específico 1. - Asegurar la educación ambiental formal y no formal para lograr un ciudadano con conciencia ambiental. Estrategia 1.1.-Establecer una educación ambiental para garantizar la formación de un ciudadano con conciencia ambiental. Política 1.1.1.- Fortalecer la educación ambiental para fomentar la conciencia ecológica y el desarrollo sustentable. Política 1.1.2.- Incorporar al pensum las asignaturas o materias con carácter obligatorio a todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional relativas a ética, participación protagónica, salud, conservación de la diversidad biológica, patrimonio natural y cultural, economía sustentable, consumo responsable, bienestar social, así como problemática ambiental mundial. 150 Plan Nacional del Ambiente

Política 1.1.3.- Desarrollar procesos educativos ambientales en el ámbito de lo formal y lo no formal, que promuevan y fortalezcan la conciencia ambiental. Política 1.1.4.- Impulsar la educación ambiental en los sistemas productivos para el desarrollo endógeno sustentable. Política 1.1.5.- Incorporar los aportes y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y de otras comunidades para el mejoramiento de procesos productivos y el uso de los recursos naturales. Política 1.1.6.- Establecer contenidos educativos ambientales diferenciados según la identidad geográfica, cultural y étnica mediante la capacitación y la formación para lograr la conservación de los recursos naturales. Política 1.1.7.- Promover el diseño de nuevas metodologías y técnicas de enseñanzaaprendizaje para el desarrollo sustentable Política 1.1.8.- Actualizar al personal docente en materia de gestión ambiental para el desarrollo sustentable. Política 1.1.9.- Impulsar un Sistema Nacional de Certificación y Acreditación de la formación en educación ambiental en los diferentes niveles educativos, formales y no formales. Política 1.1.10.- Promover una nueva ética ambiental basada en valores de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Política 1.1.11.- Incorporar la temática ambiental en los programas de capacitación del personal en las instituciones públicas y privadas. Política 1.1.12.- Intensificar la utilización de los medios de comunicación como instrumentos de formación en el tema ambiental. Política 5.1.13.- Difundir la cultura ambiental, que valore el conocimiento tradicional, la identidad regional y local. Política 1.1.14- Asegurar la disponibilidad de información técnica, documental y educativa de carácter ambiental. Política 1.1.15.- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al proceso de divulgación y educación ambiental. Política 1.1.16- Propiciar el comunicador social especializado en materia ambiental. Política 1.1.17.- Impulsar la formación y capacitación del voluntariado para coadyuvar con la gestión ambiental de sus espacios 151 Plan Nacional del Ambiente

República Bolivariana de Venezuela 8.3. Fiscalización, Vigilancia y Control Ambiental La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que cada generación tiene el derecho y el deber de proteger y mantener el ambiente en beneficio de si misma y del mundo futuro, siendo una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación. La Ley Orgánica del Ambiente en el Título VII sobre control ambiental, establece que la Autoridad Nacional Ambiental ejercerá el control ambiental, previo y posterior, sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente; mientras que la guardería ambiental será ejercida por los ministerios con competencia en materia de: Ambiente, Industrias Básicas y Minería, Infraestructura, Salud, Agricultura y Tierra, Energía y Petróleo y por la Fuerza Armada Nacional, por órgano de la Guardia Nacional, y demás órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal en el marco de sus competencias. La situación ambiental que presenta el país, caracterizada por la pérdida creciente de cobertura vegetal, la contaminación de ríos, lagos y lagunas, la contaminación atmosférica en centros urbanos e industriales, la pérdida de suelos con vocación agrícola, el manejo inadecuado tanto de residuos y desechos sólidos de origen doméstico, como de sustancias, materiales y desechos peligrosos, la disminución de la diversidad biológica, entre otros, obedece a múltiples causas siendo una de ellas el ejercicio insuficiente de fiscalización, vigilancia y control ambiental por parte de los organismos con competencia en la materia. Esta situación requiere que se repiense y reorganice desde las normas hasta la planificación y acciones. A los efectos de llevar a cabo una agenda ambiental sustentable para el crecimiento y la equidad, que permita traducir la visión estratégica en políticas públicas concretas, es imprescindible trabajar en las herramientas adecuadas. Es por ello que no se puede vislumbrar la definición de una política de desarrollo sustentable y una estructura regulatoria para proteger la calidad ambiental, sin considerar la capacidad para ejercer una fiscalización, vigilancia y control efectivo de las normas existentes. 8.3.1. Política Transversal de Fiscalización, Vigilancia y Control Ambiental El PNA formula el objetivo, las estrategias y las políticas con la finalidad de impulsar la fiscalización, la vigilancia y el control para la gestión ambiental. La aplicación de estas políticas permitirá administrar acciones específicas, de tal forma que todas las actividades económicas, sociales y culturales que involucren el aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio nacional se realicen de manera sustentable, mejorando así la calidad de vida de la población. 152 Plan Nacional del Ambiente

