Caso Provida: Un ejemplo de participación ciudadana para prevenir la corrupción. PW. Esquema conceptual. Cada elemento lleva al tema correspondiente. (Dependiendo de donde se coloque el caso se elimina el esquema conceptual. ------------------------------------------------------------------------------------------ Antecedentes del caso Durante la discusión para definir el presupuesto del gobierno federal para 2003, la Cámara de Diputados otorgó recursos por 600 millones de pesos para programas de salud para las mujeres y otros programas relacionados. De los 600 millones, 30 millones que originalmente estaban asignados a la partida para el combate y prevención del VIH-SIDA, se destinaron a la organización privada Pro-Vida para instalar y reforzar Centros de Ayuda para la Mujer. A partir de este hecho, seis organizaciones de la sociedad civil iniciaron una investigación de la cual se obtuvieron los resultados que veremos a continuación. Investigación 1 de X Se realizó una labor de búsqueda de información para identificar y documentar posibles irregularidades en la asignación y el destino de los recursos. Con la entrada en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el uso del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información (www.sisi.org.mx) se obtuvo la siguiente información: 1
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó la asignación de 30 millones de pesos al Comité Nacional Pro-Vida AC. La solicitud de recursos que Pro-Vida presentó a la Secretaría de Salud el día 3 de diciembre del 2002. El convenio entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el Comité Nacional Pro-Vida AC para otorgarle recursos. El reporte financiero y de impacto social de los gastos ya ejercidos por Pro-Vida. El expediente financiero con 6,525 cuartillas de copias de las facturas que de los gastos de Pro-Vida por 30 millones. La confirmación por parte de la Secretaría de Salud de que en 2001 y 2002 se le habían otorgado a Pro-Vida 2.5 millones por año, y para 2004 se tenía programados otros 30 millones, y 27 millones más para el 2005. 2 de X Auditoría ciudadana Foto organizaciones ciudadanas Debido a que para el inicio de la investigación ya se habían ejercido los 30 millones del 2003, las organizaciones monitoras decidieron indagar en qué se habían gastado. Las conclusiones de la auditoría ciudadana arrojaron fuertes irregularidades que mostraban una clara malversación de recursos públicos en tres niveles: 1. Conflicto de Intereses y posiblemente corrupción. 2. Irregularidades fiscales. 3. Gastos suntuarios 3 de X 1. Conflicto de intereses Alrededor de 26 millones de pesos se utilizaron para contratar a tres empresas: Mercatel S.A. de C.V. (Publicidad) Imporvar S.A. de C.V. (Importación de Inmobiliario y Equipo Médico) El Castillo de Branstock S.A. de C.V. (Salón de Fiestas) 2
Las tres tienen el mismo director administrativo. Mercatel, a quien contrataron por casi 10 millones, tiene la misma dirección fiscal que el Comité Nacional Pro-Vida, así como su teléfono/fax. En el rubro de Ayuda a Mujeres se encontraron facturas de un salón de fiestas: El Castillo de Branstock SA de CV, quien en tres comprobantes facturó más de un millón de pesos, y que además comparte el número telefónico de Mercatel. 4 de X 2. Irregularidades fiscales Se detectaron irregularidades fiscales en numerosas facturas como: Foto facturas Facturas vencidas. Facturas con fecha de impresión posterior a la fecha de facturación. Facturas en blanco, sin concepto ni desglose. 5 de X 3. Gastos suntuarios Descontando al Castillo de Branstock la ayuda que se otorgó a mujeres representó el 3.53% ($37,825.78). En ese mismo rubro se facturó ropa para caballero y dama en tiendas lujosas como Sears, Aca Joe, Palacio de Hierro y Liverpool, entre otras. En el rubro de Material Didáctico se encontró una factura de dos plumas fuente Cartier por $12,361.85 Las organizaciones decidieron dar a conocer a la opinión pública los resultados de la auditoría ciudadana y, respaldados por otras 700 organizaciones a nivel nacional, demandaron: 3
Una explicación pública de las razones para que la Secretaría de Salud financie a una organización privada que contradice las políticas públicas de salud. Que se auditaran dichos recursos y se deslindaran las responsabilidades a las que hubiere lugar Que la Secretaría de Salud requiriera a Pro-Vida la devolución de los 30 millones y su reintegración al presupuesto del VIH/SIDA; y, Que el Poder Legislativo apruebe leyes para cubrir los vacíos legales que permiten ese tipo de discrecionalidades en la asignación y ejecución del presupuesto. Logros 6 de X Gracias a la investigación que estas seis organizaciones de la sociedad civil iniciaron se obtuvieron los siguientes logros: Exitoso impacto a nivel nacional en los medios de comunicación, provocando un fuerte eco en la opinión pública. El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad dos puntos de acuerdo, en los cuales: o Se solicitó a comparecer al Secretario de Salud, Julio Frenk, para que explique el caso ante los legisladores. o Se solicitó agilizar una auditoría oficial. La Secretaría de Salud solicitó a Pro-Vida la devolución de los 30 millones y canceló el contrato con esa organización para el 2004 y 2005. Iniciaron una investigación en los Centros de Apoyo a la Mujer de Pro-Vida, para determinar si cumplen con las disposiciones sanitarias. Logros 7 de X La auditoría oficial realizada por la Secretaría de la Función Pública derivó en las siguientes acciones: o Multó al representante legal de Pro-Vida por 13 millones de pesos de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. A pesar de no ser empleado del gobierno, el representante legal de Pro-Vida utilizaba recursos públicos, por lo que se le sancionó de acuerdo a dicha ley; 4
o Lo inhabilitó, de acuerdo con la misma Ley, por 15 años para ocupar cargos públicos. o También se suspendió a tres funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud. o Los mecanismos y reglas de la Secretaría de Salud para la asignación de recursos a Organizaciones fueron revisados, a fin de establecer criterios homogéneos, equitativos y transparentes. o En marzo 2005, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados corroboró irregularidades en 27 millones de pesos y solicitó acciones correctivas por parte del Servicio de Administración Tributaria (para Mercatel y otras empresas) y presentó una denuncia de hechos. 8 de X Conclusiones Después de revisar toda la información relevante, se puede concluir que el caso: Muestra la importancia determinante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de su uso estratégico en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Identifica poca transparencia, particularmente en el Poder Legislativo, con lo cual se facilita la corrupción. Ilustra que la participación de la ciudadanía en observar y monitorear las acciones de gobierno es elemento clave para alcanzar una democracia sustantiva. 9 de X 5