REPUBLICA DE COLOMBIA Departamento Nacional de Planeación POLITICA DE INCREMENTOS SALARIALES EN LAS EMPRESAS INTDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO Y SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA PARA 1996 Documento CONPES 2832-UMACRO-MINHACIENDA Santafé de Bogotá, D.C., diciembre 20 de 1995 Versión aprobada
I. INTRODUCCION La Ley 4a. de 1992 establece que los representantes legales de las Empresas Industriales Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta y asimiladas deben observar. en relación con las convenciones colectivas, las directrices y políticas señaladas por las Juntas! Consejos Directivos de las mismas y las pautas generales fijadas por el CONPES, sin perjuicio del respeto por el derecho de contratación colectiva. En concordancia con esta exigencia lega. el presente documento propone las pautas que deben orientar la política salarial en las empresas públicas para 1996 y las convenciones colectivas que tengan efectos en 1997 y 1998. En la primera parte de este documento se presentan los principales lineamientos del Pacto Social renovado por el Gobierno, los empleadores y los trabajadores; en la segunda parte se expone la política salarial en el marco del Pacto; en la tercera parte se presenta la medición de la productividad; y, finalmente, se proponen las recomendaciones de política salarial para 1996, y aquellas convenciones colectivas que incluyan reajustes salariales a 1997 y 1998. II. EL PACTO SOCIAL DE PRODUCTIVIDAD, PRECIOS Y SALARIOS E1 Pacto Social de Productividad. Precios y Salarios, como complemento de la política macroeconómica en la lucha contra la inflación, tiene como objetivo fundamental quebrar la indización generalizada de los precios y salarios de la economía colombiana, con el fin de lograr una reducción significativa de la inflación, sin que se afecten negativamente el crecimiento económico y el empleo. El Pacto Social es parte importante de un programa de desinflación para una economía indizada como la colombiana, y complementa la política macroeconómica consistente con los niveles de inflación esperados. El Pacto pretende desindizar la economía, desvinculando los aumentos de precios y salarios de los niveles pasados de inflación, asociándoles, en su lugar, con las metas propuestas de aumento de precios. Adicionalmente, la inclusión de la productividad en el Pacto pretende una proyección de largo plazo. El mejoramiento de la productividad contribuye a reducir la inflación y a disminuir los costos de hacerlo: permite menores aumentos en los precios finales con relación a los que se presenten en los salarios, sin sacrificar la rentabilidad del capital: v tiene efectos positivos sobre la competitividad de los productos nacionales sin recurrir a una mayor devaluación nominal de la tasa de cambio. En el Pacto, la productividad se ha vinculado con los aumentos reales en los salarios, de manera que los trabajadores participan del crecimiento general de la productividad de la economía, y tienen así un claro estímulo para trabajar en su mejora. Además, el Pacto está ligado a una política macroeconómica consistente con las metas de inflación que se han propuesto. Dicha política, que ha sido acordada con la Junta Directiva del Banco de la República, se basa en unas metas de crecimiento monetario y de crédito, y en unas metas fiscales consistentes. Un elemento indispensable para el éxito de la política del Pacto Social es la credibilidad sobre el cumplimiento de los compromisos de las partes y de que se va a lograr efectivamente la meta
de inflación. El Gobierno, consciente de que debe liderar el fortalecimiento de dicha credibilidad, ha establecido sus compromisos frente a las variables sobre. las cuales tiene ingerencia.. Esta estrategia de concertación para reducir la inflación, ha sido compartida por la mayoría de los estamentos de la sociedad. La renovación del Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios. el pasado 19 de diciembre, es el símbolo de la confianza que han depositado los diferentes actores económicos en esta alternativa. El Pacto incluye compromisos muy concretos de las tres partes firmantes. El Gobierno se ha comprometido a no aumentar las tarifas de los servicios públicos en más del 17% 1 También se compromete a hacer cumplir las normas que establecen límites al crecimiento de los arrendamientos y de las matrículas escolares; a introducir los ajustes al precio de la gasolina y el transporte de manera gradual y desvinculándolos en el tiempo; a buscar la estabilización de los precios agrícolas; a revisar algunos aranceles que puedan contribuir a reducir costos y a reformar las normas legales que establecen indizaciones con relación a la inflación pasada. Además de estos compromisos. el Gobierno se comprometió explícitamente con la política macroeconómica acordada con el Banco de la República. que se traduce en la obligación de mantener el déficit consolidado del sector público por debajo del 0.