Objetivo Específico 1.- Impulsar la fiscalización, la supervisión, la vigilancia, el control y la guardería para la conservación de los recursos naturales. Estrategia 1.1.- Fortalecer la fiscalización, la supervisión, la vigilancia, el control y la guardería para garantizar la sustentabilidad de la gestión ambiental. Política 1.1.1.- Aplicar un plan nacional de fiscalización, supervisión, vigilancia y control ambiental. Política 1.1.2.- Consolidar un sistema nacional interinstitucional que asegure la supervisión, vigilancia y el control ambiental. Política 1.1.3.- Adaptar los mecanismos de control previo y posterior al nuevo paradigma de gestión ambiental en las áreas: Permisología, Guardería Ambiental, Auditoría Ambiental, Supervisión Ambiental y Policía Ambiental. Política 1.1.4.- Establecer la obligatoriedad de la Constancia de Cumplimiento o Desempeño Ambiental como un instrumento de control ambiental. Política 1.1.5.- Establecer los indicadores de gestión ambiental para el direccionamiento de la supervisión, vigilancia y el control ambiental. Política 1.1.6.- Establecer nuevas normas y procedimientos para asegurar la operatividad del sistema nacional de fiscalización, control, vigilancia y guardería ambiental. Política 1.1.7.- Fortalecer el recurso humano para la Fiscalización, Supervisión, Control y Guardería Ambiental. Política 1.1.8.- Fortalecer las "Oficinas de Atención al Ciudadano" para garantizar la participación en las actividades de supervisión y control ambiental. Política 1.1.9.- Establecer los criterios para integrar la participación de las comunidades organizadas, los consejos comunales y organizaciones civiles con fines ambientales como órganos auxiliares de guardería ambiental. Política 1.1.10.- Fortalecer la red de vigilantes voluntarios ambientales (REDVIVA), el 0800 AMBIENTE. Política 1.1.11.- Fortalecer el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA). 153 Plan Nacional del Ambiente

8.4. Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación La toma de decisiones oportunas y acertadas de las políticas públicas en materia ambiental depende de la disponibilidad de información científica actualizada y del acceso a los saberes populares, así como del conocimiento de las relaciones políticas, sociales y culturales involucradas en la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales. La Ley Orgánica del Ambiente establece, en su Artículo 10, numeral 9: Son objetivos de la gestión del ambiente, bajo la rectoría y coordinación de la Autoridad Nacional Ambiental: Estimular la creación de mecanismos que promuevan y fomenten la investigación y la generación de información básica. Adicionalmente, en su artículo 23, numeral 2, establece como uno de los lineamientos para la planificación del ambiente: La investigación como base fundamental del proceso de planificación, orientada a determinar el conocimiento de las potencialidades y las limitaciones de los recursos naturales, así como el desarrollo, transferencia y adecuación de tecnologías compatibles con el desarrollo sustentable. Dado que la investigación ambiental es una de las grandes áreas que soportan la gestión ambiental, pero a su vez no es total responsabilidad del MINAMB realizarla, su rol debe canalizarse priorizando las áreas temáticas que requieren urgente atención, abrir nuevas áreas de acuerdo a las necesidades, coordinar con el ente rector en lo relativo a la ciencia, tecnología e innovación, las universidades e institutos de investigación, e incentivar la realización de las investigaciones que se requieren. La gestión de saberes amerita impulsar una agenda de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en materia ambiental que incorpore como ejes transversales la participación comunitaria, la educación ambiental y la formación de investigadores críticos, socialmente comprometidos y con una visión sistémica e integradora. Se requiere igualmente, fomentar, consolidar y aprovechar todos los esfuerzos individuales y colectivos, de universidades, instituciones y empresas, a favor de la investigación en materia ambiental, para que, complementados con la investigación científica y técnica aplicada, el país disponga del mejor conocimiento para atender los problemas ambientales que actualmente enfrenta el país, prevenir y reducir impactos futuros, y asumir las obligaciones internacionales. El formula el Programa Nacional de Investigación Ambiental (PNIA) donde se establecen las Directrices que orientarán a la Nación en la búsqueda y gestión del conocimiento y así alcanzar la suprema felicidad social. En éste programa se han definido nueve (9) áreas de investigación: 1) Cambio Climático Global y Prevención de Riesgos Socionaturales; 2) Diversidad Biológica; 3) Calidad Ambiental; 4) Gestión Integral de las Aguas; 5) Tecnologías para la Conservación y el Desarrollo Sustentable; 6) Desertificación y Sequía; 7) Planificación Ambiental y Ordenación Territorial; 8) Energías Alternativas Ambientalmente Sustentables; 9) Sistemas Humanos en Relación al Desarrollo Sustentable y la Conservación; para cada una de las cuales se han 154 Plan Nacional del Ambiente

