302-2009-2015 Caracas, 09 de junio de 2015 MANIFIESTO DE FEFARVEN ANTE LA ESCASEZ DEL MEDICAMENTO EN VENEZUELA Por mandato expreso de la XLIX ASAMBLEA NACIONAL DE LA FEDERACIÓN FARMACÉUTICA VENEZOLANA (FEFARVEN) DR. DARÍO CONDE ALCALÁ, realizada en Barquisimeto, Estado Lara, en la que se constituyó el frente único contra la escasez de medicamentos; muy a pesar nuestro, nos dirigimos al país para desnudar ante la opinión pública la situación que está atravesando en estos momentos el Sector Farmacéutico y plantearle sugerencias al Ministro del Poder Popular para la Salud (MPPS), Dr. Henry Ventura, con la finalidad de aportar de una manera constructiva las posibles soluciones que tanto requiere y necesita el Sector Salud, comprometido con los pacientes distribuidos en todo el territorio nacional. El acaparamiento, la especulación, la usura, el contrabando, el amedrentamiento, el boicot, la guerra económica, no pueden ser las premisas a enarbolar por el Estado para dar respuesta a las necesidades que está padeciendo el país. El MPPS debe revisar los procesos de adquisición de Medicamentos e insumos del sector público a su cargo, a fin de evitar la pérdida de recursos; hecho éste de conocimiento público y referido en la prensa escrita nacional, en artículos tales como los publicados por el Diario El Nacional el 02/03/2014: Se vencieron 50.000 kilos de medicamentos en el SEFAR, en el que además refieren que es la tercera vez que ocurre en los últimos cinco años. Asimismo, el caso de la Fundación Oro Negro, organismo adscrito al Ministerio de Petróleo y Minería, en el que reiteran que su función es cumplir con el plan técnico del material de aseguramiento médico anual presentado por la Misión Barrio Adentro, deslindándose de cualquier responsabilidad de lo denunciado el domingo 26/05/2013 por el diario Ultimas Noticias, sobre el abandono de al menos cinco contenedores de medicamentos provenientes de la República de Cuba, los que nunca fueron distribuidos. El día sábado 24 de mayo de 2014, en el Diario El Universal, el Diputado Ricardo Sanguino señaló que la averiguación realizada por la comisión que investiga el uso de las divisas en el lapso 2011-2013, determinó que CADIVI aprobó 20 mil millones de dólares para importaciones que nunca ingresaron al país; indicación que nos induce a preguntarnos: Se evaluó el histórico de las empresas a las que se les otorgaron las divisas? Por otra parte, no han sido atendidas las recomendaciones de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, con respecto a los señalamientos plasmados en los últimos informes, como es el caso de aquellas planteadas en uno de sus Informes Especiales del año 2010, titulado: Evaluación de los procesos administrativos relacionados con la planificación, adquisición, almacenamiento y distribución de los productos farmacéuticos, durante el período 2005, al 1er. Semestre de 2010, en el Ministerio del Poder Popular para la Salud y en el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas. Parte de tales recomendaciones se transcriben a continuación: "Planificar y programar la adquisición de medicamentos, con el objetivo de garantizar que los mismos estén en concordancia con las necesidades reales de la población, evitando de esta manera el vencimiento de tales productos y por consiguiente la pérdida del patrimonio público. Ejercer
efectivamente el control y supervisión de todos los actos o acciones que se deriven de la ejecución de los contratos suscritos internacionalmente, a fin de garantizar la correcta administración de los recursos del Estado. Establecer un comité de trabajo que se encargue de la planificación de los medicamentos a adquirir a través de convenios internacionales, con la participación de unidades técnicas y administrativas responsables del suministro, programas nacionales de salud pública, unidades de almacenamiento, instancias responsables de la ejecución de tales contratos y las Direcciones Regionales de Salud; a los efectos de: a) Garantizar una adecuada selección de insumos de medicamentos para la población, b) Acondicionar los espacios físicos donde funcionan los almacenes, para garantizar la conservación y resguardo de los medicamentos, asegurando así la calidad de los mismos, c) Establecer los estudios necesarios para la dotación de medicamentos, acordes con las necesidades reales de cada centro de salud. Instar a los responsables de la ejecución de los contratos de adquisiciones de medicamentos, a establecer e implementar los mecanismos necesarios que permitan el resguardo y custodia de la documentación que respalde las transacciones y operaciones efectuadas con cargo a los mismos, con el fin de asegurar la confiabilidad y transparencia de los procesos ejecutados, así como demostrar de forma clara y transparente, el correcto manejo de los recursos utilizados para tal fin. Instar a las máximas autoridades del SEFAR, a elaborar los proyectos de manuales de normas y procedimientos que regulen el proceso de las operaciones correspondientes al Almacén de productos farmacéuticos, y presentarlos para su aprobación, a los fines de organizar, establecer y mantener un adecuado control interno de los procesos inherentes al mismo, que permita garantizar la calidad de los medicamentos durante su permanencia en el almacén; la custodia y vigilancia del movimiento de las existencias; así como el acondicionamiento idóneo de la infraestructura física. ( )se concluye que se efectuaron adquisiciones de productos farmacéuticos a la República de Cuba, sin ningún tipo de planificación y por ende de medicamentos no requeridos por los centros