óóc del PIB.. Este compromiso es fundamental para la credibilidad de todo el esquema. El Gobierno se ha comprometido también a hacer esfuerzos importantes para aumentar su eficiencia y productividad. En particular, pretende que las empresas de servicios públicos mejoren sus indicadores de gestión y establezcan planes de desempeño orientados hacia ese propósito. cuyo cumplimiento será revisado periódicamente. En materia de precios, los gremios representantes de la industria y del comercio se comprometieron a no hacer aumentos por encima de la meta de inflación del 17% y a vigilar el cumplimiento de estos acuerdos entre sus representados. Se comprometieron, así mismo, a no trasladar los incrementos salariales superiores a la meta de inflación a los precios finales de los bienes, bajo el entendido de que estos aumentos deben estar asociados con incrementos en la productividad o con reducciones en los márgenes de ganancia. III. LA POLITICA SALARIAL EN EL PACTO En materia salarial, en el Pacto Social se han logrado dos avances muy importantes: se ha desvinculado el incremento salarial de la inflación pasada y, en cambio, se ha asociado con la esperada; y se ha incorporado el concepto productividad a los incrementos salariales. El incremento de: salario mínimo en 1995 (20.5%) resultó superior a la inflación de este año (19.5% aproximadamente). Para 1996, el salario mínimo se incrementará en 19.5%, en razón de la inflación esperada (17%), la productividad lograda (1.75%) y la ganancia en poder adquisitivo (0.75%). Estos avances, con logros para los trabajadores de menores ingresos, comprometen de manera directa la política salarial del Gobierno como de los empresarios privados. El sector público tiene la. necesidad de cumplir las metas fiscales del sector público consolidado, y los compromisos en materia de tarifas y precios públicos suponen incrementos 1 Con unas pocas salvedades, que fueron entendidas y aceptadas por las otras dos partes.
menores a los previstos en los ingresos de las empresas públicas proveedoras de estos servicios. El cumplimiento de las metas fiscales exige prudencia en el manejo de los costos especialmente los ligados a los servicios personales. La política salarial de todo el sector público deberá basarse. por lo tanto. en la meta de inflación esperada del 17% y en el comportamiento esperado de la productividad. Sólo en la medida en que aumentos salariales superiores a 17% estén asociados a incrementos reales de la productividad del sector público, se evitarán mayores desequilibrios fiscales. IV-. LA PRODUCTIVIDAD El cumplimiento del compromiso del Gobierno, de hacer esfuerzos importantes para aumentar su eficiencia y productividad, debe reflejarse en los indicadores correspondientes en cada entidad pública y debe ser vigilado por sus juntas directivas y por sus administradores. Se busca que la ciudadanía reciba una mayor cantidad de bienes o servicios por cada unidad de capital o de trabajo utilizados por las distintas entidades públicas. En cada establecimiento se deberá continuar el diseñar los indicadores adecuados según la naturaleza de su actividad. V. RECOMENDACIONES Dadas las anteriores consideraciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el Departamento Nacional de Planeación recomiendan al CONPES la adopción de las siguientes pautas para los incrementos salariales en las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta o asimiladas: 1. Las Juntas Directivas y las Administraciones se encargarán de desarrollar y aplicar los indicadores que permitan registrar la evolución de la productividad en cada entidad. v velarán para que se cumplan los compromisos del Gobierno por mejorar la productividad y eficiencia de las entidades y empresas públicas. La Superintendencia de Servicios Públicos, los Ministerios y el Departamento Nacional de Planeación, en su función de control de gestión. ejercerán la vigilancia y el control sobre las empresas públicas y reportarán periódicamente a la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto Social. 2. El incremento salarial para 1996 será el correspondiente a la inflación esperada (17%), más un incremento adicional correspondiente al mejoramiento en la productividad de 1.75 puntos. Cuando existe evidencia clara de aumentos en productividad de la entidad superiores a 1.75 puntos, de acuerdo con indicadores acordados con el Ministerio o Departamento Administrativo el cual se encuentra adscrita, se podrá superar esta cifra. pero sin exceder 2.5 puntos. Todo ajuste superior deberá ser autorizado por un Comité compuesto por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Trabajo y Seguridad Social, y Desarrollo Económico, el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Económica y de Competitividad de la Presidencia de la República. 3. En el caso de convenciones colectivas con vigencia de dos años, el incremento del segundo año se pactará por el monto de la inflación esperada para 1997 según la proyección
macroeconómica acordada entre el Gobierno y el Banco de la República, más un incremento adicional por productividad, que en ningún caso superará 2.5 puntos.