establecido las líneas de investigación. El programa se viene elaborando con la participación activa del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación y las Universidades con la finalidad de articular esfuerzos que aseguren el logro de los objetivos planteados. 8.4.1. Política Transversal de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Los objetivos, las estrategias y las políticas que se formulan tienen como cometido revertir la situación que presenta el país en cuanto a la necesidad de información técnico-científica en el área ambiental que permita las autoridades competentes mejorar la toma de decisiones durante el proceso de gestión de la política ambiental. Objetivo Específico 1.- Establecer la política de investigación científica y desarrollo tecnológico e innovación en materia de conservación ambiental y aprovechamiento sustentable. Estrategias 1.1.- Gestionar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia ambiental para impulsar el desarrollo sustentable. Política 1.1.1.- Establecer un Programa Nacional de Investigación Ambiental. Política 1.1.2.- Promover las líneas de investigación ambiental establecidas en el Programa Nacional de Investigación Ambiental en las instituciones de educación superior y de formación técnica, academias nacionales, laboratorios y centros de investigación y desarrollo, públicos y privados. Política 1.1.3.- Investigar sobre la aplicabilidad de los conocimientos ancestrales en las actividades de aprovechamiento y conservación del ambiente. Política 1.1.4.- Investigar para el desarrollo y adaptación de tecnologías ambientalmente sustentables en el mejoramiento de productos y procesos productivos en el país. Política 1.1.5.- Establecer líneas de investigación para resarcir los daños ambientales causados por actividades antrópicas. Política 1.1.6.- Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones en materia de conservación ambiental. Política.1.1.7.- Generar e integrar conocimientos para reducir los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgos en los distintos espacios geográficos. Política 1.1.8.- Establecer el Registro de Investigación Ambiental. Política 1.1.9.- Impulsar la participación y el compromiso interinstitucional para el fomento y desarrollo de la investigación ambiental. 155 Plan Nacional del Ambiente

Política 1.1.10.- Realizar el estudio de la disponibilidad y demanda estratégica de los recursos naturales: hídricos, forestales, edáficos, biológicos, minerales, entre otros, a nivel nacional y regional. 156 Plan Nacional del Ambiente

8.5. Marco Legal La República Bolivariana de Venezuela es un país con grandes riquezas naturales que ha asumido múltiples compromisos en el panorama ambiental nacional e internacional a través de la firma y ratificación de numerosos convenios, protocolos y acuerdos vinculados con el tema ambiental. Estos compromisos de país ameritan la implementación de estrategias, políticas y acciones concretas para cumplir con los acuerdos entre las partes firmantes. El país cuenta con un marco legal ambiental amplio, partiendo desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual se garantiza como derechos, individual y colectivo, el disfrute de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, se denota la importancia de la ordenación del territorio para el logro del desarrollo sustentable y reconoce los estudios de impacto ambiental y socio cultural como requisito para desarrollar actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. Entre algunos de los instrumentos jurídicos están la Ley Penal del Ambiente, Ley Orgánica del Ambiente, Leyes Ordinarias, Normas Técnicas y Resoluciones para los diferentes elementos que componen el ambiente, tales como: agua; ABRAE; sustancias, materiales y desechos peligrosos; residuos y desechos tóxicos; bosques; suelos; ordenación del territorio; aire y diversidad biológica. Estos instrumentos jurídicos sustentan la gestión ambiental por parte del MINAMB, como Autoridad Nacional Ambiental y ente rector de la política ambiental, sin embargo, a la luz de la dinámica de los cambios ambientales, la misma requiere ser revisada y actualizada para asegurar el desarrollo sustentable. 8.5.1. Política Transversal del Marco Legal A continuación se presentan el objetivo, las estrategias y las políticas formuladas que pretenden asegurar el logro de la gestión ambiental, apoyada en un marco legal estratégico y actualizado, orientado hacia el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales. Objetivo Específico 1.- Adecuar el marco legal ambiental para impulsar la gestión ambiental y el desarrollo sustentable. Estrategia 1.1.- Promover la adaptación del marco legal para asegurar la sustentabilidad de la gestión ambiental. 157 Plan Nacional del Ambiente