de salud a nivel nacional, otros cuyas existencias no justificaban nuevos pedidos e igualmente, no hubo una supervisión efectiva respecto a la ejecución de los contratos, por consiguiente, la recepción de medicamentos no solicitados, otros con fecha de vencimiento fuera del standard permitido e incumplimiento de los plazos de entrega fijados en los mismos. Almacenamiento inadecuado de los productos farmacéuticos, tanto de los vigentes como de los vencidos y rechazados; falta de oportunidad en la distribución de los mismos, dando lugar a incineraciones de volúmenes considerables de medicinas. (http://www.cgr.gob.ve/site_informes_special.php?cod=028)-) El criterio establecido por la Sala Constitucional, que prevalece desde el año 2004, según la sentencia 1002 del 26/05/2004, niega el control judicial de las políticas públicas, específicamente en materia de Salud. Así, niega la posibilidad de reclamar ante los tribunales las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, en la medida de que se encuentren relacionados con las políticas públicas. Para el 18 de junio de 2012, se reitera la negativa de que el MPPS rindiera cuentas sobre las irregularidades en la compra de medicamentos a la República de Cuba; la que había sido cuestionada por la Contraloría General de la República. Sólo ilustramos con dos ejemplos, para demostrar la triste realidad existente en las políticas públicas de adquisición de insumos y medicamentos. Señor Ministro, si en realidad deseamos generar los cambios necesarios para que un verdadero sistema público nacional de salud funcione, está en sus manos el revisar estos procesos: Si los convenios han sido establecidos en función de montos de dinero y no a necesidades; si se consulta a todos los establecimientos de salud cuáles son sus verdaderos requerimientos; si se cuantifica no sólo las necesidades satisfechas, sino también las insatisfechas, así como las pérdidas económicas que han sido recurrentes al menos en los últimos cinco años. Qué sucede con los medicamentos que no han sido aprobados por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel? Por qué a las instituciones de salud del estado
venezolano llegan medicamentos y productos odontológicos adquiridos por el MPPS, que se encuentran próximos a vencer? Quién responde por esta situación? Asuma el reto de construir un sistema público nacional de suministro de medicamentos eficiente y efectivo, que garantice la disponibilidad, accesibilidad y uso racional del medicamento. Esta es una atribución ineludible de su Despacho. Si bien el MPPS no puede liquidar divisas para la adquisición de medicamentos para abastecer al sector salud, porque no es su competencia y eso depende de la buena fe del ente rector en materia cambiaria, como lo es el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX); es necesario que desde el MPPS, se propicien canales de comunicación para lograr el abastecimiento del sector, especialmente el privado, cuyas empresas, en su carácter de servicio público, cumplen con dispensar los medicamentos a todo el territorio nacional. También esperamos de su Despacho que convoque a todos los factores que hacen vida en el sector, para establecer las políticas públicas en materia de Salud y de medicamentos, que es lo que requerimos con urgencia todos los venezolanos. Llegó el momento de que el Gobierno deje de generar dinero y trabajo en otros países. Basta de trasladar las divisas fuera del país comprando productos que estamos en capacidad de producir. Compremos lo que realmente necesitamos y acabemos con esta economía de puertos que nos ha llevado a que la actividad petrolera represente el 96% de las entradas de divisas al país. Con respecto al SIAMED (Sistema Integral de Adquisición de Medicamentos), el sistema privado de distribución de Medicamentos ha demostrado durante 70 años, ser sumamente eficiente; siendo sólo equiparable al sistema de distribución nacional de la prensa diaria; un sistema de distribución que ha garantizado la entrega de los medicamentos en todos los rincones de Venezuela, con reposiciones que llegaron a ser diarias, cuando contábamos con una verdadera disponibilidad de medicamentos, productos de higiene personal e insumos médicos. Distribución que financia la tenencia de más de 5.700 farmacias, a las clínicas y a otros establecimientos de salud del país; así como también al sector público, con una condición agregada: Es autofinanciable y sin riesgo de pérdida de dinero por parte del Estado. Las causas de la escasez no tienen nada que ver con el sistema de distribución, sistema que siempre ha estado dispuesto a colaborar con los programas del Estado, como también se hizo con el hoy extinto Programa Nacional de Suministro de Medicamentos, SUMED. El problema de escasez de medicamentos, evidentemente, no es producto del sistema de distribución como equivocadamente se ha querido hacer ver. Es un problema de disponibilidad de medicamentos. No se puede hablar de uso racional del medicamento pretendiendo establecer un sistema de racionamiento de medicamentos. Tenemos un grave problema de abastecimiento de medicamentos por falta de liquidación de divisas que no permite mantener el flujo continuo de importaciones ya sea de materia prima o de productos terminados. Como lo demuestra la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industria, en la que se manifestó que por falta de divisas disminuyó la producción de las empresas estatales, situación ésta de la que no se escapa tampoco el sector privado. Mientras no se logre una liquidación de divisas planificada, programada y sistemática; no se podrá lograr un abastecimiento regular y continuo, lo que mantendrá los inventarios por debajo de los tiempos de reposición. Deben honrarse las deudas de las importaciones no liquidadas, estableciendo un cronograma de pago realista y de fiel cumplimiento. Ya basta de la etapa de diagnóstico, la que ha sido ampliamente explicada y sustentada por todas las empresas de los diferentes