Política 1.1.1.- Actualizar el marco jurídico ambiental. Política 1.1.2.- Establecer los reglamentos que rijan las leyes Orgánicas y Ordinarias en materia ambiental. Política 1.1.3.- Crear y actualizar las normas técnicas en materia ambiental. Política 1.1.4.- Establecer una estructura propia para la materia ambiental en el sistema judicial. Política 1.1.5.- Establecer la formación y capacitación de Jueces y Fiscales especializados en materia ambiental. Política 1.1.6.- Impulsar la gestión ambiental desde la suscripción estratégica de tratados y convenios internacionales. Política 1.1.7.- Implementar el sistema de información en materia de Legislación Ambiental de alcance nacional, estadal, municipal y comunal. 158 Plan Nacional del Ambiente

República Bolivariana de Venezuela 8.6. Participación Ciudadana y Comunal La participación corresponsable y activa de la sociedad en la planificación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia ambiental, es un componente esencial para avanzar hacia la transformación de los patrones socios políticos y culturales causantes del deterioro ambiental. Esta coadyuvará a impulsar el desarrollo sustentable del país para lograr la cooperación, la coordinación y el establecimiento de acuerdos entre el gobierno y los ciudadanos. La participación ciudadana en la gestión ambiental es un derecho y también una obligación, establecido en la Ley Orgánica del Ambiente y se estipula como uno de los principios. Adicionalmente, en la citada ley se incluye el Título IV específicamente para el tema de la Educación Ambiental y la Participación Ciudadana, que entre otros aspectos, establece el ente competente para reglamentar los mecanismos de participación, incorpora la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo del país que puedan afectarles; establece las formas asociativas para la gestión del ambiente, así como el derecho y deber de denunciar agresiones al ambiente. Con la participación ciudadana se favorecen la transparencia, la fiscalización de la gestión ambiental y la rendición de cuentas, se mejora la actuación de los responsables de la toma de decisiones, se reducen las posibilidades de conflictos y se fortalecen la evaluación y el seguimiento de las estrategias, políticas y acciones específicas. Todo ello coadyuva a la construcción de espacios de confianza y colaboración entre sociedad y gobierno, y a la resolución compartida de los problemas ambientales, propiciando así la consolidación del proceso de cambio cultural. Una gestión ambiental cierta, transparente y socialmente consensuada, es sólo posible a través de la concurrencia de los intereses y preocupaciones de los actores involucrados, como lo son: los organismos del Estado, la comunidad local, los académicos, los propios afectados, los grupos de opinión, los sectores productivos y la ciudadanía organizada. La participación permite reconocer las legítimas diferencias entre las partes, así como buscar acuerdos y consensos ambientales. Las características más recurrentes de los procesos participativos son: el desconocimiento de la legislación ambiental por parte de la ciudadanía en general; la falta de información de los actores o la información manipulada en favor de ciertos intereses; la ausencia de diálogo entre las partes involucradas; la descoordinación interinstitucional, la poca capacidad organizativa de los afectados; la urgencia por revertir una situación ambiental específica y prevenir los efectos no deseados asociados a los nuevos proyectos de inversión; la intervención de intereses no ambientales pero estrechamente ligados a ellos, como los económicos, sociales y políticos, el desconocimiento técnico del tema o problemática ambiental que requiere atención. Para ello se deben incluir enfoques de empoderamiento y acompañamiento, impulsando el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos y comunidades para mejorar su propia calidad de vida y resolver los problemas ambientales locales y regionales tanto actuales como futuros. 159 Plan Nacional del Ambiente

Estas características muchas veces representan un obstáculo para el adecuado desarrollo de la participación ciudadana, por lo que se hace necesario impulsar sistemas de participación capaces de entregar y recoger la información a tiempo y en todas las direcciones, además de abrir mayores posibilidades de diálogo entre las partes. En Venezuela se vienen ampliando y consolidando de manera contundente los espacios de participación ciudadana en los diferentes ámbitos de gestión, siguiendo así las directrices del Plan de Desarrollo, Económico y Social de la Nación 2007-2013 al ser considerado como un eje transversal. El Estado venezolano asegura la participación ciudadana y comunal en la gestión ambiental a través de los concejos comunales, las mesas técnicas, la contraloría social, los medios comunitarios, siendo estos sólo algunos de los mecanismos implementados. El MINAMB adelanta la Política Nacional de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, con la cual se espera ampliar la base de actores, sectores y espacios sociales donde llegue la educación ambiental desde una perspectiva participativa, diversificando además los agentes educativos y de promoción de la educación a favor del ambiente. Adicionalmente, desde el año 2002 el MINAMB desarrolla programas y proyectos destinados a promover la participación de las comunidades organizadas en los diferentes sectores del país, como son: Programa de experiencias ambientales infantiles, Programa de agro ecología y organización comunitaria para la conservación ambiental, Comunidad en acción por un ambiente sano, Registro de comunidades organizadas y organizaciones públicas no estadales en el sector ambiental, Taller de diagnóstico ambiental participativo, Programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental compartida, Programa de divulgación de información en materia ambiental. Así mismo, el MINAMB ha desarrollado estrategias para incorporar a las comunidades en actividades destinadas a la conservación y saneamiento ambiental mediante la ejecución de proyectos comunitarios como los Comités Conservacionistas: Arbol Misión Socialista y las Mesas Técnicas de Agua. (GEO Venezuela- Perspectivas del Medio Ambiente en Venezuela 2010) 8.6.1. Política Transversal de Participación Ciudadana y Comunal El Objetivo, las Estrategias y las Políticas formuladas tienen como finalidad fomentar la participación ciudadana y comunal en la gestión ambiental del país, y coadyuvar con las autoridades competentes en la toma de decisiones durante el proceso de gestión de la política ambiental. La aplicación de estas políticas en cuanto a Participación Ciudadana y Comunal, permitirá que las actividades económicas y el aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio nacional se realicen de manera sustentable, mejorando así la calidad de vida de la población. Objetivo Específico 1.- Lograr la participación ciudadana y comunal para el aprovechamiento sustentable y conservación de los recursos naturales. Estrategia 1.1.- Fomentar la participación ciudadana y comunal en la gestión ambiental. Política 1.1.1.- Propiciar la participación ciudadana y comunal, en actividades ambientales a nivel nacional, estadal, municipal, local y comunal. 160 Plan Nacional del Ambiente

Política 1.1.2.- Reglamentar y difundir los mecanismos, instrumentos y procedimientos para hacer efectiva la participación ciudadana en la formulación, ejecución y control de las políticas, planes y proyectos en materia de gestión ambiental. Política 1.1.3.- Incentivar la participación de los pueblos indígenas y poblados autóctonos en la formulación, aplicación, evaluación y control de actividades desde la perspectiva del desarrollo sustentable en sus respectivos ámbitos. Política 1.1.4.- Fortalecer las instancias administrativas como mecanismos para fomentar la participación ciudadana y comunal efectiva. Política 1.1.5.- Fomentar campañas para estimular la participación ciudadana y comunal en la gestión ambiental. Política 1.1.6.- Asegurar la participación ciudadana y comunal en la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos de su comunidad. Política 1.1.7.- Promover el voluntariado para coadyuvar la gestión ambiental de sus espacios. Política 1.1.8.- Fomentar la participación comunitaria en los sistemas de alerta temprana. 161 Plan Nacional del Ambiente