sectores, pero en especial, las del sector farmacéutico, que ha planteado sus necesidades y problemas reiteradamente, cada vez que ha sido convocado por los diferentes actores del gobierno, pudiéndose mencionar que no han sido pocas estas reuniones. Llegó la hora de establecer el tratamiento. Asuman la responsabilidad de comprometerse y cumplir, para así, de esta manera, lograr recuperar la credibilidad ante los proveedores internacionales. Propongan un cronograma de pago realista y de fiel cumplimiento, con lapsos establecidos. Generen la confianza que otrora nos caracterizó como uno de los países más serios y responsables en nuestro accionar comercial. Los diagnósticos han sido claros y suficientes. Llegó el momento de las decisiones sobre el tratamiento, cuya tardanza o mora ha permitido que se agudice la enfermedad, en detrimento del sistema de salud tanto público como privado. Por otra parte, existe preocupación en los sectores importadores e industriales por las decisiones que en materia cambiaria, pueda tomar el Ejecutivo nacional, las que pudieran afectar gravemente a la salud económica de dicho sector. Es fundamental para el aparato productivo nacional y para la credibilidad internacional del gobierno nacional, que éste honre sus compromisos de pago y liquidación de divisas, tal como fueran acordadas en su oportunidad. Con respecto a la salud de todos los venezolanos, queremos alertarlos: El Registro Sanitario es el procedimiento al que debe ser sometido todo producto farmacéutico para que sea autorizada su comercialización, tal como se establece en la legislación venezolana vigente, en la que se prohíbe el expendio de medicamentos no registrados en el país. Los recaudos establecidos deberán ser evaluados por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, organismo técnico del MPPS. Esto debe cumplirse antes de proceder a su importación, elaboración, distribución, tenencia, expendio y dispensación. Una vez cumplido con todos los requisitos, el MPPS emitirá una autorización que se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. No puede ser el Estado Venezolano quien viole sus propias disposiciones oficiales. Debemos asegurar la disponibilidad de medicamentos Eficaces, Seguros y de Calidad y es obligación del Estado garantizarla, como parte del derecho a la vida. Su violación puede transformarse en un delito contra la Salud Pública. El MPPS debe medir las consecuencias de sus acciones. La negligencia es la falta de cuidado y descuido, la conducta negligente, implica un riesgo para uno mismo o para terceros, esta situación puede ocasionar severas consecuencias para todos los pacientes en el país. La Federación Farmacéutica Venezolana no tiene como función defender empresas, pero sí para decir verdades. El proceso de importación de Medicamentos implica: La solicitud del certificado de no producción (CNP) o certificado de producción insuficiente (CPI); la autorización de adquisición de divisas, conocida como los AAD; al llegar a la aduana deben ser nacionalizados de acuerdo a lo aprobado en los dos instrumentos anteriores; se traslada a lo largo del país con sus respectivas guías de movilización y con la autorización de la liquidación de las divisas o ALD, el pago a los proveedores internacionales, lo realiza directamente el estado venezolano. Por todo lo mencionado, queda explícito que la importación de los medicamentos y materias primas, por parte del sector privado, es un procedimiento completamente fiscalizado y controlado. Las Instituciones del Estado son garantes de la gestión realizada. Por lo tanto, el Gobierno nacional debe asumir responsablemente los problemas existentes actualmente en materia de salud y de abastecimiento y, no endosarle sus responsabilidades a los farmacéuticos y a los
establecimientos farmacéuticos legalmente establecidos tergiversando las verdaderas causas del desabastecimiento de medicamentos que ya ronda por el 70%. La situación que se está suscitando en el Estado Nueva Esparta (conformado por las islas de Margarita, Coche y Cubagua; habitadas las dos primeras) es sumamente grave, ya que presentan los mismos problemas que en el resto del país, pero con unas características especiales que hacen que el problema se agrave, debido a la situación del transporte. Ese estado insular que tuviera en el pasado reciente una flota comercial operativa de 9 barcos, hoy en día sólo cuenta con 2 unidades en funcionamiento. Las consecuencias para la distribución de medicamentos en el Estado hacen que el acceso del paciente al medicamento, se encuentre muy comprometido. Cotidianamente el Estado venezolano hace alardes de que los problemas económicos no han afectado a los derechos sociales. Quisiéramos recordarles que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también se refiere a un derecho social que establece La Salud es un Derecho Social fundamental, obligación del Estado que la garantizará como parte del derecho a la vida. Esperamos que nuestras consideraciones sean atendidas por la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, así como por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Por la XLIX Asamblea Nacional de la Federación Farmacéutica Venezolana Freddy Ceballos Presidente