8.7. Riesgos Socio-naturales y Tecnológicos Venezuela presenta una alta posibilidad de ocurrencia de eventos sísmicos, meteorológicos, geológicos, e hídricos, producto de su localización geográfica. Otros procesos naturales aumentan su nivel de amenaza producto de la actividad del ser humano, algunos de estos son la desertificación y el aumento del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. La vulnerabilidad como país ante estos eventos se ve incrementada debido a la localización de la población y actividades económicas en sitios de alto riesgo. Los mayores riesgos potenciales son los sísmicos y su efecto en cuanto a pérdidas humanas y económicas, debido a que gran parte de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica, esto incide directamente en la potencialización de los daños a medida que se eleva el índice demográfico y las inversiones en infraestructura. Otros eventos que implican riesgo pueden ser cíclicos o estacionales, en especial los vinculados a los ciclos de lluvia-sequía, o inesperados, como son las inundaciones, tsunamis, derrumbes o incendios; ello implica la definición y aplicación de prácticas conservacionistas específicas para cada tipo de desastre natural y así minimizar los riesgos; estos aspectos fueron ampliamente descritos en el Área Estratégica de Asentamientos Humanos del PNA. Los riesgos tecnológicos son asociados a diferentes actividades humanas con la finalidad de aprovechar determinado recurso natural, entre las que destacan la minería, la actividad petrolera e industrias asociadas y la gestión inadecuada de desechos sólidos y de las sustancias, materiales y desechos peligrosos, entre otros. Esta condición requiere la aplicación de políticas de gestión de riesgos para prevenir, reducir y mitigar las condiciones de vulnerabilidad de la población. 8.7.1. Política Transversal de Riesgos Socio-naturales y Tecnológicos El Objetivo, las Estrategias y las Políticas del tema Riesgos Socio-naturales y Tecnológicos, están orientados a la consecución de una gestión efectiva de los mismos, para reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y la infraestructura general ante las amenazas de diferentes orígenes a las que son susceptibles. 162 Plan Nacional del Ambiente

Objetivo Específico 1.- Establecer la política de gestión de riesgos socio-naturales y tecnológicos. Estrategia 1.1.- Gestionar los riesgos socio-naturales y tecnológicos para reducir las condiciones de vulnerabilidad de los ecosistemas, la población y la infraestructura. Política 1.1.1.- Asegurar la ejecución de un plan nacional de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos. Política 1.1.2.- Fortalecer la Secretaría Técnica de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos. Política 1.1.3.- Fortalecer directrices para lograr la reducción de riesgos socionaturales y tecnológicos a nivel nacional, estadal, municipal, local, comunal y sectorial. Política 1.1.4.- Fortalecer un sistema nacional de control de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos. Política 1.1.5.- Fortalecer los indicadores que permitan evaluar y dirigir la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos. Política 1.1.6.- Impulsar la integración de la institucionalidad para la gestión integral conjunta de los riesgos socionaturales y tecnológicos. Política 1.1.7.- Fortalecer los mecanismos de información, prevención, mitigación y asistencia ante los riesgos potenciales en todas las instancias públicas y privadas, así como de la población en general. Política 1.1.8.- Fortalecer y fomentar los sistemas de alerta temprana. 163 Plan Nacional del Ambiente

8.8. Ordenación del Territorio consecuencias ambientales que ello conlleva. Históricamente la población venezolana ha crecido y concentrado el desarrollo de sus principales actividades económicas en la región norte-costera, lo cual ha traído como consecuencia una alta densidad de población en la región, mientras que el sur del territorio presenta una densidad poblacional relativamente baja. La concentración de la población en la región norte costera se ha traducido en una alta demanda de recursos, muchos de ellos escasos o no existentes en la misma y el establecimiento de la población en sitios inadecuados o de alto riesgo, multiplicando la vulnerabilidad natural que existe en la zona, con las La ordenación del territorio y la definición de planes o estrategias ambientales sectoriales son herramientas para lograr el crecimiento y distribución sustentable de la población. La definición y aplicación de estas herramientas está definida en Leyes Orgánicas, tales como la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Orgánica para la del Ordenación del Territorio, existiendo igualmente lineamientos en Leyes Ordinarias como la Ley de Aguas, Ley de Bosques, etc. El sistema nacional de planificación para lo ordenación del territorio juega un papel fundamental dentro de la dinámica del desarrollo sustentable, mediante el sistema se formulan y evalúan las Directrices para orientar la gestión sustentable de la ordenación del territorio nacional, las cuales se integran en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, que debe guiar el desarrollo físico espacial en un balance de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, entre las actividades económicas y los asentamientos humanos, para asegurar el desarrollo físico espacial ambientalmente sustentable y apto para el bienestar de la población. La implementación de los planes de ordenación nacional, estadales, municipales, entre otros, debe contar con la participación de las instancias correspondientes con competencia, para asegurar la gestión de los mismos; por lo que se requiere de la unificación de esfuerzos para llevar a cabo una planificación y ordenación del territorio, oportuna y consensuada permitirá la desconcentración de las zonas más pobladas del país, equilibrando así las marcadas diferencias de densidad poblacional. 8.8.1. Política Transversal de Ordenación del Territorio Para abordar la Ordenación del Territorio, se formulan Objetivos, Estrategias y Políticas acordes con el carácter estratégico del mismo, destacando su importancia dentro de la gestión ambiental para el logro de una concentración equilibrada de la población y sus actividades. 164 Plan Nacional del Ambiente

Objetivo Específico 1.- Asegurar la ordenación del territorio nacional como mecanismo estratégico de gestión ambiental para impulsar el desarrollo sustentable. Estrategia 1.1.- Impulsar el sistema nacional de planificación de la ordenación del territorio. Política 1.1.1. - Establecer un nuevo patrón de ocupación territorial que impulse el desarrollo sustentable endógeno. Política 1.1.2.- Asegurar que la ordenación del territorio se establezca mediante criterios de aprovechamiento, conservación y preservación de los recursos naturales. Política 1.1.3.- Impulsar el nuevo urbanismo ecológico y el modelo de la ciudad compacta ecoeficiente. Política 1.1.4.- Implementar la estrategia nacional de desconcentración de actividades y población de la zona centro norte costera. Política 1.1.5.- Promover la seguridad integral fronteriza en el marco de la nueva ordenación del territorio. Política 1.1.6.- Asegurar que la ordenación del territorio se establezca en el marco de los lineamientos del Plan Nacional del Ambiente. Política 1.1.7.- Integrar la verticalidad y horizontalidad del sistema nacional de planificación de la ordenación del territorio para asegurar la gestión ambiental. Política 1.1.8.- Asegurar la integración de los Proyectos Especiales de Desarrollo Nacional al sistema nacional de planificación de la ordenación del territorio. Política 1.1.9.- Elaborar y aplicar el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, Planes Regionales de Ordenación del Territorio, los Planes de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales y los demás Planes Sectoriales, los instrumentos de ordenación urbanística y los planes de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Política 1.1.10.- Asegurar que el Proyecto Socialista Orinoco se desarrolle dentro del ámbito de la política ambiental nacional. Política 1.1.11.- Establecer la planificación y la ordenación del espacio marino costero para impulsar el desarrollo sustentable. Política 1.1.12.- Integrar los lineamientos de gestión ambiental al sistema nacional de planificación de la ordenación del territorio. Política 1.1.13.- Establecer e integrar los canales de comunicación entre el Sistema de Seguridad y Defensa de la Nación y el Sistema Nacional de Planificación para la Ordenación del Territorio. 165 Plan Nacional del Ambiente

8.9. Reorganización Institucional La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus Disposiciones Transitorias expresa la necesidad de efectuar cambios en las estructuras públicas, para adaptarlas a la nueva realidad social y política del país, maximizar la eficacia y la eficiencia de la Administración Pública, así como lograr un acercamiento efectivo a la población para la satisfacción de sus necesidades fundamentales de manera oportuna y superar los procesos burocráticos, garantizando el apego a la legalidad en la actuación. (Ley Orgánica de la Administración Pública, 2008) A partir de la Ley Orgánica de Administración Pública, se pretende actualizar y transformar las instituciones, orientando su actuación al servicio de las personas, teniendo en cuenta los principios de legalidad, economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la forma y responsabilidad. (Ley Orgánica de la Administración Pública, 2008) La Autoridad Nacional Ambiental es ejercida por el MINAMB, ente que pauta la política para el manejo de los recursos naturales, así como de la gestión ambiental a nivel nacional, la estructura administrativa de este organismo ha sido modificada con el paso del tiempo para adecuarla a las exigencias del país en materia de ambiente; sin embargo, es necesario seguir realizando esfuerzos en este sentido para afianzar la posición del MINAMB como Autoridad Nacional Ambiental, especialmente en su rol preventivo de daños ambientales, fundamentándose en la planificación ambiental como instrumento para el logro del desarrollo sustentable del país. Por otra parte debe trabajarse para el logro de la cohesión y coordinación interinstitucional, para garantizar la instrumentación de la política ambiental y el desarrollo de proyectos de importancia nacional. En el marco del Plan Nacional del Ambiente se busca obtener un mayor nivel de integración interinstitucional para el desarrollo de la gestión ambiental nacional, que amerita la adecuación de la estructura organizativa en general. La reestructuración de las instituciones se debe asumir como una variable clave en la transformación del país, más allá de la reingeniería de procesos, procedimientos, normas y políticas internas, demanda de una misión y una visión integrada. La internalización de las políticas ambientales en las instituciones debe hacerse tomando como modelo aquellas empresas públicas o privadas, instituciones educativas, organismos gubernamentales y comunidades organizadas que tengan prácticas ecoeficientes de producción limpia, optimización del uso de recursos naturales, reutilización y reciclaje de residuos. 166 Plan Nacional del Ambiente

8.9.1. Política Transversal de Reorganización Institucional A continuación se presentan los objetivos, estrategias y políticas que se plantean para impulsar la reorganización de las instituciones, con la finalidad de aunar esfuerzos que aseguren una gestión ambiental que coadyuve a la ejecución de la política ambiental en pro del desarrollo sustentable. Objetivo Específico 1. - Realizar la reestructuración de la Institucionalidad para asegurar la consecución de la política ambiental. Estrategia 1. 1. Implementar una reorganización institucional ecoeficiente. Política 1.1.1.- Crear, reorganizar y modernizar las instituciones públicas y privadas para fortalecer la gestión ambiental. Política 1.1.2.- Aplicar el Sistema de Control Interno en las instituciones públicas para asegurar la gestión ambiental. Política 1.1.3.- Fortalecer los ingresos propios del MINAMB. Política 1.1.4.- Implementar un Sistema Nacional de Planificación Ambiental a todos los niveles de gobierno. Política 1.1.5.- Implementar el Sistema Nacional de Control de Gestión del Plan Nacional del Ambiente. Política 1.1.6.- Implementar programas orientados a los entes públicos y privados que promuevan una reorganización ecoeficiente. Política 1.1.7.- Asegurar la rectoría de la Autoridad Ambiental en la promoción de la reestructuración de las instituciones públicas y privadas. Política 1.1.8.- Impulsar la internalización de los nuevos valores ambientales para la sustentabilidad. Política 1.1.9.- Fortalecer el sistema de capacitación y desarrollo de personal en materia ambiental y ecoeficiencia. Política 1.1.10.- Fortalecer el Registro de Información Ambiental. 167 Plan Nacional del Ambiente

República Bolivariana de Venezuela 8.10. Cooperación Internacional Conscientes de las potencialidades y ventajas de la disponibilidad de recursos naturales con que cuenta el país, el Estado venezolano viene ratificando tratados internacionales multilaterales, regionales y bilaterales, que establecen importantes compromisos y oportunidades para robustecer la gestión ambiental y el desarrollo sustentable del país. Igualmente, participa en diversos foros para la definición de políticas públicas, internacionales y, como parte de la estrategia de integración multipolar, trazada en el PDESN, para lo cual se viene conviniendo una serie de tratados que deben contribuir al desarrollo económico sustentable de la Nación. Venezuela ha suscrito 26 convenios y acuerdos internacionales, de los cuales 5 están relacionados con los temas Flora y Fauna, 1 en Cooperación Amazónica, 3 en Espacios Marino, 5 en Atmósfera, 1 en Patrimonio Mundial, 3 en Diversidad Biológica, 2 en Cambio Climático, 1 en Maderas Tropicales, 2 en Desechos Peligrosos, 1 en Desertificación, 1 en Compuestos Orgánicos Persistentes y 1 en Plaguicidas. El convenimiento de estos compromisos internacionales buscan fortalecer la cooperación internacional, la transferencias de tecnologías sustentables y de recursos financieros en aras de asegurar la sinergia para atender la situación ambiental y coadyuvar en la ejecución de la política ambiental global, especialmente en la problemática asociada a: disminución de la disponibilidad de agua dulce superficial y subterránea; disminución de la superficie boscosas y matorrales por actividades antrópicas; reducción de fauna acuática marina y continental por sobreexplotación; alteración y degradación de fondos marinos por pesca de arrastre; disminución de la fauna ictícola de agua dulce por contaminación, sobrepesca y uso de explosivos; pérdida progresiva de especies polinizadoras y dispersadoras de semillas; pérdida o desaparición de aves y mamíferos insectívoros; creciente fragmentación de hábitats; afectación de la calidad de vida de poblaciones humanas más pobres por la disminución de los recursos naturales disponibles; crecimiento de la introducción de especies exóticas. A estas situaciones ambientales se agregan otras como: consecuencias y vulnerabilidad ante Cambio Climático y sus impactos en los recursos hídricos, sector agrícola y ascenso del nivel del mar; la falta de manejo integral de de las sustancias, materiales y desechos peligrosos; la disminución de la calidad del aire por falta de control efectivo de las emisiones industriales, vehiculares, comerciales y agrícolas generan enfermedades respiratorias y amenazan a la composición de la atmósfera, en particular la disminución de la capa de ozono; incremento significativo de la superficie de tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, así como la degradación física y química de suelos. 168 Plan Nacional del Ambiente